20 abr 2012

“U”-UC, distintos estilos y resultados

La U. Católica, tras ser goleada por el equipo boliviano Bolívar, en La Paz, por 3-0, pese a una buena actuación de su arquero Toselli, fue última en su grupo y quedó eliminada de la Copa Libertadores. Además, le costó el cargo a su entrenador Mario Lepe.

En tanto Universidad de Chile, fue primera en el suyo y pasó a los octavos de final de la Copa, repitiendo las buenas actuaciones que le permitieron ganar la Copa Sudamericana y el torneo local.

La causa de esta diferencia es el estilo distinto de cada equipo y de su DT, decisivo en el fútbol de hoy.

La UC intentó buscar el éxito en el trabajo de su mediocampo, con Gutiérrez, Dilva, Ríos y Pizarro y esperando las inspiraciones individuales de Ovelar y Gazale, que nunca la tuvieron, porque carecen de ellas. Y nada más. Su defensa, muy recluida en sus posiciones, nunca se atrevió a adelantarse.

En cambio, la “U” con el “pressing” de sus delanteros y mediocampo a los zagueros de Nacional de Medellín, la aparición permanente por las puntas de Fernándes y Rodríguez por la derecha y de Hernández o Gallegos y Mena, por la izquierda, cooperando TODOS en marcación y saliendo igualmente todos al ataque, en constante rotación, desesperaban a su terco y capacitado rival. Pero la salida al ataque nunca descuidada.

Osvaldo González y José Rojas, no abandonaban sus posiciones, con el apoyo incansable para cubrir sus espacios de Marcelo Díaz. Es decir, un trabajo colectivo, de esfuerzo, que tiene que dar frutos. Un estilo que debe copiar todo el fútbol chileno, incluso la selección de Borghi, que no lo tiene.

Nacional era un adversario poderoso, con atacantes diestros y potentes como Mac Nelly Torres, ya conocido en casa y el goleador Pabón, que luchaba por mantener la punta del grupo. El encuentro fue de calidad e intenso. Ambos querían alcanzar el primer lugar para llegar a los octavos a enfrentar un rival más fácil.

La “U” ganó merecidamente, con el aplauso de más de 35 mil espectadores y jugará con Quito en la capital de Ecuador. Nacional enfrentará a Vélez Sarsfield de Argentina.

Un triunfo que hace bien al fútbol chileno, con el doble mérito de actuar con dos jugadores de 18 años de edad, Ángelo Henríquez y Sebastián Martínez.

Es de esperar, que las primeras planas de los medios nacionales destaquen estos éxitos y reemplacen la figura de Bielsa y del fútbol español, como lo más resaltante.

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20 abr 2012

No da lo mismo que torta se reparta

Hablar sobre reforma tributaria pasó de ser algo inentendible y ajeno, a ser algo más concreto y familiar para el común de los chilenos, el debate se ha posicionado en distintos círculos de influencia hasta llegar a las cúspides políticas.

Más aún, existe relativo consenso entre los sectores menos ortodoxos (que afortunadamente son la mayoría) con respecto a la necesidad de impulsar una reforma tributaria estructural, que corrija las arbitrariedades de un sistema tributario que por ejemplo, discrimina entre la tributación del capital y del trabajo, lo cual expande la brecha de desigualdad en vez de reducirla como se esperaría de un sistema tributario progresivo.

Sin embargo y en contraposición a lo anterior, no he escuchado a ningún progresista hablar sobre productividad económica, y si le preguntamos al chileno promedio acerca de este término probablemente lo usará como sinónimo de crecimiento económico, variable que por lo demás ha perdido progresivamente valoración ciudadana.

Ahora bien, ¿Por qué mezclar estos dos conceptos que a primera vista podrían ser vistos incluso como contrapuestos?

Básicamente, porque “no da lo mismo que torta se reparta”, es decir, no da lo mismo alcanzar una carga tributaria del 26% (como la tienen en promedio los países de la OECD) con un PIB per cápita de US$15.000 que con uno de US$23.000 (monto con el cual se considera a un país como desarrollado). Y en esto la productividad juega un rol central.

En términos prácticos, la mayor recaudación tributaria producto del mayor PIB, sería equivalente a lo que se recaudaría bajo el PIB actual con una carga tributaria cercana al 40%, es decir, lo necesario para financiar 5 veces la gratuidad de la educación en todos sus niveles.

¿Por qué se habla de Productividad y no de Crecimiento, si pasar de un PIB per cápita de US$15.000 a uno de US$23.000 es crecer?

La razón radica en que desde una perspectiva económica-clásica, un país crece por aumentos de capital, aumentos de trabajo y/o aumentos de la productividad.

Observándose que, 1) Los países que han dado el salto cuantitativo hacia el desarrollo, han sido aquellos que lograron expandir la productividad de manera permanente a través del tiempo y  2) En Chile los aportes de capital y trabajo se han mantenido relativamente estables en los últimos años, mientras que la productividad ha retrocedido hasta el punto de restar crecimiento al país. Hecho que la convierte en la variable de interés.

