29 jun 2014

Una vía institucional para una nueva Constitución

Desde el momento mismo de la instauración de la dictadura, el 11 de septiembre de 1973, el pueblo de Chile inició un largo y difícil camino para restablecer el ejercicio de la soberanía popular y, en democracia, decidir su propio destino.

No ha sido fácil ni una planicie recta, en que todo se ha sabido y planificado de antemano.Los Derechos Humanos fueron pisoteados para imponer la sumisión al régimen dictatorial. Sin embargo, la voluntad de realizar el derecho a la autodeterminación a través del ejercicio de la soberanía popular no pudo ser erradicado.

En rigor, la nación chilena impuso su voluntad de decidir. El ejercicio de la soberanía popular fue reinstaurado, por millones de chilenas y chilenas, en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988. Allí se decidió, contra la dictadura, el retorno a la democracia. Ese no fue un “acto cupular”. Ello ocurrió porque rompiendo todos los cálculos y vaticinios, por su propia autodeterminación, el pueblo de Chile se unió y derrotó el plan de perpetuación dictatorial.

Desde entonces, se avanzó en la eliminación de diversos enclaves autoritarios, en particular, con el conjunto de reformas constitucionales aprobadas el año 2005, no obstante, no se ha resuelto la ilegitimidad de origen de la actual Carta Política del Estado.

Este es el desafío que se ha propuesto resolver el bloque de gobierno.

No he compartido ni comparto la insistencia de algunos actores de presionar a la Presidenta de la República con el propósito que solicite al Congreso Nacional la instalación de una Asamblea Constituyente. No hay un derrumbe del Estado ni un contexto de crisis nacional que así lo justifique y legitime históricamente.

Además, desplazaría la lucha contra la desigualdad comprometida como la tarea central del programa presidencial a un plano secundario o subalterno y, finalmente, no cuenta con los quórums constitucionales que permitan su aprobación en el Congreso Nacional. Es decir, fracasaría como una vía institucional.

En suma, sería construirle gratuitamente a la derecha chilena un importante éxito político.

Sin embargo, hay un camino. La instalación en el Congreso Nacional, donde el bloque de gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras, de una Comisión Bicameral desde la que se promueva un amplio diálogo político y social y se elaboren las bases constitucionales que luego se propongan al país, a través de un Plebiscito.

De este modo, nuevamente se convoca al auténtico Poder Constituyente de la nación, que no es otro que el pueblo soberano, ejerciendo la soberanía popular que es lo que corresponde en democracia. En otras palabras, existe una vía institucional de acuerdo a la tradición de lucha de nuestro pueblo.

Se trata de fortalecer y no de socavar la institucionalidad democrática del país.En la lucha contra la desigualdad se requiere que Chile crezca a la vez que se transforma.

Hacer uso de las vías institucionales no ofende ni menoscaba, abre una alternativa que se hace cargo del dilema planteado, no lo elude ni sortea con propuestas que no conducen hacia una nueva Constitución.

En esta semana en que hemos conmemorado el natalicio de Salvador Allende, recordemos una vez más su empeño por una “vía chilena”, con democracia, pluralismo y libertad, que evitara una confrontación que facilitara la irrupción de las fuerzas más reaccionarías que se impondrían al más alto costo social.

No olvidemos que para Salvador Allende una vía democrática era la vía revolucionaria para Chile.

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29 jun 2014

¿La pobreza como negocio?

El Estado de Chile invierte dineros, generosamente, en las distintas instituciones que trabajan en sectores de gran vulnerabilidad y pobreza, en la esperanza de ir construyendo un país, en donde las brechas entre ricos y pobres sean cada vez menores y seamos una nación más inclusiva.

En este sentido las fundaciones respectivas presentan proyectos con metas y objetivos claros y definidos, para obtener un financiamiento que permita a estas organizaciones desarrollar programas exitosos, en las áreas sociales, familiares y personales.

Consecuente con lo anterior, la subsecretaría del Trabajo, perteneciente al ministerio del Trabajo, nos entregó resultados de un análisis que da cuenta que Fundación Paternitas obtiene un 71% de logros, respecto a la tasa de inserción laboral de sus beneficiarios. Cifra, desde luego positiva y muy por encima de los estándares de otros organismos que desempeñan labores similares a la nuestra.

En este aspecto creo que se precisa conocer los índices, de reinserción de todas las instituciones que obtienen dineros del Estado, en otras palabras transparentar los porcentajes de las metas propuestas de quienes presentan programas y proyectos para manejar estas platas, que por de pronto nos pertenecen a todos los chilenos.

Cae de su peso y corresponde a justicia, que la inversión de estos ingresos debe ser entregada a quienes realmente cumplen las metas planteadas en sus objetivos iniciales. No hacerlo así es malversación de los recursos fiscales, máxime cuando muchas de estas organizaciones, pueden ver en la mantención de la pobreza un negocio.

