En uso de sus facultades constitucionales, el Senado destituyó al ministro de Educación, Harald Beyer. Tras la declaración de culpabilidad, la derecha desató su histeria y una inusitada campaña del terror frente a una institución democrática –de larga tradición en la historia política chilena- como es la acusación constitucional como mecanismo de control político al Ejecutivo.
Su aplicación, de modo transparente y democrático no es una guerra, ni significa crisis, ni politiquería, ni deshonestidad. El año 2008, cuando la derecha destituyó a la ex ministra Yasna Provoste, los agoreros de hoy la calificaban como normal y propio de las democracias e incluso escribieron libros, como Andrés Allamand, vanagloriándose de este episodio político.
No es bueno para la cultura republicana que esta práctica se promueva cuando se es oposición –como ocurrió en el 2008- y hoy en que se está en la función de gobierno se la quiera descalificar y destruir.
Los dobles estándares no construyen democracias sanas. Eso es lo lamentable.
Con su actual cuestionamiento, la derecha está proponiendo que el Congreso debe estar subordinado al Ejecutivo y carecer de mecanismos para expresar su opinión política.
No seremos un buzón de ningún gobierno. Ni tampoco seremos un Congreso termal como lo intentó hacer Pinochet en la Constitución del 80’ y que hoy reviven personajes políticos como Carlos Larraín y Alberto Espina.
Somos un órgano democrático de la ciudadanía –que debe mejorar su representación modificando el perverso binominal- pero el Parlamento debe tener herramientas para fiscalizar la acción del Gobierno.
Aunque la derecha se comporte histéricamente no abdicaremos de la facultad que deben tener los Parlamentos para expresar su opinión política ante el Ejecutivo y en especial, en un tema que requiere profundas Reformas pro calidad y pro equidad para tener un moderno sistema educativo que ayude a tener un Chile más igualitario y más democrático que hoy.