27 mar 2012

Ojo con la Justicia tributaria

Por Jaime García Escobar
Jaime García Escobar
Jaime García Escobar
Ultimos publicados:

Siendo el Director Regional de Servicio de Impuestos Internos (SII), el “Juez Tributario”, es decir, quien dictaba las sentencias en las reclamaciones tributarias que interponían los contribuyentes en contra de las liquidaciones hechas por este servicio, se producía una situación de “juez y parte”, pues el mismo Director Regional, es el jefe de los fiscalizadores, y por tanto, quien debía evaluar el trabajo de éstos, a través de la dictación del fallo.

En enero de 2009, se publica la Ley N° 20.322, que establece Tribunales Tributarios y Aduaneros independientes e imparciales. Se trata de jueces especiales, uno por cada Región del país y cuatro en Santiago, establecidos fuera del SII, con presupuesto propio y que dependen de la Corte Suprema.

Se determinó que la entrada en vigencia de estos tribunales fuere graduada, partiendo por el norte del país, a contar desde febrero de 2010, para terminar en Santiago, Valparaíso y Rancagua en febrero de 2013.

Curiosamente y sin una aparente explicación, casi el 80 % de los nuevos jueces tributarios y aduaneros son ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Esta situación a juicio de algunos, resultaba especialmente cuestionable pues se temía que éstos, mantuvieren su criterio pro Fisco.

La verdad es que ello no ha acontecido, los nuevos jueces tributarios y aduaneros han dictado sentencias fundadas en la ley y en el mérito del proceso, olvidándose de las Circulares y Oficios emanados del ente fiscalizador.

No obstante lo anterior, se ha tomado conocimiento que el ministerio de Justicia, evalúa reformular los Tribunales Tributarios y Aduaneros pues estos presentarían una alta capacidad ociosa y se establece que el costo de tramitar cada causa tributaria, alcanzaría los $22 millones. Desde 2010 a diciembre de 2011, habrían ingresado 460 causas, es decir un promedio de 58 causas anuales por cada tribunal.

El ministro de Justicia, Teodoro Rivera, habría manifestado que dicha carga de trabajo no justifica la existencia de estos Tribunales. De esta forma se estarían evaluando diversas alternativas para corregir el problema, que serían: descontinuar la puesta en marcha de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (faltan los que corresponden a Santiago, Valparaíso y Rancagua), y ampliar los ya existentes a un ámbito de competencia mayor.

Otra es eliminar los Tribunales Tributarios y Aduaneros y traspasar la competencia a los tribunales ya existentes, y especializar jueces que vean esas causas. Finalmente, se evalúa aumentar la competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, para que fallen otros temas contenciosos administrativos.

Ante este escenario, ¿no es mejor dejar que el sistema comience a funcionar a cabalidad, instalándose los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros en Santiago, Valparaíso y Rancagua, regiones (al menos las dos primeras) en que se debiese producir una importante cantidad de reclamos tributarios? Una vez que el sistema funcionase durante el año 2013, allí quizás sería pertinente analizar cambios al mismo.

En cuanto a las alternativas que el Gobierno estaría barajando para solucionar este problema, la de eliminar estos tribunales me parece sencillamente impresentable, toda vez que de esta forma estas causas debieren ser falladas por los jueces civiles, quienes se encuentran con una tremenda carga de trabajo y, además, carecen de conocimientos en materia tributaria.

La otra alternativa en cuanto a detener el establecimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros en Santiago, Valparaíso y Rancagua, y ampliar la competencia de los tribunales ya existentes, tampoco es acertada: ¿Cómo el Juez Tributario y Aduanero de La Serena, por ejemplo, conocería de las causas referidas a Santiago o Rancagua? No parece ser una alternativa viable.

De esta forma, la alternativa que parece ser la más aconsejable es la de aumentar la competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, a otras materias contencioso administrativas, como podría ser, el tema medioambiental.

Ahora bien, una idea que aparenta ser novedosa y por lo mismo, explorable, es otorgarle competencia, como jueces, en el denominado procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, materia que actualmente se litiga ante el Servicio de Tesorerías y ante los Tribunales Civiles.

Las diferencias de impuesto que establece el Servicio de Impuestos Internos, respecto de las declaraciones que efectúan los contribuyentes, después de un procedimiento de reclamo tributario (que se desarrolla ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros), el Fisco las cobra (embarga y remata bienes) a través del Servicio de Tesorerías, en un segundo juicio, por así decirlo, que se denomina procedimiento de cobro de obligaciones tributarias.

Pues bien, éste se podría litigar sólo ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, de forma tal que el Servicio de Tesorerías, sería quien defendería al Fisco en contra del contribuyente.

Finalmente, parece evidente que los Tribunales Tributarios y Aduaneros no deben ser eliminados, toda vez que ellos encarnan el ejercicio del debido proceso en materia tributaria, tanto para el Servicio, como, especialmente, para los contribuyentes.

