Luego de una espera que se hizo interminable en el mundo político, la Presidenta de la República efectuó el cambio de gabinete de mayor alcance y profundidad que se haya realizado en los gobiernos democráticos desde la reinstalación de la democracia en 1990.
El bien del país aconseja entregar al nuevo equipo la colaboración necesaria para que salga adelante con las tareas y desafíos que deberá emprender en la nueva etapa que desplegará el gobierno. Esta se visualiza de alta complejidad y plagada de tensos desafíos. Ello determina que se espere con elevado interés el Mensaje presidencial del ya cercano 21 de Mayo. Allí se fijarán las orientaciones principales del nuevo periodo.
En suma, por más que se teorice viene ahora la acción práctica, en el tiempo que viene se reflejará la situación del país, la fuerza anímica y la capacidad colectiva e individual de los recién convocados a tan altas tareas de Estado y la correlación de fuerzas en que ahora se desenvuelven las vertientes políticas.
Sin embargo, ello no significa que se desconozca que se cerró un ciclo. Así lo han dicho las recién entrenadas autoridades de gobierno.
¿Qué significa eso? Hay que guiarse por lo que la misma Presidenta señaló al hacer el cambio, tanto en la ceremonia oficial como en las reuniones posteriores al mismo: retomar la lucha contra la desigualdad, dar velocidad a la agenda por la probidad y la transparencia, hacerse cargo del reto de la seguridad pública y re enfilar el rumbo hacia el crecimiento económico. En el Parlamento continúa su trámite la reforma laboral y se inicia una nueva etapa del tema educacional.
Resulta claro de las orientaciones presidenciales que no se puede hacer todo de una sola vez y de forma simultánea; es más que evidente que las reformas son sucesivas, que no caen como una vertiginosa cascada de millones de litros cúbicos de agua, sino que se despliegan de manera paulatina, con diálogo y participación social, asumiendo la diversidad de enfoques o de opiniones que necesariamente se expresarán en el debate y no como una especie de verdad revelada cuyo contenido es rígido e inmodificable.
Es evidente que ningún proceso de reformas podrá ser fecundo si se desplaza haciendo caso omiso de la realidad social en que se realiza. En tal sentido, el celoso hermetismo de ciertas reparticiones ministeriales ha entorpecido más que ayudado al buen trámite de las diversas iniciativas legales o de gestión. El diálogo en nada debilita a las reformas o resta fuerza a quién lo practica.
Se ha tratado de descalificar este punto de vista con el pretexto que sería una oblicua forma de intentar detener o abandonar los cambios estructurales. Quienes así actúan, se quieren presentar como una especie de casta que tendría, ni más ni menos, que el privilegio de ser los sumos intérpretes de lo que está a favor y de lo que está en contra de los grandes anhelos reformadores del país.
Una especie de oráculos de la era digital. Sin embargo, desde el seno del movimiento social que promueve las reformas se reclama más apertura al diálogo y mayor interés para incorporar las ideas que surgen desde el dinamismo social.
Un grupo mesiánico se piensa a sí mismo como el depositario de la verdad, como los que detentan la primera y última palabra acerca del proceso de transformaciones; en el caso que analizamos quienes se presentan como los auténticos y definitivos exégetas de las reformas no han sido capaces de responder lo elemental: una propuesta que avance y no retroceda y que permita dirigir y orientar este proceso, que vaya sumando y no restando, dando cuenta de los desafíos que brotan en el camino, prácticamente a cada rato.
En particular, esta versión ya considerablemente veterana del izquierdismo infantil contenida en la idea absurda de la retroexcavadora, ha eludido enfrentar radicalmente el tema de la corrupción y bajo cuerda se dio el lujo de propiciar la impunidad o el arreglín, camino que hubiese sido fatal para el gobierno y la autoridad presidencial.
Las reformas son incompatibles con la tolerancia a la corrupción. Se ha planteado interesada y falsamente que habría una “vieja guardia” contra las reformas y una ilusoria “nueva guardia” a favor de las mismas.
