01 ago 2015

Quemados, vergüenza de Chile y de sus gobiernos

Por Carlos Valenzuela
Carlos Valenzuela
Carlos Valenzuela
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La confesión de un conscripto de la verdad sobre la quema de dos ciudadanos chilenos por una patrulla militar en julio de 1986 estremece a Chile. El drama surge porque los gobiernos pos-Dictadura Cívico-Militar –Neoliberal (Concertación, Alianza y Nueva Mayoría) y los altos personeros de las Fuerzas Armadas afirman que ya se ha construido un camino pleno de entendimiento cívico-militar y recuperación del profesionalismo castrense. La valiente confesión del ex conscripto derrumba esta tesis porque demuestra la negativa de las Fuerzas Armadas de entregar datos que permitan identificar y procesar judicialmente a los violadores de los derechos humanos y a sus cómplices o encubridores.

Las Fuerzas Armadas continúan albergando y protegiendo a miembros de ellas, en ejercicio o retirados, que participaron en esas acciones, o que saben de ellas y mantienen la obediencia irrestricta al secreto sobre las acciones realizadas. Como tales, son cómplices morales aunque no legales.

No tan sólo las Fuerzas Armadas, todos los que participaban en la Dictadura Cívico-Militar-Neoliberal que no dijeron la verdad, que la taparon, la tergiversaron, y en su colmo inmoral culparon a los quemados como terroristas auto-incendiarios, incluido el mismísimo Dictador Pinochet, son no tan sólo obstructores de la justicia, sino que encubridores y hasta colaboradores en los crímenes. Esta obstrucción o encubrimiento se prolonga a los gobiernos “democráticos” por su condescendencia con los Fuerzas Armadas  al no exigir por ley y autoridad (que la tienen) el descubrimiento y desclasificación de los archivos secretos (si es que todavía quedan y no han sido incinerados)  y a la transparencia de los procedimientos, procesos, personas involucradas, contactos y toda situación ocurrida en relación a las violaciones de los derechos humanos.

Parece exagerada la responsabilidad que atribuyo a los gobiernos “democráticos”. De ningún modo. Chile debe saber que se legisló sobre las confesiones de víctimas de violaciones a derechos humanos que involucraban a personeros de las Fuerzas Armadas, Servicios Secretos, o personalidades políticas, y sobre el seguimiento de estas personas.

Está la ley 19.687 del 6 de Julio de 2000 tiene un Artículo único. Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B’nai B’rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123 (de paso ayudó a encontrar a Matute Jones)

Respecto del denominado informe Valech la ley aumentó el secreto y confidencialidad desde la víctima a toda información por lo que impide seguir un proceso judicial persecutorio de los victimarios.

Ley 19.992 en Gobierno de Ricardo Lagos Escobar (17 y 24 de Diciembre de 2004) “Artículo 15. Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes. El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior.

Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia… Santiago, 17 de diciembre de 2004. Jose Miguel Insulza Salinas, Vicepresidente de la República. Jorge Correa Sutil, Ministro del Interior (S). María Eugenia Wagner Brizzi, Ministro de Hacienda (S). Ricardo Solari Saavedra, Ministro del Trabajo y Previsión Social. Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación. Antonio Infante Barros, Ministro de Salud (S). Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda Atte. a Ud., Jorge Claissac Schnake, Subsecretario del Interior Subrogante”.

Se fundamentó el secreto por la garantía de confidencialidad que se aseguró al informante para que acudiera a dar la información (miedo a represalias, sentimientos de vejación, imagen pública o familiar, etc.).

Este argumento para la prohibición de uso de toda la información no es sustentable si se quiere justicia real, porque como en la ley 19.687, esto sería válido sólo para la víctima pero no para el victimario; más aún sería válido (y con severas restricciones desde el bien común) para el que no quiere que su identidad se revele, pero no para quien quiere que se revele y quiere que se persiga legalmente al victimario.

El artículo debió considerar estas posibilidades y dejarlas en claro desde la partida, particularmente que este proceso (Valech) prohibía el juicio a los violadores. Con el plazo de prohibición la situación acusadora para los legisladores es inexcusable: 50 años garantizan la muerte de las víctimas o de los victimarios y entonces destruye la posibilidad un juicio.

Los legisladores dirán que dejaron la puerta abierta para que los denunciantes Valech pudiesen volver a presentar todos sus antecedentes y querellarse en tribunales de justicia, pero este es un trabajo considerable y requiere de pago de abogados y una exigencia que en mi opinión es inmoral hacérselas a estas personas y es obstruccionista.

Chile, su Estado y sus tribunales deben proceder de oficio (iniciar una querella por sí mismo ante la información Valech) y tan sólo pedir la autorización a las víctimas  vivas o a sus familiares (representantes legales) autorizados por ley especial  en caso de defunción (para reparar las muertes en el plazo de 50 años). El Estado de Chile debe pagar todo este proceso.

Hay mucha información no-Valech que debe posibilitarse en una ley que rehaga el artículo 15 de la 19.992. Debe generarse otra ley para estimular y garantizar la información o denuncias entregadas por civiles o militares que hayan participado o presenciado actos de violaciones a los derechos humanos. Desde el 24/12/2004 (regalo tétrico de Navidad) han muerto muchas víctimas y victimarios (entre ellos el mismísimo Pinochet) sobre quienes no puede realizarse juicios… la historia no absolverá a estos legisladores y ¿Chile?

