27 abr 2014

Historia del terreno donde se construirá el estadio de la U

Por Patricio Herman
Patricio Herman
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El nuevo presidente de la concesionaria Azul Azul ha anunciado que llegó a un acuerdo con el rector de la Universidad de Chile para edificar el estadio de fútbol del Club Deportivo de la U en un terreno de 34 hectáreas localizado en la comuna de Pudahuel que le pertenece a esa casa de estudios superiores. La futura magnífica instalación deportiva acogerá a 35.000 personas con una inversión del orden de los 50 millones de dólares.

El terreno de marras forma parte del Parque Metropolitano Laguna Carén, área verde que está listado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el que cuenta con una superficie de 1.011 hectáreas localizadas fuera del límite urbano de esta región, según ese instrumento normativo y el predio más pequeño escindido para el estadio continuará bajo el dominio de la Universidad de Chile, la cual se lo arrendará por un largo plazo fijo a la concesionaria Azul Azul.

Ahora bien, este amplio predio clasificado como parque está situado a un costado norte de la Ruta 68 y hace muchísimos años le pertenecía a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), entidad pública que en 1978, en plena dictadura, se lo transfirió gratuitamente a la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), estableciéndose que el nuevo titular debía respetar los derechos que beneficiaban a decenas de familias que vivían allí en calidad de ex asentados que no obtuvieron parcelas en el proceso de reforma agraria fijado para el proyecto de asignación Lo Aguirre.

Días antes de que el presidente Patricio Aylwin dejara el poder, el 28 de febrero de 1994, el Estado donó dicho terreno a la Universidad de Chile, teniéndose en cuenta que la Digeder dependía del ministerio de Defensa y su titular en esa fecha era el médico Patricio Rojas.

Éste, fuera del cargo, un año después, actuaba como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Valle Lo Aguirre, entidad sin fines de lucro, que tuvo por misión iniciar posteriormente el proyecto de alto estándar denominado Parque Científico y Tecnológico por cuenta de dicha casa de estudios superiores.

Pero a las autoridades que le transfirieron gratuitamente este predio a la Universidad de Chile se les olvidó conservar en las escrituras públicas los derechos de los ex asentados, amnesia voluntaria que, lógicamente, favoreció al nuevo dueño. Por los apremios ejercidos por esa fundación, algunas familias han postulado a los subsidios habitacionales en otras comunas y ya han abandonado sus casas de madera construidas por ellos en esa zona rural.

Transcurrió el tiempo y la Fundación Valle Lo Aguirre le solicitó, en los inicios del año 2004, ya sea al alcalde de Pudahuel como al Seremi de Vivienda y Urbanismo, que se le permitiera acogerse a una disposición de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), mediante la cual se viabilizaba el proyecto científico en esa área verde.

A través del ORD. Nº 2183 del 2 de julio del 2004, la autoridad administrativa del gobierno central, por tratarse de una iniciativa de interés público, acogió favorablemente dicha solicitud trasladando a la Municipalidad de Pudahuel la responsabilidad de cursar los permisos de edificación respectivos.

Así las cosas, la fundación Valle Lo Aguirre, por cuenta de la Universidad de Chile, estaba en condiciones de ocupar el 20% de las 1.011 hectáreas en su proyecto tecnológico y para ello obtuvo un crédito por 20 millones de dólares con un banco alemán, vía intermediación de un banco privado nacional, y como el banco extranjero exigió garantías, se perfeccionó la operación crediticia con el aval del Estado, previa autorización del Congreso Nacional.

Con ese dinero ya se han ejecutado urbanizaciones en el 10% de la superficie de este pulmón verde, es decir en 100 hectáreas. En esa fracción del amplio terreno se han construido caminos y ejecutado loteos con luz y alcantarillado y aparentemente a esta fecha el proyecto científico tecnológico está paralizado.

En todo caso la legislación urbanística metropolitana admite la construcción del estadio de Azul Azul en el terreno elegido, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2.2. del PRMS, lo que nos alegra sobremanera porque así la ciudad de Santiago dispondrá de un nuevo y grandioso coliseo deportivo y los socios y seguidores del Chuncho tendrán a su disposición espaciosos recintos sociales de esparcimiento.

Azul Azul tendrá que someter su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), vía un “Estudio”, ya que la edificación tendrá una carga de ocupación superior al mínimo fijado en el Reglamento correspondiente y como se contemplan más de 1.500 estacionamientos, la institucionalidad tendrá que revisar y aprobar un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) conforme a la exigencia de la reglamentación (OGUC) de Vivienda y Urbanismo.

Esperamos que estos análisis técnicos, sobre todo el EISTU, se aprueben pronto porque no se puede obtener un permiso de edificación sin que exista el anterior y si los consultores que se harán cargo de estas exigencias proceden con profesionalismo, la inauguración del estadio se podría realizar en marzo de 2017.

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26 abr 2014

Voto de los chilenos en el exterior, falacia tras falacia

Por Max Pavez
Max Pavez
Max Pavez
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Una nueva reforma constitucional se generó esta semana en el Congreso. Llegando a los acuerdos necesario se agregó un inciso al artículo 13 que permitirá que una ley orgánica constitucional establezca la forma en que se ejercerá el ejercicio del derecho a sufragio a los ciudadanos que se encuentren en el exterior.

Es parte de una de las reformas políticas “mas añoradas”, se dijo. Reconocería la dignidad de los chilenos que viven fuera en relación con su sentido de pertenencia para con nuestro país. Sin embargo, este debate está teñido de falacias y demagogia.

Un primer comentario, y que pasó en forma desapercibida, es que una vez más la constitución vigente dio muestras que alcanzando los acuerdos –por discutibles que ellos sean- el texto siempre puede adecuarse a los nuevos tiempos.

Incluso el Diputado Jackson presentó una indicación –que no prosperó- sugiriendo que los chilenos en el exterior materializaran su voto “ejerciendo dicho derecho en la forma que disponga la ley orgánica constitucional respectiva”. Curioso es que los Diputados que dicen que las “leyes contra mayoritarias” son un enclave autoritario sugieran adoptar dicho mecanismo. En cualquier caso quedó radicada –con otra redacción- en una Ley Orgánica constitucional

La discusión se llenó de falacias. Revisemos algunas de ellas.