8 comentarios
27 mar 2012

Coyunturas y aprobación presidencial

Por Alejandro González Llaguno
Alejandro González Llaguno
Alejandro González Llaguno
Ultimos publicados:

Estamos a pocos días de la encuesta Adimark y nuevamente se ponen en juego las expectativas acerca de cómo vienen las percepciones de la opinión pública sobre la política y sus actores.

Esta situación nos plantea algunas preguntas: ¿qué explica las alzas, las bajas y los estancamientos de los Presidentes en su aprobación?; ¿porqué en unos momentos suben y en otros bajan?; ¿cómo se consolidan o quiebran las tendencias?; ¿qué efectos tienen estos resultados sobre la sucesión presidencial?

La respuesta a esas preguntas la encontramos en la interacción que ocurre entre a) el proceso de socialización política que cada uno de nosotros ha tenido y b) las coyunturas socio-políticas a las que nos enfrentamos día a día.

Socialización política.  Aquí surge lo que llamo el “sustrato político-cognitivo”. En efecto, todos los electores y/o ciudadanos se enfrentan a los distintos escenarios políticos y sociales con un sustrato cognitivo que define sus disposiciones, actitudes, identidades, opiniones, lealtades, expectativas, sentimientos y percepciones políticas. Sobre la base de estos antecedentes cada uno de nosotros filtra, entiende e interpreta lo que ocurre a nuestro alrededor; en definitiva, cada una de las coyunturas que nos toca vivir.

En esa dirección el abanico de posibilidades es amplio; una elección presidencial, una manifestación, una huelga, un cambio de gabinete, una acto de corrupción, una mala o buena política pública, una crisis económica, una buena cifra macroeconómica, un alza en los combustibles y en los precios –IPC- o una situación de emocionalidad –como un accidente o una catástrofe-, etc. son algunas de las coyunturas a las que nos enfrentamos en el transcurso de nuestras vidas.

De ese modo y sobre la base del “sustrato cognitivo” que cada uno de nosotros tiene van surgiendo las distintas evaluaciones que hacemos sobre “el acontecer histórico”; y en esa dirección, si aprobamos o no la gestión de un determinado Presidente. Entonces cuando un ciudadano-elector responde la pregunta sobre si aprueba o no a un Presidente –en un momento determinado del tiempo- tiene como sustrato su “socialización política”. Sin embargo, hay que considerar un segundo elemento; las coyunturas de alto y bajo impacto.

Las coyunturas de alto impacto son aquéllas que inciden de manera directa e inmediata en la vida de los ciudadanos y/o electores y tienen incidencia directa sobre los niveles de aprobación-desaprobación presidencial. Las coyunturas de bajo impacto social son aquéllas que no inciden de manera directa e inmediata en la vida de los individuos.

En la era Bachelet las coyunturas de alto impacto que hicieron bajar su aprobación fueron la  implementación del Transantiago, la crisis educacional expresada en la “revolución pingüina” y en el paro de los profesores.

Su crecimiento –que comienza fuertemente desde fines del 2008- se debe al manejo de la crisis del volcán Chaitén, al manejo contra cíclico de la crisis económica, a los bonos solidarios, a la construcción de estadios y a la reforma de las pensiones.

En la era Piñera el alza que tuvo a finales del 2010 se debió al rescate de los mineros. Desde esa fecha hay una baja significativa que se explica por el alza de los precios –alimentos y combustibles-, el mal manejo de las crisis que se abre con la movilización social, el fracaso del combate a la delincuencia, los problemas que genera el transporte público –alza pasajes-, y las tensiones internas del gobierno y sus apoyos políticos –conflicto de intereses, caso Van Rysselberghe y Kodama, Operación Coroneles, reformas políticas y tributaria-.

En consecuencia, surge la hipótesis de que las coyunturas de alto impacto que involucran emoción, seguridad y bienestar son las que más inciden en los niveles de aprobación-desaprobación presidencial. Obviamente, cuando hay un buen manejo político.

¿Cómo revertir y quebrar tendencias y subir en la aprobación? Las coyunturas de bajo impacto no generan cambios significativos en la evaluación y tendencias existentes. Dichos cambios pueden generar un alza o una baja en la aprobación. Hay alza cuando emergen hechos de alto impacto y la autoridad tiene un buen manejo de la coyuntura.

Al contrario, hay un estancamiento o descenso en la aprobación-desaprobación cuando se instala la percepción de que se ha hecho un mal manejo de la coyuntura. Por tanto, el manejo que se hace de los escenarios de alto impacto público, social y político es lo que puede producir cambios y rupturas de las tendencias dominantes.

Dos consideraciones. La primera, que toda coyuntura es la combinación de variables económicas, políticas y sociales; y la segunda, que en ellas siempre actúan fuerzas socio-políticas “antagónicas” que opinan y actúan en una u otra dirección. Por ello, una buena política o un buen manejo de crisis siempre encontrara detractores y críticos que pueden terminar anulando o neutralizando sus efectos positivos. En política es común transformar una derrota en victoria.

Quedan dos años de gestión Piñera y ha comenzado el segundo tiempo. Las cifras de aprobación son bajas. Empezó en un 52% y llego al 63% en octubre del 2010 influido fuertemente por el “rescate minero”. Desde entonces la tendencia ha sido a la baja.