Si bien el concepto de productividad es un tanto abstracto, una buena forma de entenderlo es “la manera en que una economía logra producir más, con exactamente los mismos recursos”. Luego, la pregunta es: ¿cuáles son las causas de la baja Productividad en Chile?
Como es común en economía las causas son múltiples, siendo las principales a mí entender:

1. Empresas pequeñas y alto grado de informalidad: ambas características son comunes en la economía chilena y sinónimo de baja productividad.

2. Restricciones de crédito: la falta de crédito impide a las empresas más productivas expandirse, y a las menos productivas acceder a los cambios tecnológicos necesarios para incrementar su productividad.

3. Regalías del Sistema Tributario por tamaño de firma y alta evasión: las regalías a la pequeña empresa ponen incentivos para que éstas se mantengan en esta categoría, en vez de incrementar su productividad y así transformarse en firmas medianas. Por su parte, la evasión implica que no son los proyectos más productivos los que se expanden, sino los que sacan ventajas del sistema tributario.

4. Baja inversión en Investigación & Desarrollo y fallas de coordinación en la Innovación: ambos procesos son el sustento primordial de la productividad. Sin embargo, Chile invierte aproximadamente 1% del PIB en Investigación y Desarrollo, y las políticas industriales para solucionar las fallas de coordinación, propias del proceso innovativo, son al menos débiles.

5. Link contraproducente entre beneficios sociales y empleo: entregar beneficios sociales a quienes no están cubiertos, dada su condición laboral, sólo genera incentivos a la informalidad y mermas de productividad. La protección social no debe ser función del status, empleado o desempleado, de las personas.

Bajo este diagnóstico sería razonable proponer, políticas públicas que corrijan los incentivos adversos a la informalidad, la creación de un banco nacional de desarrollo que permita la universalidad del crédito, una reforma tributaria integral que considere el efecto del sistema impositivo sobre la productividad, aumentar la inversión en investigación y desarrollo de forma progresiva, que el estado provea bienes públicos claves para minimizar las fallas de coordinación y generar externalidades positivas en el proceso innovativo, avanzar hacia beneficios sociales universales (salud, previsión, educación) y no vincular este tipo de servicios a la condición laboral de los individuos.

Sin embargo, ninguna medida aislada será significativa si la productividad económica no se define como una política de Estado, y la sociedad, especialmente los empresarios, no le otorgan la valoración debida.

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20 abr 2012

Mujeres desaparecidas

En una famosa publicación titulada “Missing Women”, el economista y premio Nobel Amartya Sen, alertaba en 1990 a los líderes mundiales sobre la gran disminución de las mujeres en países en vías de desarrollo, constando que durante el siglo pasado más de cien millones de mujeres en estos países habían muerto a casusa de la discriminación sexual.

Así, el economista denunciaba que “muchísimos más de un centenar de millones de mujeres simplemente no están allí porque las mujeres están marginadas en comparación con los hombres… Nos enfrentamos a lo que es claramente uno de los problemas más trascendentales, y poco atendidos, que enfrenta el mundo de hoy”.

A este fenómeno lo denominó como “Mujeres Desaparecidas” (Missing Women). Aun cuando en esa época las causas de la desaparición masiva de mujeres en ciertos países en vías de desarrollo no se encontraban del todo claras, las cifras eran elocuentes.

Así, como en Francia, Reino Unido y Estados Unidos la proporción hombres-mujeres promediaba el 1,05 a favor de las mujeres, en muchos países en vías desarrollo, especialmente de Asia y África, esta proporción era inferior a 0,95 en desmedro de las mujeres.

Desde aquella época, dos enfoques han intentado explicar las causas de este fenómeno. El primero, apunta a una discriminación contra las mujeres por la vía del aborto selectivo y el infanticidio.El segundo enfoque se basa en la existencia de una abierta discriminación sexual contra la mujer en el acceso a los sistemas de salud de dichos países.

Respecto al primer enfoque que busca explicar este fenómeno, efectivamente existe amplia evidencia del uso del aborto selectivo e infanticidio como mecanismo de discriminación contra las mujeres.

Así, en el caso de China solo durante el siglo XX fueron abortados cerca 35.6 millones de fetos femeninos (Nie, 2011).Debido a que en la cultura china las familias tienden a preferir hijos hombres ,este mecanismo de discriminación se potenció especialmente desde que el gobierno comunista chino implementó,en los años setenta,la política de “un hijo por familia”.

Por su parte, en India se estima que, por ejemplo, durante año 2000 fueron abortados 230.000 fetos femeninos. Sin embargo, en regiones más pobres del mundo, como en el África subsahariana, este no ha sido un mecanismo masivo de discriminación contra la mujer.

A pesar de la masividad de la discriminación sexual por la vía del aborto,esto no explica por sí mismo la totalidad del fenómeno de “Mujeres Desaparecidas”. Trabajos recientes (Anderson y Ray, 2009) demuestran que el aborto selectivo explicaría entre el 37-45% de las “mujeres desaparecidas” en China, y el 11% en India.

Un segundo enfoque por medio del cual se ha abordado el fenómeno de disminución de las mujeres en los países más pobres, es la discriminación en el acceso a la salud en contra de las mujeres, lo que explicarían las demás vías que han generado la desaparición de cerca de cien millones de mujeres en el último siglo.

Sin embargo, los estudios muestran que no hay pruebas suficientes para apoyar la idea de una discriminación en el acceso a la salud que genere una mayor mortalidad femenina.