Los chilenos en el exterior no tienen derecho a voto. Falso. Los chilenos que se encuentran circunstancialmente lejos de su local de votación tienen el mismo impedimento que una persona que, inscrita en Arica, el día de la votación se puede encontrar en Punta Arenas.

De vuelta se dirá “es que es más caro venir de Suecia a votar”. Sin embargo, la comparación no puede hacerse de manera absoluta sino que depende de cada circunstancia, realidad personal, familiar, etc.

Luego, se dijo que esta reforma concede el voto chileno en el exterior. Falso. La reforma constitucional ni siquiera eliminó una prohibición existente. Bastaba con modificar la ley 18.700 de votaciones populares y escrutunios. En vez de eso, se agregó un inciso que no dice nada en aras de un show televisivo.

Se dijo que la UDI se oponía. Falso. Lo que quería la UDI, y que fue una tesis propuesta en el Gobierno anterior es que se acreditara un vínculo. Esto es razonable. Para todos los que vivimos en Chile se exige acreditar un vínculo, se llama domicilio electoral. Esto determina que los que estamos inscritos en una comuna no podemos votar en otra.

Fácticamente si estuviéramos lejos de la comuna donde votamos por cualquier motivo, constatamos el mismo impedimento que el que tiene el chileno que se encuentra radicado en el exterior. Ese vínculo podía discutirse, podría ser más o menos fuerte, temporal o lo que fuera.

Sin embargo, si consideramos que existen –como se dijo- más de 800.000 chilenos con distinto nivel de vínculo en el extranjero y todos ellos con derecho a voto, las posibilidades que las elecciones sean decididas por un número importante de personas no vinculadas a Chile, en los hechos son altas.

Se dijo que a los chilenos que vivimos en Chile no se nos exige vínculo para ejercer el derecho a sufragio. Falso. Todos tenemos que votar donde estamos inscritos. Hay un vínculo territorial al cual estamos ligados que determina la realidad local por la cual vamos a elegir a un determinado representante político: alcalde, concejal, diputado o senador.

Si no existiera vínculo, podríamos perfectamente votar por el “actor político” que encontrásemos más atractivo –no importa donde fuera candidato- o en cualquier comuna o distrito por el cual tuviésemos sentimientos de pertenencia no importando el lugar donde nos encontremos.

Total, tampoco asumiríamos el costo de elegir un determinado alcalde, concejal y diputado que trabajará en un territorio ajeno al nuestro. Se dirá de vuelta “uno puede inscribirse donde quiere”. Claro, pero para eso le recuerdo que usted debe “jurar” tener un vínculo de trabajo, de estudio, de residencia, etc.

Curioso, ¿no?

Se dijo que los chilenos debían votar por el sólo hecho de ser chilenos y que no debiesen existir chilenos de primera o de segunda categoría. Pero…¿y los deberes? ¿ninguno? ¿el bien común no demanda de quienes son partes de la comunidad política también deberes? Parece injusto que “por el hecho de ser chilenos” se tenga un derecho a votar y ningún deber “por el mismo hecho”.

Se dijo también que cualquier limitación al ejercicio del sufragio es un atentado al núcleo de este derecho. El comentario general Nº 25 aprobado por el Comité General de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en 1996 sobre el Derecho al Ejercicio del Sufragio estableció en el punto 4 “cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 deberán basarse en criterios objetivos y razonables”.

Si bien es cierto el informe da como ejemplo el hecho de tener cumplida cierta edad para aspirar a ciertos cargos, la medida de razonabilidad es prudencial de acuerdo a lo que los Estados definan.

Por ejemplo, en Colombia no se le permite ejercer el voto a los miembros de la Fuerza Pública; en Costa Rica se permite votar a los nacionales residentes en el extranjero previa inscripción en un Consulado, mientras que en Argentina no se le permite el voto a los extranjeros residentes en ese país.

Nadie puede afirmar, por tanto, que limitar el ejercicio del derecho a sufragio por condiciones razonables es “cercenar” este derecho.

La mayor de todas las falacias ¿Todos los extranjeros podrán votar? Si la ley acoge el espíritu de votar en embajadas y consulados se debe recordar que no todos los chilenos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho a sufragio, pues no existen en todas las ciudades ni en todos los países consulados para poder llevar adelante el trámite.

Es el caso de las embajadas concurrentes. De esta forma, un chileno que se encuentre en Nepal, Bangladesh, o Sri Lanka, deberá ejercer su derecho a sufragio en la India. En el caso de Europa, existen 24 embajadas y 19 países tienen embajadas concurrentes. Si se decide votar electrónicamente, habrá un proceso distinto separado por las fronteras que atentará contra la “cédula única”.

Pareciera ser, entonces, que los motivos ideológicos para afrontar este debate están más presentes en los que aprobaron la iniciativa que los que la rechazaron, máxime cuando existe la voluntad de facilitar el ejercicio del derecho de una forma justa.

Queda la ley orgánica aún. Esperemos triunfen las razones.

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26 abr 2014

¿Juan XXIII o Juan Pablo II?

Por Iván Navarro
Iván Navarro
Iván Navarro
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Este domingo 27 de abril en Roma serán canonizados dos hombres que fueron Papas de la Iglesia Católica, Juan XXIII (28/10/1958-03/06/1963) y Juan Pablo II (10/10/1978-02/04/2005).

El primero inauguró el Concilio Vaticano II en octubre de 1962, sin más convencimiento que su propia oración.

Después de años de búsquedas e iniciativas litúrgicas, pastorales, teológicas, científicas, Juan XXIII vio la necesidad de preguntarse sobre la misión de la Iglesia en el mundo actual y dejar que el mundo así penetre a la Iglesia para responder con más vigor a las necesidades del hombre y la mujer de aquel entonces.

