El pasado martes 9 de abril se produjo un hecho muy importante para la política chilena y que, sin embargo, ha pasado desapercibido para la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos. Ese día se realizó la elección, mediante el voto, de una nueva mesa directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, AChM.
Con la realización de este acto -profundamente democrático -la expresión de la voluntad en un acto electoral- se puso término a una práctica que se había arraigado en esta Asociación desde hace décadas, como era conformar una mesa directiva integrada sobre la base de un acuerdo entre los partidos políticos.
Este hecho demuestra que Chile ha cambiado y que la forma de hacer política con acuerdos entre los partidos causa amplio rechazo en la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos.
Las elecciones municipales de octubre de 2012 marcaron una pauta en relación a la política nacional, al menos, en dos aspectos: por un lado, el proceso de primarias pasó de ser un procedimiento deseado al constituirse en la instancia de legitimación para cualquier candidatura; por otro, las candidaturas independientes constituyen una opción política que concita importante apoyo ciudadano, incluido de quienes militan en partidos políticos. Esto se vio reflejado en la elección de la Asociación de Municipalidades: junto a los representantes de los partidos -de un amplio espectro- fueron electos tres independientes a la Mesa Directiva.
La relevancia de estos hechos ha sido opacada tras el anuncio del oficialismo de retirarse de la Asociación. Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea, explicó que la AChM no tenía el carácter de institución inclusiva y representativa de los diferentes sectores políticos que forman parte de ella. El alcalde Guevara omite la verdadera razón que los lleva a pensar en una nueva agrupación: los partidos de la Alianza exigieron compartir la presidencia de la Asociación por el nuevo período, cuestión que no fue aceptada por la mayoría. Es evidente que, a la luz de los resultados de la última elección municipal, estos partidos no alcanzaron el número suficiente de votos para continuar a la cabeza de la institución.
Estas prácticas son las que desprestigian la política y a los partidos políticos. Conductas de este tipo vienen a confirmar lo que la ciudadanía percibe y conoce desde hace tiempo de muchos políticos, quienes aparecen ante la opinión pública más preocupados de defender intereses corporativos que los intereses de los ciudadanos.
Los desafíos que tenemos por delante en cada una de nuestras comunas son cada vez mayores, por lo que debemos esforzarnos de manera consciente y responsable por satisfacer eficientemente las demandas de nuestros vecinos. En un año electoral necesitamos mostrar un alto grado de unidad y contar con ideas claras para plantearlas a los diferentes candidatos – respecto de la reforma al sistema municipal y la descentralización y modernización del Estado.
La única forma que podamos ser considerados y avanzar en el logro de nuestros planteamientos es contar con una Asociación de Municipalidades potente. Mientras más débil sea esta institución, menos posibilidades y convicción tendrá de impulsar, ante la autoridad política central, sus demandas. Las alcaldesas y alcaldes nos debemos a las personas que habitan en nuestras comunas y no a los partidos políticos. Todos sabemos que el gobierno local es cada vez más un espacio central donde los ciudadanos sienten que deben plantear sus demandas. Por ello la primera tarea es fortalecerlo y no debilitarlo, que es justamente lo que debemos hacer quienes hemos sido elegidos por la ciudadanía como servidores públicos.
En ese sentido, las alcaldesas y alcaldes de Chile necesitamos contar con una organización de carácter democrática, pluralista, transparente e inclusiva pero, sobre todo, necesitamos contar con una organización poderosa y con un alto grado de unidad, que sea capaz de ser una interlocutora real con el gobierno, el Congreso y la empresa privada.
Hago, en ese sentido, un llamado a todas las alcaldesas y alcaldes a reforzar la unidad y a participar activamente en la discusión y análisis de propuestas que permitan reforzar nuestra institucionalidad, articular nuestras demandas de descentralización y modernización del Estado y, sobre todo, aumentar los presupuestos de salud y educación que permitan ir cerrando las enormes brechas de desigualdad que existen hoy en nuestro país.
