31 ene 2012

El lucro previsional al descubierto

“No hay peor astilla que la del mismo palo”, dice un refrán popular, refiriéndose a que muchas veces el peor enemigo de una persona o de un grupo de ellas es quien, por conocerles, sabe, también, de sus debilidades. Eso es lo que está ocurriendo con las administradoras de pensiones, AFP.

La reforma previsional, impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, se propuso, entre diversos objetivos, disminuir los costos de administración, particularmente para los nuevos afiliados, a través de una licitación bianual, en que el mejor oferente se queda con la cartera de nuevos cotizantes.

Surgió, en ese proceso, una AFP nueva, que se ha adjudicado la licitación las dos veces en que ha ocurrido. Lo inquietante – y doloroso para los viejos cotizantes y creo que también para la industria – es que la oferta realizada por esta nueva administradora en esta última licitación fue de un 0.77% de la renta imponible mensual.

Ello significa una enorme brecha con el esquema de costos actuales, donde la cotización promedio bordea el 1.4% de la remuneración imponible, en tanto la AFP más cara, Planvital, se ubica en 2.36%.

Las AFP han sido desnudadas por su propia competencia. Estas cifras demuestran el enorme lucro obtenido en 30 años y deben llevar a una profunda revisión del sistema previsional y, particularmente, del esquema de comisiones.

Éste ha sido cuestionado en diversos estudios, como el del Fondo Monetario Internacional, en Agosto pasado, que advirtió sobre la inconveniencia de mantener cobros por los depósitos, tras tres décadas de funcionamiento.

La diferencia puede llegar a ser demasiado grande con un profundo impacto en las futuras pensiones.

Un ahorro de $ 100.000 anuales, como el que se produce para una cotización por un sueldo de $ 500.000, entre lo ofrecido por AFP Modelo, respecto de la AFP más cara, significaría diferencias cuantiosas en el monto de la jubilación que se obtendría.

Tomando las mismas cifras que se utilizan para promocionar el ahorro voluntario, obtener un ahorro adicional de $ 100.000 anuales, desde los 25 años, debiera incrementar la pensión en unos $ 130.000 mensuales, siendo las diferencias mucho más cuantiosas en el caso del cotizante que se encuentra en el tope de la remuneración imponible.

Respecto de un afiliado que tenga la renta promedio, de $ 323.000, la diferencia entre la AFP de menor costo y el promedio del sistema rondará los $ 25.000 anuales, lo que de todas formas tiene un impacto importante en la pensión futura, considerando el bajo nivel de las jubilaciones. Alcanzaría aproximadamente un 10% de la futura pensión.

Las actuales comisiones, que se vienen cobrando por casi 30 años, son parte importante del fracaso del actual sistema previsional, pues han significado una ganancia excesiva para las administradoras, disminuyendo brutalmente las posibilidades de los afiliados de obtener pensiones dignas. Ello demuestra, además, la escasa competencia que existe en este mercado.

Los cobros por concepto de comisiones de administración, en los 30 años del sistema, alcanzan unos 6 billones de pesos.

Si suponemos, según lo que refleja la licitación de cartera de nuevos afiliados, que la mitad de ello pudo ahorrarse, o sea, unos 3 billones de pesos, tenemos que el lucro excesivo obtenido por las AFP en estas tres décadas alcanza unos 6 mil millones de dólares, cifra que, unida al aporte estatal al pilar solidario, permitiría sustentar un mecanismo de pensiones más solidario.

Requerimos, por tanto, de cambios profundos en el sistema de pensiones, como introducir la posibilidad de mecanismos más solidarios de ahorro y, aún más urgente, es impostergable reducir el nivel de comisiones que se están cobrando, como lo he solicitado al ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Los niveles de comisiones ofrecidos, demuestran que hay márgenes relevantes de rebaja de costos y si éstos no se han producido naturalmente, deberán ser disminuidos por la vía legal.

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31 ene 2012

Reconstrucción nacional

En algunos días más habrán pasado dos años desde que el sismo del 27F azotó con inusitada violencia un extenso territorio de nuestro país. Como ya tantas veces antes, a horas de ocurrido el sismo, el país inició un acelerado proceso de reconstrucción.

Este proceso implica el reconocimiento de las condiciones iniciales del problema y las posibilidades de solución las cuales implican, normalmente, el restudio de la organización estructural para el manejo de la emergencia y de los procedimientos que hacen posible una acción adecuadayeficiente.

Junto a este manejo apropiado de la crisis es necesario, para mantener la dignidad y bienestar de la población y la continuidad de la operación y el desarrollo económico del país, reponer las viviendas y la infraestructura dañada por el sismo.

En este proceso que hemos llamado de reconstrucción, la inquietud general está centrada en el tiempo que ella debe durar, inquietud que es legítima para el ciudadano común; sin embargo, llama a generar expectativas engañosas.

En lo referente a la reposición de las viviendas tenemos primero que delimitar con claridad que el proceso de reconstrucción está centrado efectivamente en reponer el techo de los damnificados que de un día a otro se quedaron sin casa y no confundirlo con la búsqueda de la solución del problema habitacional en el país, problema endémico en el cual se ha trabajado durante décadas con éxitos bien definidos.

Vale decir separar conceptual y prácticamente las aldeas de los campamentos.

¿Cuánto es el tiempo que la reconstrucción debe tardar? La respuesta a esta pregunta no la tenemos al alcance de la mano.

En diversos países, frente a catástrofes destructivas, la reconstrucción ha durado más allá de los límites previstos.

En Chile, sin duda el avance ha sido bien definido, pero las expectativas aun lo superan, necesitamos más y con más urgencia.

Casi la totalidad de las zonas devastadas están recuperándose y los planes del gobierno para lograr la reposición de viviendas, de acuerdo a la información entregada por el ministerio de Vivienda han asignado durante 2011 más de los 220.000 subsidios previstos para las familias damnificadas, con un 61% de las obras iniciadas y un 33% de ellas completadas.