Muchas han sido las discusiones sobre el sentido, alcance e interpretación del Concilio después de más de 50 años de su celebración. De lo que estamos seguros, es que más allá de lo que significó como acontecimiento, aún estamos en deuda con muchas de sus intuiciones. El Concilio no es un catecismo, es una hoja de ruta que establece criterios que dan identidad y misión a la Iglesia y a todos los católicos y católicas del siglo XX.

Juan Pablo II estuvo al mando de la Iglesia durante 27 años. Nació en Polonia y asumió el liderazgo de la Iglesia Católica en medio de la guerra fría. Eclesialmente, a varios años de finalizado el Concilio, asume en medio de un conflicto eclesiológico sobre si la creatividad e inteligencia pastoral en algunos lugares del mundo era fiel a lo que la Iglesia había querido plasmar en el Concilio.

En Latinoamérica, la ruta de navegación había sido dada por Medellín (1968) con su opción preferencial por los más pobres y la teología de la liberación como lo más original y propio de un pensamiento que hundía sus raíces en nuestro continente.

Sacerdotes y religiosas en las poblaciones, comunidades de base, liturgia adaptada a los contextos, lectura de la Palabra de Dios según la realidad de las personas etc. En fin, una Iglesia con una clara misión de estar caminando junto al Pueblo Dios de los más pobres.

Lo anterior, no era ajeno a la discrepancia, o inclusive al abuso o al error. Muchos pensaban que frente al exceso de audacia era necesario volver a la “Verdad”, al magisterio seguro, a la doctrina clara, a la teología del catecismo, a la Lectura de la Palabra hecha sólo desde el púlpito, a la liturgia con olor a incienso y no con olor a oveja, obrero o “población callampa”.

Juan XIII abrió a la Iglesia al mundo. El Concilio Vaticano II, la muestra fiel de su inspiración.Reconocer a Dios en la historia y leer en el mundo actual los signos de los tiempos.

Aquellos lugares donde el Evangelio se hace presente. Impulsos de renovación, de apertura, la exploración. La identidad de la Iglesia viene dada por su fidelidad a responder a las necesidades del hombre y la mujer actual y no al resguardo estrecho y superficial de formas sin fondo. La doctrina, el Evangelio, la Liturgia, el Papa, los obispos, las comunidades eclesiales, todo está al servicio de reconocer a ese Dios de la historia.

¿Fue fiel Juan Pablo II a ese espíritu de Juan XXIII? ¿Dio continuidad Juan Pablo II al acontecimiento del Concilio Vaticano II? ¿Abrió la Iglesia al mundo, a los “gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo”?

Juan Pablo II abrió la Iglesia al mundo con sus viajes, con su carisma, con su rostro cercano y cariñoso. Fue mediador de conflictos y fiel buscador de la paz en el mundo.Su visita a Chile fue un acontecimiento difícil de olvidar y su mensaje se repetía bajo el lema “no tengaís miedo de mirarlo a Él”.Fue cercano a los jóvenes y posicionó a la Iglesia frente a los líderes de todo el orbe.

Sin embargo, analizando la realidad Latinoamericana, favoreció movimientos más conservadores y ligados al poder económico.

Su liderazgo acabó con las comunidades eclesiales de base, cuestionó y sancionó la reflexión de la teología de la liberación (eran necesarias ciertas correcciones pero no el peso de la exclusión), centralizó el poder del Vaticano sobre obispos, sus nombramientos y su poder de decisión. Intervino con firmeza en las facultades de teología examinando con lupa cada punto y coma de artículos publicados.

Durante su mandato se cerró firmemente la puerta al diálogo sobre moral sexual u otras polémicas preguntas del mundo laico. Con tristeza, no asumió con valentía el abuso de niños en la Iglesia y la corrupción que tanto hoy critica el Papa Francisco al interior del Vaticano.

Detrás de Juan XXIII la apertura, el riesgo de encontrar a Dios en la historia y en el mundo.

Detrás de Juan Pablo II, aún con todo lo bueno que hizo, la conservación, el resguardo y el temor frente al clamor de nuevas respuestas.

Ya no fue Iglesia Pueblo, fue Iglesia Comunión. Ya no fue Teología de la Liberación, fue magisterio venido desde Roma.

Ya no fue la deliberación de las Conferencias Episcopales, fue la “Editorial” Vaticana.

Ya no fue la audacia teológica, fue aprender el catecismo. Ya no fueron las comunidades de Base, fue el sacerdote liderando a los laicos.

Ya no fue la Iglesia llena de hombres y mujeres, fueron los templos pentecostales con sus guitarras y su música.

Ya no fueron los sacerdotes y las religiosas a los barrios más pobres, sino crear colegios para los más ricos.

El reconocimiento de la Santidad siempre es un regalo para la Iglesia. Pero vale la pena reflexionar si en Juan XXIII y Juan Pablo II coinciden o discrepan dos ideas de Iglesia.

Una abierta al mundo, otra con temor a el. Una abierta frente a las preguntas, otra aferrada a respuestas preconcebidas. Una hundida y mezclada en el mundo u otra separada frente al cual hay que defenderse.

La discusión está abierta.

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26 abr 2014

Repolitización del trabajo

Por Manuel Puccio
Manuel Puccio
Manuel Puccio
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Estamos ad portas de una nueva celebración del Primero de Mayo y pareciera indicar que este año algo sería diferente. Se señala que ante nuevo ciclo de la historia chilena, esta vez sí los trabajadores encontrarán eco de sus demandas históricas para un trabajo decente. Si bien puede celebrarse que la Nueva Mayoría ha puesto como un “cuarto eje” las reformas laborales, queda la duda si efectivamente cumplirá con un nuevo trato laboral.

No nos referimos acá si la Nueva Mayoría impulsará una agenda en miras de aumentar la capacitación o si de una vez hará frente al fraude del Multirut, la duda que surge es si esta vez las fuerzas progresistas entenderán que al proponer reformas laborales debe haber un cambio de paradigma que extraiga el trabajo de la visión netamente económica.

