Este sábado 26 de abril se realizará en Santiago la segunda Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua, en el contexto de un periodo prolongado de sequía, de graves conflictos territoriales por el agua y en el marco de un nuevo gobierno.
A esta manifestación de demandas ciudadanas por el agua, concurrirán comunidades y organizaciones que enfrentan escasez, problemas de acceso, usurpación, contaminación, agotamiento y degradación de recursos hídricos en las diversas regiones del país.
De facto los conflictos por el agua expresan, no sólo una situación crítica debido a los años de sequía, sino también, una crisis del marco jurídico vigente sobre un bien tan esencial como el agua.
No obstante este evidente problema en la gobernabilidad del agua, confirmado en todos los estudios nacionales e internacionales, incluidos los del Banco Mundial, el Estado de Chile no ha estado a la altura para enfrentarlo, con excepción de un consciente conjunto de parlamentarios que ha presentado en los últimos años una veintena de reformas al Código de Aguas y a la Constitución en materia de aguas.
Tal como ocurrió a partir de 2011 con las marchas sobre desarrollo energético y derecho a la educación, entre otros, crecientemente se amplifica la demanda por el derecho al agua y la recuperación de este bien público para todos los chilenos.
La marcha nacional programada para este sábado 26, se funda en idénticas demandas expresadas en la 1º Marcha por la Recuperación y Defensa del Agua, realizada a inicios de 2013 y refrendadas por delegados desde Arica a Aysén, en el Cabildo Nacional por la Defensa del Agua y la Vida el pasado mes de octubre.
Siete son las principales demandas que expresa la sociedad chilena sobre las Aguas.Lo primero y central es la propiedad colectiva, el agua es vida y es de todos los seres que dependen de ella, y el rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino garantizar bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del agua.
La segunda demanda es el fin al lucro: el agua es un bien común y un derecho humano básico y debe ser consagrado como tal en la Constitución
En tercer lugar se demanda una forma de gestión comunitaria de las aguas, dado que los pueblos y comunidades tienen el derecho de decidir sobre sus modos de vida y proteger las aguas para su subsistencia física, económica y cultural, el desarrollo local y regional.
Por esto mismo, la demanda incluye la derogación de los instrumentos privatizadores como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero que entregan la propiedad del agua como un derecho inalienable a las empresas con fines de lucro, a costa de los derechos, la subsistencia y sustentabilidad de las comunidades y economías locales.
Un quinta demanda clama por Leyes para la vida, es decir un marco institucional que proteja las cuencas y fuentes de agua y en especial los ambientes fragilizados como los glaciares y peri glaciares para preservar las nacientes de las cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos.
En sexto lugar se demanda una reestructuración institucional que termine con la concesión de derechos en cuencas que no se pueden recargar, que no sea funcional a la usurpación de aguas por parte de los más ricos y cómplice de la destrucción de los glaciares y las cuencas.
Finalmente se demanda el fin a la criminalización de organizaciones y dirigentes sociales que luchan por el acceso, protección y recuperación del agua, entre cuyas recientes víctimas se encuentra el secretario general de Modatima, enjuiciado por un ex Ministro de Estado.
Ante estas demandas es importante recordar que actualmente tenemos un marco legal que entrega gratuitamente y a perpetuidad las aguas a los privados sin ninguna prelación de uso; que parte importante de las cuencas y acuíferos subterráneos están sobreexplotados o agotados; que la ley hace difícil que la autoridad pueda denegar derechos y que una vez entregados estos derechos de agua, la autoridad no tiene atribuciones para intervenir.
Así las aguas quedan entregadas a una gestión basada en la oferta y demanda del denominado “mercado de aguas” donde el acceso está cerrado a quienes no pueden adquirirlo.
Chile enfrenta su cuarto año de sequía y un proceso sostenido de desertificación que afecta a casi el 70% del territorio nacional.
Las comunidades afectadas han debido afrontar la escasez, la falta de higiene, la segregación social y el deterioro en sus actividades productivas por no contar con este vital elemento y hoy reclaman la recuperación del agua para fines de interés público.
En el Parlamento existe consenso creciente respecto de la necesidad de reformas al Código de Aguas y a la Constitución y existen decenas de mociones parlamentarias, algunas de las cuales referidas al Código de Aguas, la protección de Glaciares y los Servicios Sanitarios Rurales se encuentran con votación avanzada en el Senado y la Cámara.El nuevo gobierno tiene hoy la oportunidad de patrocinar estas reformas y hacer los cambios que la ciudadanía exige.
La 2º Marcha Nacional por la Recuperación del Agua, es la expresión de estas demandas, tras las cuales existen cientos de conflictos e injusticias donde la ciudadanía reclama responsabilidad, voluntad y acción política.
De no mediar una pronta respuesta del sector político es claro que los conflictos en la gobernabilidad de agua se agravarán a niveles insospechados en el ámbito de la salud, la alimentación y la convivencia social, debido al contexto de mayor estrechez hídrica que trae el cambio climático.
Según los expertos internacionales, el déficit en la disponibilidad de agua es el impacto más notable del cambio climático y asociado al alza de temperaturas y la baja de las precipitaciones
El Quinto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, presentado hace pocas semanas, advierte sobre el alza de temperaturas, el retroceso de glaciares y baja en lluvias en nuestro continente.
Esperamos que el nuevo gobierno esté a la altura de la responsabilidad ética y política que enfrenta en materia de aguas.