Es necesario tener en cuenta que el proceso de materialización de los subsidios es lento y el paso desde su otorgamiento hasta completar la construcción no es inmediato.

Estas cifras representan un logro sin lugar a dudas; sin embargo el avance ha de ser intensificado, optimizando la ejecución de los planes, para lograr acercarnos con mayor celeridad a la meta propuesta.

Respecto a la revisión de la normativa de la construcción, se ha realizado una intensa labor en la implementación y mejoramiento de los cuerpos normativos, centrada específicamente en el Instituto de la Construcción, apoyada por los Colegios Profesionales y realizada por más de cien expertos del más alto nivel del país, que aportaron varios miles de horas de manera anónima y gratuita con una generosidad que muy pocos conocen y que es necesario destacar por el inmenso aporte que ello ha significado al bienestar y protección de nuestra sociedad.

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31 ene 2012

Dignidad vs autoritarismo

El torpe intento de manipular la realidad histórica negando que la dictadura fue dictadura, como pocas en el mundo por su naturaleza criminal y su afán perpetuacionista, llevó a que muchos compatriotas sufrieran una honda vergüenza y se sintieran como extranjeros en su misma patria.

Ante ello, ha salvado la dignidad nacional el Dr. Alejandro Goic al renunciar al Consejo Nacional de Educación, no solo -como explico públicamente- por el intento de negar la verdad sino que, además, al sentir incompatibles sus valores democráticos con la defensa de lo indefendible como ocurrió en el mencionado Consejo.

Es decir, que la acción de grupos y/o sectas retardatarias en el seno del gobierno adquiere hegemonía.

La concurrencia del actual Jefe de Estado con la opción NO en el Plebiscito del 5 de Octubre de 1988 ha quedado como un hecho puntual, utilizado en todo caso de manera eficazmente comunicacional en la campana electoral del 2009, cuando se prometía el cambio y se daba a entender que se implementaría una política distinta a la ejecutada por la derecha, durante su largo período dictatorial desde 1973 a 1989.

Ahora bien, la solución implementada por el nuevo ministro de Educación es de antología.

Dejar convenidos ambos términos (dictadura y régimen militar) es de un eclecticismo vulgar impropio de una definición rigurosa y democrática.

Sinceramente, no creo que el ministro ignore el despropósito conceptual y la ofensa a la memoria de las víctimas que todo este episodio significa, sencillamente los grupos fanáticos e integristas han copado por dentro la acción del gobierno.

Es lamentable constatar que el gobernante se ha dejado sitiar por equipos cerrados de fundamentalistas que se incorporan al ámbito público para imponer sectariamente su verdad, aquella que les fue revelada como dogma incuestionado en las cátedras herméticas de universidades exclusivas, donde se ha constituido esa elite de carácter autoritario que se afana en implantar un adoctrinamiento ramplón y obtuso.

El Presidente de la República ha entregado mucho poder e influencia a estos círculos peligrosos, de una elite autosuficiente que desprecia la diversidad democrática.

Estos grupos que son en rigor la nueva derecha, profesan un binomio de oscuro recuerdo en Chile: autoritarismo cultural y libremercadismo económico.

Ante estas fuerzas desreguladas y poderosas, el Dr. Goic ha sido la dignidad del país plural, tolerante e inclusivo.

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31 ene 2012

Jóvenes y política: el fin de la mano de obra barata

Y ahora ¿Quién puede salvar a los políticos tradicionales?

El fin de la voluntariedad de la inscripción y la libertad de voto enfrenta a los partidos políticos al desafío más grande que han debido asumir en los 22 años de democracia: la renovación del padrón electoral.

La reforma de inscripción Automática y voto voluntario, impulsada enérgicamente por el gobierno del Presidente Piñera, es sin dudas la reforma electoral más significativa que ha experimentado nuestro sistema democrático, al menos desde 1990.

El primer y obvio efecto de la misma consiste en ampliar en más 4,5 millones de votantes potenciales el padrón electoral, que se suman a los cerca de 8 millones que votaban obligatoriamente –bueno, casi- en el pasado.

Pero un segundo efecto, derivado del anterior, es el rejuvenecimiento de los votantes. La reforma promulgada recientemente permitirá por primera vez en 22 años que los jóvenes, y sus temáticas sean protagonistas de la próxima campaña electoral.

Si consideramos a los nuevos electores, los de edad inferior a 35 años son más de 3,5 millones, o sea el equivalente al 77% de ampliación del padrón y un poco menos de la cuarta parte de los votantes en general.

Ya era hora. Los jóvenes hoy no están. Están ausentes desde la épica campaña del SI y del NO de 1988 de la discusión pública.

Sin duda la irrupción con fuerza, irreverente y desafiante, de los jóvenes estudiantes durante este año demuestra que la generación “Chino Ríos”, aquella que se jactaba de no estar preocupada de los problemas y la contingencia, ha ido dejando paso a jóvenes más participativos, inquietos e interesados en los temas que les son relevantes.

Si los jóvenes han estado ausentes del debate público, lo han estado mucho más de la política, tanto institucional como vivencialmente.

Para muestra, un botón: la Ley Orgánica de Partidos Políticos no considera la existencia de “juventudes políticas”. Los jóvenes, a ojos de los políticos de lado y lado por largos 20 años, han sido vistos como “mano de obra barata” para campañas, como repartidores de panfletos y dípticos, pero nunca como actores de discusión.

Ni siquiera en los partidos que se precian de tener “canteras de formación de jóvenes”, pues al final estas no son sino mecanismos de atracción de “pequeños politiquillos” que se han conformado con conferencias de prensa los días domingo y un par de acciones sociales o trabajos de invierno o verano que les sirven de captación de más masa militante.

