Ha tenido mucha repercusión pública el negocio de la empresa Caval Limitada, en la cual la nuera de la presidenta Bachelet tiene la mitad de su propiedad y por ello tenemos que recordar que comprar terrenos rurales para transformarlos en urbanos es una práctica muy recurrente desde siempre por la gran diferencia que el mercado le asigna a esos predios : en términos generales y de acuerdo a sus localizaciones, los terrenos urbanos se transan en promedio en 5 veces más que los rurales.
El uso de información privilegiada es esencial para llevar a cabo este tipo de actividades mercantiles como también las relaciones que estos inversionistas tienen con aquellos que ejercen el poder político, pues las modificaciones territoriales se deciden en el ámbito del aparato del Estado, especialmente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en los distintos Gobiernos Regionales.
Ahora bien, en razón a que la prensa ha dicho solo que Caval Limitada compró un terreno rural de 44 hectáreas en la comuna de Machalí con el dinero que le prestó el Banco de Chile -6 mil quinientos millones de pesos- y que ha suscrito una promesa de compraventa con un particular de Rancagua por una suma de 9 mil quinientos millones de pesos, como vemos con una ganancia del 50%, estimamos necesario informar acerca de los pasos que se deberán dar para que esta interesante y millonaria operación genere la utilidad buscada por la nuera de la mandataria.
Para contextualizar expresamos que la 6ª Región del Libertador Bernardo O´Higgins está conformada por las Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, siendo sus capitales las comunas de Rancagua, San Fernando y Pichilemu, respectivamente. La comuna de Machalí, en donde se localizan los terrenos rurales de la discordia, forma parte de la Provincia de Cachapoal.
En términos generales el proceso administrativo para que se produzca el cambio de uso de suelo requiere de ciertas decisiones administrativas.
La modificación en las reglas del juego se tramita en un Plan Regulador Intercomunal, es decir, en un instrumento normativo que abarca esas tres provincias y quien lo debe elaborar es el Seremi de Vivienda y Urbanismo, pero en este caso particular la tarea se le encomendó, con un pago de honorarios con fondos del gobierno, a la Consultora Habiterra Limitada la que hará los estudios correspondientes que le serán entregados al aludido Seremi. Entre otras cosas, se deben efectuar consultas a los distintos municipios, contemplándose asimismo un proceso de participación ciudadana sin que éstas sean vinculantes.
El cambio normativo tiene que someterse a una rigurosa Evaluación Ambiental Estratégica y si el trabajo de Habiterra es aceptado por el Seremi, enseguida se debe enviar al Consejo Regional (CORE) cuyos miembros, ahora elegidos por votación popular, lo aprueban o lo rechazan. Si hay empate la Intendenta Regional tiene un voto dirimente. Desconocemos cuantos consejeros regionales (Cores) son de la Nueva Mayoría y cuantos de la Derecha.
Posteriormente y solo en la medida de que los Cores lo aprueben, la intendenta de la 6ª región lo envía mediante una Resolución Administrativa a la sede regional de la Contraloría General de la República para que, después de un examen de legalidad, tome razón de tal Resolución y posteriormente su texto se publica en el Diario Oficial, fecha en que el instrumento produce plenos efectos. Luego, en esa próxima fecha las 44 hectáreas rurales serán aptas para que el nuevo dueño de las mismas pueda construir allí malls, viviendas de lujo y todo tipo de equipamientos lucrativos.
Si en la tramitación al interior de la Contraloría ésta detecta irregularidades o bien ilegalidades, lo que es muy común, se le devuelve al remitente, el cual solucionando las objeciones puede insistir en la Contraloría.
Como en la Política de Suelo para la Integración Social de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, presidida por el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, hombre de confianza de la presidenta Bachelet, en una de sus medidas se estableció la que busca la captura parcial por parte del Estado de las plusvalías que obtienen los actores privados con este tipo de modificaciones territoriales, sería de toda lógica que el cambio ad portas en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins se someta a esta nueva legislación, la que, por lo demás, se intentó implementar sin éxito hace unos 16 años bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
En aquella época todos aquellos privados que se desenvuelven en el negocio de la explotación del recurso suelo pusieron el grito en el cielo cuando conocieron dicho proyecto de ley y como el gobierno de entonces se asustó con las críticas lo archivó : hoy en día está guardado bajo 7 llaves en alguna dependencia del Minvu.
Si se hubiera aprobado esta equilibrada legislación años atrás, la que, por lo demás, existe en muchos países del mundo civilizado, ni la nuera ni el hijo mayor de la Presidenta estarían en el ojo del huracán.
