El ex Presidente Ricardo Lagos asegura no estar de acuerdo con aquellos que, como el suscrito, creen que hay que pedir excusas por lo que hizo Salvador Allende en su gobierno “¡No señor”, afirma de forma tajante y altanera el ex mandatario, en ese tono tan particularmente característico suyo.
El problema para Lagos es que la realidad y la historia dicen otra cosa, distinta a la que la izquierda nos ha tratado de convencer. El allendismo y sus cultores, sus defensores como los define el propio Lagos, bien harían en ser un poco humildes y pedir perdón por los excesos cometidos durante el régimen de la Unidad Popular (UP) y que terminaron con el quiebre de nuestra democracia.
Veamos por qué.
Primero, por intentar, por acción u omisión, instaurar un modelo distinto al sistema republicano democrático que siempre caracterizó a Chile, desde una posición minoritaria.
Por promover a veces y no evitar en otras la locura del “avanzar sin transar” que algunos de los suyos, siguiendo a Guevara, ansiaban: una revolución obrera y campesina.Frei, como la mayoría del país, claramente, sabían de aquello desde 1970, llegando a afirmar a Nixon que esa forma de régimen “significará en Chile un gobierno como el que hoy hay en Cuba”.
Segundo, por imponer la lógica del divisionismo para obtener dividendos políticos. Para promover su cambio de sistema de gobierno -llamado revolución por parte de sus adherentes- el propio Allende afirmaría en febrero de 1971 que “yo soy el Presidente de la Unidad Popular.Tampoco soy presidente de todos los chilenos. No soy hipócrita… no soy presidente de todos los chilenos.”
Tercero, porque intentó impedir el funcionamiento democrático. “Con Salvador Allende, el 11 de septiembre en este país había un Parlamento que cumplía sus funciones (…)” decía Lagos. No es así: la institucionalidad formal siempre fue superada por el aspecto extra legal, la legitimación de la violencia.
Por algo la Cámara de Diputados, por acuerdo del 22 de agosto de 1973, afirmó que el régimen de Allende “desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo”y que “para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta”.
Cuarto, porque la afirmación de Lagos de que bajo la UP “…existían tribunales de justicia que hacían la tarea” no es veraz. El régimen allendista utilizó vías de hecho que se opusieron a los mecanismos de derecho. Bajo apariencias de legalidad, el Gobierno abusó de normas tácitamente derogadas de la llamada “república Socialista” de los años ‘30.
Los “resquicios legales”permitieron intervenir la economía y la propiedad privada en forma casi absoluta.Los fallos de la Corte Suprema ante esta situación de juridicidad ‘de hecho’ eran inútiles.
La Corte Suprema contradijo lo señalado por Lagos en dos oportunidades respecto de la ilegalidad de ejercicio del gobierno de Allende: una, declaración de preocupación frente a las declaraciones del Intendente de Santiago (“habría que asaltar los Tribunales y matar a todos esos viejos momios”), y otra, por medio de Oficio del 26 de mayo de 1973 en que representó la inconstitucionalidad e ilegalidad del actuar del Gobierno.
Quinto, la afirmación de Lagos de que “la separación de poderes en este país existía y se respetaba hasta el 11 de Septiembre”es al menos discutible.
Los Ministros acusados constitucionalmente por el Congreso y destituidos de sus cargos eran reinstalados en otros ministerios, produciéndose la práctica de los enroques ministeriales.
La situación jurídica sobrepasó las expectativas cuando el Presidente se negó a promulgar una reforma constitucional aprobada por el Congreso respecto de materias económicas.Lo mismo ocurría con los dictámenes de la Contraloría, que cuando pretendía reparar los decretos del Presidente por su inconstitucionalidad, era obligada a acatarlos por medio del Decreto de Insistencia, para los cuales se requería únicamente de la firma de todos los ministros de Estado, funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente.La Contraloría representó aquello el 2 de Julio de 1973.
“Los sueños y utopías de Salvador Allende siguen vivas”, decía Lagos.Honestamente espero que no. La división de Chile, producida por la puesta en aplicación de esos “sueños” y “utopías” le ha costado caro a Chile: más de 40 años de divisiones y tormentos.
Señor Lagos, hay mucho, demasiado, de lo que los allendistas deberían excusarse.Parafraseándolo, quebrantar el Estado de Derecho no es un error, sino un horror del cual derivó uno mayor que nunca más quisiéramos en Chile..