Los lugares donde se toman decisiones, evidentemente, aun les están vedados.

Y es obvio que así haya sido. Los jóvenes al no votar no son considerados en la discusión.

Un buen ejemplo de ello es la comuna de Rengo, en la VI Región: la población electoral de la comuna a noviembre de 2011 es de 27.376 electores, y el número de votantes entre 45 y 49 años es de 3.555. En cambio, los electores inferiores a 20 años, suman  solo… 26.

Adivinará el lector donde concentra sus energías el candidato con el padrón actual: la educación, las redes sociales, los temas de los jóvenes, no han sido su preocupación, porque es inútil –electoralmente hablando- preocuparse de ellos.

El discurso oficial de los políticos, por dos largas décadas, ha sido el de preocuparse de los jóvenes, pero ignorándolos en los hechos.

La apuesta es, pues, a que la política municipal no sólo se pueda basar como hasta ahora en temas propios de centros de madres o clubes de adultos mayores. Los políticos del siglo XXI, pos inscripción automática y voto voluntario no sólo deberán preocuparse del por qué los jóvenes no han participado en política, sino también qué quieren hacer los jóvenes que se acerquen a ellos.

Los estudios demuestran que los jóvenes de hoy sí están interesados en política.Muchos solo esperan ser seducidos con propuestas orientadas a ellos. Los políticos que no lo crean o no lo entiendan se llevarán ingratas sorpresas.

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30 ene 2012

Cambio del binominal no es prioridad para el gobierno

Durante las últimas semanas se puso en la agenda pública la urgencia de la reforma al sistema binominal, aunque en los pasados 20 años, siempre el tema estuvo presente.

Los sectores más progresistas, siempre consideraron este sistema como una rémora de la dictadura que era necesario cambiar. Pero la derecha sistemáticamente se opuso, negando dar las mayorías necesarias para su reforma.

Hoy sin embargo, la reforma del sistema binominal se considera un tema inaplazable, ya que su aplicación seguirá produciendo consecuencias negativas, respecto al irreversible deterioro de la calidad de la política, la crisis de representatividad y la negativa evaluación que la ciudadanía tiene del Parlamento y de la política.

Las críticas al binominal heredado de la Dictadura, se basan en que es un sistema que no respeta la decisión de las mayorías, vulnera el deseo popular, ya que en muchas oportunidades el candidato con la segunda mayoría no es elegido, siendo electo uno con la tercera o incluso con la cuarta mayoría. Lo cual lo transforma en un sistema injusto, excluyente, y convierte las elecciones parlamentarias en eventos previsibles, sin mayor competencia entre los bloques.

Con razón se ha dicho que el binominal es una forma encubierta de tener “parlamentarios designados” ya que en realidad son los Partidos los que nominan y garantizan a los candidatos que serán electos.

Por otro lado, el sistema genera una forma de antropofagia entre los candidatos de una misma lista y no con el candidato contrario y finalmente, produce una exclusión política de todas aquellas opciones de minoría que no forman parte de los grandes pactos mayoritarios.

Sin duda que este sistema se ha transformado en el gran freno para los cambios que permitan consolidar y perfeccionar la democracia.

A pesar de las opiniones mayoritarias de la oposición y de sectores de la derecha respecto que era necesario ahora poner en discusión un proyecto de reforma, el Gobierno y el Presidente, finalmente vuelven a cerrar la puerta.

Sebastián Piñera, el domingo 29 de enero, ha sepultado la posibilidad de realizar cambios inmediatos, al decir que “hay otras prioridades más urgentes que cambiar el binominal….no podemos esperar para implementar la reforma a la educación o el Ingreso Ético Familiar, que nos va a permitir derrotar la pobreza extrema, o la reforma a la salud o enfrentar la crisis económica y proteger el crecimiento y los empleos”.

Los sectores más reaccionarios de la derecha, vuelven a imponen su poder en el Gobierno y lo que pareció una apertura fracasó, nuevamente con el viejo argumento que el binominal asegura la estabilidad institucional y que el país tiene otras urgencias.

Los acontecimientos recientes, las masivas movilizaciones sociales pidiendo más democracia y más participación, no tienen eco en La Moneda.

Se hace más necesario por tanto redoblar los esfuerzos para generar mayor presión a la urgencia de las reformas políticas y en año de elecciones deberá ser el pueblo finalmente el que defina hacia dónde camina el país.

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30 ene 2012

No a la morgue en San Bernardo

No en mi jardín. Más que un programa de televisión, es un concepto que denota aquellas cosas que todos necesitamos pero no queremos cerca, o “no en mi jardín”, como cementerios, bencineras, antenas celulares.

Pero pareciera que hay lugares que resultan “premiados” y que por alguna razón concentran muchos de estos equipamientos, externalidades o situaciones que no queremos en nuestro jardín. Y San Bernardo está encabezando esas listas.

Primero, la última y nefasta modificación al Plan Regulador Metropolitano, (llamada PRMS 100) aprobada por una mayoría de Consejeros Regionales, sin debate público, ni participación ciudadana.

Hablamos de la incorporación de aproximadamente 3.000 nuevas hectáreas de San Bernardo, que dejan de ser rurales y pasan a ser zonas disponibles para el desarrollo inmobiliario.

En un plazo acotado, esta modificación puede duplicar la población de la comuna, sin que se aseguren los consultorios, hospitales, redes de transportes, oficinas públicas, ni colegios o liceos adecuados. En el mediano-largo plazo puede incorporar hasta un millón de nuevos habitantes. De eso aun ni hablamos.

Lo que sí está asegurado es que esta modificación aumenta el patrimonio de los dueños de todos estos terrenos de la región en monumentales 2.800 millones de dólares, algo así como toda la ley reservada del cobre en un año.