Esto, porque las causas de mortalidad femenina entre los distintos países en vías de desarrollo son muy disímiles, no existiendo un tipo de patología que sea un factor común entre ellos. Aún más, las tasas de mortalidad de hombres y mujeres en los países que hemos mencionado, serían muy similares a la que existían en Estados Unidos a principios del siglo XX.

¿Qué explica entonces, además del aborto selectivo, la totalidad del fenómeno de las “Mujeres Desaparecidas”? Al respecto, recientemente se ha descubierto un factor común entre los países más pobres y que los distingue de la situación actual e histórica de las naciones desarrolladas; esto es, la proporción existente entre mujeres y hombres dentro de los primeros cuatro años de vida.

Y la evidencia es contundente; mientras en los países desarrollados la relación de mortalidad en los primeros cuatro años de vida es un 25% mayor en hombres que mujeres, en países como India, China y parte de África la proporción es notablemente contraria a las mujeres, donde hay un 44%, 15% y 9% más de niñas que hombres que mueren dentro de los primeros cuatro años de vida, respectivamente.

¿Qué explica esta diferencia en las tasas de mortalidad de hombres y mujeres de entre 0 a 4 años? Todo indica que la razón se encontraría en la preferencia por extender la duración de la lactancia materna en favor de los hombres. La evidencia científica indica que la lactancia tiene efectos sustanciales sobre la salud de los niños, especialmente para protegerlos de la insalubridad en el agua y alimentos.

Pero, ¿por qué en estos países los niños tienen un período más largo de lactancia que las niñas? Un estudio recientemente publicado (Jayachandran y Kuziemko, 2011) demuestra que la razón se encontraría en los efectos contraceptivos del amamantamiento.

En ciertos países en vías de desarrollo, como China e India existe una preferencia por hijos hombres, por lo que cuando nace una mujer se busca tener rápidamente un nuevo embarazo, para lo que es necesario interrumpir anticipadamente la lactancia de las hijas.

Así, el factor de menor lactancia de las mujeres explicaría al menos un 15% de la mayor mortalidad de mujeres respecto a los hombres durante los primeros cuatro años de vida en estos países.

Más de 20 años después de la profética denuncia del economista Amartya Sen, se ha podido concluir que los principales factores que explican el fenómeno de las“Mujeres Desaparecidas” son el aborto selectivo e infanticidio, así como factores culturales que conducen a una menor lactancia en el caso de las hijas.

Por último, suena al menos paradójico que cuando en nuestro país se discuten medidas como el aborto para garantizar derechos de la mujer, en el mundo se haya constatado que éste ha sido uno de los principales mecanismos utilizados para discriminarlas y una de las principales causas de que existan en el mundo, como señalara Sen, cientos de millones de mujeres simplemente “desaparecidas”.

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20 abr 2012

Desnudos frente a los bancos

No hay duda alguna que el último reportaje del programa de TVN “Esto No tiene Nombre”, dejó en evidencia los vicios de la industria bancaria en el tratamiento de información de las personas y despertó una serie de inquietudes en materia de protección de datos personales y otros tantos cuestionamientos sobre la utilización del sistema de información que usan los bancos para la evaluación crediticia de los consumidores quienes quedan prácticamente desnudos, y por tiempo indefinido.

Ante este escenario, absolutamente desfavorable para las personas que piden un crédito, cabe preguntarse cuál es el incentivo que otorga el mercado crediticio para motivar el cumplimiento de las deudas contraídas, si a pesar del pago de éstas, subsisten los obstáculos para la reinserción comercial crediticia de las personas.

Al ver cómo entidades bancarias mal utilizan la información disponible –y que este programa refleja fehacientemente- me parece que es imprescindible una mayor fiscalización respecto de la información que está disponible en sus sistemas de información, en lugar –como algunos proponen- de poner a disposición del mercado crediticio más datos de las personas para su evaluación de riesgo.

Esta denuncia por el uso de información comercial de las personas en un registro histórico no regulado, nos lleva a preguntarnos quién se preocupa por la protección de los datos de las personas.

¿Podrá la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), encargada de velar por la seguridad y solvencia del sistema crediticio chileno, ser a la vez quien deba velar por la protección de los derechos de las personas en materia de protección de datos personales? ¿O se requiere de una nueva institucionalidad?

Por otra parte, la existencia del Libro de Deudores de la SBIF, contemplado en el Artículo 14 de la Ley General de Bancos, se basa en una regulación legal a mi juicio insuficiente, que no se condice con el estándar indispensable para entender que respeta y protege la vida privada de las personas, como lo exige el artículo 19 N°4 de la Constitución, por lo que su constitucionalidad es del todo cuestionable.

Por ello, es indispensable que en el Congreso se analice el tratamiento de la información comercial crediticia en Chile y la inconveniencia de mantener el sistema de deudores de la banca y su cuestionable base legal, tal como el programa “Esto no tiene Nombre” ha dejado en evidencia.

Será muy difícil comprender la creación de la central nacional de informaciones comerciales, como la que impulsa el ministerio de Hacienda en el marco del proyecto de Ley sobre Protección de Datos Personales, que contempla una serie de regulaciones en ese sentido y que a la vez permanezca un sistema creado hace 20 años, carente de un sustento legal sólido, y que se perpetúe en el tiempo a espaldas de la actual normativa en materia de protección de datos.