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01 ago 2015

Desafíos para discutir sobre educación en Chile

Por María Victoria Peralta
María Victoria Peralta
María Victoria Peralta
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Recientemente se desarrolló en Barcelona un importante congreso pedagógico, organizado por una de las asociaciones de maestros más antiguas y reconocidas como progresistas en Europa y defensora de la educación pública: Rosa Sensat. Por su prestigio asistieron relevantes figuras de la educación europea como Gunilha Dahlberg, Peter Moss, Helen Penn, Carlina Rinaldi,  Philippe Meirieu, junto con 1300 espectadores de toda Europa e invitados latinoamericanos, los que  pudimos contrastar realidades, saberes y experiencias en relación a nuestra contingencia en el ámbito educacional.

La Presidenta de la Asociación Irene Balaguer, hizo el discurso inicial con una fuerte crítica al modelo neoliberal, señalando cómo este enfoque le ha “robado la infancia a los niños” al convertirlos en máquinas del saber para el consumo. Agregó que se ha hecho una lectura errónea de las nuevas ciencias, como las neurociencias poniéndolas al servicio del modelo utilitario y economicista,  lo que se evidencia en diversas leyes y programas.

Peter Moss del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, agregó que “la educación es una práctica política y no técnica” frente a lo cual es necesario preguntarse ¿qué sociedad queremos?, ¿qué niño/as aspiramos?, ¿qué valores debemos favorecer?

Helen Penn de la Universidad de East London, por su parte hizo una referencia a las evaluaciones que se aplican en los servicios públicos, señalando que casi todas son de tipos externas y  estandarizadas, lo cual es válido para el sistema, pero que existen también  muchas formas de evaluar procesualmente a los niños que deberían favorecerse como la documentación. Esta forma cualitativa de registrar los aprendizajes de los niños/as fue expuesta por varios especialistas, relevando la complejidad que implica el evaluarlos, y por tanto, el respeto que cabe tener frente a lo que hacen y piensan para evitar los determinismos.

Gunilla Dahlberg  profesora de la Universidad de Estocolmo, una de las mayores especialistas mundiales en el tema calidad de la educación infantil, abordó otra perspectiva en la crítica a las políticas educacionales existentes.  Señaló que la formación de los educadores en la actualidad satisface a la “burocracia” y no a los niños y niñas. Destacó la pobreza de aprendizajes que se favorecen en relación a las prácticas tradicionales de iniciación a los niños a la lectura y escritura, lo que en Chile llamamos “sobre escolarización”.

Siendo muchos los aportes de este congreso, nos parece interesante dar a conocer dos antecedentes del tipo práctico-contractual obtenido de los educadores catalanes municipales, los cuales tienen contratos de 37 horas y media que se desglosan en 5 frente a niños, más una hora diaria de planificación en el centro y siete horas y media de trabajo en la casa para estudiar e investigar.  A su vez, la cantidad de niños con que trabajan es 20 por sala.

Estos datos que son similares en Europa, no sólo sirven para compararlos con nuestra realidad, sino también para mostrar las condiciones a partir de las cuales se extrapolan a nuestro país programas, estándares o modelos evaluativos, sin considerar las enormes diferencias en que éstos se han construido y que por tanto, es probable que no funcionen adecuadamente en nuestros contextos, ni menos, puedan entregar información válida éticamente sobre  resultados.

En Chile nos encanta copiar lo que otros hacen, “importamos” acríticamente todo tipo de ideologías, modelos, programas, evaluaciones, sin considerar que lo que se toma como referencia no es “inocente”.

Muchas veces son modelos que convienen al neoliberalismo los que se difunden imponiendo su ideología e instrumentos, los cuales no constituyen un referente del pensamiento más avanzado, ya que los mismos países que ya pasaron o están saliendo de estas experiencias, han generado una reflexión y una crítica necesaria sobre los mismos, actitud que nosotros evitamos para poder quedarnos con lo llamativo o la “moda” que nos venden.

Finalmente, he tratado de transcribir algunos de los aspectos más relevantes de la revisión de la educación que se ha hecho en Europa, ya que considero que es un insumo importante para la reflexión nacional. Sin embargo quisiera quedarme con la declaración final del congreso, “Una escuela nueva para unos pueblos libres” pareciera ser un llamado a la acción para pueblos jóvenes como los nuestros, pero es la vieja Europa que una vez más reflexiona sobre sí, labor que debería ser permanente entre nosotros en vez de reproducir modelos fuertemente cuestionados y fracasados que traen ocultamente su peligroso mensaje.

Sociedades más humanas en lo profundo donde se busca el bien común, ciencias en función de la humanidad, educadores tratados digna y profesionalmente, escuelas amables para liberar, potenciar y atender las diversidades junto con el respeto integral a la niñez, sus familias y culturas son algunos de los aspectos que confrontamos y revalidamos los educadores latinoamericanos que asistimos.