Cabe recordar que en promedio un delincuente avezado, realiza entre dos y tres asaltos al día, si consideramos que la Fundación Paternitas, el año recién pasado, tuvo 257 intervenciones multiplique usted cuántos delitos se evitaron.

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29 jun 2014

¿Abortar a los Amerindios?

Demostramos que la legislación sobre aborto debe aceptar dos vectores valóricos (ideologías) irreductibles; el que da a la vida del feto superioridad sobre las condiciones de la madre, y el que da a la madre la superioridad sobre la vida del feto. Como son irreductibles debe legislarse para que en Chile ambas posiciones tengan cabida; si la ley o el Estado sólo toman una, obliga a los que tienen la alternativa abandonar sus principios religiosos o ideológicos o irse de Chile. Frente a las discrepancias ideológicas o religiosas con el espíritu de las leyes o de la Constitución no queda otra que declararse en rebeldía, desobediencia o abandonar Chile.

En América se impuso la ideología y religión europea a los pueblos nativos evidenciando un racismo enorme: los caucásicos europeos invadieron, robaron, mataron y se apoderaron del ecosistema americano, y lo siguen haciendo, en donde los aborígenes vivían más armónicamente con el.

Este racismo implícito o explícito tiene rezagados a los amerindios en su desarrollo integral como seres humanos y como comunidades.Las constituciones y las leyes son afines sólo a las ideologías del huinca y han obligado a los amerindios a someterse, transculturizarse, relegarse a espacios mínimos, exiliarse o morir.

La Constitución y las leyes chilenas se fundan en el derecho de propiedad; Jaime Guzmán planteaba que todo puede caer menos este derecho, éste es el vector valórico entre la propiedad de los bienes y los seres humanos que importan poco en relación a la propiedad.

La naturaleza en Chile, tierras, aguas, capitales, le pertenece a unos pocos propietarios y son amos y señores de hacer lo que quieren con ella, y lo han hecho destruyendo una gran parte del ecosistema y de la diversidad biótica y llevando la contaminación ambiental a niveles muy tóxicos. Los delitos contra la propiedad son considerados más graves que los delitos contra los seres humanos.

Un copiador de CD murió quemado en la cárcel mientras un barrista que mató a otro andaba suelto. Es una ideología y religión de la idolatría a la propiedad. Nada más opuesto a la ideología, religión y culto que tienen los Amerindios.

En ellos no existe la propiedad de la naturaleza, ejemplificada en la tierra. Ellos no tienen propiedad de la tierra, ellos se pertenecen a la tierra, ellos son hijos de la naturaleza; las relaciones que tienen ellos con la naturaleza son igualitarias y democráticas; nadie puede apropiarse de ella; ellos son “comuneros” por naturaleza.

Los Amerindios viven en Chile desde más de 12.000 años en armonía con el ecosistema; el huinca caucásico vino, no más de 500 años atrás y les quitó todo, la tierra, es decir su madre, les sacó la madre, sus cultivos, sus animales, su cultura, su religión y porque ellos reclaman la devolución de lo que ancestralmente tenían, especialmente de su madre, entonces son terroristas, son delincuentes, hay que hacer leyes especiales para castigarlos, en vez de concluir lo único lógico que puede traer la paz.

La Constitución y las leyes deben aceptar que en Chile puede haber parte del pueblo que conviva en otra forma, que no sea la oligárquica, capitalista, pseudo-neoliberal, explotadora, expoliadora, arrasadora del medio ambiente, y que sean formas de convivencias armónicas con el medio ambiente, autónomas, comuneras.

Hay que cambiar la Constitución, incluso el sistema de jurisprudencia y el derecho, desde uno basado en la propiedad de los bienes a otro basado en los seres humanos y su pertenencia a la naturaleza, o al menos permitir los dos sistemas. Sólo así puede pensarse en la paz estable.

Los Pehuenches vivían en armonía en el alto Biobío, y a ambos lados de la cordillera desde Mendoza hasta Neuquén, el huinca les expropió el río e instaló hidroeléctricas (Ralco o plato de agua); ellos eran y siguen siendo, por el derecho que les confiere la naturaleza, su madre, con quien conviven por más de 5.000 años, sus “propietarios” o más bien sus constituyentes.

Inicialmente no pertenecían a la Confederación Araucana (perdón por el uso de conceptos y términos huincas y no mapudungun o el hablar de la tierra) que incluía en Chile a picunches, pehuenches, mapuches y huilliches. Se araucanizaron y tomaron el mapudungún desde hace algunos siglos.

Se inundaron “valles sagrados” para los pehuenches en un crimen y persecución religiosa y racista grotesca realizados y autorizados por el gobierno de la Concertación de entonces, despidiendo antes al director de la CONADI que se oponía.