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20 abr 2012

Argentina querida

Así llamaban los empresarios españoles a nuestro principal vecino, hasta el día en que poniendo en acción lo que hace rato estaba en el discurso, la Presidenta Fernández dio un golpe a la cátedra: anunció la renacionalización de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales IPF, controlada por REPSOL, una empresa multinacional con sede en Madrid.

El expediente, un proyecto de ley ante el Congreso para “salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina”. La iniciativa tiene como propósito principal la expropiación del 51% de las acciones de la compañía.

En Madrid se ha desatado un ambiente inquietante, lo que cierta prensa ha denominado una reacción histérica de la clase dirigente hispana.

Es revelador que el Gobierno asuma con tanta energía la defensa de una empresa que ha hecho un mal negocio en ultramar. La derecha en el poder lo ha convertido en una cruzada por el libre comercio y las reglas internacionales que lo acompañan.

En América han conseguido el concurso de México, una tibia reacción de EEUU y una grave preocupación de Chile. La razón, las probables consecuencias para las inversiones de la petrolera estatal chilena en ese país; de hecho, el Canciller Moreno tuvo que salir a calmar las aguas y hacer las distinciones.

A la Presidenta Fernández le bastaron dos láminas para explicar su decisión: un gráfico que mostraba la trayectoria de un país exportador a un país importador de petróleo, y un listado de países donde el petróleo estaba en manos del Estado.

Lo notable fue que cuando enumeraba los países que tienen el petróleo en manos estatales nombró dos veces a Chile. “Hasta Chile –paradigma de la privatización- tiene el petróleo estatizado”, sostuvo con fina ironía.

La audacia en todo caso no está en “solicitar”, lo que es justo como han sostenido algunos.

Por el contrario, la gracia de la gobernante está en tomarlo por la fuerza de la ley de la República Argentina. El tema deberá ser discutido en el Congreso de la Nación, el que deberá aprobar o rechazar lo obrado y propuesto por la Presidenta.

La privatización y renacionalización del petróleo es algo muy argentino, y ello se entiende a partir de la historia bicéfala del peronismo y al mismo tiempo, si se la considera como la fuerza central de la sociedad argentina.

Fue el radical Irigoyen –socialdemócrata- quién creó los Yacimientos Petroleros Fiscales (YPF), pero fue el peronista Menem quién los privatizó. La compensación que recibió Kirchner como Gobernador de su Provincia, la aseguró en bancos extranjeros. Gran debate.

Luego vino la hecatombe y Argentina se fue a negro. Kirchner recuperó el país y lo puso de nuevo en marcha. Y hoy por hoy, otra peronista, su viuda, encabeza un proceso de restauración del Estado, similar a lo que fue Argentina antes de Menem. Es decir, un ajuste de cuentas entre peronistas de derecha y peronistas de izquierda.

Sin embargo, la gracia de Cristina es su intención de dar sentido verdaderamente nacional a su acto. Esto significa ir más allá del Frente de la Victoria, un peronismo de centro-izquierda pero siempre nacionalista, que compone la actual mayoría en este país. El gesto, al fijar un alto quórum para aprobar su re-nacionalización en el Congreso, compromete el conjunto de fuerzas políticas para esta iniciativa.

La propuesta acaba de ser aprobada en el Senado. Lapeña, el especialista ligado a los radicales -la oposición histórica al peronismo- ha sostenido que no es partidario de una “compra hostil”. Incluso ha propuesto “una compra consensuada por precio justo”. Y también hemos conocido las cantidades de referencia, porque según Lapeña doce mil millones de dólares es un precio injusto –el solicitado por Repsol- y dos mil millones es un precio de confiscación.

Por lo que se ve y se escucha es un debate razonable, un tanto alejado de la cruzada del gobierno español.

En Chile, amplios sectores tradicionalmente han considerado que los recursos naturales no renovables de un país son de propiedad común. Los mismos que llaman a la Presidenta trasandina, Cristina corazón. Por su parte, el oficialismo español ya no habla ni hablará por mucho tiempo de la Argentina querida.

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19 abr 2012

El que no llora no mama

La comunidad de Pelequén estaba sufriendo los malos olores de un vertedero de lodos que funcionaba mal, que no respetaba la autorización de calificación ambiental que lo había autorizado, que era de un tamaño significativamente mayor al del proyecto original, que había manipulado la información respecto a la distancia de lugares habitados, que en fin, no debía estar funcionando.

Dicen que habían hablado con diversas autoridades locales y regionales, de los sectores que tienen responsabilidad en fiscalizar el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, incluidas las sanitarias, pero no habían sido escuchados. Y los efectos se apreciaban en los malos olores, la sobrepoblación de moscas, etc. Su calidad de vida estaba siendo negativamente afectada.

Concluyeron que no podían seguir esperando y que debían presionar para obtener un cambio en la situación; venía el feriado de semana santa y ellos están al borde de la ruta 5 sur. Decidieron manifestarse el sábado en la noche.

La reacción de la autoridad fue implacable. Siguiendo el “modelo Hinzpeter”, se envió a la pequeña localidad un guanaco, un zorrillo, fuerzas especiales y se generó un enfrentamiento como el que ya estamos acostumbrados a ver reporteados por la televisión.