¿Alguna duda sobre los intereses en juego?

Así aparece el entusiasmo del entonces Intendente ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción que “luchó” por la aprobación de esta modificación, y aparece la voluntad de un puñado de Concejeros Regionales de oposición, quienes estuvieron “disponibles a apoyarlo en este desafío” y así, junto a todos los de la derecha, darle al intendente la mayoría que necesitaba.

Afortunadamente otros consejeros cuestionaron -con justa razón- esta resolución, y lograron suspender su puesta en práctica en la Contraloría General.

Además del PRMS 100 hay un largo listado de dificultades para la comuna.

En San Bernardo, la única forma conectar con el centro de la ciudad es pasando por una autopista que año a año aumenta, no aritmética, sino geométricamente su costo y congestión. La delincuencia creció de salto, y los responsables parecen mirar al techo.

San Bernardo es un lugar que ve como los anuncios sobre la extensión del metro se hacen para 6 nuevas comunas, ninguna de las cuales llega ni a la mitad de su población.

Afortunadamente la integración del Metrotren al Transantiago es un salto muy positivo, algo del que toda la comuna puede sentirse orgulloso. San Bernardo tiene extensas zonas de viviendas sociales abandonadas, en progresivo deterioro, con muy poca intervención para su recuperación, miles de familias con fuertes necesidades.

San Bernardo es una comuna con escasísimas áreas verdes, muchas zonas cafés, y cientos de perros vagos. Un lugar que requiere de fuertes inversiones públicas para salir del retraso y el deterioro.

Y ahora anuncian la construcción de una Morgue en San Bernardo. Se trata de 770 mts.2 en 1.5 hectáreas de terreno, dedicados la elaboración de informes tanatológicos, médico forenses y relacionados. Incluye cinco salas de autopsia, un calabozo, y diversas zonas de tomas de muestras.

Se emplaza en el sector densamente residencial de El Olivo, vecino a una zona comercial, de alimentos y comercio general.

Se argumenta que la zona en que se emplaza está tan deprimida, que puede revitalizar el sector, a través del empleo y el movimiento que genera. ¿Es la forma en que queremos revitalizar la comuna?

¿Transformando una zona residencial en el centro tanatológico, en la Avenida La Paz de la zona sur, con la industria funeraria relacionada que genera?

¿Queremos que esta zona residencial se transforme en el punto de exámenes forenses a acusados por delitos sexuales, o por lesiones atribuibles a ilícitos?

Se señala que no va a aumentar, sino disminuir la delincuencia de esa zona, porque daría uso a un extenso terreno baldío.

¿Pero por qué no se le da un uso cultural, como cientos de personas de ese barrio y de la comuna entera han venido pidiendo por cinco años consecutivos, existiendo recursos disponibles a nivel regional?

¿Será porque está el nombre de Gladys Marín de por medio?

No discuto que se requieran más instalaciones médico legales en la capital, ¿Pero por qué en zonas residenciales y no en barrios industriales?

¿Por qué en San Bernardo, y no en Conchalí o Huechuraba, donde ahora va a llegar el Metro? ¿Por qué, otra vez, en mí ya deteriorado jardín?

San Bernardo, con sus 300.000 habitantes (y aumentando) necesita Metro a la ciudad, una red de ciclo vías, triplicar sus áreas verdes (no cafés), y tener 100 hectáreas de parque en el Cerro Chena.

Necesita más, pero sobretodo mejores consultorios. Necesita un barrio comercial completamente peatonal, con cables soterrados, estacionamientos subterráneos y sin comercio ilegal.

Necesita sedes universitarias, desarrollo cultural comunitario y preservar su patrimonio histórico.

Necesita menos perros vagos. Necesita una Autopista Central con precios justos y entrada (¡que obvio!) a la Autopista Nuevo Acceso Sur.

San Bernardo necesita (y con urgencia) más carabineros, mejor iluminación, puntos de vigilancia comunal, tratamientos de adicción a las drogas, organización vecinal.

San Bernardo necesita menos crecimiento y mucho más desarrollo. San Bernardo necesita muchas cosas para salir adelante.

Lo último, de verdad, lo último que San Bernardo requiere es una Morgue en pleno barrio residencial que lapide su ya hipotecado futuro. De nuevo es decisión del Consejo Regional. Espero que no cometan un nuevo gran error.

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30 ene 2012

Una iniciativa conservadora

Si les preguntamos a las ciudadanas y ciudadanos de Chile, si están dispuestos a entregar las atribuciones más relevantes de la Presidencia de la República a un personaje nombrado por los diputados y senadores, la respuesta sería un claro y contundente rechazo.

Y es lógico, si entendemos que se trata de cercenar las funciones de una autoridad elegida democráticamente, como es el Presidente o Presidenta, a cambio de entregarle las mismas a un grupo de personas, cuya legitimidad de origen ha estado en el centro de los cuestionamientos durante los últimos años, como son los parlamentarios.

Sin embargo, el acuerdo pomposamente titulado “Un Nuevo Régimen Político para Chile”, que acordaron falangistas y nacionales apunta precisamente a eso, a cercenar la Presidencia en aras de fortalecer el Congreso.

Vamos por parte.

Curiosamente, en un país que ha puesto en el centro del debate el sistema electoral de los parlamentarios como una de los elementos que atentan contra la calidad y profundidad de la democracia, debido a los efectos perversos del binominal, la pluma de Walker y Larraín realiza un juego de magia para situar las causas del reconocido descontento en “el presidencialismo exacerbado”, “la centralidad del poder presidencial” y desembocar luego en la necesidad de establecer un régimen semipresidencial que establezca la figura del Primer Ministro, propuesto por el Presidente, pero sancionado por el Congreso Nacional.