No estamos hablando tan sólo del crimen de la dicha “Pacificación de la Araucanía” , nos referimos a los cientos o miles de crímenes contra todos los pueblos Amerindios que siguen cometiéndose y que no cesarán hasta que no se reconozca, por las constituciones y las leyes, el derecho de los pueblos y no sólo de los Amerindios, sino de todo ciudadano, a vivir plenamente de acuerdo a sus visiones y valoraciones de mundo (ideologías y religiones) y a sus sistemas de convivencia y de relaciones con la naturaleza como ellos autónomamente determinen.

Ya no es tiempo para constituciones monolíticas. Los estudios genómicos han resuelto el problema de la equidad y fraternidad del ser humano. Es tiempo de las constituciones multivalóricas, generadas no tan solo por expertos en derecho sino que por antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos, filósofos, evolucionistas, genetistas de poblaciones y otros expertos.

Se habla de que el Estado compre tierras para devolvérselas, de aceptar una cuota de “indígenas en el Parlamento” y otras medidas similares. Está bien, son migajas, limosnas, es lo mínimo que debe hacerse, invitaciones huincas a participar huincamente en las instituciones huincas.

Los Pueblos Indígenas deben ser aceptados como parte constitutiva y constituyente del Estado de Chile con sus autonomías religiosas, culturales y de desarrollo refrendados por una Constitución y leyes nuevas, plurales, que acepten la diversidad radical de sistemas distintos de convivencia, sin imposiciones de ninguna especie. Ése es el único camino para recién empezar a hablar de intención de paz verdadera.

El Estado debe ofrecer (la aceptación es voluntaria) programas de desarrollo de autonomía para el Pueblo Pehuenche: autonomía energética, instalar hidroeléctricas de los pehuenches y para los pehuenches en las fuentes, arriba en la cordillera, del Biobío (no le va a gustar a Ralco), o en otros ríos, plantas de energía eólica, solar y otras; autonomía alimentaria con programas de desarrollo de y para los pehuenches; autonomía educacional y en salud; autonomía previsional integral, autonomía cultural, ritual, etc.

Es curioso, que lo planteado haya sido dicho por todos los credos religiosos de Chile, especialmente por la Iglesia Católica pero parece que “no se oye Padre”.

Este concepto de pertenencia y de no posesión es bíblico y obliga a cristianos, judíos y musulmanes, porque la tierra es de Dios, nadie puede apropiarse de ella a lo más puede administrarla por no más de 50 años, pero con rendición de cuentas.

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28 jun 2014

Una nueva política indígena

Hace unos días se inició formalmente el proceso consultivo a los pueblos indígenas que comenzó el 24 de Junio, coincidiendo con el We Tripantu, dando una clara señal de un nuevo ciclo político de relación intercultural.

Hemos trabajado en iniciativas de ley y medidas para los pueblos indígenas que serán previamente consultadas, ya que entendemos que debemos construir políticas y agendas en conjunto y garantizar que los procesos de construcción y consultas sean representativos a los pueblos.Por ello, el proyecto de ley que crea el ministerio de Asuntos Indígenas, el proyecto que crea el Consejo de Pueblos Indígenas – siendo este autónomo y representativo de los diversos pueblos que existen en nuestro país – y el proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura serán consultados.

El Marco Jurídico de dichas consultas es dar cumplimiento del espíritu y estándares del convenio 169 de la OIT.Pues existe, la voluntad política del gobierno por hacer efectiva la protección y plena vigencia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por lo mismo, el carácter de la consulta será un proceso interactivo, continúo y flexible. La información que se entregará será transparente y accesible a todas las partes interesadas, de la forma más expedita, en todas las fases de la consulta, otorgando el máximo de publicidad al proceso mediante procedimientos adecuados a los pueblos indígenas, de modo que permita su máxima participación y recogimiento de opinión de todos los pueblos.

La falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha llevado a una profunda crisis en la relación entre los pueblos, la sociedad y el Estado. Hay que corregir esta situación reconstruyendo las confianzas, lejos de la represión y la violencia.

Por lo mismo, la nueva política indígena de nuestro Gobierno, se fundamenta en el marco internacional de derechos que garantizan a los pueblos indígenas que ellos puedan proveer su desarrollo político, económico, social, basándose en el diálogo y la justicia. Es por ello, que consideramos relevante las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas y otros organismos que han formulado importantes indicaciones especialmente en relación con situaciones de tensión y conflicto.

Tenemos por delante el desafío de avanzar en abrir el debate de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y debatir una nueva convivencia como sociedad pluricultural, como también, buscar la mejor forma de emplear los recursos naturales en beneficio del país, respetando los derechos de los pueblos indígenas. Esto significa, mirar hacia un nuevo modelo de vida que integre distintas visiones sobre el desarrollo productivo, medio ambiente y economía; respetando el derecho a la participación y consulta de los pueblos indígenas en los temas que les afecta.

Mejorar en materia de derecho de infancia para niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas, haciendo un trabajo en conjunto con las instituciones respecto a infancia y respetando sus culturas, es otro imperativo relevante de remarcar entre nuestras prioridades.

