06 jun 2012

Presupuestos participativos en Chile

Por Egon Montecinos
Egon Montecinos
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Las instituciones democráticas y sus representantes en los últimos años han estado altamente cuestionadas por la ciudadanía y la opinión pública. Los municipios no escapan a esa realidad, quienes además de cumplir con la prestación de servicios básicos, en la actualidad están llamados a generar espacios de participación ciudadana entre sus comunidades.

En este último tema, Chile no se encuentra entre los países de la región que gocen de reconocimiento internacional por contar con buenas prácticas municipales en materia de democracia participativa. No obstante aquello, desde hace 11 años se han estado desarrollando de manera silenciosa algunas innovaciones participativas en municipios, entre las que se puede destacar el Presupuesto Participativo Municipal. ¿Qué son?, ¿Qué municipios lo implementan? ¿Qué decide la gente en estas instancias? ¿Bajo qué condicionantes se desarrollan?

El presupuesto participativo nace en Brasil, pero desde su salida brasileña ha mutado y ya se pueden encontrar en América Latina experiencias de presupuesto participativo que significan cualquier cosa.

En Chile, y a diferencia de los que sucede en Brasil, el presupuesto participativo se entiende como un proceso de participación de ciudadanos en la decisión de una parte del presupuesto municipal, especialmente en lo referido al ítem de inversión a la comunidad.

Los municipios que lo han implementado desde el año 2001 a la fecha son 37, y en ellos la ciudadanía participa directamente sobre un monto de recursos que en promedio no supera el 4% del presupuesto municipal global.

De manera sostenida sólo 13 municipios han logrado implementarlo por más de 4 años consecutivos. Para el caso chileno no hay un patrón común que sea característico a los que lo ejecutan, dado que se manifiesta en municipios altamente urbanos (Puerto Montt), rurales (Negrete), del norte (La Serena), del centro (Peñalolén), del sur (Río Negro), y en municipios con alcaldes de la concertación y de la alianza.

¿Quienes participan y qué deciden en el presupuesto participativo? La participación de los ciudadanos se realiza mediante el voto directo y es vinculante a la ejecución de proyectos en la mayoría de los casos.

En el proceso de selección de proyectos participan ciudadanos mayores de 15 años, oscilando su participación entre el 1% y el 25% de la población total de ese universo, la variación se explica fundamentalmente por el diseño que adopta el modelo de presupuesto participativo en cada municipio.

En este sentido destaca el de San Antonio, que entre los casos chilenos alcanza el mayor porcentaje de participación al momento de la votación de proyectos, superando incluso ampliamente a experiencias internacionales en esta materia.

Los ciudadanos que participan deciden en su mayoría proyectos barriales, programas comunitarios y no inciden mayoritariamente en las políticas públicas estratégicas de ciudad. Siendo esta una de sus principales falencias, ya está siendo abordada por algunos municipios que llevan un desarrollo mayor en este sentido y han decidido avanzar en la complejidad del mecanismo (entre ellos se puede destacar a San Antonio, Quillota, La Serena, Lautaro, Río Negro, entre otros).

¿Cuáles son los factores que han determinado este relativo éxito en los municipios que lo han implementado? En el caso chileno el factor determinante para su inicio es la voluntad política del alcalde. Para el sostenimiento en el tiempo, se suma la disposición y capacidad de los equipos técnicos involucrados.

El rol de la sociedad civil para sostener este mecanismo aún es frágil en Chile, ya que han existido municipios que por voluntad política han decidido discontinuar este mecanismo y no se ha observado de parte de la sociedad civil cierta reacción por recuperar o mantener estos espacios de participación. Esto puede ser a raíz de la ausencia de movimientos sociales locales con relativa autonomía e independencia de la institucionalidad pública.

En general, las experiencias chilenas de presupuesto participativo gozan de mucho reconocimiento entre los ciudadanos participantes, por ello es que en un contexto donde predomina la mirada sobre el vaso medio vacío de la gestión municipal, es necesario reconocer estos esfuerzos democráticos que hacen algunos alcaldes.

Desde una mirada representativista de la democracia local, puede que estas experiencias sean irrelevantes y poco determinantes en el futuro de nuestra democracia. No obstante, y a pesar de las limitantes existentes en Chile para impulsar procesos participativos en municipios, se observa en estos casos que se están configurando procesos de democracia participativa con niveles de participación muy intensos en barrios -o territorios-, claro está, sobre proyectos menores y sin lograr aún que esa participación incida en la formulación de políticas públicas de mayor impacto territorial.

De esta manera resulta efectivo afirmar que estas experiencias abren espacios participativos, pero con limitaciones para provocar incidencia ciudadana mayor en la gestión municipal, lo cual se debe básicamente no a una disposición negativa de algunos municipios, sino a la escasa descentralización del Estado, pocas atribuciones de los municipios, y al bajo empoderamiento logrado por la sociedad civil.

Todo ello configura un modelo de presupuesto participativo en Chile que resulta ser un instrumento sustantivo pero para activar una etapa primaria de participación ciudadana en los asuntos públicos.

Por ello es que se hace necesario potenciar estas iniciativas, pero superando las limitaciones mencionadas anteriormente, de lo contrario los presupuestos participativos se pueden transformar en mecanismos participativos fácilmente cooptables por los actores representativos, especialmente cuando la sociedad civil no logra empoderarse de los procesos, y la voluntad política es excesivamente protagónica.

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06 jun 2012

Movimientos sociales y modernización estatal

Por Carlos Isla
Carlos Isla
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En las últimas décadas, el desarrollo estatal latinoamericano se ha visto atravesado por las pretensiones de modernidad amparadas bajo la lógica de un desarrollo sustentado en la económica liberal y el consumo. Esto lo ha impactado, desvaneciendo los límites y características de sus funciones institucionales.