Su punto más bajo fue en agosto del 2011 cuando llegó al 27% en el contexto de intensas jornadas de movilización social. Desde septiembre de ese año se observa un alza leve que lo sitúa por sobre el 30% a consecuencia del accidente de Juan Fernández, las fiestas patrias, el agotamiento de la lucha social, las fiestas de fin de año y las buenas cifras macroeconómicas.

La crisis de Aysén y el inicio de la movilización social-estudiantil 2.0 generan las condiciones para que la aprobación presidencial se estanque en torno al 30%-35%. Incluso, otros hechos pueden hacer caer estas cifras.

En este escenario la expansión económica y el alto nivel de empleo no constituyen elementos suficientes para romper la tendencia y subir en los niveles de aprobación; sobre todo, cuando se ha instalado la idea de que en Chile hay altos niveles de desigualdad y fuertes abusos del capital.

Las cifras de aprobación-desaprobación no son buenas. Tampoco las perspectivas de romper la tendencia y comenzar el camino del alza.

Sin embargo, hay tres noticias positivas que pueden revertir la situación y que los niveles de aprobación no inciden de manera directa ni relevante sobre las posibilidades electorales del candidato presidencial del gobierno. Bachelet es un ejemplo para ambos casos.

Y finalmente, que no hay que olvidar que aprobación presidencial no es lo mismo que adhesión política. Por lo general, ambas coinciden sólo al empezar una gestión.Vuelven a separarse cuando hay que elegir un Presidente.

Deja un comentario
27 mar 2012

La renuncia de un ministro clave, en el aire

Por Sergio Campos
Sergio Campos
Sergio Campos
Ultimos publicados:

Todos conocemos con más o menos detalles el conflicto social desatado en la Región de Aysén, donde el clamor ciudadano logró plasmarse en un acuerdo, después de casi seis semanas.

Los resultados y cumplimientos de los compromisos están por verse.

Pero hay consecuencias políticas inmediatas.

Mientras los dirigentes de la mesa social, eran recibidos con los brazos abiertos por los ayseninos, el ministro de energía Rodrigo Alvarez, presentaba su renuncia al cargo.

Las razones: el gobierno decide abrir las puertas de palacio a los dirigentes sureños, prácticamente sin condiciones. El ministro se entera por los medios de comunicación.

Aún más: fue excluido de las tratativas en La Moneda y los negociadores gubernamentales conceden beneficios que el ministro Alvarez, estuvo impedido de ofrecer por orden de…La Moneda.

Al final de cuentas los conflictos cuando no se resuelven oportunamente, se acumulan.

Hace rato los ayseninos venían planteando sus problemas. Se llegó a hablar de deuda histórica.

El senador Horvath de Renovación Nacional, criticó el hecho de que la intendenta se fuera de vacaciones, con una agenda caliente.

Desatado el conflicto se apostó a la dilación (40 días) y a la división (pescadores) de los reclamantes. Sin contar con el desembarco de tropas de fuerzas especiales, guanacos y zorrillos.

El hecho que el ministro Alvarez, renuncie al cargo de secretario de energía, abre otro frente conflicto al interior de la alianza gobernante.

Las palabras del futuro presidente de la UDI, diputado Patricio Melero, son elocuentes: “No fue justa la forma en la que se trató el caso del ministro Alvarez”.

“No es justo que una persona que se entregó por completo para solucionar el conflicto, no haya estado en la parte final”.

Clarito: se cometió una injusticia política. El daño está consumado. Un ministro, que se supone, empeñó su voluntad y capacidad, para solucionar el conflicto, fue ignorado con desdén, porque ni siquiera le avisaron de su marginación.

El problema es que la determinación política de dejarlo fuera, recae en el Vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter. Y eso la UDI lo sabe. A menos que el Jefe de Estado, en gira por Asia, le haya otorgado la bendición a la exclusión.

10 comentarios
27 mar 2012

Energía: la silla eléctrica

Por Matías Asún
Matías Asún
Matías Asún
Ultimos publicados:

Hace minutos me he enterado de la renuncia del cuarto ministro de Energía del Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

La confirmación provino de su compañero de partido, Patricio Melero, en este mismo medio quien señaló lo obvio: la forma en la que se logró el acuerdo entre los dirigentes de Aysén y el equipo político más cercano al presidente lo habían dejado fuera y esperando.

Esa gota que rebalsó el vaso, pues las “quitadas de piso” político aunque sutiles se venían repitiendo, nos costó un nuevo ministro como parte de los costos que el ejecutivo está dispuesto a ceder en caso de conflictos sociales. Álvarez se suma a la lista de Lavín y Bulnes y varias otras autoridades.

Su salida ocurre mientras dos debates se toman los medios para definir el futuro de la energía en Chile.

El primero tiene relación con las declaraciones cruzadas que se hicieran desde el Ministerio de Energía, específicamente por el subsecretario Del Campo, respecto de cómo la ilegalidad en los procedimientos que aprobaron la central Castilla (U$4.400 millones, la mayor termoeléctrica a carbón de América Latina) era un “obstáculo” para el desarrollo de inversiones.