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01 ago 2015

Cambio climático, religión y capitalismo

Por Alfonso De Urresti
Alfonso De Urresti
Alfonso De Urresti
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En la encíclica “Laudato si, sobre el cuidado de la casa común” recientemente dada a conocer por el Papa Francisco, se cita a Paulo VI, cuando intervino ante la FAO, en 1970 y dijo: “los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técni­cas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre”.

Tanto la cita, como el actual documento papal, permiten dimensionar como ha transcurrido el tiempo sin que todavía exista plena conciencia acerca de la importancia vital que tiene para el futuro de la humanidad.

Algo parecido es lo que nos expone el último libro de Naomí Klein “Esto lo cambia todo”, que también parte con una cita de un informe de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, de 2014, que en una parte dice: “impulsar las temperaturas mundiales hasta más allá de determinados umbrales podría desencadenar cambios abruptos, impredecibles y potencialmente irreversibles que tendrían consecuencias enormemente perturbadoras y a gran escala”.

Estos dos textos, que han sido conocidos casi simultáneamente por la opinión pública, tienen pese a sus distintas visiones de base, muchas similitudes, toda vez que ambos entienden que no se trata solo de aportar más elementos a un debate científico-ambiental, sino de enfrentar las causas reales de este fenómeno, sus impactos en la vida humana y en el planeta tierra y lo que aun podemos hacer para tratar de evitar una hecatombe.

La “encíclica verde” como algunos la han llamado peyorativamente hace afirmaciones que solo el jefe de una de las iglesias más grandes del mundo puede hacer, sin ser cuestionado por ello: “Lamentablemente, muchos esfuer­zos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confian­za ciega en las soluciones técnicas”.

Y va más allá aún: “La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería”, afirma el Papa Francisco, agregando que “estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura”.

La siempre provocadora Naomí Klein también aporta lo suyo, señalando que a veces los seres humanos preferimos no mirar, para no darnos por enterados de lo que pasa a nuestro alrededor.“O miramos, pero nos consolamos con argumentos reconfortantes sobre lo inteligentes que somos los seres humanos y sobre cómo se nos ocurrirá pronto algún milagro tecnológico que succionará sin peligro alguno todo el carbono de los cielos, o que atenuará el calor del sol como por arte de magia lo que es, también, otra forma de mirar para otro lado”.

Nuevamente Francisco apunta a algunos aspectos claves del cambio climático haciendo dos puntos argumentales relevantes. Uno, afirmando que “el clima es un bien común, de todos y para todos”, convirtiéndolo en un bien público. Y, dos, señalando que el efecto invernadero se ve potenciado por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles “que son el corazón del sistema energético mundial”.

En esto último coincide con la escritora canadiense, quien además hace una aguda observación política al respecto, señalando que se invirtieron millones de dólares para evitar la quiebra de los bancos ante la burbuja inmobiliaria, que los presupuestos tampoco fueron un obstáculo para Estados Unidos y otros países para las “guerras preventivas” tras la caída de las torres gemelas, pero que sin embargo, a la hora de enfrentar el cambio climático, nunca hay suficientes recursos porque no se asume que es una situación de crisis.

Para Klein este es un punto clave, pues mientras no se asuma que es una crisis nada cambiará y que para ello, la ciudadanía global y los movimientos sociales son relevantes para que ello ocurra, tal como ha sucedido antes en la historia, pues “la esclavitud no fue una crisis hasta que el abolicionismo hizo que lo fuera… El apartheid no fue una crisis hasta que el movimiento anti apartheid hizo que lo fuera”.

Naomí Klein va al fondo del asunto cuando afirma que “la del cambio climático es una batalla entre el capitalismo y el planeta. La batalla ya se está librando y, ahora mismo, el capitalismo la está ganando con holgura. La gana cada vez que se usa la necesidad de crecimiento económico como excusa para aplazar una vez más la muy necesaria acción contra el cambio climático…”

O como dice la “Laudato si”, “conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta, sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza”.

En definitiva, desde la religión o la fe, o desde la política o la economía, el problema es uno solo, qué hacemos ahora, para tratar de evitar que el cambio climático no solo sea el fin de un modo de producción, sino el fin de toda forma de vida.

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31 jul 2015

Cónclave Nueva Mayoría, hoja de ruta o incertidumbre

Por Maya Fernández Allende
Maya Fernández Allende
Maya Fernández Allende
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Convocar a un conclave de la coalición de gobierno es una decisión que apunta a generar orden y conducción política en un escenario político complejo. La configuración del  actual escenario está dado por la crisis de confianza en la clase política por parte de la ciudadanía, afectando la conducción del gobierno encarnado en la figura presidencial. Esto se torna más complejo si se tiene presente que el gobierno está llevando adelante un programa de reformas estructurales para el cual requiere un capital político con el que ya no cuenta. Así, el desafío que se impone a la Nueva Mayoría se torna mayúsculo.

La necesidad que tiene el gobierno de convocar a la Nueva Mayoría a un cónclave tiene justamente que ver con el capital político perdido. La forma de recuperarlo es volver a construir una hoja de ruta común con los actores políticos, los partidos y parlamentarios, sólo desde allí se podrá volver a construir un piso de apoyo para llevar adelante las tareas de gobierno. Si desde el ejecutivo esto no se comprende, las dificultades que conlleva la descapitalización política seguirán en aumento.