Nos encontramos en un momento histórico para promover el inicio de este nuevo ciclo de relación intercultural.

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28 jun 2014

Dedo en la llaga

El retornado sacerdote jesuita, Felipe Berríos, no tiene pelos en la lengua.

Las recientes declaraciones que hizo en el programa El Informante de TVN, causaron más de un escozor en los círculos de poder, generando diversas reacciones en pro y en contra.

Apunta descarnadamente a los grandes males de nuestra sociedad, los que rayan en la hipocresía colectiva cuando se trata de defender privilegios particulares que permiten o avalan a un “Chile de cosas lícitas, pero abiertamente inmorales.”

Perturbador el padrecito, remueve la basura escondida por años bajo la alfombra, aquella que tiene su génesis en la odiosa discriminación de la que somos objeto y sujeto todos los chilenos y chilenas en mayor o menor medida, pero que objetivamente son pocos los que se escapan, menos los que la confiesan.

Por cierto, Berríos, es un cura consecuente, duro de matar, con licencia para decir lo que dice, en plena y total concordancia con las directrices que el Papa Francisco, desde Roma, intenta dificultosamente hacer entender a sus Cardenales, Obispos y demases.

Me cuestiono, será porque los dos pertenecen a la misma congregación jesuita o quizás por su condición de latinoamericanos: uno chileno y otro argentino.

Ambos marcados por una realidad patética donde la injusticia, esclavitud, pobreza e ignorancia son el pálido reflejo de una historia llena de horror y terror que avergüenza a muchas instituciones, las que bajo el amparo de la iglesia católica, han permitido tales aberraciones como atrocidades.

Aunque duela, objetivamente, dice la verdad: fuerte y golpeado. No se guarda nada bajo la manga y sus críticas son sin calculadora, a quien le caiga el sayo que se lo ponga; por eso causan tanto revuelo sus declaraciones.

Cómo nos clasifica, con quién nos compara, por qué lo que señala tiene tanta base de sustentación, lo dejo al criterio del lector que, por supuesto, es más amplio que el mío.

“Los chilenos somos iguales que los perros cuando nos juntamos: nos olemos el trasero”.Entonces vienen las viles preguntas típicas: ¿dónde estudiaste?, ¿de dónde eres?, ¿tu abolengo? (apellidos o títulos nobiliarios de alguna corona corrompida de la Europa colonizadora).

No satisfecho, nos interpela, nos llama la atención, nos remece, aún cuando todavía nuestra capa conservadora obnubila y nos dice: “Dios está orgulloso de los homosexuales y lesbianas, así los creó. Es una condición distinta y nos ayuda a ampliar el concepto de sexualidad.” ¡Qué atrevimiento!

Con solo estas dos declaraciones, la Santa Inquisición que aun soterradamente existe – no me preguntéis ni donde ni quiénes son sus herederos – con la ayuda del Opus Dei ya lo hubieran quemado a fuego lento en la pira del Santo Oficio.

Para los Legionarios de Cristo se mandó un par de aclaraciones.Él está a favor de la vida, siempre en contra del aborto. Sin embargo, no desconoce algunos impedimentos aceptando que, legalmente puede darse la inviabilidad del feto, proteger la vida de la madre o en caso de violación. Sin que por ello constituya pecado.

Donde se metió en las patas de los caballos y no se lo perdonarán nunca fue el apoyo dado al Intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla. Dijo: “la tierra que actualmente usufructúan los nuevos dueños, el Estado se las quitó a los mapuches, por tanto es el Estado quien tiene que devolvérselas,punto”.

Los inmorales del país estarán confabulándose, ejerciendo toda su influencia para que lo devuelvan a misionar a un desconocido rincón del planeta, donde sus declaraciones no permitan hacer Pensar Chile.

Es posible que el padre Felipe Berríos este poseído: por el demonio o por el maleficio de alguna bruja africana. Lo único cierto es que de regreso a su país natal, ha perturbado la paz de los cementerios ; tanto así que el cardenal Ezzati hizo llamar a un cura exorcista a fin de acallar las blasfemias que señaló en torno a la posición de la iglesia en materia de la reforma educacional. Ahí metió el dedo en la llaga.

“Mientras se mantenga el clasismo y la segregación escolar, inclusive en los colegios católicos, cualquier reforma terminará mal”.Exigencias como la cuota de incorporación, la condición social, si son o no separados los padres o si el alumno tiene alguna discapacidad, son factores como muchos otros, de rechazo al estudiante.

El Estado no lo hace mejor con los establecimientos de excelencia, discriminando y seleccionando, en vez de haber privilegiado a los cien colegios más carenciados de los barrios más pobres del país.

Nada se le escapa a este cura, odioso para algunos y bendito como el santo padre Alberto Hurtado para otros.

Continúa, la Universidad Católica y la de Los Andes construyen sus hospitales clínicos en la “cota mil”, o sea en el barrio alto donde los pacientes puedan pagar, enriqueciendo a estas cristianas instituciones de salud. A los de la periferia que se los consuman las enfermedades, aunque los estudiantes de medicina jamás tengan contacto con el dolor de los pobres.