Eso obviando por cierto los derechos legítimos de todo ciudadano de exigir que en Chile se respete la Ley, y especialmente en el actuar del poder ejecutivo. Recordemos que lo que “falló” en la aprobación de la central fue la calificación favorable que inexplicablemente le diera el entonces Seremi de Salud para agilizar las cosas.

Por cierto, la calificación ambiental se mantiene a pesar de la expresa solicitud de la Corte de removerla. El mensaje pareciera ser que a Castilla no se la toca.

Es en este estado de cosas que los inversionistas de la central han decidido escalar su demanda y junto al Consejo de Defensa del Estado han llevado el caso a la Corte Suprema, máximo exponente del poder judicial, que deberá pronunciarse al respecto.

El mismísimo ministro Longueira hace pocos días volvió a presionar sobre este tema señalando que la judicialización de proyectos energéticos pone en riesgo las inversiones y por lo tanto nuestro “modelo de desarrollo”. Por si usted no lo sabía nuestro “modelo de desarrollo”, al igual que el último siglo, sigue siendo favorecer a como de lugar toda inversión minera con una mínima regulación.

Como nadie quiere que una de las pocas certezas patrias (exportar minerales a buen precio) se vea afectada, el asunto no ha tenido demasiada cobertura y desde la galería uno imagina que estas frases tan bizarras han calmado un poco la preocupación expresada vehementemente por el sector minero respecto de cómo Chile se toma para la chacota sus inversiones poniéndolas en riesgo.

Recordemos que el comité de agilización de proyectos (CAI) que fundara Sebastián Piñera con fondos de la Presidencia está investigado por la contraloría también. No es primera vez que por correr a hacer las tareas se cometen errores. Errores que lo dejan a uno pensando en qué diablos será el famoso “modelo de desarrollo”.

El segundo debate, menos conocido, tiene que ver con crear impuestos a la generación de CO2 y gases de efecto invernadero a las centrales termoeléctricas. Es de público conocimiento que la generación de energía con combustibles sucios no asume los costos reales del proceso. Para decirlo en chileno, “se las lleva peladas”.

Y, no lo dude, también han salido a la palestra diversos lobistas que en los medios de cuello y corbata han contra argumentado que semejante medida haría subir los costos y eso –obvio- lo terminarían pagando los consumidores.

El problema es que con esto del cambio climático los costos los pagamos todos y especialmente aquellos que ni siquiera consumen nuestra electricidad porque no tienen servicio. Miles y miles de desplazados en África por sequías lo confirman. Y, claro, también se transfieren costos a nuestra economía que será castigada por la progresiva carbonización de nuestra matriz de generación.

Usted seguramente estas cosas no las sabía. Ahora que las sabe, ¿Me acompaña en preguntarse en qué parte de todo esto se volvió buena idea que el asiento del ministerio de energía se volviera una silla eléctrica?

2 comentarios
27 mar 2012

Aborto en caso de violación

Por Leonel Sánchez Jorquera
Leonel Sánchez Jorquera
Leonel Sánchez Jorquera
Ultimos publicados:

Un debate serio sobre el aborto – que permita generar las respectivas políticas públicas – debe comenzar por distinguir los diversos tipos de aborto conforme a las causas que se invoquen, independiente de la posición doctrinaria que se tenga sobre el aborto en general.

En tal sentido quisiera agradecer al senador Ignacio Walker por reinstalar en el debate público legislativo, y de generación de políticas públicas, un tema que se ha debatido “detrás del aborto terapéutico”, el cual no se ha enfrentado directamente, como lo es elaborto en caso de violación.

La propuesta del senador Walker apunta a despenalizar el aborto en dicha situación.

Permítanme aportar algunos elementos a considerar en dicho debate, y por lo tanto, las consiguientes definiciones que a mi juicio debe adoptar el Estado de Chile sobre la materia.

En primer término, frente a una situación de violación de una mujer en edad fértil, se debe considerar la oportuna y completa implementación de la “píldora del día después”, con el respectivo seguimiento y control médico, siendo ésta una política pública que evitaría la gran mayoría de los eventuales embarazos en caso de violación.

No existe ninguna justificación médica, de salud pública, ni de política-social que impida dicha medida.

Tener presente que no hay acceso universal a este método, no todos los consultorios la entregan (recordar municipios de derecha que la niegan) y en farmacias es un drama conseguirlas, aun teniendo dinero para comprarla. Puede ser un calvario acceder a la “píldora del día después” con todo lo que implica la presión sicológica y social de quien la solicita.

Pero en la situación de que dicha intervención fracase y se produzca el embarazo no deseado por cualquier motivo – como por ejemplo, la víctima del delito de violación no lo denuncia ni adopta medidas al respecto, situación muy comprensible en los casos de violación de una adolescente, que por causa del mismo delito, no reacciona y oculta la ocurrencia del ilícito.