Respecto de la falencias del propio Congreso en cuanto a su representatividad democrática, nacionales y falangistas salomónicamente ponen paños fríos al señalar que “dejamos expreso testimonio que el actual sistema electoral en materia parlamentaria ha significado, para algunos, un aporte a la gobernabilidad y se ha comportado de una manera razonablemente proporcional mientras que, para otros, no ha permitido representar democráticamente la voluntad ciudadana”.

Y culminan, en un lejano punto 2 en la última página, proponiendo un “sistema electoral proporcional corregido”, sin clarificar que es lo que hay que corregir.

Creo que conviene mirar con detención lo propuesto, más allá del debate intenso que se ha producido frente a las formas en que ambos partidos construyeron dicho acuerdo, porque los contenidos avanzan en una dirección distinta a lo que se presenta, especialmente desde la DC, en el discurso público y buscan construir una realidad completamente a espaldas de la gran demanda de reforma al sistema político que los chilenos y chilenas aspiran.

En primer lugar, cercenar la Presidencia implica destruir el único espacio de representación donde el voto de cada hombre o mujer en Chile tiene exactamente el mismo valor, sin distorsiones originadas en el sistema electoral o en la distribución territorial.

La única distorsión que alguna vez tuvo en su legitimidad de origen estaba precisamente en la atribución que el Congreso tenía de nominar al Presidente cuando ningún candidato alcanzaba la mayoría absoluta, situación hoy resuelta mediante la segunda vuelta.

En segundo lugar consagra la larga e inveterada aspiración de la oligarquía chilena de contener la Presidencia fortaleciendo los poderes de veto del Congreso sobre ella.

En efecto, desde los albores de la República, el Congreso Nacional ha sido el espacio de freno y contención a las iniciativas de reforma social desarrolladas desde la Presidencia.

En algunos episodios, sobrepasando la ley como en la Guerra Civil que el Congreso dirige en 1891 contra el Presidente José Manuel Balmaceda, o acercándose peligrosamente a ello, como en la exigencia del Estatuto de Garantías Constitucionales en 1970 o en la declaración de inconstitucionalidad que un Congreso dominado por los mismos firmantes de este acuerdo evacuó en 1973 contra el Presidente Salvador Allende, tras verificarse un aumento en el apoyo electoral al mismo.

Pero en otros casos, el Congreso no ha necesitado ir tan lejos, y sólo ha ejercido, dentro de sus atribuciones, acciones destinadas a frenar las iniciativas de reforma surgidas del Ejecutivo.

Es el caso del bloqueo a la Reforma Agraria propuesta por el Presidente Pedro Aguirre Cerda, como condición para aprobar la Ley CORFO o el de las leyes sociales enviadas por el Presidente Arturo Alessandri, que sólo fueron aprobadas tras la protesta de los jóvenes oficiales reformistas en 1924, echando por tierra la institucionalidad de la época.

En suma,los grandes procesos de reformas sociales que han contribuido a ensanchar y profundizar la democracia en Chile han encontrado un motor en la Presidencia y un freno en el Congreso.

Quizás esto explica porqué este acuerdo no es tan “singular” ni “especial” como se ha querido mostrar.

El acuerdo nacional-falangista es, entonces, un acuerdo conservador, que camina en el sentido contrario al de los requerimientos ciudadanos y que tiende a institucionalizar y consolidar el empate ficticio del sistema político chileno, más que a destrabarlo.

No entrega más atribuciones al Congreso, como podría ser el aumentar radicalmente las materias sujetas a iniciativa parlamentaria para proyectos de ley; no entrega más atribuciones a la ciudadanía, como podría ser el establecimiento de plebiscitos vinculantes o iniciativa ciudadana de ley y, por otro lado, destruye la única institución de nuestro sistema político que se ha mostrado en algunas ocasiones permeable a los anhelos de democracia y justicia social de las grandes mayorías.

Lo que han hecho Carlos Larraín e Ignacio Walker es confundir el debate que los sectores reformistas de sus respectivos mundos estaban impulsando y ponerle encima una propuesta sacada de la más rancia de las aspiraciones de la política señorial chilena, la destrucción de la Presidencia de la República.

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30 ene 2012

El Comercio Justo, el poder del consumidor y la coherencia

Frecuentemente estamos escuchando quejas de los consumidores, acerca de las malas prácticas y la percepción de políticas abusivas por parte de algunas empresas del retail.

¿Quién no escucha quejas a diario?

El año pasado vivimos un escándalo de proporciones con el caso La Polar. Hoy más que en otras épocas, nos sentimos perjudicados con mayor periodicidad, vulnerados, no confiamos en lo que se nos ofrece, fruto de malas experiencias nuestras o de otros y permanecemos con una constante sensación de que se nos está escondiendo información, que no hay transparencia y que los márgenes de venta o políticas de crédito de algunas de estas grandes empresas son abusivos.

Por otro lado, también sucede que el marketing, nos ofrece irrealidades y fantasías bastante absurdas, con promesas increíbles y como anhelamos ser más “felices”, acorde a lo que la propaganda nos indica, entonces es menester comprar, cada día, toda clase de bienes y servicios

Caemos en esta actitud, porque somos simples mortales, con un montón de preocupaciones diarias y no tenemos tiempo para analizar en detalle cada uno de nuestros actos.

No somos tontos, por cierto, pero al parecer nuestras neuronas, muchas veces no funcionan de manera adecuada ni tomamos decisiones racionales. Es así como se crean en nosotros expectativas que finalmente, no se cumplen, generando frustraciones e incluso, molestia, rechazo y rabia.

Falta coherencia, entre lo que se ofrece, como se ofrece, que condiciones de transacción se nos proponen o “imponen” y la realidad final de lo que recibimos o percibimos que se nos entrega.

No nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos, un enorme poder. Nuestra decisión de que comprar y que no, implica un acto significativo de poder sobre la orientación de las empresas.

