Entre las propuestas que la Nueva Mayoría ofreció a las ciudadanas y ciudadanos en las pasadas elecciones presidenciales estuvo la de crear universidades en las regiones de Aysén y de O’Higgins e implementar centros de formación técnica públicos a lo largo de todo el país. Ello, se entiende, con el fin de desconcentrar las posibilidades de acceso a educación superior, especialmente en aquellas zonas donde hasta ahora no existían, o eran muy limitadas.
Es decir, avanzando en la dirección de un país que crece y se desarrolla regionalmente, y porque se entiende que en la mayoría de los casos las entidades de educación superior son un soporte fundamental para esa dinámica territorial, aportando no solo académicamente a la formación de futuros profesionales, sino también generando investigación científica y social, construyendo proyectos con el sector privado y el Estado y aportando a la cultura y la movilidad social local y regional.
Estas propuestas surgieron, justamente, a partir de la experiencia que por años han venido desarrollando las universidades regionales -estatales y no estatales- que cumplen una función pública relevante, generando experiencias exitosas de integración, convirtiéndose en verdaderos íconos de sus comunidades, como ocurre por ejemplo con las universidades de Concepción o la Austral de Valdivia, siendo además en este último caso, la única casa de estudios superiores de la región de Los Ríos.
Tras la “regionalización universitaria forzosa” que la dictadura hizo tras desarticular la estructura nacional que tenían las universidades de Chile y Técnica del Estado, y sobrevivir a un sistema de financiamiento también heredado de la “reforma” impuesta sin diálogo ni contrapesos por los denominados “tucanes” a comienzos de los ’80, que basaba el financiamiento de los planteles en su capacidad de recuperar el entonces crédito fiscal y de prestar servicios externos que le permitieran generarse recursos propios, muchas de las casas de estudios derivadas de ese proceso, junto con aquellas surgidas a partir de iniciativas regionales, iniciaron un largo camino que las ha ido consolidando en el tiempo.
Por eso es que preocupa el debate que ha surgido a partir de los recursos destinados en el proyecto de ley de Presupuestos para el 2015, donde las universidades regionales en general, y las públicas no estatales en particular, han hecho sentir sus puntos de vista críticos respecto de lo que consideran es un estancamiento, e incluso un retroceso, respecto de los fondos destinados a diferentes ámbitos de su desarrollo institucional, académico y científico.
En todo caso esta no es una discusión en blanco o negro, o de regiones versus Santiago.
Se trata simplemente de mantener la coherencia necesaria respecto del conjunto de políticas públicas que el gobierno de la Presidenta Bachelet impulsa, para avanzar a condiciones de mayor equidad y justicia social, para las personas y también para los territorios.
Sabemos que el sistema chileno tiende naturalmente al centralismo y la concentración.Por eso reviste mayor importancia discutir sobre estos temas. Porque no sacamos nada con elegir consejeros regionales y en el futuro inmediato intendentes, si por otro lado debilitamos a uno de los pilares de esas regiones: sus centros de estudio de educación superior, especialmente aquellos con nítida y probada vocación pública.
Tampoco serviría el importante esfuerzo realizado por la Comisión Asesora de Descentralización, que recientemente entregó sus propuestas, si en materia de educación superior seguimos, por distintas vías, potenciando y fortaleciendo entidades públicas, de una incuestionable calidad, que no pueden absorber toda la demanda que se genera a lo largo del país, pero que por la vía del financiamiento, así como por la de las mediciones y estandarizaciones competitivas que están arraigadas en la educación básica y media, terminan fomentando la “fuga de cerebros” desde las regiones a la capital, yendo en el sentido exactamente contrario al deseado.
Como lo han planteado públicamente las propias universidades regionales, hay que eliminar las inequidades territoriales en la educación superior y terminar con lo que han denominado el “centralismo decisional”.
Confiamos en que tanto el ministerio de Hacienda como el de Educación serán capaces de modificar la propuesta inicial planteada en el proyecto de ley de Presupuestos, de manera de encontrar las soluciones que permitan, sin afectar esencialmente a otras casas de estudios, generar una fórmula distinta que recoja las necesidades de estos planteles que atienden a más de un 60% de la matrícula de pre grado y cerca de un 50% de las investigaciones del Fondecyt-Fondef del Cruch.
Se necesita construir una nueva mirada y un nuevo trato entre el Estado y las universidades de regiones, porque parte importante del desarrollo humano y el crecimiento económico de gran parte del país depende de ello.
En tiempos de reformas estructurales a la forma de entender la educación, para transitar desde la visión economicista que la concibe sólo como otro bien transable en el mercado a una que lo entiende como un derecho social, y que asume que hacer importantes inversiones financieras en sus distintos niveles no es un gasto, sino una inversión de cara al futuro de un país que cada vez más necesita poner valor agregado a un modelo productivo todavía fuertemente sustentado en la explotación de recursos naturales, parece oportuno y pertinente resolver la situación que hoy preocupa a las universidades y habitantes de regiones para que, de verdad, podamos tener una educación superior, de calidad, en todo Chile.