En estos casos el Estado tiene el deber de desarrollar una potente batería de medidas, una vez que el embarazo se hace conocido por la propia victima o su entorno, como posibilidades de adopción o acompañamiento a la madre, entre otras medidas, pero nunca con una “espada de Damocles” sobre la victima de violación de un aborto penalizado.

Entiendo que la propuesta de Walker no va bajo el supuesto de que, frente a cada embarazo producido por violación, se va a aplicar un aborto, sino que es despenalizar el eventual aborto en dichas casos, asumiendo el Estado y la sociedad en su conjunto una serie de políticas públicas que eviten un mayor sufrimiento a la víctima y generando acciones de protección a la mujer violada.

Finalmente la decisión del aborto, en el caso de la mujer que sufre una violación que queda embaraza por dicho acto delictual, es una decisión que debe adoptar la propia mujer, acompañada por su entorno afectivo y por el Estado, a través de sus diversos organismos, decisión que debe ser adoptada sin la presión de una pena aflictiva.

En lo personal, soy un abierto partidario de la vida y contrario a la práctica del aborto, que atenta contra una vida totalmente inocente– donde el Estado debería desarrollar verdaderas políticas públicas para bajar las cifras negras de aborto en Chile – pero la penalización de una conducta dice relación con una sanción social que en la figura del aborto en caso de violación claramente no tiene ninguna justificación, dentro de los fines sociales que debe perseguir toda pena.

Importante sería abrir el debate a otras figuras penales como el estupro, pues el abuso, principalmente de los adultos responsables, son de mayor ocurrencia de lo que se cree.

Reconozco que mi participación en el presente debate tiene una gran limitación, soy hombre, y como tal mi opinión se genera desde dicha condición limitante frente a la posibilidad de comprender procesos como embarazo y aborto.

Por lo anterior, se debe tener presente y generar las condiciones para que mujeres – organizadas o en forma individual – puedan expresarse y sean recogidas sus opiniones en este debate puntual sobre el aborto en caso de violación, debate que además de una discriminación de género tiene una fuerte discriminación social.

Finalmente quiero reconocer la valentía del senador Walker de plantearnos – a partir de una reforma legal – un debate necesario.

2 comentarios
26 mar 2012

Conceptos de la diversidad sexual

Por Sebastián del Pino
Sebastián del Pino
Sebastián del Pino
Ultimos publicados:

En los últimos días, los medios de comunicación han abordado varias noticias que son de especial interés para la ‘diversidad sexual’. Esto, en razón del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atala y por el agravamiento que experimentó Daniel Zamudio, quien, como se sabe, fue víctima de un crimen de odio.

Sin embargo, la nomenclatura utilizada por la mayoría de los periodistas no es la adecuada, lo que manifiesta un completo desconocimiento por esta realidad. Vamos despejando dudas y aclarando conceptos:

¿Minorías sexuales o diversidad sexual? Es preferible utilizar el concepto ‘diversidad sexual’, puesto que no se puede determinar con exactitud el número de personas homosexuales o transexuales en una sociedad determinada, justamente, porque muchos no se atreven a reconocer su sexualidad.

Además, el término “minoría” implica reafirmar la validez de los modelos hetero normativos, por sobre otros.

El concepto ‘diversidad sexual’ es más apropiado porque importa considerar la existencia de variadas orientaciones sexuales e identidades de género, sin manifestar que una es más importante por sobre otra, como se desprende de la utilización de “minorías sexuales”.

¿La homosexualidad es una condición, tendencia u opción? Todas estas variantes son erróneas, porque la homosexualidad es una ‘orientación’.

La noción ‘orientación sexual’ se refiere a la atracción por personas de diferente sexo, como es el caso de los heterosexuales; también apunta a la atracción afectiva y emocional por personas del mismo o ambos sexos, como es el caso de las personas homosexuales y bisexuales, respectivamente.

Las voces precisadas anteriormente, a saber, “condición” o “tendencia”, implican visiones erradas sobre la homosexualidad, puesto que son términos propios de visiones patologizantes, postura científica que fue superada en 1973 cuando la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) excluyó a la homosexualidad de los trastornos psicológicos contemplados en el DSM-III.

Otro concepto integrante de la ‘diversidad sexual’ es la ‘identidad de género’, que se refiere a las personas transexuales, transgéneros e intersex.

La identidad de género se refiere a la vivencia interna o individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Las personas transexuales nacen con un desacuerdo entre su sexo biológico y psíquico, sintiendo rechazo por sus genitales, en tanto, desean realizarse una plastia genital. Los transgéneros, a pesar de sentir este desacuerdo entre su sexo físico y sicológico, no sienten la necesidad de modificar sus genitales. Las personas intersex son aquellas que presentan de manera simultánea características sexuales femeninas y masculinas.

Es usual que los medios de comunicación cometan graves errores al referirse a las personas trans, por ejemplo, cuando las caracterizan como ‘travestis’. No debe aplicarse este concepto, puesto que el travestismo y transformismo corresponden a situaciones esencialmente pasajeras, con fines fetichistas o artísticos, en donde no hay desacuerdo entre el sexo biológico y el psíquico.