Para ejercer este poder adecuadamente, necesitamos mercados transparentes, buena información, marketing realista, claridad en la cadena de comercialización, es decir conocer quien produce, como produce y si mi compra beneficia el crecimiento del productor que hay detrás del artículo que compro y si este satisface valores y estándares sociales, laborales y medioambientales. El Comercio Justo (o fair trade, en inglés) se presenta como una propuesta de solución y se torna una tendencia que cada día captura más adeptos.

El comercio justo, es un tipo de intercambio económico que surge de una nueva relación libre, directa y honesta entre pequeños productores, los consumidores más conscientes de la fuerza que tiene su poder de compra, para modificar los patrones y parámetros de consumo. La intención es fomentar el consumo responsable en nuestras sociedades.

Este sistema de comercio reduce la cadena que lleva el producto hasta el consumidor final y permite que el beneficio sea mayoritaria y principalmente para los productores, sin necesidad de que intervengan intermediarios que no practiquen la transparencia en sus relaciones de negocios.

Las tiendas o grupos de distribución, que sostienen este tipo de comercio en el mundo, se ponen en contacto con el consumidor y actúan como agente de los productores y de los consumidores, compran los productos a la organización de Comercio Justo, lo procesan, lo transforman y lo comercializan, ayudando a que esos productos puedan ser accesibles para los consumidores que buscan más información.

En Chile, en los últimos años han surgido varias iniciativas esperanzadoras en este ámbito.

La preocupación por condiciones laborales dignas, la defensa del medio ambiente, el fomento de la agricultura ecológica, no utilizar mano de obra infantil y no discriminar por razones de sexo o raza, son algunos de los criterios por los que se rige el Comercio Justo.

Para que este comercio pueda recibir el calificativo de justo, tiene que existir una condición también imprescindible, el mejor precio o las condiciones de venta más estables y comprometidas, no tan sujeto a los vaivenes de oferta y demanda.

En este contexto es fundamental la existencia de consumidores conscientes, que estén dispuestos a pagar a veces un precio un poco más alto.

El desafío ahora, es como se difunde y construyen espacios que impulsen el Comercio Justo a nivel nacional, creando por ejemplo estrategias de venta interna, como la creación de nuevos tipos de tiendas, con este principio; programas de regalos corporativos a empresas con planes de responsabilidad social; conversaciones con empresas de retail para ir abriendo espacios para pequeños productores, entre otros.

Si bien he podido percibir, interés de organismos e instituciones públicas, como los casos de CORFO, SERCOTEC, FOSIS, PROCHILE y otros, en el desarrollo y crecimiento de esta propuesta como una opción novedosa para los emprendedores, esto no lo podrá hacer cada organización por si sola, es necesario unirse, convocar a organizaciones y consumidores y poder comenzar un camino que nos permita hacer realidad un Comercio más Justo y consciente en Chile.

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30 ene 2012

El Acuerdo del des-acuerdo

A mediados de enero se da a conocer a la opinión pública un documento político que ha sorprendido, agradado y molestado al mundo político y ciudadano. A unos más que a otros. Todos se sorprendieron.

La sorpresa es de forma y no de fondo. La forma tiene que ver con el hecho de que se trata de un diálogo “secreto” –iniciado en noviembre- entre fuerzas políticas ubicadas en trincheras opuestas y que sienten cierta cercanía y/o parentesco.

En el fondo, las propuestas no tienen nada nuevo para el debate político. Hubo, también, en algunos sectores agrado. En efecto, esto cayó bien en sectores de la Concertación y de RN –sobre todo, en:

a) Quiénes unos días antes habían firmado la voluntad de avanzar en cambios electorales desde el Congreso.

b) Los que se sienten parientes de la Falange. Ya sabemos quiénes se “molestaron” y sintieron traicionados; la UDI y algunos funcionarios de gobierno.

No obstante, la sorpresa, el agrado y la molestia generó una crisis política en el gobierno y sus apoyos políticos. La UDI, nuevamente golpeó fuertemente la mesa. Y como ha ocurrido, en muchas coyunturas, salieron vencedores y fuertemente unidos y alineados. ¿Qué efectos tendrá este hecho en la carrera presidencial?

El documento llamado “Un Nuevo Régimen Político para Chile” no sólo es un diagnóstico y una respuesta a los problemas políticos que enfrenta el Chile de hoy, sino también un primer acercamiento político RN-DC.

Más que el contenido, lo relevante es el encuentro formal -más allá, de un acuerdo legislativo particular- entre ambas directivas. Para RN –y sin duda, para el Presidente Piñera- ha sido un deseo largamente anhelado que encuentra su primera instancia. Al final del documento se escribe que “hemos dialogado y consensuado estos contenidos”.

De hecho, desde los primeros días de la transición RN ha tratado de seducir a la DC, buscar acuerdos y pactos políticos de largo alcance.

El diagnóstico. Ambos partidos concuerdan en que el país está en una “coyuntura de crisis” y necesita reformas políticas que terminen con el estado actual de “desafección y crítica ciudadana con el sistema”.De no avanzar en este objetivo, la crisis “puede continuar creciendo con una baja de la participación ciudadana y una conflictividad social que puede transformarse en crónica”.

En ese contexto, por tanto, la democracia “requiere de su perfeccionamiento y profundización”. Entre sus causas se encuentra el “presidencialismo exacerbado” de nuestro sistema político.

Una de las consecuencias es que se debilita a los actores de la sociedad y de la política; principalmente, al Congreso, a los partidos y a los ciudadanos.

La expresión, de este hecho se manifiesta en una crisis de “gobernabilidad y participación” que debe ser superada –por medio de reformas políticas- en la perspectiva de disminuir la distancia actual que existe entre los ciudadanos y las instituciones de la política.