Hay que decir las cosas como son, el gran enemigo han sido los escándalos de corrupción, eso es lo que ha disminuido decisivamente la base de sustentación del proceso de reformas; ese obstáculo es el que se debe atacar frontalmente y no inventar falsos enemigos para escabullir el problema real.
¿Cuánto daño no ha significado la corruptela en los municipios y otras reparticiones? No se puede actuar tan livianamente desconociendo en los hechos, el enorme daño sufrido por la institucionalidad democrática con tales conductas. ¿Acaso no se perdió la iniciativa cuando el sistema político se vio inundado por la emisión de boletas fraudulentas y otras irregularidades?
Los hechos son indesmentibles. La debilidad, que se ha producido en los últimos meses, arranca de las malas prácticas, de la impopularidad que han provocado y no de quienes ejercemos el legítimo derecho de opinión, desde las filas de la Nueva Mayoría, y como parte de la diversidad que enriquece al bloque de gobierno.
Igualmente, en el debate relativo a la instalación de una Asamblea Constituyente como el vehículo idóneo para la consecución de una nueva Constitución, nadie ha sido capaz de indicar como se va a concretar la misma si no existen los mecanismos institucionales que la hagan posible.
Hasta ahora ese aspecto clave sigue en el más completo misterio y como no hay como responder a tal interrogante crucial, se toma el camino fácil pero errado del ataque personal, acusando de “conservadores” a quienes no lo somos e insistimos fundadamente que, intentar obligar a que el gobierno tome ese rumbo, se puede convertir en una grave derrota política para la Presidenta de la República.
Llama mucho la atención que ante la idea que en el caso de una pérdida irreparable de la legitimidad del Congreso Nacional, por la extensión del escándalo de “las boletas”, sólo y exclusivamente en ese caso, se hiciese una reforma constitucional que adelantara las elecciones parlamentarias, fuera muy elocuente la inmediata negativa de un elevado número de quienes sostienen la tesis de la AC, que en una defensa corporativa de sus intereses desecharon esa posibilidad.
Tal incoherencia habla a las claras que tales “honorables” usan como consigna la AC sólo en cuanto mecanismo de popularidad mediática y no por ser un eficaz instrumento para reemplazar la Constitución Política del Estado.
Reafirmo mi decisión de apoyar el procedimiento, democrático y participativo, que la Presidenta resuelva para avanzar hacia una nueva Constitución, una vez que precise el contenido del concepto “proceso constituyente” que usó en reciente declaración al país. Lo que no acepto es que el extremo voluntarismo de algunos se transforme en agua cuando se trata de enfrentar la corrupción, pero haga ampulosas manifestaciones en temas que exigen del gobierno ir más allá de lo que sus fuerzas y resortes institucionales le permiten.
Una vez más, se hace evidente que la deliberación política no se puede suprimir, y ahora que hubo cambio en el equipo ministerial, se espera que este sea tolerante, promueva el debate de ideas y cada vez que existan legítimas diferencias ante temas tan complejos, no se vuelva a reeditar esa división maniqueista que encasilla entre buenos y malos, obedientes leales y presuntos desleales, ya que en definitiva, la marcha del gobierno es materia que compromete a todos quienes hemos abrazado la lucha por la democracia y contra la desigualdad.
Algunos han desacreditado nuestras opiniones presentándolas como “desleales”; no obstante estas desfiguraciones, las ideas que expusimos en su momento están vivas, han sido integradas y seguirán aportando al objetivo común, de colaborar al gobierno y el proceso de cambios. Las odiosidades sólo denigran a quienes las practican.
Lo que importa será que la ruta que viabilice las reformas será muy similar a la que hemos sugerido, aquella que sea capaz de construir las necesarias mayorías nacionales para ello y no caiga en la exacerbación artificial del clima político que, finalmente, genera una falsa polarización social que no hace más que anular e inviabilizar el progreso del país. La amplitud y no la estrechez decidirá el tiempo que viene.