Además, es deseable que las personas transexuales sean tratadas por su nombre social, manifestando, si se estima necesario, que se trata de un hombre o una mujer trans.

Los periodistas tienen el derecho a informar, pero, también deben hacerlo del mejor modo posible, evitando errores que pueden ser subsanados con algo de información. La utilización de los términos adecuados no responde a un mero capricho, sino que es imperativo en razón de la dignidad de la comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

13 comentarios
26 mar 2012

Habilidades blandas y educación

Por Jaime Espinosa Araya
Jaime Espinosa Araya
Jaime Espinosa Araya

Hace algunos años, cuando un grupo de académicos esperábamos subir a un avión, un rector preguntó a otro si podía recomendarle a un profesor del área de ingeniería para cubrir una jornada completa en su universidad. El interpelado, a su vez, le preguntó por el perfil del candidato. El rector respondió: “Lo que más me importa es que sea buena persona”.

La sorprendente declaración no debe asombrarnos. No quiere decir que no importen las condiciones profesionales y técnicas; pero se necesita mucho más para calificar.

Esa diferencia que hace posible la selección de personal académico puede extrapolarse a todo proceso de captación de recursos humanos en cualquier organización.

En los últimos años se da el nombre de habilidades blandas al conjunto de condiciones personales asociadas a la actitud frente al trabajo, la responsabilidad, el compromiso, el modo de relacionarse con el mundo, la capacidad de adaptación, de trabajo con otros; la resiliencia, la resolución de conflictos, la empatía, el respeto, la tolerancia; saber escuchar, saber decir, demostrar congruencia con valores como la solidaridad, la verdad y la justicia, entre otros aspectos de la conducta.

La creciente valoración de las habilidades blandas responde a una conciencia nueva –aunque no tan nueva en el fondo- de que lo que se espera de un trabajador, en cualquier nivel, es integridad ética. ¡Qué buena noticia!

Tanto más, las habilidades blandas representan un desafío para la educación y, especialmente, para la formación de profesores.

Son éstos los principales responsables de asegurar procesos integrados, donde los niños y jóvenes accedan al suministro actitudinal de buenos modelos humanos.

Por cierto, estos procesos se inician con la familia, pero el aseguramiento debe provenir de la escuela. El profesor debe ser un agente neutralizador de la entropía psicosocial, del influjo de los medios de comunicación, de los pares, de la cultura marginal de la droga y el alcoholismo, de la violencia. Tamaña tarea.

Mientras pensamos en estas cosas, en el debate actual sobre la educación de calidad, se sigue concentrando la atención casi exclusivamente en la dimensión cognitiva de los aprendizajes. Prueba de ello, a modo de ejemplo, son las pruebas estandarizadas del tipo SIMCE que miden lo que miden, pero que no dan cuenta de todas las dimensiones de lo educativo, dentro de las cuales se encuentran las habilidades blandas.

Por eso, es justo el reclamo de los profesores cuando se los juzga parcialmente, sin considerar que mucho de su quehacer apunta precisamente a esos otros aspectos.

Creo que esto no aparece con claridad en el proyecto de Ley que establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal, próximamente a discutirse en el Parlamento. Sería un gran avance para el desarrollo del país que así fuera. Un grave error si se ignorara.

8 comentarios
26 mar 2012

Los repartidores de afrecho: flor de reality

Por Francisco Castillo
Francisco Castillo
Francisco Castillo
Ultimos publicados:

En un canal, Mundos Opuestos; en otro, un concurso de imitadores; un espacio de denuncias ciudadanas en un tercero, y entrevista a los dirigentes “héroes” de Aysén en el cuarto. El orden no es arbitrario: es lo que marcó el rating en la noche del domingo: 28 puntos (Canal 13), 13 (Mega), 11 (TVN) y 6 (Chilevisión).

Así está Chile. O mejor dicho, tal es la conducta de la teleaudiencia local, que consume prioritariamente entretención por sobre todo lo demás.

¿Será esto culpa del chancho o de quién le da el afrecho?

Uno de los responsables del “éxito” de Canal 13 es el productor de TV Sergio Nakasone, cerebro del reality. Como él sabe que hay quejas (más de 600 en el CNTV) en contra de su programa, se defiende de ellas.

“Me da lo mismo. Somos un programa de entretención. ¿Por qué le piden a un programa de TV que eduque? Mal que mal, la TV se maneja por rating; los canales son en su mayoría empresas que buscan rating”.

Nakasone se siente agradecido del género reality, “pero claro, sería más feliz haciendo la ruta de Genghis Khan”.

Las declaraciones del productor, in extenso, se conocerán esta semana en Canal 13 Cable, a partir de las 23 horas de este lunes, con repeticiones el martes a la 01:00 y 08.30 horas, el miércoles a las 18:30 y el domingo a las 21:00 horas.

Vale la pena escucharlo, para comprender a lo que hemos llegado en materia de producción local de TV: una lucha tan despiadada por capturar sintonía, que el buen gusto, los valores, el respeto por los semejantes, el interés por los que defienden causas justas, han sido desplazados por la ordinariez, el sensacionalismo y el culto a las bajas pasiones.

