Desde el momento mismo de la instauración de la dictadura, el 11 de septiembre de 1973, el pueblo de Chile inició un largo y difícil camino para restablecer el ejercicio de la soberanía popular y, en democracia, decidir su propio destino.
No ha sido fácil ni una planicie recta, en que todo se ha sabido y planificado de antemano.Los Derechos Humanos fueron pisoteados para imponer la sumisión al régimen dictatorial. Sin embargo, la voluntad de realizar el derecho a la autodeterminación a través del ejercicio de la soberanía popular no pudo ser erradicado.
En rigor, la nación chilena impuso su voluntad de decidir. El ejercicio de la soberanía popular fue reinstaurado, por millones de chilenas y chilenas, en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988. Allí se decidió, contra la dictadura, el retorno a la democracia. Ese no fue un “acto cupular”. Ello ocurrió porque rompiendo todos los cálculos y vaticinios, por su propia autodeterminación, el pueblo de Chile se unió y derrotó el plan de perpetuación dictatorial.
Desde entonces, se avanzó en la eliminación de diversos enclaves autoritarios, en particular, con el conjunto de reformas constitucionales aprobadas el año 2005, no obstante, no se ha resuelto la ilegitimidad de origen de la actual Carta Política del Estado.
Este es el desafío que se ha propuesto resolver el bloque de gobierno.
No he compartido ni comparto la insistencia de algunos actores de presionar a la Presidenta de la República con el propósito que solicite al Congreso Nacional la instalación de una Asamblea Constituyente. No hay un derrumbe del Estado ni un contexto de crisis nacional que así lo justifique y legitime históricamente.
Además, desplazaría la lucha contra la desigualdad comprometida como la tarea central del programa presidencial a un plano secundario o subalterno y, finalmente, no cuenta con los quórums constitucionales que permitan su aprobación en el Congreso Nacional. Es decir, fracasaría como una vía institucional.
En suma, sería construirle gratuitamente a la derecha chilena un importante éxito político.
Sin embargo, hay un camino. La instalación en el Congreso Nacional, donde el bloque de gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras, de una Comisión Bicameral desde la que se promueva un amplio diálogo político y social y se elaboren las bases constitucionales que luego se propongan al país, a través de un Plebiscito.
De este modo, nuevamente se convoca al auténtico Poder Constituyente de la nación, que no es otro que el pueblo soberano, ejerciendo la soberanía popular que es lo que corresponde en democracia. En otras palabras, existe una vía institucional de acuerdo a la tradición de lucha de nuestro pueblo.
Se trata de fortalecer y no de socavar la institucionalidad democrática del país.En la lucha contra la desigualdad se requiere que Chile crezca a la vez que se transforma.
Hacer uso de las vías institucionales no ofende ni menoscaba, abre una alternativa que se hace cargo del dilema planteado, no lo elude ni sortea con propuestas que no conducen hacia una nueva Constitución.
En esta semana en que hemos conmemorado el natalicio de Salvador Allende, recordemos una vez más su empeño por una “vía chilena”, con democracia, pluralismo y libertad, que evitara una confrontación que facilitara la irrupción de las fuerzas más reaccionarías que se impondrían al más alto costo social.
No olvidemos que para Salvador Allende una vía democrática era la vía revolucionaria para Chile.