El desafío está en comprenderlo como un problema más bien político, mediante el cual se resuelve finalmente la distribución del poder social, esto es cuánta incidencia del desarrollo económico tendrá la fuerza de trabajo, cuánto poder finalmente de autodeterminación se le entregará a los trabajadores.

La visión economicista del trabajo lo ha reducido a una cuestión de transacciones: trabajar a cambio de dinero. Pero la cuestión del trabajo es más que ello, pues en el fondo se debate la estructura social.

Se discute la relevancia de los actores sociales para conducir la economía. Lo curioso es que por más de doscientos años, el eje central del discurso de la izquierda fue precisamente el conflicto suscitado entre el Capital y el Trabajo. Sendas bibliotecas se hicieron cargo del problema de la alineación, de la explotación y de la democratización del trabajo, pero todo ello ha quedado en el reducto de las buenas ideas, dejando paso a la mercantilización del trabajo, y reduciendo a un problema de más o menos sueldo mínimo.

Hoy, la Nueva Mayoría, supuestamente reflejo de las fuerzas del progreso político, se encuentran completamente “deslaboralizadas”.

Allí donde Allende cerró su último discurso con un “¡Vivan los Trabajadores!”, hoy ya no se escucha a ningún presidente progresista a un llamado de ese tipo.Los trabajadores pasaron a ser un tema secundario (cuando aún la mayoría de los chilenos lo sigue siendo, pues no se advierte un aumento de capitalistas), se transformaron en un aspecto iconográfico de viejas luchas, pero ya no son los protagonistas del relato político.

Las explicaciones pueden ser muchas. Se puede argumentar un progresivo debilitamiento de las fuerzas sindicales desde la Dictadura. Sin embargo con más de veinte años de regímenes democráticos, aún no se han creado mayores instancias de fuerza sindical.

También puede alegarse que la estructura normativa de las relaciones de trabajo impide un mayor fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores.Algo de ello hay. Pero principalmente esto se puede explicar en que el neoliberalismo clavó hondo en el discurso progresista.

Los trabajadores dejaron de protagonizar el discurso político finalmente porque para la socialdemocracia (en su versión chilena a lo menos) el conflicto trabajo y capital se encuentra ya resuelto. El crecimiento económico se hará en silencio, sin necesidad que los trabajadores puedan tener cuotas de poder decisional en el desarrollo del país.

El problema hoy es de Inspecciones del Trabajo y sus fiscalizaciones, el de mayor capacitación de los trabajadores, en fin, gana la visión de regular un mercado con algún intervencionismo estatal.Sus actores principales, los trabajadores, deberán confirmarse con ello.

Las fuerzas progresistas deberán plantearse hoy, ante el supuesto cambio de ciclo, si debemos dar paso a una repolitización del trabajo, esto es, si transformamos el tema laboral en una cuestión de democratización de las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Finalmente, el desafío para todo el discurso político es qué tipo de sociedad queremos: si aquella que se conforma con mera intervención estatal para mitigar las consecuencias de la subordinación laboral (explotación), el aumento del valor del trabajo (alienación), o si finalmente corresponde entregar una mayor autonomía en decidir en cómo trabajar, en qué condiciones (autonomía colectiva).

Sin embargo, al contrario de lo ocurrido con el debate sobre la educación, el tema laboral aún está en sus inicios y nada indica que ocurrirá en el cercano plazo, un 2011 dirigido esta vez por los trabajadores que conduzcan a un cambio de paradigma de la visión mercantilizada del trabajo.

Todo dependerá si las fuerzas progresistas vuelven al camino de incorporar a los trabajadores en sus relatos, para ello los primeros llamados en hacerlo son los propios trabajadores.

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26 abr 2014

Alaracos, en Chile no hay revolución

Por Ismael Llona
Ismael Llona
Ismael Llona
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A pesar del griterío de todas las derechas, en Chile no hay revolución, ni la habrá en el gobierno de Michelle Bachelet.

La Iglesia Católica, la derecha económica, la mediática, la pinochetista, la piñerista y la del interior de la Nueva Mayoría, pueden estar más o menos tranquilas.No alaraqueen.

El concepto de Revolución que manejamos en todo el siglo XX (y que no ha sido reemplazado en serio) es el concepto no marxista sino leninista de revolución.

No hay aquí “condiciones necesarias para que haya una revolución” ni se ha tomado el poder una vanguardia revolucionaria.

Algunos candidatos, en la elección pasada, confundían sus gustos y antojos (no del todo sanctus) con el proceso revolucionario. Una candidata embarullaba sus garabatos (algunos simpáticos) con la fuerza social, las propuestas y los programas político-militares que anuncian a los grandes cambios revolucionarios.

Marx no previó siquiera una revolución en un país tan “rasca” como Chile. Lo que debía ocurrir en los países rascas era que se desrrascaizaran, se desarrollaran.

Pronosticó el paso del capitalismo al socialismo (la revolución) en los grandes países desarrollados, como Alemania o Inglaterra (hoy diría EEUU o Alemania o Japón, o, si se hubiera aggiornado, lo que es seguro, el Complejo militar-económico-tecnológico – comunicacional y de espionaje, develado, por ejemplo, por Snowden).

En Chile no hay eso de que los de abajo no quieren y los de arriba no pueden seguir viviendo como hasta hoy, situación histórica a la que debería agregarse la capacidad de la clase revolucionaria para desarrollar acciones revolucionarias de masas capaces de hacer caer el viejo gobierno con su viejo orden.

No hay eso ni mucho menos.

Además, somos muchas las personas de izquierda que no gustaríamos (aunque las respetamos, apreciamos y agradecemos) repetir, aunque fuera con vino tinto y empanadas, el esquema y proyección del comunismo real. Mejor que el feudalismo y el capitalismo real pero poco humano, es decir poco animal y muy igualitario.