Si la conducción política sigue siendo ambigua, lo que se traduce en ausencia de diálogo y articulación, la sobrevivencia Nueva Mayoría corre riesgo. Podemos llegar al punto que las tensiones a las que somete el gobierno a su coalición la terminen quebrando, esas tensiones se originan en una falla de la conducción política gubernamental, la que no logra entregar certidumbre sobre una hoja de ruta clara e integradora.

Hasta el momento, nada indica que en el cónclave se vaya a generar diálogo y orden, tal vez algunos apuesten a un ejercicio de disciplina para conseguirlo, eso sería un error, ya que lo único que se lograría sería producir un mayor malestar. El cónclave debería ser una instancia donde se llegue a ratificar un acuerdo sobre una hoja de ruta del conjunto de temas relevantes del programa de gobierno sobre los que es necesario tomar definiciones. Lo anterior debe ser dialogado y consensuado con todas las fuerzas políticas de la Nueva Mayoría, para eso se requiere un trabajo previo que urge realizar.

La hoja de ruta debe contener definiciones sobre los temas fundamentales que actualmente nos tensionan y generan incertidumbre. En la reforma laboral debemos definir con claridad qué es lo que se modificará en el Senado de lo aprobado en la Cámara. Respecto de la reforma tributaria, hay que despejar si se pretende hacer una modificación legal o continuar clarificando vía circulares. En Carrera Docente hay que establecer cuál será el ámbito de modificación que el Ejecutivo introducirá con sus indicaciones. En el tema de la gratuidad de la educación superior, hay que establecer el itinerario de implementación, cobertura y el porcentaje de gratuidad que se logrará implementar en éste periodo.También en la descentralización es importante sincerar cuánto y en qué se va a avanzar.

Finalmente, en el tema de la nueva Constitución hay que plantear que su elaboración quedará para el próximo periodo, pero que en éste se dará inicio al proceso de debate y se definirá el mecanismo de manera democrática con la ciudadanía.

En definitiva, lo que está en juego es la legitimidad de la Nueva Mayoría como coalición de gobierno ante el país. Cuando se inicia un proceso de reformas y estas entran en momentos difíciles para su aprobación, se requiere liderazgo para entregar definiciones sobre cómo enfrentar esas dificultades.

No se está pidiendo tomar decisiones precipitadas, sino dar cuenta del tiempo transcurrido y el daño político causado producto de la ausencia de una conducción política eficaz para hacer frente a este desafío.  Evitar el socavamiento de la legitimidad como coalición de gobierno es una tarea prioritaria. Tenemos el deber ante el país, como coalición gobernante, de terminar con las incertidumbres y entregar definiciones, es inaceptable no tomar decisiones cuando se gobierna.

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31 jul 2015

El derecho a la vida

Por Eduardo Contreras
Eduardo Contreras
Eduardo Contreras
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El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona humana por el sólo hecho de serlo emerge de modo categórico y definitivo en el mundo moderno como consecuencia de la profunda reflexión provocada por los horrores del nazismo durante la segunda guerra mundial.

Los llamados “principios de Nüremberg”, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y el conjunto de acuerdos y tratados posteriores, en especial en cuanto a nuestro continente el llamado “Pacto de San José de Costa Rica”, que es la Convención Americana de Derechos Humanos consagraron en textos – de aplicación obligatoria para los Estados suscriptores – los derechos humanos fundamentales y, en primerísimo lugar, el derecho ala vida y la condena a todo atentando físico o psíquico.

Como es sabido, todos estos derechos fueron brutalmente atropellados por la dictadura impuesta en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 1973 que, con la abierta participación de una potencia extranjera y el apoyo tanto de grupos terroristas nacionales como de conocidos representantes de importantes intereses económicos y políticos chilenos, impulsaron a las FFAA a derrocar a un gobierno constitucional democráticamente elegido.

A propósito de lo cual debe tenerse en cuenta que las principales agrupaciones nacionales de familiares de las víctimas llevan adelante en tribunales una querella en contra de los sediciosos civiles. Importantes testimonios y documentos que obran en el expediente ponen al descubierto a los responsables civiles de la peor tragedia de nuestra historia y muestran los avances en ese concluyente juicio.

Los hechos registrados en el mes de julio de este año tanto en el proceso por el degollamiento de tres profesionales como en el referido a los quemados vivos, refrescan la memoria de chilenas y chilenos tanto respecto de la magnitud del daño provocado por los golpistas como de lo demencial de los métodos empleados para torturar o aniquilar a quienes consideraban sus “enemigos”.

Igualmente dejan al descubierto las deudas pendientes del Estado de Chile en materia de verdad, justicia y reparación. El llamado “pacto de silencio” de los responsables de tantas atrocidades sigue vigente y sólo lo rompen modestos conscriptos hastiados de tanto dolor y de tanta vergüenza dando un ejemplo a sus superiores de la época de los sucesos.

Lo cierto es que posible avanzar  mucho más en esta materia. Por ejemplo, poner punto final a la secretividad impuesta por razones políticas a instrumentos tan significativos como el de la Comisión Valech.