Compartimos contigo tus angustias, no solo a tí te han dejado atónito varias canonizaciones, merecidas o no. Lo sorprendente fue la rapidez para encontrar los milagros de Monseñor Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei.¡Inaudito por decir lo menos! Así no se recupera la confianza perdida.

Cuídate hermano Felipe, somos muchos más lo que te necesitamos.

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28 jun 2014

Chile inclusivo, también en el deporte

No me gusta aquello de tolerar la diferencia; prefiero decir que la agradezco.Y es precisamente lo que me ha ocurrido especialmente ahora, cuando en mi calidad de presidente de la comisión de Deportes, he tenido la posibilidad de tomar contacto con los más diversos grupos de deportistas, incluyendo a quienes, con algún tipo de capacidad distinta, se esfuerzan día a día por mejorar sus marcas y aportar al deporte nacional.

Esta semana, y con la presencia de las máximas autoridades del deporte nacional, se lanzaron los primeros Campeonatos Nacionales Paralímpicos, que se realizarán en varias regiones del país.Tremenda competencia, donde espero que todos podamos sumarnos con el apoyo que requieren estos excelentes deportistas.

Para escribir esta columna he contado con la valiosa cooperación de Alberto Vargas, director del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, con quien comparto miradas sobre un tema que hoy es cada vez más importante para el país, como es la necesidad de ser más inclusivos.

Sí, porque cuando hablamos de aquello, en el deporte se nos olvida muchas veces la necesidad de considerar a las personas con discapacidad o con capacidades distintas o que presentan una condición especial de vulnerabilidad. Según la encuesta Nacional de la Discapacidad, el 12,9 % de la población presenta algún grado de discapacidad, sin embargo no están presentes habitualmente en el desarrollo de políticas públicas y, esto, se ve claramente reflejado en el ámbito del deporte.

Según múltiples estudios, los beneficios para la salud del deporte son iguales para las personas con discapacidad que para el resto de la población, el beneficio psicológico y el efecto de inclusión social son además beneficios secundarios.

Sin embargo, cuando revisamos la evolución de la oferta de programas del Instituto Nacional del Deporte, para el desarrollo de la práctica de la actividad física o el deporte adaptado masivo para este grupo de la población, se aprecia la ausencia de oferta para las personas con discapacidad por parte del Estado en comparación con líneas programáticas como adultos mayor, mujeres, jóvenes y personas privadas de libertad.

Para hacer efectivo el derecho de todos a acceder en igualdad de condiciones a la práctica de la actividad física y el deporte, es indispensable desarrollar medidas específicas para las personas con discapacidad.

En el marco jurídico, nuestro país cuenta con una ley del deporte que no recoge a la organización del deporte competitivo y de alto rendimiento del mundo paralímpico.

Sólo existe la figura del comité olímpico como máximo rector del deporte.Por otro lado, la organización de las personas con discapacidad en el deporte competitivo no sólo se da por la especificidad del deporte, sino que también por el origen de las deficiencias físicas.

Esto es de gran importancia dado que nuestra ley fomenta la creación de federaciones y clubes mono deportivos y el deporte paralímpico tiene organizaciones polideportivas por discapacidad. La adecuación del marco jurídico y el reconocimiento son de vital importancia para recoger la particularidad del deporte para personas con discapacidad y permita la organización necesaria y la asignación de recursos del Estado según la realidad del mundo paralímpico.

La remodelación de los estadios y la construcción de nuevos recintos debieran considerar también la accesibilidad universal como un elemento central en el diseño arquitectónico.

A modo de ejemplo el estudio del FONDEPORTE del 2006 estableció que solo el 2,6 % de los recintos cumplían criterios de accesibilidad. En esto, es importante entender que por un lado las personas con discapacidad no sólo asisten como espectadores sino que además quieren ser protagonistas.

Podríamos seguir enumerando muchos aspectos, como la formación de profesionales, inclusión escolar en actividad física de niños con discapacidad, financiamiento de sillas de ruedas deportivas, asistentes y guías, entre otros. Variables que debiéramos abordar para que las personas con discapacidad puedan sentir que su derecho a la práctica de la actividad física y el deporte se promueve y respeta.

Si bien hemos observado avances en el ámbito de los beneficios a los deportistas paralímpicos y apoyo en el alto rendimiento, la pregunta es cuánto tiempo deben seguir esperando y cuál es la velocidad de los cambios culturales que es aceptable para avanzar en el respeto a los compromisos que el Estado de Chile ha suscrito con estos ciudadanos.

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27 jun 2014

Garantía de derechos, niños indígenas de Chile

En muchos lugares de Chile se celebró la fiesta de Año Nuevo o fiesta del sol, con que se inicia el solsticio de invierno. Esta es una ceremonia espiritual de renovación que celebran los pueblos originarios y una ocasión para rescatar el carácter multicultural de nuestro Chile diverso.