Los malos olores siguieron, habiéndose agregado los que generan el zorrillo y las bombas de gases lacrimógenos.

Venía la vuelta a Santiago y era el momento de volver a llamar la atención. Se tomaron la carretera, en forma planificada y eficiente y provocaron un taco de 40 kms. Todo un nuevo récord alcanzado en este gobierno.

Al día siguiente, por arte de magia, la autoridad regional reaccionó. Se reunió la Comisión Regional del Medio Ambiente, constataron los graves daños que se estaban produciendo, suspendieron el permiso de funcionamiento del vertedero por 90 días, instauraron una investigación para determinar responsabilidades, y señalaron que no permitirían flagrantes violaciones a la normativa y a las condiciones de aprobación ambiental.

Pero junto a lo anterior, el dueño del vertedero, señaló que no era suficiente que le suspendieran el permiso por 90 días, sino que él, producto de su conciencia ambiental y por el respeto que le tiene a la comunidad, cerraría definitivamente el vertedero y que transformaría el predio de 140 hectáreas en una reserva natural y ecológica.

La comunidad de Pelequén había triunfado en toda la línea. Eso daba para celebrar y fuimos testigos como se reunieron y alrededor de grandes parrillas, empezaron a respirar nuevos aires.

El caso Pelequén demuestra la grave incapacidad de este gobierno en observar situaciones en las cuales potenciales conflictos se pueden generar, en conocer el potencial de organización y de reacción de las comunidades afectadas, en tener una evaluación constante de estas situaciones y en prever medidas para poder solucionarlas.

Mas aún, demuestra una falta de coordinación central del gobierno en darle seguimiento a los conflictos, a reunir a los entes públicos responsable – sean nacionales o regionales – en exigirles conocer las realidades, aplicar fiscalizaciones, en tener presencia en terreno, en escuchar a las comunidades, en fin, en actuar preventivamente para solucionar problemas que deben ser enfrentados por la autoridad.

Pelequén no es el primer caso; lo antecedieron Barrancones, Magallanes, Aysén, los estudiantes y varios otros. Y puede ser, que si no cambia esta forma de gestionar el gobierno, vendrán muchos otros.

Esta nueva forma de gobernar tiene funestas consecuencias para la gobernabilidad en el país.

Afirma la sensación en las comunidades organizadas que sólo presionando es posible sensibilizar a las autoridades para ser escuchados y que sólo con medidas de fuerza, que tengan impacto mediático y afecten a muchos otros ciudadanos no directamente involucrados en el caso, podrán obligar a las autoridades a reaccionar.

Confirma a los inversionistas, productores y empresarios que no se están cumpliendo las reglas del juego y por lo tanto disminuyen los incentivos a emprender nuevos proyectos.

Contribuye a aumentar el desprestigio de las autoridades y del sistema político, como instancia para resolver razonablemente las controversias.

Lleva a que analistas internacionales señalen que el Presidente es inepto para gobernar.

Lamentablemente esta nueva forma de gobernar no sólo afecta al gobierno que la implementa. Va creando una nueva realidad, que en la medida que se vaya instalando como la prevaleciente, marcará la forma como se enfrentarán los conflictos o las controversias en el futuro. Está contribuyendo a minar el funcionamiento de las instituciones y de la institucionalidad, que tanto ha costado reconstituir.

En el programa de gobierno de la candidatura de la Alianza por Chile se definía la nueva forma de gobernar como un presidente todo terreno 24/7, como el fin al cuoteo político, un servicio público al servicio de los ciudadanos y no de los partidos políticos y una actuación con un sentido de urgencia.

Si vemos estos dos primeros años, son otros los elementos que la caracterizan.

Ciertamente se les olvidó la que ha pasado a ser la preponderante:el que no llora no mama.

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19 abr 2012

Indulto general: “chipe libre”

Definitivamente y, para ser francos, cuesta hablar de indulto, y más aún de indulto general, cuando en Chile la delincuencia aumenta.

Cuesta hablar de ello cuando los niveles de victimización son cada vez mayores y cuando la preocupación por este tema constituye, sin duda, una de las preocupaciones de las familias chilenas.

Pero cuesta , aún más, cuando recordamos que fue el propio Gobierno el que envió el proyecto, aprobado esta semana por el Congreso, y que permitirá que más de seis mil presos recuperen su libertad, considerando que, en forma reiterada, el Presidente de la República y el ministro del Interior nos han dicho que “ a los delincuentes se les acabó la fiesta”. Cosa rara, porque, en definitiva, hoy, seis mil condenados se van para su casa.

Preocupante, porque de acuerdo a los datos de la VIII Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Pública, el número de hogares que fue víctima de algún delito aumentó a 31,1% en el año 2011.

Y, si comparamos las cifras con el 2010, hubo un aumento estadísticamente significativo en el robo por sorpresa (6,2%), en el robo con fuerza a la vivienda (5,7%), en lesiones (2,5%) y en delitos económicos (2,5%).

Así las cosas, ¿cómo explicamos este indulto? A mi juicio, un claro retroceso y, aunque el ministro de Justicia insista en que no es un perdonazo, la verdad dice lo contrario.