Vivimos, en Chile, en un capitalismo rampante de cuarto grado, en una economía que es la 42 del mundo y la 7ª de América Latina, sin crisis estructural, y ni a nuestra academia ni a nuestros intelectuales ni a nuestros políticos se les ha ocurrido, de lejos, cómo avanzar revolucionariamente hacia una sociedad no capitalista. Estamos, con respecto a Marx, en el siglo XVII.

Tener cuatro o cinco oligarcas entre los 200 más ricos del mundo no significa alto desarrollo capitalista sino simplemente concentración de la riqueza, como la de Marruecos o la de los Emiratos Árabes o la que existía en el Nepal budista.

Eso de hablar de reemplazar el capitalismo actual por un Estado Social de Derechos no pasa de ser, por ahora, una superficialidad o algo muy parecido al Estado de Bienestar de la socialdemocracia europea, que mucho alivio trajo en el capitalismo europeo moderno. Hacer tal o cual distinción entre uno y otro no será más que un entretenido ejercicio de reformistas.

En esta pesada realidad mucho aire y esperanza nos trajeron las movilizaciones juveniles de 2011 y 2012 y el programa que la izquierda de la Nueva Mayoría, la Presidenta y la gente aprobaron y está iniciándose.

Es, como se ha dicho, un programa de profundas transformaciones económicas y sociales, que afectará mínimamente el bolsillo de los más pudientes (en sus impuestos) y en su “supremacía” (ideológica) sin avanzar drásticamente hacia mayores niveles de igualdad y sin tocar (hemos retrocedido a etapas anteriores a las de Ibáñez, Alessandri, Frei y Allende) la propiedad de los grandes medios de producción y servicios públicos.

Nadie ha propuesto –ni aprobado- chilenizar el cobre (como Frei Montalva hace 50 años), nacionalizar el cobre (como Allende y todo el Congreso de 1970), estatizar la previsión, los seguros de salud, el litio, el acero, el agua, la electricidad, los teléfonos y otras maquinitas, la luz eléctrica, las más grandes centrales eléctricas, la posible energía solar o nuclear, los grandes puertos y carreteras, la movilización colectiva de las grandes ciudades, la aviación comercial; crear el Área de Propiedad Social o la Escuela Nacional Unificada.

Tampoco se nos ha ocurrido expropiar grandes extensiones de tierras inútiles para entregarlas a campesinos blancos, mapuches o criollos.

Ni los grandes bosques amenazantes que circundan las principales ciudades del país, para crear cortafuegos suficientes y seguros para la vida.

Ni menos intervenir la banca para favorecer en algo a la pequeña empresa y los sectores subalternos.

Nadie está por echar abajo la anquilosada estantería de partidos donde figuran de la Tercera Internacional (cuando no hay Tercera Internacional, se acabó en 1990 la fundada hace 100 años) de la Tercera Vía entre capitalismo y comunismo (cuando no hay comunismo real y la Tercera Vía es la que corre entre la Social Democracia y el Neoliberalismo, de Blair, Valls y, si me apuran, de Obama); del liberalismo reformista de hace 150 años; de la dictadura derechista cuando se acabó la dictadura derechista de Guzmán y los primos de Piñera y del plebiscito del 88 cuando ya lo hicimos y más encima lo ganamos.

Y nadie está, entonces, por construir una vanguardia revolucionaria, porque sería feo.

Y chancho en misa.

Tranquilas todas las derechas. No alaraqueen.

El mundo no se va a acabar. Ésta no es la reforma agraria, que afectaba la propiedad de la tierra; no es tampoco la nacionalización del cobre, que afectaba la propiedad extranjera de las grandes minas.

Nadie en Economía (un ministro DC) ni en Hacienda (un socialdemócrata) ni en Educación (un ex FMI) piensa en “liquidar la educación privada” como amenaza el inmutable Ezzati, que serenamente dejó pasar muchos atropellos internos de carácter delictual. Vuelva a esa serenidad, Monseñor, que parecía platónica y desinteresada.

¡Adelante con las reformas estructurales ya aprobadas por el mandante!

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25 abr 2014

La otra cara de la reforma al binominal

Por Andrés Palma
Andrés Palma
Andrés Palma
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Los medios de comunicación han señalado que los parlamentarios de la Nueva Mayoría están “cerrando filas” con la reforma al sistema binominal, que rige para elegir a nuestros diputados y senadores.

Me gusta que esta sea la reacción de los parlamentarios por los que voté, y que se sumen otros más a esta posición.

Se cierra con ello un doble discurso de mucha gente que ha señalado, con mucha parsimonia que ahora se desmiente, que los parlamentarios de la Concertación se opusieron en el pasado a este cambio de sistema de representación.

Es una buena señal de la política al país, y mejorará la representación de la ciudadanía no solo por la diversificación de opciones que ello representará, sino también porque habrá una mayor proporción territorial en la representación parlamentaria, es decir los votos de los chilenos de distintos territorios pesarán más parecido ahora que antes de la reforma.

Pero la propuesta de la Presidenta tiene otra cara respecto de la que poco se ha dicho y que me parece debiera ser destacada en el apoyo de las fuerzas políticas: las cuotas por sexo.

Soy de los que ha sido crítico de la constitución de los equipos de gobierno, que son menos paritarios que en el primer mandato de la Presidenta Bachelet, pero he ido cambiando de parecer respecto de la responsabilidad de la totalidad de la desproporción.

Hoy estoy consciente que son más responsables los partidos y movimientos que apoyan al gobierno que la propia mandataria. Ello ha quedado reflejado en que a medida que los nombramientos se alejan de la responsabilidad presidencial la desproporción de cargos de uno y otro sexo se acrecienta.

Esto también ocurre en otros espacios de gobierno, como los municipios.

Por eso la otra cara de la reforma electoral es tan importante.Las listas deben tener al menos un 40% de personas de cada sexo.Esto va a obligar a mirar al 50% del país sub representado en nuestras instituciones, aunque tengamos una Presidenta mujer.

Esto es importante en lo doméstico y también en la imagen país: los indicadores de inclusión y equidad, es decir de desarrollo de Chile caen enormemente por esa sub representación de las mujeres en los cargos de representación y responsabilidad directiva.