Este 24 de junio también volvimos a conmemorar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y por ello, resulta relevante recordar que el 33.2% de la población menor de 18 años pertenece a algún pueblo indígena y de ellos, el 86% es mapuche.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional que reconoce expresamente los derechos de la infancia indígena a preservar su cultura, al respeto de su identidad, a utilizar su lengua y a practicar su religión.

Hace 24 años, Chile ratificó dicha Convención y por ello, tiene la obligación de avanzar decididamente en garantizar todos los derechos establecidos en ella, para todos los niños, niñas y adolescentes del país, sin discriminación de ningún tipo. Sin embargo, en materia de derechos, aún hay una deuda importante con la niñez y adolescencia indígena.

Algunos datos que reflejan la disparidad: el 29.5% de niños, niñas y adolescentes indígenas viven en situación de pobreza, versus el 22.5% de los no indígenas, y el 14,4% de pobreza total del país.

Además, las familias indígenas trabajan bajo condiciones de mayor precariedad laboral: según datos de la ELPI 2012, entre el 34% y el 44% de las familias indígenas no tiene contrato laboral, comparado con el 27,5% de familias no indígenas.

El 19,1% de los adultos a cargo de la crianza en familias no indígenas tiene escolaridad básica, cifra que sube a un 32,1% en familias mapuche. El 10% de las familias indígenas cree que su hijo/a no accederá a educación superior, comparado con el 7% de los no indígenas.

El 81% de los niños y niñas indígenas no accede a museos, zoológicos o bibliotecas de manera regular, comparada con el 73% de los niños/as no indígenas. En los hogares de los niños y niñas indígenas la situación no es más favorable: sólo en el 21,9% de las casas de familias mapuches hay al menos 10 libros infantiles, comparado con un 30,9% en familias no indígenas.

Si bien, el país ha avanzado en la implementación progresiva del Sector de Lengua Indígena (Mineduc), es evidente que no es suficiente, considerando que el 88.3% de niños, niñas y adolescentes no habla ni entiende su lengua.

Especialmente preocupante resulta la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes que viven en aquellas comunidades presentes en la zona de conflicto en el sur del país, y los efectos de la violencia sobre su desarrollo.

Con la creación del Consejo Nacional de la Infancia, Chile asume el desafío de avanzar en resolver los pendientes en materia de implementación de derechos para todos nuestros niños, niñas adolescentes, y de manera especial, deberá trabajar para reducir las brechas y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas.

El Consejo Nacional de la Infancia, trabaja por la universalidad de los derechos de los niños de Chile, y en dicho marco, debemos avanzar con decisión en extender la educación intercultural bilingüe, así como trabajar intersectorialmente para que las políticas que el Estado implementa cuenten con perspectiva intercultural.

Así también, resulta imprescindible desarrollar estrategias integrales de protección de los derechos de la infancia indígena con perspectiva intercultural y territorial expresadas en políticas públicas pertinentes, a nivel nacional, regional y local, con la participación de los actores indígenas y de los propios niños, niñas y adolescentes.

En particular, resulta urgente adecuar los procedimientos de las instituciones policiales y judiciales que intervienen en comunidades indígenas en las denominadas zonas de conflicto a los estándares de derechos de la infancia.

Los niños, niñas y adolescentes de las etnias Mapuche, Aymara, Diaguita, Atacameña, Colla, Quechua, Rapa-Nui, Yámana o Yagán, Kawashkar o alacalufe se merecen todos nuestros esfuerzos para que efectivamente puedan desarrollarse con pleno ejercicio de sus derechos.

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27 jun 2014

Los sostenedores “de siempre”

Por estos días hemos asistido a un violento y controvertido debate respecto al papel de la educación privada en un posible nuevo escenario para la educación pública. Dimes y diretes entre los defensores de la educación y los “sostenedores” de la educación, cuya nominación es por sí misma un eufemismo respecto al papel que han tenido los privados en el funcionamiento del sistema político- económico en el que vivimos.

Los dueños de colegios privados “sostienen” que ellos son un aporte fundamental a la diversidad, a la cobertura y a la calidad de la educación.Para “sostener” aquello, los “sostenedores”, se “sostienen” (valga la redundancia) en los medios de comunicación, en los seminarios de expertos y en entidades universitarias y no universitarias que gestionan millones y millones de pesos, entre otras cosas, en la evaluación de la “calidad” de dichos “sostenedores”.

Recordemos que la primera Prueba Nacional para medir los logros de aprendizaje de los estudiantes chilenos se aplicó en el año 1968 sólo a los 8vos básicos y progresivamente después del ’90 se ha ampliado a 2°, 4°, 6°, 8° básico, II y III medio. Imagine usted el costo que tiene para el Estado: el diseño, la aplicación, el análisis y la difusión de los resultados de esta prueba que hoy parece indispensable desde nivel preescolar hasta la enseñanza media.