Todas las excusas de los partidarios del secreto no resisten un análisis serio ; seguir manteniéndolo huele a impunidad, de la que nadie debiera ser cómplice a estas alturas.Porque cuando las agrupaciones de DDHH exigen romper el secreto impuesto a esos documentos no están planteando necesariamente su publicación sino su entrega a los tribunales para avanzar en las investigaciones y, dada la naturaleza del antiguo Código de Procedimiento Penal que es la norma procedimental aplicable en la especie por la fecha de los ilícitos, esa información queda amparada durante toda la etapa del sumario. Pero no sólo ayudará al esclarecimiento de los hechos sino que, finalmente, permitirá que toda la  verdad sea conocida.

Del mismo modo no parece justo sostener que se trata de defender de eventuales juzgamientos a quienes aportaron información, toda vez que la realidad muestra que  ninguno  de esos pocos que han tenido la valentía de entregar lo que saben ha sido condenado y se encuentran en libertad.Su cooperación a la justicia permite un trato diferente en los marcos de la propia ley de la época por lo que tampoco esa excusa resulta verdadera.

Todos estos temas son actuales, vigentes, con proyección al futuro. Así lo prueban no pocos ejemplos, también recientes, de diversos personajes que a través de diversos  medios de comunicación se han permitido minimizar la magnitud de la tragedia comparando los crímenes de lesa humanidad en nuestro país con los millones de muertos por obra y gracias del nazismo.

O aquellos que insisten en que el tema de las violaciones a los derechos humanos es asunto del pasado, que hoy no interesa a nadie. O esos otros que pretenden exculpar los crímenes con el supuesto argumento del “contexto histórico” o aquellos que se atreven a sostener que las autoridades civiles de los años de la dictadura no tenían conocimiento de cuanto sucedía. Que exista en Chile un sector de la sociedad que así piense, por pequeño que sea, nos revela lo mal que estamos todavía en relación a los derechos esenciales del ser humano.

Hay, finalmente, otro ángulo de esta cuestión y se relaciona con el rechazo de determinados sectores a la propuesta de legislar en materia de aborto.

Mala memoria pues se trata de una legislación que el país ya tuvo en su momento sin que hubiera los opositores de hoy.

En relación a este importante asunto, consideramos por supuesto respetable la opinión de quienes emplean razones de índole religiosa.

Pero lo que no es nada respetable es que con el argumento de “defender el derecho a la vida” se opongan a legislar aquellos representantes de los sectores que provocaron el golpe del 73 y defienden hasta nuestros días al dictador y su sangrienta huella en  la historia nacional.

Quienes callaron ante el terror, cuando no lo apoyaron, no tienen hoy autoridad para invocar el supremo derecho a la vida.

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31 jul 2015

La gratuidad es para los jóvenes, no para las instituciones

Por Jorge Baeza
Jorge Baeza
Jorge Baeza
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Se ha hablado mucho durante los últimos meses sobre el sistema de gratuidad que el Gobierno espera implementar en el 2016. Desde que se conociera esta auspiciosa noticia, en el mensaje presidencial del pasado 21 de mayo, hemos transitado por un sinnúmero de declaraciones públicas, tanto  ministeriales, como de diversas instituciones y actores del sistema, que hasta el día de hoy mantienen al país en la incertidumbre de no saber cuál será el nuevo escenario para la educación superior a contar del próximo año y cuáles serán los primeros y principales efectos de ese cambio.

Por lo pronto, la única certeza que tenemos es que el inicio de la gratuidad corre a favor de las Universidades pertenecientes al CRUCH.

Es ahí, entonces, donde radica la principal preocupación de instituciones como la nuestra, que desde su vocación pública y su orientación hacia los sectores más carenciados, no comprende y más bien discrepa del mecanismo  elegido para comenzar a implementar la gratuidad. Sabemos que no necesariamente las universidades del CRUCH aglutinan mayoritariamente a la población de los quintiles de ingreso más bajo y por lo tanto, dejan fuera del beneficio a  un número considerable de estudiantes del mencionado 60%.

Si el objetivo de esta medida gubernamental es beneficiar a los jóvenes pertenecientes a los sectores más vulnerables, creemos que aún hay tiempo de mejorar esta situación y ello puede hacerse entregando el beneficio directamente a los jóvenes del 60% más pobre, al margen de la institución en la cual se matriculen, siempre y cuando ella cumpla con ser una institución acreditada, sin fines de lucro, con manifiesto compromiso social y con un sistema de gobierno interno, que posibilite la participación de la comunidad y asegure la libertad académica.

En ese marco, vemos como positivo que en las últimas semanas se hayan levantado nuevas voces para plantear la posibilidad de que el beneficio cubra al 40% de los jóvenes más vulnerables y así abarcar una mayor cantidad de planteles.

Ello, considerando que el objetivo es ampliar la cobertura desde sus inicios, sin perjudicar arbitrariamente a miles de estudiantes que merecen ser igualmente apoyados. Es importante que no perdamos de vista que la gratuidad va en beneficio de los jóvenes, por sobre cualquier otro interés institucional.