Hace medio siglo, el derechista presidente Jorge Alessandri, con muchas reticencias, autorizó la televisión en Chile, siempre y cuando estuviera a cargo de las universidades, para que éstas velaran por sus contenidos, evitando la difusión de “chimuchinas”.

Ironías de la vida: cincuenta años después, en el régimen de la derechista Alianza, los temores de “don Jorge” son realidad. ¡Qué traición a sus principios! ¡Flor de reality!

5 comentarios
26 mar 2012

Tectónica de almas en Chile

Por Rodrigo Quintana
Rodrigo Quintana
Rodrigo Quintana
Ultimos publicados:

Así fue cómo un día entró a la librería, donde trabajé hace tantos años, un espigado poeta alemán llamado Martín Zcimeck quien me preguntó si teníamos algún volumen sobre terremotos chilenos. Él, se encontraba en suelo nacional estudiando nuestra relación con estos fenómenos y así acopiar material para su próximo libro centrado en,  los también devastadores, “terremotos del alma”.

Me dijo: “Ustedes han vivido siempre enfrentados a catástrofes geológicas, pero los alemanes  estamos constantemente a merced de las  espirituales”.

¡Qué frasezón!, me dije en voz baja, recuperando el aliento.

Como noté que el trato con este cliente sería especial, pues no andaba buscando a las cumbres inalcanzables de nuestra literatura como Fernando Villegas, Sergio Bitar, Fouguet o Pilar Sordo, debí estrujar mis neuronas con su requerimiento.

Sólo pude comentarle que debería haber algo en Temblor de Cielo de Vicente Huidobro, o en un cronista colonial desconocido como Pedro de Peralta.

De éste último hay versos sobre un sismo ocurrido en Concepción en 1730, los cuales recitábamos los del  Instituto Nacional en lo más connotados toples de fines de los años 80, pues decían: “La ciudad triste, aún más que estremecida,/ padecerá del agua sepultada,/ […] tendrá toda la vida trastornada:/ la ropa aún para abrigo consumida,/ la copia al alimento arrebatada”.

El clisé de nuestra poesía atribuye a Gonzalo Rojas ser un vate telúrico, sin embargo él con su infinito humor aclaró no serlo, ni órfico, ni lárico, sino lectúrico, dijo. Desconozco si algún prosista o bardo mayor de nuestra patria haya escrito LA obra cumbre sobre terremotos, salvo que alguno de ellos haya perseverado en escribir a mano a pesar de sufrir atrapamiento del nervio mediano.

Lo importante, creo, radica en aceptar también cuánto récord marca nuestro país en terremotos del alma.

Nos estamos haciendo los Tironi con la energía acumulada, tal como sucede en la litosfera antes de un sismo, bajándole el perfil a la crisis de esta “modernidad” impuesta a sangre y fuego.

Según La Organización Mundial de la Salud, el 53,5 % de los santiaguinos  posee algún trastorno mental. El organismo vislumbra patologías frecuentes como: depresión, síndrome angustioso, neurosis del carácter, psicosis maníaco depresiva, depresiones involutivas y  fotodepresión por trabajar en sitios con exceso de luz artificial.

Recuerdo a un psicólogo social que me comentó hace años sobre la incertidumbre laboral responsable de los cuadros depresivos en los jóvenes, la disciplina usurera sobre los trabajadores, la frustración femenina por tener labor en dos frentes y el 27 % angustia y depresión en los niños.

Así estamos hoy, a la espera del correspondiente cataclismo en Arica, ya no hay ominamis en la ONEMI, pululan  en ésta hoy sus primos, los “aliméntate sano”, sin descontar que desde siempre hemos vivido lo que el supuesto rapsoda pensaba ocurre sólo en el primer mundo.

Según el lírico Armando Uribe desde el 11 de septiembre de 1973 se cortó para siempre la leche de la sociedad chilena, hoy sólo seríamos un grumo de diversos lumpenajes en todas las capas sociales, profesionales, técnicas, religiosas, sindicales, empresariales, gremiales, deportivas, etc.

Aunque ese supuesto juglar germánico haya sido sólo un delirante bávaro, simulando ser Martin Zcimeck para escapar de Villa Baviera, considero muy buena su idea para un libro de poesía.

Se nos hace urgente una tectónica de almas, para ayudar a los damnificados, reconstruir las utopías aplastadas por el eterno cogobierno con la derecha pinochetista, rescatar a los nuestros de las garras de los siquiatras, la industria farmacéutica y el ñoñerismo ambiente.

7 comentarios
26 mar 2012

Evaluación penal del “caso tsunami”

Por Silvia Peña
Silvia Peña
Silvia Peña
Ultimos publicados:

Un somero análisis de los hechos acaecidos el 27 de febrero de 2010 en las horas siguientes al maremoto que afectó la costa central de Chile, conforme han sido informados por diversas publicaciones de prensa, permite concluir que la decisión de formular cargos por homicidio culposo a ocho funcionarios públicos es bastante aventurada desde el punto de vista jurídico-penal.