Sume y lo que obtendrá quizás sea una cifra lo suficientemente interesante como para que una golosa entidad privada esté dispuesta a “sostener” la posición de los “sostenedores” en lo que sea y al costo que sea.La educación en este país parece una gallina de los huevos de oro y son muchos los que la quieren cuidar.

En medio de este escenario recordé un estudio que realizamos hace algunos años respecto a la gestión escolar. Recordé mi indignación ante sus resultados. Los “sostenedores” de los colegios particulares subvencionados, en los sectores más pobres de la región metropolitana, no sólo “sostienen” una peor gestión escolar sino peor infraestructura y peores resultados que sus pares municipales.

No logro comprender por qué se sigue atribuyendo a la administración privada superioridades que, hasta ahora, no se han podido demostrar cabalmente. Esta difusión de información tergiversada se vuelve especialmente riesgosa en momentos como estos en los que hay que tomar decisiones en torno a la reforma educacional.

Los estudios sobre gestión escolar han sido enfáticos en decir que los factores asociados a una mejor gestión no son directamente dependientes de la administración pública o privada y que es imposible hablar de este tema sin aislar seriamente los factores relacionados con el nivel socioeconómico y con las prácticas de selección de estudiantes, natural o intencionadas de parte de los establecimientos de administración privada.

De hecho, en el estudio que comento(1) nosotros llegamos a la misma conclusión que muchos expertos. Conclusiones que no tienen nada de novedoso para quienes observen detenidamente los datos públicos entregados por el ministerio (si es que no hay no tiene intereses privados comprometidos).En resumen, las consecuencias de la administración privada en la reproducción de la desigualdad son siniestras.

1. La diversidad que aportan las escuelas particulares subvencionadas es la de segmentar según estrato socioeconómico sus objetivos, misiones y visiones, favoreciendo en los sectores medios – bajos y bajos la entrega de hábitos y disciplina por sobre la excelencia académica

2. Los establecimientos municipales en los sectores medios – bajos y bajos entregan una educación más efectiva en términos de resultados escolares que los particulares subvencionados.

3. En las variables de gestión no se encontraron diferencias significativas según dependencia y en muchos de las variables las pequeñas diferencias favorecían la gestión de tipo municipal.

En este sentido la dilapidación de fondos públicos en instituciones que segregan, diferencian y reproducen las desigualdades (de clase, de género, de etnia, etc.) ha sido responsabilidad de los “sostenedores” pero ¡cuidado! ¿No será que los “sostenedores” no son solo los dueños de colegios particulares subvencionados?

¿No serán “sostenedores” también los que venden pruebas para medir la calidad o los que venden argumentos para la segregación escolar?, y por qué no: también aquellos que desde el Estado compran “argumentos” para el diseño de las políticas educacionales.

Los que “sostienen” este modelo siniestro de educación quizás también sean todos aquellos que, bajo el nombre de “educación de calidad”, han hecho de este un negocio tan grande, del cual ahora nadie se quiere bajar.

(1) Los detalles de ese estudio están en la Revista Estudios Pedagógicos de la Universidad Austral de Valdivia: CASTILLO, Patricia; GONZALEZ, Alejandra y PUGA, Ismael. Gestión y efectividad en educación: evidencias comparativas entre establecimientos municipales y particulares subvencionados. Estud. pedagóg. [online]. 2011, vol.37, n.1 [citado 2014-06-25], pp. 187-206 . Disponible en: . ISSN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052011000100010.

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27 jun 2014

Nueva Constitución para una sociedad más democrática

La semana pasada conformamos junto a un grupo importante de parlamentarios (as) la Bancada Transversal por la Asamblea Constituyente, situación de gran importancia para el momento que está viviendo el país.

Esta bancada transversal supo recoger las demandas ciudadanas, sumado a nuestra convicción de que es clave tener una nueva Carta Fundamental redactada en el marco de un objetivo común y democrático, cuyo foco es que Chile sea una nación moderna, inclusiva y representativa.

Por este motivo, nuestra carta de navegación debe estar a la altura de las necesidades actuales y no seguir rigiéndonos por una Constitución que no refleja las demandas de un país que crece y avanza hacia el desarrollo y en democracia.

Es importante tener presente que el Gobierno está impulsando con fuerza y celeridad, una serie de reformas estructurales que sin duda le cambiarán el rostro a Chile. Estos proyectos los apoyamos con lealtad, pero creemos que es urgente comenzar ya con esta discusión, sociabilizando la iniciativa en todos los sectores de la sociedad.

También es necesario destacar que el proyecto de una nueva Constitución, está en el Programa de Gobierno, como una de las iniciativas de mayor relevancia, por lo que desde ya es fundamental abrir el debate y aportar con ideas para determinar cuál es el mejor mecanismo que garantice la carta fundamental que el país necesita. El proyecto de nueva Constitución es parte clave de las reformas estructurales que está impulsando la Presidenta Bachelet.