La reforma electoral que introduce las cuotas va a ayudar a resolver esta inequidad en el sistema de representación del Estado. Un paso siguiente será cuando también ello sea parte de todas las estructuras de dirección colectiva, pero el primer paso que se propone será el más importante.

Quiero ver el apoyo “cerrado” de nuestros representantes.

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25 abr 2014

Las demandas por el agua

Por Sara Larraín
Sara Larraín
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Este sábado 26 de abril se realizará en Santiago la segunda Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua, en el contexto de un periodo prolongado de sequía, de graves conflictos territoriales por el agua y en el marco de un nuevo gobierno.

A esta manifestación de demandas ciudadanas por el agua, concurrirán comunidades y organizaciones que enfrentan escasez, problemas de acceso, usurpación, contaminación, agotamiento y degradación de recursos hídricos en las diversas regiones del país.

De facto los conflictos por el agua expresan, no sólo una situación crítica debido a los años de sequía, sino también, una crisis del marco jurídico vigente sobre un bien tan esencial como el agua.

No obstante este evidente problema en la gobernabilidad del agua, confirmado en todos los estudios nacionales e internacionales, incluidos los del Banco Mundial, el Estado de Chile no ha estado a la altura para enfrentarlo, con excepción de un consciente conjunto de parlamentarios que ha presentado en los últimos años una veintena de reformas al Código de Aguas y a la Constitución en materia de aguas.

Tal como ocurrió a partir de 2011 con las marchas sobre desarrollo energético y derecho a la educación, entre otros, crecientemente se amplifica la demanda por el derecho al agua y la recuperación de este bien público para todos los chilenos.

La marcha nacional programada para este sábado 26, se funda en idénticas demandas expresadas en la 1º Marcha por la Recuperación y Defensa del Agua, realizada a inicios de 2013 y refrendadas por delegados desde Arica a Aysén, en el Cabildo Nacional por la Defensa del Agua y la Vida el pasado mes de octubre.

Siete son las principales demandas que expresa la sociedad chilena sobre las Aguas.Lo primero y central es la propiedad colectiva, el agua es vida y es de todos los seres que dependen de ella, y el rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino garantizar bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del agua.

La segunda demanda es el fin al lucro: el agua es un bien común y un derecho humano básico y debe ser consagrado como tal en la Constitución

En tercer lugar se demanda una forma de gestión comunitaria de las aguas, dado que los pueblos y comunidades tienen el derecho de decidir sobre sus modos de vida y proteger las aguas para su subsistencia física, económica y cultural, el desarrollo local y regional.

Por esto mismo, la demanda incluye la derogación de los instrumentos privatizadores como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero que entregan la propiedad del agua como un derecho inalienable a las empresas con fines de lucro, a costa de los derechos, la subsistencia y sustentabilidad de las comunidades y economías locales.

Un quinta demanda clama por Leyes para la vida, es decir un marco institucional que proteja las cuencas y fuentes de agua y en especial los ambientes fragilizados como los glaciares y peri glaciares para preservar las nacientes de las cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos.

En sexto lugar se demanda una reestructuración institucional que termine con la concesión de derechos en cuencas que no se pueden recargar, que no sea funcional a la usurpación de aguas por parte de los más ricos y cómplice de la destrucción de los glaciares y las cuencas.

Finalmente se demanda el fin a la criminalización de organizaciones y dirigentes sociales que luchan por el acceso, protección y recuperación del agua, entre cuyas recientes víctimas se encuentra el secretario general de Modatima, enjuiciado por un ex Ministro de Estado.

Ante estas demandas es importante recordar que actualmente tenemos un marco legal que entrega gratuitamente y a perpetuidad las aguas a los privados sin ninguna prelación de uso; que parte importante de las cuencas y acuíferos subterráneos están sobreexplotados o agotados; que la ley hace difícil que la autoridad pueda denegar derechos y que una vez entregados estos derechos de agua, la autoridad no tiene atribuciones para intervenir.

Así las aguas quedan entregadas a una gestión basada en la oferta y demanda del denominado “mercado de aguas” donde el acceso está cerrado a quienes no pueden adquirirlo.

Chile enfrenta su cuarto año de sequía y un proceso sostenido de desertificación que afecta a casi el 70% del territorio nacional.

Las comunidades afectadas han debido afrontar la escasez, la falta de higiene, la segregación social y el deterioro en sus actividades productivas por no contar con este vital elemento y hoy reclaman la recuperación del agua para fines de interés público.

En el Parlamento existe consenso creciente respecto de la necesidad de reformas al Código de Aguas y a la Constitución y existen decenas de mociones parlamentarias, algunas de las cuales referidas al Código de Aguas, la protección de Glaciares y los Servicios Sanitarios Rurales se encuentran con votación avanzada en el Senado y la Cámara.El nuevo gobierno tiene hoy la oportunidad de patrocinar estas reformas y hacer los cambios que la ciudadanía exige.

La 2º Marcha Nacional por la Recuperación del Agua, es la expresión de estas demandas, tras las cuales existen cientos de conflictos e injusticias donde la ciudadanía reclama responsabilidad, voluntad y acción política.

De no mediar una pronta respuesta del sector político es claro que los conflictos en la gobernabilidad de agua se agravarán a niveles insospechados en el ámbito de la salud, la alimentación y la convivencia social, debido al contexto de mayor estrechez hídrica que trae el cambio climático.

Según los expertos internacionales, el déficit en la disponibilidad de agua es el impacto más notable del cambio climático y asociado al alza de temperaturas y la baja de las precipitaciones

El Quinto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, presentado hace pocas semanas, advierte sobre el alza de temperaturas, el retroceso de glaciares y baja en lluvias en nuestro continente.

Esperamos que el nuevo gobierno esté a la altura de la responsabilidad ética y política que enfrenta en materia de aguas.