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31 jul 2015

El Programa: puristas y relativistas

Por Alejandro González Llaguno
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La Nueva Mayoría pasa por momentos complejos. El próximo conclave será una especie de sinceramiento en que los partidos y el gobierno deberán definir sus compromisos con el programa. Ese ejercicio, deberá terminar con una hoja de ruta que re-defina las prioridades programáticas en el contexto de la nueva etapa que se abre en mayo con el cambio de gabinete. Será, el momento en que se va materializar en una agenda de futuro la forma en cómo se va implementar y ejecutar política y legislativamente el programa de la inclusión desde esta coyuntura.

El momento político es difícil. No sólo está en jugo el programa, sino también la viabilidad política de la coalición y su proyección presidencial. Será un momento en que se enfrentan dos almas: los puristas y los relativistas. Mientras, los primeros dominaron la primera etapa del gobierno, los segundos han comenzado a controlar el segundo tiempo.La tensión está instalada.

Entender la tensión actual al interior del oficialismo requiere indagar en torno a las causas externas e internas que hicieron posible que el liderazgo sacrosanto de Bachelet se debilitara y su programa bíblico se haya relativizado. En lo grueso, el debilitamiento del programa en el plano externo se debe a que termina con puntos neurálgicos del neoliberalismo chileno, y en el interno, a la débil conducción política del gobierno en el contexto de reformas complejas.

A nivel externo, nadie puede desconocer que las reformas tributaria, educacional, laboral, valórica y política son ambiciosas, de compleja implementación y de alta resistencia. Resulta esperable, por tanto, que los intereses afectados pusieran en movimientos estrategias y tácticas de poder de orientación contra reformista.Finalmente, no podemos olvidar los efectos devastadores que se abren a partir de las platas políticas y del negocio CAVAL.

De modo paralelo, en el plano interno, la conducción política del gobierno y su relación con sus apoyos políticos y sociales ha sido, sin duda, la principal fuente para ese debilitamiento. No obstante, tampoco ha tenido la disciplina y la capacidad política para sustentar y dirigir el proceso de transformación. Sus tensiones internas desde “los matices” de la DC hasta la  “retroexcavadora” de Quintana, son señales no sólo de que hay visiones distintas y contrapuestas, sino también hay enfoques y tácticas en la forma, en los contenidos y en los tiempos de las reformas.

Hoy, esas tensiones se han profundizado por un contexto socio-político que ha cambiado –bajo crecimiento económico y alta conflictividad política-y por la inflexión del programa que surge directamente de ese cambio.No es casualidad que en los últimos días se haya hablado del fin de la Nueva Mayoría y se hagan de manera insistente llamados a la “disciplina y unidad”.

El cónclave, por tanto, deberá ordenar al conglomerado en torno a la reformulación y “prioridades” del programa. Mientras, el gobierno deberá transparentar y materializar la tesis del “realismo sin renuncia”, los partidos deberán sincerar posiciones y re-definir sus compromisos.

Será, el momento en que se despejen dudas y se instalen certezas. Pero, si no hay espacio para la reforma a la salud –Isapres y AFP pública-, si se pone en duda la “gratuidad” para la educación superior, si se para la “agenda valórica” y la reforma educacional en sus tareas pendientes, si se entrampa la reforma laboral, si no se profundiza en la agenda de probidad y de participación y si no se reactiva la economía, resulta evidente que en el conglomerado van a existir tensiones mayores que van a poner en jaque a corto plazo la viabilidad política de la Nueva Mayoría. La preocupación es transversal y el momento delicado. Quizás, para no precipitar un desenlace incierto se haya dejado fuera de tabla la cuestión constitucional.

La Nueva Mayoría, surge como sujeto político para impulsar el “programa de la igualdad”. No hay que olvidar que en su momento se definió como un pacto programático. Por tanto, tiene la misión de trasformar Chile. Ese es, su sentido primario y último. La muerte del programa, es la muerte del conglomerado. La relativización del programa, es la relativización de la coalición.Si este horizonte político y ético se diluye, es evidente que no tiene sentido seguir con un conglomerado amputado desde dentro y debilitado desde fuera.

Todo, finalmente, se resolverá–para bien o para mal- en el próximo cónclave del oficialismo. Avanzar sin transar o avanzar consolidando, nuevamente se convierte en una encrucijada política.Mientras el gobierno tiene unidad de propósitos en torno a la tesis del “realismo sin renuncia”, los partidos de la Nueva Mayoría están fuertemente tensionados. Puristas y relativistas se enfrentarán en el cónclave del oficialismo con expectativas y miradas distintas. Pero, al mismo tiempo con la obligación política y moral de seguir apoyando al gobierno que ellos mismo instalaron.

Lo más probable, es que todos salgan contentos y satisfechos. Mal que mal, en la lógica del poder el programa es tan importante como seguir conduciendo y administrando el Estado. Finalmente, se impondrá el “realismo” y se acordará, una fórmula política que mantenga vivo el programa y la esperanza de mayor igualdad.

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30 jul 2015

Otra vez el contexto

Por Ricardo Brodsky
Ricardo Brodsky
Ricardo Brodsky
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Cada cierto tiempo, a medida que se develan nuevas verdades sobre la violación masiva y sistemática de los derechos humanos ocurrida en el país durante la dictadura,  reaparece el manido argumento del contexto para intentar justificar, o al menos hacer comprensibles, y en ese sentido atenuar, las responsabilidades de los perpetradores de los crímenes.