Este distanciamiento ha debilitado una de las principales instituciones de la democracia: los partidos políticos. En efecto, ellos se encuentran en un acelerado “proceso de deterioro”. Las consecuencias de este debilitamiento se expresan, a su vez, en una crisis de participación y representación que debe ser superada. Las propuestas del documento tienen ese horizonte.

La propuesta. En el documento hay tres propuestas de reforma política; a) cambio del régimen político, b) des-centralización y c) cambio del sistema electoral. En conjunto, las tres medidas apuntan a superar la crisis de gobernabilidad, participación y representación que invade a la sociedad chilena de hoy.

a) El régimen político. El “exacerbado presidencialismo” es una de las causa de la coyuntura actual de crisis. Por ello, el documento plantea que “Chile necesita de más y mejor democracia y eso se traduce en un nuevo régimen político de carácter semi-presidencial… que separe la institución de la Presidencia (Jefe de Estado) de la de Jefe de Gobierno (Primer Ministro)”. No voy a entrar en el detalle de los cambios institucionales que dicho cambio implica; sin embargo, esta mecánica de gobierno genera mayor influencia de los partidos y del parlamento.

Es, por tanto, una medida que busca debilitar la institución del Presidente y fortalecer otras. En efecto, el fortalecimiento de los partidos contribuirá no sólo a mejorar la participación y el equilibrio político del sistema, sino también “la calidad de la política”.

Para ello, hay que –según los convocantes- impulsar algunas reformas como: “a) transparencia y rol de los partidos, b) financiamiento público de estos, c) prohibición de las reelecciones indefinidas en todos los cargos de elección popular, d) primarias simultáneas y vinculantes y e) la obligación de que los partidos sean plenamente democráticos en su práctica interna”.

b) La des-centralización y la “democratización del poder”. Profundizar la democracia implica también des-centralizar el poder. En esa dirección, el documento plantea “las siguientes medidas concretas: a) Elección directa del Presidente del Gobierno Regional, b) Elección directa de los consejeros regionales, c) Fortalecer las facultades de los Gobiernos Regionales e incrementar sus recursos, d) La creación de los Gobiernos Metropolitanos (donde las ciudades ya han adquirido ese carácter), d) Fortalecer el rol fiscalizador de los concejales en los Municipios y e) Implementar una norma de responsabilidad fiscal. Todo esto en el marco de un estado nacional y unitario”.

c) Cambio del sistema electoral. Aquí, se encuentra, sin duda, lo sustancial y relevante del documento. Al mismo tiempo su aspecto más controvertido. Esta reforma no sólo debería contribuir a solucionar la crisis de participación, sino también –y sobre todo- la de representatividad. Mientras por un lado, hay que “abrir cauces de participación”, por otro hay que hacer cambios que “respondan a la crisis de representación, que incluya la diversidad… posibilite la generación de acuerdos para sustentar gobiernos mayoritarios (y) evite la fragmentación excesiva”.

Para ambas colectividades –como para otros actores del sistema político chileno- se trata de un cambio ineludible e inevitable a mediano y largo plazo. Por ahora, hay que buscar consensos. Y del mismo modo, el contenido de esos acuerdo, es decir, el sistema electoral que va reemplazar el actual mayoritario binominal.

Las divergencias comienzan, por tanto, desde el diagnóstico. De hecho, los convocantes del documento afirman “que el actual sistema electoral… ha significado, para algunos, un aporte a la gobernabilidad y se ha comportado de una manera razonablemente proporcional mientras que, para otros, no ha permitido representar democráticamente la voluntad ciudadana”. Es decir, mientras para unos el sistema funciona bien cumpliendo sus objetivos fundacionales, para otros genera exclusión y subsidio político-electoral.

No obstante, “lo importante es no detenerse, sino que avanzar en la construcción de los consensos y las amplias mayorías que cada una de estas reformas requieren”.En el marco de esa voluntad los firmantes del documento plantean la tesis de avanzar hacia un “sistema electoral corregido”. En ese camino, “alentaremos” -afirma el dúo Larraín-Walker-, “junto a otras fuerzas políticas, el estudio de la fórmula que resulte más adecuada para dichos fines”.

Termina le documento asegurando que “el país requiere de estos cambios (y que) ahora es el momento adecuado para ello… la demora sólo acentuará el diagnóstico y sus peligros”.

¿Qué aporta el documento? En términos de contenido el aporte, es muy escaso. Su valor político tiene que ver con otros aspectos. En relación al cambio del régimen político hay que apuntar que el debate encuentra raíces en los ochenta.

Es más, entre las propuestas políticas de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami se encontraba este planteamiento. Por tanto, nada nuevo. En relación a la descentralización y democratización del poder también se trata de propuestas que han circulado y circulan en el debate.

En el tema electoral, las cosas son más complejas. Ya vimos que el problema comienza con las distintas valoraciones que se le otorgan al binominal. Y siguen, con las fórmulas y los tiempos para hacer el cambio.

Con los tiempos se ha planteado desde distintos sectores que lo ideal sería tenerlo implementado en las parlamentarias del 2013. En el tipo de sistema de electoral a diseñar hay distintas visiones; que van desde el mayoritario uninominal -tesis Longueira- y el proporcional corregido –que es la opción del documento de la discordia y de la Concertación- pasando por un “binominal corregido”.

Lo relevante del documento es, por tanto, a) el acercamiento político DC-RN que tiene todo un futuro por recorrer -¿protoalianza?-, b) la convicción de que Chile necesita reformas políticas profundas, c) que existe una voluntad política amplia y transversal de impulsarlas, d) que la reforma al binominal no será fácil de materializar y e) que la Udi juega e intimida con la “política del rehén”.

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30 ene 2012

Mineras e hidroeléctricas amenazan el agua potable

Con 1.600 kilómetros de separación y dos realidades geográficas distintas, Santiago y Calama enfrentan hoy el mismo problema: les quieren quitar el agua.