Pero mi voto en contra tiene, además, otro argumento. Y, me refiero a la institución del indulto; causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena.

Esta institución obviamente no es nueva, es más, es típica y representativa de las monarquías, de aquéllas épocas en la historia de la humanidad en que los reyes tenían todo el poder y así como podían sancionar, también levantaban el pulgar para perdonar a algunos condenados.

Hoy, cuando existe en nuestro país, y desde hace ya un buen tiempo, una clara distinción entre los poderes del Estado, siendo estos independientes, un indulto de esta naturaleza representa una invasión a las decisiones que legítimamente y, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, han adoptado los jueces.

Y, frente a quienes apelan a la necesidad de disminuir el hacinamiento en las cárceles, la respuesta es clara: el indulto no puede ser utilizado como herramienta o método para enfrentar la crisis carcelaria.

La solución no es liberar a quienes han sido condenados; la delincuencia es un flagelo con múltiples causas y consecuencias, que requieren una política integral, inteligente y asertiva, lo que obviamente no hemos observado, muy por el contrario.

Así las cosas, mala noticia este indulto general, una señal contradictoria y un arma de doble filo. A los delincuentes no se les acabó la fiesta; hoy preparan maletas para volver a sus casas.

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19 abr 2012

Asignaciones, conflicto político

¿Cómo y por qué un tema de procedimientos relacionado al funcionamiento del parlamento termina convertido en una crisis política?

La coyuntura de las asignaciones hay que entenderla en una perspectiva triple. En primer término que se trata de una crisis política “sui generis” de corto alcance.

En segundo lugar, que sus principales efectos son negativos y se relacionan con la credibilidad y legitimidad de la política en general y del Congreso en particular. Y en tercer lugar, que hay razones políticas que explican que un acto administrativo de mecánica interna se transforme en una crisis política.

La identificación de que se trata de una situación atípica ocurre porque son actores intra parlamentarios los que construyen –en definitiva- la coyuntura de crisis: senadores, diputados y el Consejo de Asignaciones parlamentarias se enfrentan en una polémica “torpe e inadecuada” en términos políticos. Que sea de corto alcance se refiere a que rápidamente pasara al olvido mediático.

Los efectos negativos se vinculan con que se consolida y profundiza la imagen que el Congreso tiene frente a la opinión pública. Este hecho ha dañado la credibilidad, la legitimidad y el prestigio del parlamento y sus actores. Es altamente probable que en las próximas mediciones que evalúan la gestión del Parlamento las cifras estén a la baja.

Los hechos. El conflicto se abre cuando el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias por medio de su Presidente –el ex Senador DC, Sergio Páez- aprueba una asignación para “gastos de operación” de dos millones de pesos para los senadores desde el primero de mayo.

A partir de esta aprobación se genera un conjunto de acciones, palabras y enfrentamientos entre el CRAP, los senadores y los diputados. A su vez, la opinión pública, los partidos y el Gobierno son espectadores de una “guerrilla mediática” que culpa y responsabiliza a unos y otros.

Las afirmaciones y críticas del diputado socialista Fidel Espinoza transforman una decisión administrativa en una crisis política. Hay tres aspectos en el planteamiento del parlamentario: que es un hecho que contribuye al desprestigio de la política, que no es cierto que los diputados tenga un alza de ese tipo desde enero –hecho que había afirmado Sergio Páez- y que son recursos que no se justifican. Días después responsabiliza de esto al senador Girardi, al solicitar este monto para trabajo operativo. El conflicto estalla.

Todos entran al debate. Las defensas corporativas se suceden. Escalona lo hace desde el Senado y Monckeberg desde la Cámara de Diputados. Ambos buscan limpiar la imagen y “el honor” de la Corporación.

El primero, deja en claro que es dinero que pertenece al Senado que forma parte del Presupuesto de la Nación y que de ese monto no llegara ningún peso al bolsillo del parlamentario. De hecho, son recursos para gastos de operación territorial del trabajo del senador y no tienen relación con el aumento de la dieta parlamentaria.

A su vez, los diputados insisten con mucha claridad que ellos no han solicitado ningún aumento extra a lo ya definido anteriormente –en el 2011- y cuyos montos –para “asesorías parlamentarias”- se reciben desde enero.

Los ex Presidentes de ambas Cámaras entran a la discusión. Giradi y Melero salen a escena. Se responsabiliza al primero de la solicitud. Los oficios así lo confirman. Sin embargo, lo hace en el marco de la legalidad, de una necesidad real para un mejor trabajo político-legislativo, con recursos propios del Senado y a nombre de la Corporación. Por su parte, Melero apoya con sus dichos la defensa corporativa de los diputados.

Los senadores oscilan entre el rechazo, la incredulidad y la justificación. Algunos mencionan que no necesitan los recursos (Walker y Chahúan, ambos senadores de la Quinta Región); otros mencionan que no saben mucho de que se trata pero entienden la necesidad (Carlos Larraín) y los que la justifican (Pizarro-Cantero). Lagos Weber, ha sido el más crítico por la situación. El presidenciable pasó de la justificación a la crítica en un par de días.

