El gobierno acaba de formar una comisión asesora presidencial para desarrollar una nueva Política Urbana, que permita alinear a los organismos públicos que intervienen en el territorio y proponer cambios legales que corrijan los graves problemas que aquejan a las ciudades en Chile.
Se trata de una buena iniciativa pero incompleta, fundamentalmente por la muy baja representación ciudadana con la que cuenta. No basta con quienes la integran.
El principal desafío de Chile a nivel urbano es que las ciudades sean justas. La inequidad territorial es una expresión de la desigualdad social del país. Hay barrios y comunas que lo tienen todo, y otros que destacan por sus carencias.
Conectividad y transportes, seguridad, espacios públicos, servicios públicos y privados y áreas verdes son muy desigualmente emplazados en la ciudad.
Mientras Vitacura tiene 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, comunas como La Pintana tienen menos de 1 metro cuadrado por habitante. Esto es extrapolable al número de carabineros por habitantes, a salas cunas o a farmacias. Esto no puede ser, debe cambiar.
Por ello es imperioso poner en marcha el AUGE de la ciudad, fijando estándares y garantías explícitas por habitantes y barrios en estos temas y en otros más. De ese modo, se podrán equilibrar las actuales inequidades territoriales y lograr que todos los ciudadanos y ciudadanas gocen de los mismos beneficios sin importar en qué lugar de la ciudad nacieron ni donde desarrollan su vida diaria.
Para construir una política pública, por cierto, deben estar los expertos, pero no basta con ellos. Las organizaciones ciudadanas y alcaldes que representan a su comunidad deben estar también mayormente representados en una Comisión de este tipo.
Si bien hay criterios que pueden surgir desde los expertos, también hay intereses contrapuestos y visiones de ciudad y prioridades que pueden ser diferentes o complementarias, desde otras miradas. Esa es una experiencia que no se debe desaprovechar.
Hay muchas otras iniciativas y políticas públicas a discutir e impulsar, como la modernización de las Direcciones de Obras, la flexibilidad de los planos reguladores, mayores compensaciones de empresas a la ciudad, que el alcalde o alcaldesa -con los contrapesos necesarios- tome las decisiones de planificación urbana y vida en ciudad y que se aumenten sus atribuciones o que, en el caso de grandes ciudades, se instaure la figura de un alcalde mayor
También es indispensable que se fortalezca el empoderamiento de los vecinos y autoridades respecto de sus derechos relativos a la ciudad o dotar mejor a la ciudad de pavimentación de calles, pasajes y veredas, de paraderos de locomoción colectiva, de iluminación de calles y plazas y de colectores de aguas lluvias, entre otras infraestructuras de soporte urbano, todas iniciativas positivas, pero el foco debe ser sólo uno: que nuestras ciudades sean justas, y con participación ciudadana efectiva y permanente. Se puede.