En Ia II región, la empresa Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic, que además es una de las sanitarias más multadas del país, le ha vendido 550 litros por segundo de agua cruda del Río Loa a la minera Doña Inés de Collahuasi (propiedad de Anglo American y Xstrata Copper) para alimentar sus faenas mineras al interior de Pica, en la región de Tarapacá.

Collahuasi ingresó a evaluación en el SEA, un estudio de impacto ambiental interregional de la tubería en que se pretende trasvasijar esta agua, desde el sector Lequena hasta la localidad de Ujina.

Los habitantes de Calama y Antofagasta están indignados y no es para menos. Aguas Antofagasta y Collahuasi pretenden llevarse agua desde el desierto más seco del mundo para servir la expansión minera de una trasnacional.

Insólitamente además la autoridad ambiental acogió a tramitación este proyecto que solo evalúa el trazado de la tubería y del tendido eléctrico, pero que carece absolutamente de información sobre el impacto ambiental que conlleva privar a la ya degradada cuenca del Río Loa de 550 litros por segundo agua y que el agua no sea devuelta, pues hay muchos poblados y ecosistemas que dependen de la infiltración de este a lo largo de cientos de kilómetros.

El estudio tampoco se hace cargo de otro impacto que debe evaluar la autoridad: el despojo a miles de personas de un recurso hídrico que originalmente fue cedido y luego concedido a un servicio para consumo humano.

Con un precio record del cobre ¿no será mucho que Collahuasi no apueste a la desalación o a la impulsión de agua de mar para sus faenas tal como han hecho otras compañías?

¿Por qué el grupo Luksic vende el agua dulce del Loa, de la cual depende toda la vida de las comunidades de Calama, Chiu Chiu, Lasana, Quillagua, para alimentar la actividad minera en otras regiones?

¿Por qué la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios no velan por la protección de las cuencas hídricas y los derechos de agua dedicados a los servicios de agua potable?

¿Porque se permite la exportación de agua desde la región de Antofagasta a la de Tarapacá, cuando todos los estudios destacan que la zona requiere importación masiva de recursos hídricos?

Definitivamente ante esta irresponsabilidad gubernamental y empresarial, el patrimonio ambiental y la sociedad chilena están en riesgo.

Similar situación ocurre en Santiago donde la empresa sanitaria Aguas Andinas, del consorcio franco español Suez-Agbar, vendió en 2011 parte de las aguas de Laguna Negra y Embalse del Yeso, destinadas al agua potable de Santiago, para que la trasnacional norteamericana AES-Gener las use para alimentar dos centrales hidroeléctricas de su proyecto Alto Maipo (que se sumarían a las 4 centrales que la empresa ya posee en la zona)

Esta venta y la puesta en marcha de las centrales no solo vulnera los derechos de agua de regantes y agricultores, sino que amenaza todos los emprendimientos turísticos del Cajón del Maipo y no da cuenta de los impactos sobre el suministro de agua potable para la ciudad de Santiago.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios, que debe velar por las aguas destinadas a consumo humano , al parecer interpreta que las sanitarias pueden usarlas para negocios distintos de la concesión de servicios sanitarios.

Estos mismos afectados, además de realizar masivas manifestaciones públicas, hoy inician diversas estrategias legales, entre las que destaca la petición mediante la Ley de Transparencia del convenio entre Aguas Andinas y Gener para el uso de aguas pertenecientes al servicio de agua potable de los 6 millones de habitantes de la región Metropolitana.

Y es que, en ambos casos, la forma en que se hizo la venta del agua es un misterio para la ciudadanía y las autoridades locales.

El Gobierno, amparándose en la denominación de “acuerdos entre privados” – término favorito de la actual administración para evadir comunicar hechos vergonzosos e impopulares— no ha hecho nada para que tanto los habitantes de Santiago como los de Antofagasta y Calama lleguen a conocer las condiciones, el costo y los impactos objetivos de dichas transacciones de agua potable.

Frente a estos hechos, a los ciudadanos se nos viene a la mente el viejo refrán de “borrar con el codo lo que se escribe con la mano” , pues mientras la Dirección General de Aguas (DGA) declara destinar buena parte de su tiempo a fiscalizar y sancionar el robo de agua, otro servicio dependiente del mismo ministerio de Obras Públicas, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios avala este “robo institucionalizado” de agua que están haciendo las sanitarias, que hacen pingües negocios vendiendo las aguas comprometidas en las concesiones para servir el consumo humano a mineras e hidroeléctricas, obteniendo enormes ganancias.

Al respecto, hay que destacar que el Congreso Nacional ya debió parar, mediante reforma al Código Sanitario, la venta de las aguas servidas tratadas que habían iniciado las sanitarias, perjudicando a los agricultores y regantes. Al parecer, defender el agua potable requerirá acciones legislativas similares.

Hoy la pelea en el norte del país es a muerte. El acuerdo entre Inés de Collahuasi y Aguas Antofagasta ha desatado una campaña que incluye movilizaciones, recolección de firmas, apoyo de autoridades locales y parlamentarios y hasta funas a la compañía minera que debió abandonar el viernes pasado el salón del Municipio de Calama.

Lo que hoy ocurre en Chile – y que en absoluto es un caso aislado – constituye un poderoso llamado de atención a las instituciones de gobierno que deben velar, de acuerdo al nuevo mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, por el derecho humano al agua y al saneamiento de todos los habitantes del país.

De continuar estas irregularidades y nuevas amenazas al abastecimiento de agua, los movimientos ciudadanos probablemente continuaran durante este año con la misma fuerza del 2011. Así, los ciudadanos y ciudadanas defenderemos nuestro derecho al agua en el Parlamento, frente a las instituciones de gobierno y en las calles.

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