El conflicto ha dañado la imagen parlamentaria. Comienza, por tanto, el camino inverso. Seguramente, se cerrará la fase de las descalificaciones y se abrirá una etapa orientada a recuperar las confianzas y transparentar “aún más” el uso de los recursos públicos del parlamento en general y el Senado en particular. Se volverá a los cauces institucionales de la discusión. El error político ya ha sido consumado. Sin embargo, hay razones políticas que explican ¿por qué se transformó este hecho en una crisis política?

La mecha política se prende con las afirmaciones del senador Pizarro. Ellas, apuntan –lo que también ha sido ratificado por otros senadores- a que Espinoza tiene razones políticas para asumir el rol que ha tenido en el conflicto. ¿Por qué lo hizo? Si, era perfectamente posible mantener la polémica en los cauces internos del parlamento. Incluso, si todos conocen cómo se han gestionado la platas desde la creación del Consejo y la homologación que se aprobó. Su principal argumentación tiene que ver con la transparencia y que con ese tipo de cosas hay que condenarlas.

En términos políticos la razón se encuentra en la carrera senatorial y en las tensiones internas del PS. En esa dirección lo más visible es la disputa Escalona-Espinoza. El primero, interesado en seguir en el Senado y el segundo en llegar al Senado. Ambos militantes del Partido Socialista. Por ello, no podemos descartar que Espinoza haya usado esta coyuntura para obtener beneficios electorales. Obviamente, el diputado lo desmiente tajantemente.

No se trata de dañar a Escalona en su imagen y en su fuerza electoral, sino de impedir que el senador tenga más recursos para operaciones en terreno y de ese modo aumentar sus posibilidades de la re-elección. Aquí está la clave del asunto. Y ello, tiene que ver con todos los senadores –unos más que otros- que buscan la reelección.

¿Es casualidad que los senadores más involucrados en el conflicto y que más han golpeado la mesa son los que van a la re-elección –Escalona, Girardi, Pizarro, Cantero-; y a su vez, los que más distantes han estado no vayan a la reelección ,Walker, Chahúan, Lagos Weber-?

En efecto, en esa dirección, hay que mencionar que el diputado Marcelo Díaz –recién renunciado a la mesa del PS- tiene aspiraciones senatoriales que dificultan la reelección del senador Pizarro. Incluso, la opción Díaz complica el subpacto PS-DC y el blindaje senatorial Escalona-Pizarro. El PS, estaría por no apoyar la candidatura de Díaz. Aquí, por tanto, también hay elementos de la crisis interna del socialismo.

Por su parte, la DC ha tenido en este conflicto una actitud pasiva y distante –con la excepción de Pizarro y en alguna medida de Zaldívar. Parece, que los más contaminados con todo esto han sido los socialistas que han llevado sus tensiones internas –de liderazgo, de conducción y generacional- a instancias inadecuadas de discusión.

Sus conflictos y pasiones mal canalizadas no sólo están contribuyendo al desprestigio de la política, sino también a su estancamiento electoral –que ya es estructural- y a la opción presidencial de Bachelet. Se vienen tensos días para el socialismo chileno.

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19 abr 2012

Ciudad justa y participación ciudadana

El gobierno acaba de formar una comisión asesora presidencial para desarrollar una nueva Política Urbana, que permita alinear a los organismos públicos que intervienen en el territorio y proponer cambios legales que corrijan los graves problemas que aquejan a las ciudades en Chile.

Se trata de una buena iniciativa pero incompleta, fundamentalmente por la muy baja representación ciudadana con la que cuenta. No basta con quienes la integran.

El principal desafío de Chile a nivel urbano es que las ciudades sean justas. La inequidad territorial es una expresión de la desigualdad social del país. Hay barrios y comunas que lo tienen todo, y otros que destacan por sus carencias.

Conectividad y transportes, seguridad, espacios públicos, servicios públicos y privados y áreas verdes son muy desigualmente emplazados en la ciudad.

Mientras Vitacura tiene 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, comunas como La Pintana tienen menos de 1 metro cuadrado por habitante. Esto es extrapolable al número de carabineros por habitantes, a salas cunas o a farmacias. Esto no puede ser, debe cambiar.

Por ello es imperioso poner en marcha el AUGE de la ciudad, fijando estándares y garantías explícitas por habitantes y barrios en estos temas y en otros más. De ese modo, se podrán equilibrar las actuales inequidades territoriales y lograr que todos los ciudadanos y ciudadanas gocen de los mismos beneficios sin importar en qué lugar de la ciudad nacieron ni donde desarrollan su vida diaria.

Para construir una política pública, por cierto, deben estar los expertos, pero no basta con ellos. Las organizaciones ciudadanas y alcaldes que representan a su comunidad deben estar también mayormente representados en una Comisión de este tipo.

Si bien hay criterios que pueden surgir desde los expertos, también hay intereses contrapuestos y visiones de ciudad y prioridades que pueden ser diferentes o complementarias, desde otras miradas. Esa es una experiencia que no se debe desaprovechar.