El tema ha vuelto a la palestra a raíz de los nuevos antecedentes del caso quemados, pero antes se esgrimió para criticar la existencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos e incluso para cuestionar los informes de verdad y reconciliación, Rettig y Valech.

Quizás lo primero que deba aclararse para dar un paso adelante en relación a este debate es separar la discusión sobre las causas del golpe de Estado de 1973 de las causas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas durante y con posterioridad al golpe. Al hacerlo veremos que la contextualización no convierte los crímenes en menos graves. Por el contrario, es probable que nos demos cuenta que ni el golpe de Estado era justificado ni mucho menos las violaciones cometidas a lo largo de 17 años.

El origen del Golpe puede ser objeto de un amplio debate político y académico en el cual muy difícilmente los chilenos lograrán un acuerdo, al menos en estas generaciones. El informe Rettig ofrece explicaciones para comprender un proceso complejo que culmina trágicamente, en donde se destacan las responsabilidades de los distintos sectores políticos, de las fuerzas armadas, del gobierno y agencias norteamericanas y de la prensa de la época. Hay también otras perspectivas y cada sector político ha sacado sus conclusiones y actúa en consecuencia. En ese sentido, la falta de acuerdo, en este caso, no ha implicado una falta de aprendizajes.

El segundo tema, sin embargo, ofrece la posibilidad de un debate con lecciones comunes, siempre y cuando no se busque con el pretexto del contexto excusar o justificar las violaciones de los derechos humanos.

Comprender porqué ocurrieron las violaciones de los derechos humanos no es equivalente a excusarlas, sino que puede ser un medio, quizás el único y por cierto bien frágil, para prevenir políticas criminales en el futuro. De hecho, como me lo hizo ver Todorov en una conversación sobre el tema, todo nuestro sistema judicial está basado en la idea que ante un crimen se debe castigar al culpable, y salvo en el caso de la ley del Talión, se busca también comprender porqué el crimen se ha cometido, de manera de establecer normas que permitan evitar que otros individuos en circunstancias similares repitan los crímenes.

En tal sentido parece fundamental reconocer el papel de las ideologías en el desarrollo de los acontecimientos, y muy en particular, como lo hace el Informe Valech en el capítulo justamente llamado Contexto, de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que convierte al adversario político en enemigo interno al cual se debe destruir o neutralizar utilizando los métodos de la contrainsurgencia, “inculcados por las escuelas de adiestramiento militar a cargo de Estados Unidos a generaciones de oficiales chilenos”.  El fundamento doctrinario de la política criminal que utilizaron las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y varios países centro americanos fue el mismo y encuentra allí sus fuentes.

Al respecto, el Informe Valech establece que hubo una  “definición unilateral de una guerra inexistente” con todas las consecuencias humanas, legales y políticas que una arbitrariedad de tal calibre implica.

La memoria de las víctimas es un componente esencial para educar a la sociedad en el Nunca Más, pero como sabemos no es por si sola garantía de no repetición.

Se requiere que la sociedad entera asuma el imperativo moral del respeto a los derechos humanos, como una condición básica de la convivencia, dejando en el pasado las ideologías criminales o los discursos de actores políticos que justifican la violación de los derechos humanos.

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30 jul 2015

Una mujer en Tolerancia Cero

Por Marcela Sandoval Osorio
Marcela Sandoval Osorio
Marcela Sandoval Osorio
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No podemos quedar indiferentes ante el anuncio de que por primera vez una mujer ocupe el panel de Tolerancia Cero de Chilevisión. Durante años este espacio de discusión política ha sido conducido por hombres.

No es una noticia francamente para aplaudir. Que Mónica González, destacada periodista, actual directora de CIPER Chile, integre este panel, por supuesto que es un buen anuncio: augura seriedad en muchos de los temas que con frecuencia se tratan con liviandad y su mirada ofrece mayor apertura frente a la contingencia política nacional. Su trayectoria la avala.

Sin desmerecer a los hombres que integran ese panel, uno se pregunta ¿por qué una mujer tiene que tener todas las medallas para acceder a los mismos espacios que un profesional varón de talla normal? 

Me alegra que sea una periodista como Mónica González. Sin embargo, el solo hecho de titular que por primera vez una mujer llegue a un espacio así, habla muy mal de nuestro país. Si ponemos un poco de atención, por ejemplo, en la mayoría de los programas radiales de debate político o de temas de contingencia nacional sus invitados son hombres y quienes conducen también.

No es algo para sorprenderse, los medios reflejan lo que sucede en la política. La sub representación de las mujeres en medios de comunicación y espacios políticos es un hecho plausible. El punto es qué hacer para avanzar.

Varias conferencias mundiales han señalado que los medios de comunicación son uno de los espacios donde persisten importantes desigualdades para las mujeres. Se menciona por ejemplo que pese al aumento progresivo de las mujeres respecto a los hombres que trabajan en medios, los puestos directivos para las mujeres siguen siendo muy escasos.