Por lo tanto es primordial alcanzar acuerdos políticos transversales para impulsar este proyecto con la solidez que requiere este tipo de cambios profundos. El tema ya está instalado en la opinión pública, y ahora necesitamos unidad, altura de miras y sobre todo mucha responsabilidad, para encabezar junto a la ciudadanía este anhelo democrático.

Y para lograr este objetivo de tener una nueva Constitución, es importante discutir con seriedad y no criticar sin fundamentos. No es cierto que con nuestro apoyo a la Asamblea Constituyente estemos renunciando al mandato que nos ha entregado la ciudadanía, de hecho esto refuerza claramente el mandato que nos entregan las personas, mediante una mayor participación popular.

Tampoco creemos cierto que sea necesaria una crisis institucional profunda para convocar una Asamblea Constituyente.Es más, con esta iniciativa nos estamos anticipando y sobre todo resguardando nuestra gobernabilidad democrática.

Para ello, es importante estar unidos, sin perder la racionalidad del debate y sobre todo sin personalismos, ya que es una tarea común, donde nadie está por sobre el otro. Acá todos debemos remar por un objetivo común, que es cambiarle realmente el rostro a Chile y su gente, que demanda mayor inclusión social, más y mejores oportunidades.

Todas las posiciones son tremendamente respetables y deben entrar al debate, pero nosotros estamos seguros que esta Asamblea Constituyente sí es necesaria y urgente y que sin duda continuaremos firmes en este proceso histórico.

Necesitamos revitalizar nuestra democracia, y que sea mucho más inclusiva, donde los ciudadanos efectivamente puedan aportar y que se sientan real y efectivamente partícipes de los profundos cambios que está viviendo Chile.

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27 jun 2014

Prueba de fuego para ministro Arenas

Aunque no precisamente en el Congreso, ya ha comenzado el público debate por la fijación del ingreso mínimo, situando al ministro de Hacienda en la encrucijada de cautelar las señales públicas de prudencia, con las lógicas y razonables expectativas de los trabajadores de lograr los ansiados $ 250.000 mensuales.

Chile es uno de los países con más altos niveles de desigualdad.Al menos si nos comparamos con las naciones que forman parte de la OCDE, quedamos bastante al debe y mal parados.Para nadie es una sorpresa, pero ello no quita que perdamos la capacidad de asombro.

Es una tarea no sólo pendiente, sino que debe ser una motivación diaria, especialmente para quienes algo podemos hacer desde la esfera pública.Por eso, imposible callar, menos aún cuando nos encontramos en un momento donde miles de trabajadores, los más vulnerables, esperan una señal al respecto. Las brechas son enormes y no basta con palabras y frases de buena crianza para acallar la justa y legítima frustración de muchos.

Por eso, junto con hacer el mayor esfuerzo posible, y este mensaje va directo para el Ministro Arenas, ha llegado el momento de atreverse a tener una legislación más permanente al respecto, que permita una estructura plurianual, para que anualmente sólo se ajusten automáticamente parámetros ocasionales por efectos de distorsiones económicas graves.Así evitaremos el debate anual y los ” gallitos ” coyunturales que no tiene sentido.

Sin embargo, como es tradicional, ya estamos escuchando a los tecnócratas de siempre, a los teóricos, que repiten lo mismo de siempre. A quienes sólo importan los métodos, las técnicas, las herramientas, la inversión y las utilidades de las empresas, pero nada dicen sobre un aspecto primordial del análisis, que no puede dejarse de lado, que es la mirada redistributiva, aquélla que efectivamente nos puede ayudar a disminuir las vergonzosas desigualdades.

Esperamos que el Ministro Arenas se la juegue por algo diferente, una estructura legal básica permanente y que además recoja las diferencias regionales que demuestran los estudios vigentes. Sí, porque los costos de vida son bastante distintos a lo largo de Chile.

Se puede Ministro, si usted encabeza esta decisión todo será más expedito, porque estoy seguro que compartirá que si bien el salario mínimo es sólo una de las herramientas de política pública útil para mejorar la condición de vida de los trabajadores, es una de las más importantes y que genera mayor expectativa en los sectores más desposeídos.

Esa es la propuesta, una legislación permanente al respecto, con creatividad y respaldo social que permita estabilidad a largo plazo y también un salario mínimo adecuado. Me parece que la oposición política a nuestro gobierno debiese respaldar un proyecto de esta naturaleza porque es en bien de nuestros trabajadores, de todos, sin importar a qué partido o movimiento pertenecen.

Lo esperamos en la Comisión de Hacienda con $ 225.000 como mínimo para este año y el compromiso de los $ 250.000 para el próximo, dando así veracidad a su disposición para los más desposeídos y las regiones más afectadas, con una propuesta integral de determinación del salario mínimo en forma permanente. Escuche a los expertos, asesores y tecnócratas; pero, Ministro, decida usted. Pase la prueba de fuego sin quemarse.

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