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El Mensaje de la Presidenta Bachelet el 21 de Mayo es, en sus objetivos y metas, de cambios estructurales, seguramente el más profundo que un gobierno se haya propuesto en estos 25 años desde el fin de la dictadura.
No hay un propósito refundacional, porque siempre las transformaciones adquieren el carácter de continuidad y discontinuidad con los logros alcanzados por otros gobiernos en democracia.
Hay sí, un claro propósito de modificar el paradigma del Estado subsidiario, de la democracia protegida, de la educación como mercancía basada en el lucro y la discriminación, de la Constitución ilegítima en su origen y ampliar, a través de la reforma tributaria, políticas de integración social y de redistribución del ingreso cuya desigualdad es un factor que limita el desarrollo del país.
Frente a ello, hay sectores que contraponen el diálogo con el ejercicio de la mayoría política del cual el gobierno dispone en ambas Cámaras. El diálogo político está en la esencia de la democracia y , a través de él, es posible ampliar la base de sustentación política y social que las reformas adquieren.
Lo es , sobre todo, cuando más allá de la Nueva Mayoría que sustenta el Programa de Bachelet existen hoy, como nunca, en el Parlamento, sectores independientes y de derecha que manifiestan disposición a apoyar algunas o todas las reformas al menos en sus aspectos generales.
Es a través del diálogo en el Parlamento donde pueden y deben ser aisladas las posturas de la UDI que se opone a todo cambio y que busca preservar su identidad a través de mantener el status quo aunque este conlleve desigualdades, integrismos, visiones neo autoritarias y abusos evidentes.
Porque esto es posible, e implica generar un dato político nuevo y de significado hacia el futuro, es que una política transformadora como la que encabeza la Presidenta Bachelet no puede renunciar al diálogo manteniendo la esencia, lo que se ha llamado el corazón, de las reformas propuestas y que cuentan con gran adhesión en la ciudadanía.
Sin embargo, una política transformadora tampoco puede dejar de ejercer la mayoría que el electorado le entregó en las últimas elecciones y menos aún renunciar a hacer valer sus razones a través de las movilizaciones ciudadanas que en el fondo, con su despliegue, han instalado en estos años buena parte de la Agenda progresista que el gobierno lleva adelante.
Entre diálogo y ejercicio de la mayoría política, que el politólogo italiano Umberto Cerroni considera como una de las reglas esenciales de la democracia, debe haber una dialéctica de convergencia, donde finalmente, como diría Bobbio, “se cuentan las cabezas” y se decide lo que la mayoría derivada de la soberanía popular y eventualmente aquella más amplia, que se ha construido en el debate, resuelva. Así funciona la democracia.
Es verdad que en nuestro país el diálogo y el consenso, que después de la derrota de Pinochet en el Plebiscito, contribuyó a abrir paso al proceso de transición democrática, goza hoy de mala fama. Ello, porque en gran medida si bien es cierto que la política de consensos permitió avances importantes en las difíciles condiciones en que se desarrolló la transición, ella también validó el que una minoría electoral impusiera las condiciones y límites de las reformas impulsadas por la mayoría y, de esta forma, desnaturalizó al propio sistema político creando una brecha no resuelta entre política y aspiraciones ciudadanas .
La política de consensos, como bien lo señala el ex ministro Enrique Correa en una entrevista a El Mercurio este domingo, se hizo en el contexto de la racionalidad del realismo político y de los cambios posibles.
Esa racionalidad se agotó y no sirve como modelo para el debate abierto en torno a las transformaciones que hoy impulsa el gobierno de Bachelet y que tocan aspectos centrales, en lo político, en lo institucional, en lo económico y también en lo ideológico, del modelo neoliberal y de las restricciones democráticas impuestas por la dictadura.
No comparto la tesis del sociólogo Eugenio Tironi que el modelo neoliberal es difícil de tocar porque la sociedad se acostumbró a el y lo hizo suyo.
Lo que ocurrió, en rigor, es que a la sociedad se le impuso por la fuerza un modelo y se integró a este por falta de cualquier alternativa o por la ausencia, también, de un cuadro de contestación explícita de los ciudadanos temerosos a las amenazas de las cúpulas militares o por la paralización que vivió la sociedad civil ya sea porque la política de consensos era acorde a un clima de “tranquilidad” social, a una gobernabilidad pactada, o porque aún no nacían las nuevas tecnologías de la información que en estos años ha revolucionado las formas de comunicar y con ello la subjetividad de las sociedades de la era digital.
El alto margen electoral de la victoria de Bachelet y las propias encuestas de estos meses, demuestran que los chilenos lejos de acostumbrarse a las AFP, a las ISAPRES, al binominal, o a la educación y la salud como mercancía, anhelan un cambio profundo, estructural, que preservando niveles ya alcanzados en el crecimiento económico del país, permita terminar con los abusos, el lucro egoísta y desmedido y generar en todos estos aspectos mayor igualdad y derechos.
Tampoco me parece realista la frase de Enrique Correa que la “sociedad quiere cambios pero no conflictos” porque todo cambio que toca intereses y franquicias consagradas por decenios a los grandes grupos económicos generará algún grado de conflictualidad que hoy no altera la gobernablidad sino que probablemente la sustenta.
Además, como dice el politólogo italiano Pietro Barcelona, la democracia y su ejercicio es conflictual en si misma porque alarga libertades, derechos, ciudadanía y genera mecanismos de control, de regulación de un mercado que busca extremar riquezas aún a costa de una profunda desintegración social.
El tema es que los conflictos se den, como en toda democracia madura, en el debate de ideas, en el tratamiento del Parlamento, que no siendo un “buzón” sino un poder del estado creado justamente para “parlotear”, es decir para debatir, que recibe en la actividad legislativa a decenas de expertos, empresarios, sindicatos, grupos de opinión de la sociedad, introduce modificaciones que en la mayoría de los casos mejoran los proyectos del Ejecutivo.
Lo central es no pretender cambiar la naturaleza de un proyecto que el gobierno ha recibido como un mandato de la sociedad sino perfeccionarlo.
Tampoco se puede asociar el conflicto, como lo asoció en su momento la vieja racionalidad de la política de los consensos, con la movilización social que es parte de la nueva política del siglo XXI presente en las sociedades complejas donde la ciudadanía es un actor del cambio que debe ser escuchado si se quiere que la democracia funcione respirando no solo desde la instituciones sino también desde las organizaciones sociales.
El gobierno de la Presidenta Bachelet no puede renunciar a sus objetivos y promesas transformadoras con las cuales fue electa.
Pero sí puede, como lo hace, con flexibilidad y paciencia política, asumir el sentido común de que todo cambio puede ser perfeccionado, que no hay un sólo camino para llegar al objetivo de la igualdad y que es allí, en el parlamento y en la propia sociedad, donde se deben confrontar opciones, visiones, connotados filosóficos y cuya síntesis final es siempre, desde la revolución francesa en adelante, determinada por las mayorías que en los dos escenarios es posible construir.