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25 abr 2014

Seguridad ciudadana y gobiernos locales

Por Arturo Herrera Verdugo
Arturo Herrera Verdugo
Arturo Herrera Verdugo
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Recientemente el Ministerio Público dio a conocer las cifras de denuncias correspondientes al primer trimestre de 2014, reflejando un aumento en delitos contra la propiedad, ilícitos que por sus características y frecuencia son los que más impactan en la población.

Estas cifras permiten realizar una reflexión serena y prudente sobre un tema siempre vigente y delicado, como es la seguridad ciudadana y el rol de los gobiernos y comunidades locales, en complemento con las acciones del sistema de seguridad y de persecución penal.

Al respecto, es posible decir que en Chile la lucha contra la delincuencia paulatinamente se ha ido profesionalizando sobre la base del conocimiento aplicado y de la generación de estadísticas, cuyas cifras han venido a reflejar de modo más objetivo la naturaleza de la delincuencia.

Sólo desde el año 2004 el país cuenta con una “Política Nacional de Seguridad Ciudadana”, la cual estableció los criterios orientadores que enmarcaron las estrategias y los programas respectivos. Más tarde, en el 2006, se consolida este proceso mediante la implementación de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” y, posteriormente, se dio un nuevo paso con la ejecución del “Plan Chile – Seguro”.

La victimización y el temor comenzaron a medirse, a fin de tener fotografías lo más exactas posible respecto de lo que ocurre en la práctica. Nació así la “Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana”, que representó un salto cualitativo en la materia, por cuanto se focalizó no sólo en las denuncias, sino que en la victimización efectiva y en la percepción de inseguridad.

Este instrumento, unido al estudio de la experiencia comparada, permitió sacar conclusiones relevantes y basadas en evidencia.

Por ejemplo, se logró identificar que la criminalidad urbana responde a “patrones específicos”, tanto territorialmente como en lo relativo al tipo de delitos y al perfil de sus ejecutores.En general, los delitos ocurren en determinados territorios y en horas establecidas y, a su vez, los delincuentes tienden a ser los mismos.

Estos antecedentes han permitido consolidar los tres ejes de acción que se requieren para un efectivo combate a la delincuencia, a saber: prevención (social – situacional – policial), control-sanción y rehabilitación-reinserción social.

En rigor, las personas están hoy demandando más y mejor “seguridad ciudadana”.Ésta – más allá de cualquier definición jurídica o técnica – equivale al ejercicio de un derecho respecto de un bien público, que en el presente se ve afectado por factores socio-institucionales tales como la criminalidad y la actuación de los organismos responsables de prevenir y controlar la inseguridad objetiva e impartir justicia.

En otras palabras, las personas exigen mucho más que un eficaz combate del crimen, demandan un clima social óptimo para el desarrollo humano.

En este contexto es importante destacar un elemento que ya no es tan nuevo en el escenario de la promoción de la seguridad ciudadana, y que dice relación con que el Estado ha cambiado la forma de concebir su papel.

Antes éste asumía casi de manera exclusiva y excluyente su función de generar tranquilidad ciudadana. No obstante hoy – y a partir del interés de contar con un Estado moderno y eficiente -, se busca fortalecer el rol de la sociedad civil y de la comunidad organizada en propósitos de interés común. El Estado se trasforma así en un promotor de alianzas para un objetivo compartido.

Asimismo, el diseño de políticas públicas sobre seguridad se ha dado en el marco de la reflexión de la modernización del Estado, lo cual implica la modificación de su referente socio-territorial.

El Estado moderno debe “funcionar” activamente en el nivel local. Esto implica una innovación en la estrategia y accionar del aparato público, pues  debe diseñar las políticas “con” la gente y no “para” la gente. Es por ello que la política de seguridad debe estar orientada hacia las comunas e, incluso, a nivel de barrios, pues la magnitud y naturaleza de la delincuencia y la inseguridad subjetiva difieren significativamente de un sector de la ciudad a otro, explicando muchas veces el carácter local y dinámico de algunos problemas.

En este escenario, no se obtendrán resultados satisfactorios si no se promueve el apoyo técnico y financiero a los gobiernos locales, y si no se construyen “coaliciones” o “acuerdos de trabajo conjunto y coordinado” entre las instituciones públicas y privadas competentes en el ámbito de la prevención.

En efecto, la construcción de comunidades más seguras es una exigencia inter-sectorial, pues incluye variables tales como la planificación urbana, la vivienda, la escuela, la juventud, los servicios sociales, la violencia doméstica, la policía y la justicia, entre otros.

También es fundamental establecer una política de cooperación para la implementación de medidas que limiten el acceso a los “facilitadores de la violencia y la delincuencia”, como las drogas y las armas. En este contexto, la ciudadanía puede y debe contribuir ocupándose de grupos vulnerables, sean éstos “potenciales víctimas” o “potenciales infractores”.

La experiencia internacional, particularmente en países desarrollados donde las políticas y estrategias de prevención del delito tomaron forma a principios de los años 80, avanzaron en los 90 y se consolidaron en los años recientes, destaca los siguientes aspectos.

1) Que las comunidades locales deben ser el foco central para la prevención.

2) Que son necesarias coaliciones multi-sectoriales y multi-modales que apunten a factores de riesgo.

3) Que es esencial un proceso riguroso de diagnóstico, un plan de acción, una implementación coordinada, así como el monitoreo y la evaluación del programa.

En síntesis, la seguridad ciudadana no es sólo una iniciativa policial (por cierto importante, primordial e irrenunciable en calidad y cantidad), sino que también es un esfuerzo amplio y coordinado entre el Estado y sus instituciones, los gobiernos locales y los vecinos organizados.

Sé que en el ámbito de la delincuencia se busca respuestas rápidas y de corto plazo, pero como hemos podido comprender, la seguridad ciudadana es un desafío complejo, dinámico y permanente.

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25 abr 2014

El fin del binominal y las trampas de la UDI

Por Adriana Muñoz
Adriana Muñoz
Adriana Muñoz
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Los sistemas electorales persiguen dos posibles objetivos: formar gobiernos estables premiando a las mayorías o representar fielmente la realidad, buscando expresar proporcionalmente al electorado. Por esto se llaman mayoritarios o proporcionales.