Estudios han mostrado que las mujeres son consultadas en las noticias en su mayoría como fuentes ciudadanas y es menos frecuente que sean consultadas como expertas. En aquellos temas relacionados con la política o el gobierno las mujeres son una minoría como fuente y como analistas. Por el contrario, abundan los contenidos hechos por mujeres que apuntan a lo cotidiano, muestra de ello son las incontables pistas sobre qué llevan las mujeres en la cartera o cómo cuidar a los hijos, asuntos que no se alejan de lo que somos, pero sí de lo que solamente somos. 

Ser autoras y protagonistas de las informaciones disminuye la exclusión así como el estar informadas fortalece nuestra ciudadanía. Estar ausentes o mal representadas en las comunicaciones significa no sólo vulnerar el derecho a expresarnos y participar libremente, implica un importante retroceso en nuestros derechos.

Una mujer panelista en Tolerancia Cero no debiera pasar a la historia como titular.Debiera motivar que otros espacios de debate político nacional se planteen la participación de mujeres como voces políticas tan legítimas como las masculinas, pero quizás con mucha menos visibilidad.

Una noticia para celebrar sería que ese panel fuera paritario como la política en el país.

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30 jul 2015

Campaña Corazón Azul contra la trata de personas

Por Camila Maturana
Camila Maturana
Camila Maturana
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Chile participa de la comunidad internacional de naciones que repudian la trata de personas y en el marco del Día Mundial contra este flagelo (definido por la Asamblea General de Naciones Unidas a conmemorar los día 30 de julio de cada año) se ha lanzado la primera campaña pública orientada a visibilizar este problema en el país.

La trata de personas es un crimen gravísimo y se considera una forma de esclavitud moderna. Afecta principalmente a mujeres y niñas pues constituye una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y de los estereotipos de género que mantienen la subordinación de las mujeres.

La Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas –promovida por Naciones Unidas y a la que las autoridades chilenas se suman a partir de este año–da cuenta de la importancia del compromiso conjunto de actores estatales y de la sociedad civil para enfrentar estos crímenes, puesto que Chile, desde hace ya varios años es reconocidamente un país de origen, tránsito y, más notoriamente, de destino para las víctimas de trata, además de la que existe entre regiones dentro del país.

Tras la ratificación del Protocolo internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños, conocido como el “Protocolo de Palermo”, en 2004, correspondió al Estado de Chile la aprobación de una legislación especial en la materia.

Es así como en 2011 se dicta la Ley Nº 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Esta Ley constituye un hito al criminalizar específicamente estos graves delitos, favoreciendo la persecución criminal de los tratantes y la visibilidad de las víctimas.

No obstante, la normativa aprobada se centró en lo penal y omitió considerar medidas integrales para enfrentar este flagelo. La Ley Nº 20.507 no contempla medidas de prevención, recursos presupuestarios, capacitación a funcionarios/as públicos/as, policías ni a operadores/as de justicia, como tampoco consagra los derechos de las víctimas a recibir protección y asistencia ni se plantean medidas para su reparación.

De ahí que los resultados observables a cuatro años de su dictación, sean limitados. El número de casos de trata en que efectivamente se aplican las sanciones penales previstas es bajísimo a la fecha y la efectividad de las herramientas disponibles para la identificación de las víctimas requiere una urgente evaluación por las autoridades.

Igualmente se requiere de una amplia reflexión acerca de las causas de la trata y el rol que los clientes de “servicios” sexuales en condiciones de explotación, así como de “mano de obra barata” en el agro, minería, construcción, restoranes –entre otros rubros– tienen en ésta tragedia humana, pues en la “demanda” está a la base de la explotación de seres humanos.

Además, importantes desafíos presenta la atención de las víctimas.Ello aun teniendo claridad de que el número detectado está muy por debajo de la real magnitud del problema. El rescate de ellas, frecuentemente extranjeras, impone la necesidad de brindar servicios inmediatos de protección, hospedaje, alimentación y atención médica de urgencia y de salud sexual, pero asimismo mantener la asistencia en el tiempo.

La profunda afectación a la dignidad propia de todo ser humano y la violación de los derechos y libertades más básicas, ha llevado a los Estados a comprometerse internacionalmente y asumir obligaciones jurídicas en materia de atención y asistencia de las víctimas de trata para la restitución de sus derechos, relevándose la preocupación por su atención médica, sicológica, jurídica y social, regularización migratoria, oportunidades de educación y trabajo, reintegración social plena, revinculación familiar y reparación, y no únicamente su eventual participación en los proceso judiciales contra los tratantes.

Brindar esta atención requiere de servicios especializados integrados por personal debidamente capacitado que cuente con los recursos necesarios para ello, además de oportunas coordinaciones entre diversos organismos públicos y privados.

Cabe esperar que la Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas constituya un aporte a la visibilización de este problema en el país y a incrementar el compromiso de la sociedad en su conjunto con las víctimas, reconociéndolas como tales y denunciando a quienes explotan y comercian con seres humanos aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

Pero principalmente cabe esperar un mayor compromiso de las autoridades en la prevención de la trata, en la investigación y juzgamiento de los responsables, en la capacitación de funcionarios/as públicos/as y quienes aplican la ley, en la protección de las víctimas, su atención y asistencia, la restitución de sus derechos y la reparación de las consecuencias de la violación a sus derechos humanos.

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