Para comprobar la efectividad de este aserto, recordemos que lo que se imputa a las personas investigadas es no haber comunicado a la población la alerta de maremoto emitida por el SHOA a las 4:07 horas del día en cuestión (en el caso del subsecretario del Interior y los tres funcionarios ONEMI), y haberla dejado sin efecto a las 4:56, por parte del ex-director del SHOA (investigado también, junto con los otros dos oficiales que lo asesoraron).

La fiscalía presupone, al parecer, que habría bastado con difundir la alerta para evitar las muertes provocadas por el maremoto, olvidando que el mismo se inició a los pocos minutos de ocurrido el terremoto (que causó cortes de energía eléctrica e interrupción de las comunicaciones con las zonas más afectadas), antes de que se contara con información fidedigna sobre intensidad y epicentro del sismo.

Olvida también que, según expertos internacionales en Geofísica, es imposible prever la ocurrencia y localización exacta de un tsunami, aun contando con los mejores instrumentos, lo que ciertamente no era el caso la noche de marras, pues los equipos quedaron inutilizados por el terremoto y posterior maremoto, de modo que el SHOA actuaba prácticamente a ciegas, sin que la información in situ pudiera ser suplida por los boletines recibidos del Centro de alerta de tsunamis del Pacífico, que periódicamente envía alertas, ninguna de las cuales se había concretado hasta entonces.

Amén de lo anterior, ninguno de los funcionarios imputados tenía conocimientos especializados ni experiencia en maremotos, por lo que mal podía exigírseles habilidades de las que carecían.

Pues bien, para que pueda configurarse un homicidio culposo, es preciso que entre el resultado muerte y la acción u omisión del supuesto hechor exista una indubitada relación de causalidad, esto es, que la muerte sea consecuencia de la conducta de aquél.

Tal relación causal no existió en los casos de muertes ocasionadas por olas anteriores a la emisión de la alerta por parte del SHOA (como ocurrió en Constitución, Pichilemu, San Antonio, Talcahuano, Dichato, Lebu y Tirúa), por lo que a su respecto no cabe imputación alguna.

Tampoco pueden ser objeto de imputación alguna las muertes acaecidas en la Isla Orrego, en la desembocadura del río Maule, porque aun cuando se hayan verificado después de esa hora, las personas que allí se encontraban no podían escapar hacia los cerros por hallarse separadas del litoral por un brazo de río de 150 metros, y tampoco podían alcanzar la costa a nado ni disponían de botes. De manera que para ellas cualquier alerta habría sido completamente inútil para impedir el resultado.

Cabe destacar que la única función que puede cumplir la alerta es poner sobre aviso a la población respecto a un riesgo, o sea, una función meramente comunicativa, pero no salvadora en sí, ya que la decisión de ponerse a salvo depende en última instancia de los destinatarios de la comunicación.

A diferencia del caso de quien, para evitar que un ciego sea atropellado por un vehículo, lo empuja hacia la vereda, una advertencia dirigida a un número indeterminado de personas desde una gran distancia del lugar de la emergencia, sólo puede actuar a través de la mente, pero no del cuerpo.

Su efectividad depende, por tanto, de que la comunicación sea efectivamente percibida y comprendida por los destinatarios, y que éstos estimen pertinente actuar en consecuencia.

Al respecto debe recordarse que en el caso de la erupción volcánica de Chaitén, las autoridades debieron presentar recursos de protección para obligar a los habitantes a abandonar sus hogares, a pesar de que ellos estaban conscientes del peligro que corrían.

Finalmente, es preciso destacar que las razones que indujeron a los imputados a no emitir la alarma o cancelarla, nada tenían que ver con desprecio o indiferencia por la vida humana, sino que, por el contrario, lo que persiguieron fue proteger a la población de los riesgos inherentes a la difusión de una alarma que podía causar pánico en la población, ya fuertemente golpeada por el terremoto, estimando, en base a la información de que disponían en ese momento y a la experiencia de los últimos años, que la materialización de esos riesgos (como ya había ocurrido en Talcahuano el 2005, en que incluso murieron dos personas) era más probable que la ocurrencia del maremoto mismo.

Si hubieran podido contar con información más certera, la ponderación de riesgos habría sido distinta.

Por ello es dable sostener que quienes debieron tomar la decisión se encontraban en un verdadero conflicto de deberes, que es aquella situación en que una persona está obligada por deberes contrapuestos, de manera que cualquiera que sea la decisión que adopte, necesariamente acarreará la lesión de un bien jurídico.

Como en este caso ambos deberes estaban dirigidos a la preservación del mismo bien jurídico (vida humana), la conducta resulta exculpada y, por tanto, impune. Al mismo resultado se llega por la vía del correcto análisis del deber de cuidado en sus aspectos objetivo y subjetivo.

Leer versión  completa en:
http://www.asuntospublicos.cl/wp-content/uploads/2012/03/9461.pdf
http://www.asuntospublicos.cl/wp-content/uploads/2012/03/947.pdf

6 comentarios