Cuando el Parlamento está compuesto por dos cámaras, como el nuestro, se busca que el Senado represente el principio regional, expresando en forma igualitaria o semejante a las regiones, aún en perjuicio de las de mayor tamaño, mientras la Cámara Baja debería expresar a la ciudadanía, según la población.Si ambas perjudican a las zonas más pobladas significaría que unos ciudadanos influyen más que otros.

Poco de esto ocurre en Chile. Nuestro sistema electoral es una rareza.No genera ni mayorías ni proporcionalidad.En realidad tiende al empate. La minoría con poco más de un tercio de los votos se asegura la mitad del Congreso. Tampoco expresa a la población.Hoy, circunscripciones y distritos de mucha población están subrepresentados.

Todo lo anterior, impide la solución de problemas básicos como la educación, la salud, la previsión, la defensa de nuestros recursos naturales por la acción de una minoría que se atrinchera en el Congreso para detener los avances.

La modificación del sistema electoral que impulsa el Gobierno busca dos objetivos básicos: primero, que el Congreso exprese de mejor manera la realidad de Chile, terminando con este empate que distorsiona la soberanía popular e impide las transformaciones; segundo, buscar que la Cámara de Diputados represente de modo más fiel la población del país.

La UDI, principal beneficiada del sistema binominal, se ha opuesto y ha enarbolado un argumento populista que aprovecha el malestar de la ciudadanía con los políticos y la complejidad del problema para tratar de mantener sus privilegios. Han dicho que no hay para que aumentar los parlamentarios – y con ello el gasto – y que bastarían los mismos para modificar el sistema actual.

Ello encierra una gran mentira. No es posible modificar el binominal sin aumentar los parlamentarios.Se lo demostraré sólo con el ejemplo de la Cámara de Diputados.

Ésta tiene hoy 120 miembros. Seguir el principio de representación poblacional señalado, esto es que la población se exprese fielmente, implica asignarle a Santiago unos 50 de esos diputados. Asimismo, las regiones más pequeñas (Arica, Iquique, Atacama, Valdivia, Aysén y Magallanes) no pueden perder parlamentarios, por tanto deben mantenerse los que hoy tienen, 16. Hasta ahí tenemos 66. Quedan 54 para el resto del país.

Eso significaría que las 8 regiones más grandes (Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bío Bío, Araucanía y Los Lagos) que involucran a casi la mitad del país, se deberían distribuir los demás, a razón de entre 6 y 7 diputados por región, disminuyendo su representación actual y generando distritos muy pequeños, incompatibles con un sistema proporcional.

¿Por qué son incompatibles? Porque si se eligen, por ejemplo 6 diputados, bastará que la minoría obtenga algo más del 42% de los votos para producir el mismo resultado que el binominal y elegir la mitad de los escaños.Mientras más grande el distrito se evitan los fenómenos locales y es más probable que la población se distribuya en forma homogénea.

Decir que se puede modificar el sistema binominal sin aumentar el número de parlamentarios encierra una trampa que busca mantener con otro nombre todos o varios de los mismos vicios del actual sistema, o sea, sobre representar a la minoría o algunas zonas del país en desmedro de las más pobladas.

Dicho lo anterior, me hago cargo de la restante crítica de la UDI y que hace bastante fuerza en la ciudadanía, esto es que más parlamentarios implican más gastos.Eso no es necesario.

Es factible reasignar recursos para llegar a 154 diputados y 50 senadores. Son los legisladores que históricamente el país eligió e incluso, en el caso del Senado, casi los mismos que el Senado tuvo mientras existieron los senadores designados y vitalicios.

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24 abr 2014

Informe SENAME, volvamos a los niños y niñas

Por Estela Ortiz Rojas
Estela Ortiz Rojas
Estela Ortiz Rojas
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Según lo que muestran los medios de comunicación, el centro de la discusión política en estos últimos días es el debate entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.El riesgo es que nuevamente no nos hagamos cargo del fondo del problema: la relación entre el Estado y los niños, niñas y adolescentes, o en su expresión más grave aún, cómo han sido violentados los más vulnerables entre los vulnerables.

Como gobierno hemos planteado que el respeto a niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad de Estado. El informe de la comisión especial investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (SENAME) deja en evidencia el profundo daño que hemos hecho a quienes debíamos estar protegiendo.El valor ético de este informe es haber transparentado la situación de niños, niñas y adolescentes.

Las dolorosas carencias que muestra este informe, no son nuevas. Reportes previos como el Informe Mundial sobre Violencia contra niños y niñas (Secretariado de Naciones Unidas, 2006), y el Estudio Diagnóstico de Unicef Chile (2010), entre otros, también daban diagnósticos certeros. Por lo tanto, no podemos seguir esperando para hacer los cambios necesarios.

Como dijo la Presidenta el día que se firmó la creación del Consejo Nacional de la Infancia, “es inaceptable que instituciones destinadas a la protección de los niños y niñas, vulneren sus derechos. Es inaceptable que un niño o niña viva violencia en su familia, casa, colegio o barrio. Es inaceptable que todavía haya niños y niñas que trabajen en vez de estudiar. Es inaceptable que un niño, niña o joven, que haya sufrido abuso sexual, tenga que declarar muchas veces y revivir una y otra vez lo pasado. Es urgente entonces que demos un salto cualitativo, que nos ocupemos activamente de que haya políticas eficientes y transversales en materia de derechos de infancia y adolescencia”.

El Estado debe apoyar a las familias para que puedan cumplir con su rol de cuidado y acompañamiento en las etapas de desarrollo de niños y niñas. Cuando las familias no pueden desempeñar esta importante función, es el Estado el que debe responder de manera eficiente, oportuna y pertinente.

Como Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia hacemos un llamado a unirnos en un gran pacto social que nos permita hacer todas las transformaciones necesarias para generar un Sistema de Garantías que asegure que niños, niñas y adolescentes vivan en Chile con pleno ejercicio de sus derechos.

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