Hay muchas otras iniciativas y políticas públicas a discutir e impulsar, como la modernización de las Direcciones de Obras, la flexibilidad de los planos reguladores, mayores compensaciones de empresas a la ciudad, que el alcalde o alcaldesa -con los contrapesos necesarios- tome las decisiones de planificación urbana y vida en ciudad y que se aumenten sus atribuciones o que, en el caso de grandes ciudades, se instaure la figura de un alcalde mayor

También es indispensable que se fortalezca el empoderamiento de los vecinos y autoridades respecto de sus derechos relativos a la ciudad o dotar mejor a la ciudad de pavimentación de calles, pasajes y veredas, de paraderos de locomoción colectiva, de iluminación de calles y plazas y de colectores de aguas lluvias, entre otras infraestructuras de soporte urbano, todas iniciativas positivas, pero el foco debe ser sólo uno: que nuestras ciudades sean justas, y con participación ciudadana efectiva y permanente. Se puede.

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19 abr 2012

Reforma tributaria y pymes

En Chile las Mipymes- micro, pequeñas y medianas empresas- están constituidas por 700.000 empresas que realizan mensualmente sus trámites en el Servicios de Impuestos Internos, entre 150-200 mil declaran mensualmente sin movimiento. La informalidad se estima en 800.000 empresas o empresarios.

Las mipymes con el actual sistema tributario prácticamente no pagamos impuestos directos-global complementario-, pues la condición para pagar es tener utilidades. La mayoría declara, pérdidas o resultados “0” (o alrededor de eso). De hecho, una gran cantidad de empresarios dueños de mipymes no utiliza el concepto de sueldo patronal, efectuando retiros para poder vivir; dichos retiros son considerados erróneamente como utilidades.

Del universo total de empresas, aproximadamente 45.000 según el subsecretario Flores, declara tener utilidades.Son las más grandes y las que tienen un gobierno corporativo más complejo, generalmente tienen más de un dueño. Y por tanto deben repartir beneficios.

Incluso de estas empresas que declaran utilidades hay muy pocas que se han acogido al 54 quarter de la ley de renta, aprobado en la última vez que se tocó el tema tributario, que fue a propósito del terremoto. Allí se estableció un mecanismo para que empresas que vendan hasta 500 millones puedan reinvertirlo hasta 50 millones de utilidades y descontar el monto invertido de la base imponible.

Desde el punto de vista de las mipymes, y teniendo presente la pésima distribución del ingreso existente ( las pymes somos muy perjudicados si la mayor parte de la población tiene bajos niveles de ingreso, pues como nosotros no exportamos, dependemos 100% del consumo de los chilenos, y particularmente de los chilenos más pobres), la necesidad de muchos recursos para invertir en Educación Pública, Viviendas Sociales, Salud Pública y otras múltiples demandas sociales es imperativo avanzar en una reforma tributaria para aumentar la recaudación de recursos.

Dicha reforma tributaria, a nuestro juicio debe ir justamente en sentido contrario a como a caminado el proceso de concentración de la economía y el ingreso, si uno de sus objetivo además de aumentar recaudación es revertir los niveles de desigualdad existente, es de plena justicia establecer el impuesto a la renta con tasas crecientes proporcionalmente a los niveles de utilidad, partiendo, por ejemplo de tasa cero para las empresas que tengan entre 0,1 y 250 UF y así con tasas crecientes hacia arriba.

El Estatuto Pyme aprobado en el mandato de la Presidenta Bachelet estableció una política de discriminación positiva para las mipymes. Poco ha pasado con este marco legislativo. Seguir sin relevar a las mipymes nos parece un error.

Chile debiera colocar a las mipymes en el centro de su política económica para transformarlas en el actor principal toda vez que a través de estas empresas se puede mejorar la productividad del país, desarrollar productos y servicios de valor agregado, disminuir la dependencia de las materias primas exportables y apoyar la tan necesaria redistribución de la riqueza.

El impuesto específico a los combustibles, nos parece, se debe revisar teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto Pyme. Actualmente para los camioneros se ha seguido ese camino, también los microbuseros han obtenido tratos especiales, falta el grueso de los pymes.

Idealmente preferiríamos un impuesto específico que solo cubriera la externalidad negativa de la congestión y la contaminación, pero que fuera parejo para todos los usuarios del sistema. Hoy los grandes consumidores (las mineras, las generadoras eléctricas, las empresas del trasporte marítimo y aéreo, los grandes consumidores industriales, etc.) están exentos a través de la vía administrativa.

Por el contrario hoy pagan el impuesto específico sin recibir ninguna compensación: los automovilistas, los taxistas y colectiveros, los transportes escolares, todos quienes mueven cargas pequeñas como feriantes, pequeños industriales, pequeños comerciantes, etc.

En la eventualidad, que no se disminuya el impuesto, nos parece de toda justicia que usuarios como, los taxistas y colectiveros, los transportes escolares, feriantes, pequeños industriales, pequeños comerciantes, etc. debieran recibir alguna compensación del Estado, incluso hemos pensado en la posibilidad que esto se transforme en un bono de reconocimiento para los sistemas de pensiones de estas categorías de trabajadores o dueños de negocios que hoy no tienen ningún sistema de ahorro para cubrir sus jubilaciones.

El impuesto de timbre y estampilla que ha quedado temporalmente en el nivel 0,6% y que anteriormente había eliminado el pago por las renegociaciones. En el mismo espíritu del Estatuto Pyme nos parece que de no terminarse con este impuesto al crédito debiera ser cobrado por tramos del monto de los mismos. En un primer tramo hasta 10 millones al año por empresa debiera eximirse el pago del mismo.

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