A diferencia de las sociedades europeas, donde se cuenta con un Estado con herramientas más eficaces y rendimientos estructurales más potentes de intervención y regulación, en nuestra región el Estado es cuantitativa y cualitativamente distinto. Éste, a diferencia de un Estado social democrático de derecho más potente, si bien permanece en un lugar central de la conformación social, es estructural y funcionalmente más débil.

Tal escenario, genera que el Estado procese la información e integre a sus miembros e instituciones de manera indiferenciada, lo que en la práctica implica una visión plana, tendiéndose a obviar las diferencias étnicas, religiosas, regionales, etc. Así, se hace evidente la estática del Estado y sus deficiencias para regular las fuerzas dinámicas de los procesos económicos.

Ello lo instala en desventaja frente a las formas económicas neoliberales, quedando al margen de una posible regulación. Pese a todas estas carencias, continúa siendo aquel espacio prominente hacia el cual se dirigen todas las demandas ciudadanas y movimientos sociales. De allí que la sobrecarga de demandas hacia este tipo de Estado débil, junto a una esfera económica independiente de sus orientaciones, acaben por debilitarlo aún más, limitando su capacidad de respuesta frente a los conflictos que aparecen en la agenda pública.

Nuevos movimientos sociales en el contexto latinoamericano

Los resultados de estudios expertos (entre ellos el de Lipset y Rokkan), permiten aclarar las condiciones en las que surgen y se desarrollan los conflictos en las estructuras sociales.

Estos conflictos y/o demandas ciudadanas generalmente son expresadas a través de los partidos políticos, sin embargo, en el caso chileno han sido los movimientos sociales los que han desempeñado este rol.

En tal contexto, es posible argumentar que el surgimiento de los movimientos sociales pasa por una primera etapa de construcción de identidad, para luego tomar el perfil específico que sustentará el despliegue del mismo.

En la primera etapa, los descontentos que comparten un grupo o localidad fomentan la acción conjunta de varios actores, lo cual es determinado por las condiciones de vida compartidas de tal grupo. Ello en el sentido de condiciones materiales trasversales, y no de procesos de racionalización del lenguaje (del tipo Habermas) o de procesos de auto-descripciones (en términos sistémicos).

Posteriormente, ingresan componentes histórico-culturales que permiten estabilizar una identidad de grupo, que hará más consistentes y duraderos los vínculos que motivan la acción del movimiento. Así por ejemplo, influyen factores históricos más evidentes, como en el caso de movimientos como el Pascuense o el Mapuche; o posturas de identidad apolítica, como en el caso del movimiento estudiantil.

Aquí, entran en juego cuestiones como la distribución territorial del poder, la representación política de sectores excluidos y de grupos emergentes, e incluso la calidad democrática.

Intuitivamente pareciera que, si bien los movimientos toman formas de acción alejadas de los mecanismos tradicionales de la política, de todos modos se enfocan hacia la resolución política institucional y hacia mecanismos de integración más extensivos. De allí, se puede concluir que los espacios en que se manifiestan movimientos sociales, pueden ser susceptibles de encaminar hacia los canales tradicionales de la política.

Inclusión y representación

Resulta evidente que ciertos procedimientos efectuados por los movimientos sociales se escapan de lo que llamaríamos “formas tradicionales de acción política”; sin embargo a posteriori parecen coincidir a la hora de dirigir sus reclamos hacia el sistema político en busca de sus demandas e intereses.

Esto pone al Estado en riesgosa situación: debe contrarrestar el descontento ciudadano y asegurar ciertos niveles adecuados de bienestar, atacando esferas que se encuentran por fuera de sus alcances; debido a que al enfrentar demandas de intereses concretos (distribución de riquezas) se topa con una economía que corre a un ritmo muy superior a el.

De esta manera, se produce una fricción de fuerzas que limita al Estado a inyectar regulaciones de corto y mediano plazo que suavicen los efectos de lógicas económicas – las cuales afectan en el largo plazo.

Como resultado, el Estado se ve forzado, dentro del contexto latinoamericano, a ser el blanco al que se dirigen las críticas y presiones ciudadanas, reaccionando sólo con medidas que, o son nocivas para una democracia saludable (como represión o mala gestión), o son insuficientes e inestables.

Finalmente, ello hace irrefutable la urgencia por contar con procesos de democratización territorial; de efectiva inclusión de sectores excluidos y nuevas formas de respuesta ante la emergencia de descontentos ciudadanos.

Con el propósito de que la conducción política asegure mecanismos de cohesión y gestión -que coincidan con las condiciones cambiantes que generan los procesos económicos, y que ataquen de forma sustantiva los descontentos ciudadanos- ésta no se debe limitar a la resolución de conflictos contingentes por medio de la entrega de los recursos materiales demandados, sino que, a su vez, debe asegurar que las líneas de conflicto social sean encausadas mediante mecanismos políticos democráticos que actúen a largo plazo.

Leer versión extendida en  http://www.asuntospublicos.cl/2012/05/nuevos-movimientos-sociales-en-chile-y-su-contexto/

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06 jun 2012

Michelle y el paraguas

Por Ismael Llona
Ismael Llona
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Todas las evidencias apuntan a que Bachelet gana estrecho la próxima elección presidencial.

Se dice que en política – se refieren a lo electoral- “las cosas cambian mucho de un día para el otro”. Falso. En otras actividades humanas, las cosas cambian mucho más. Y, si miramos el comportamiento electoral desde 1988 hasta hoy, las cosas en política electoral cambian poco.

Lo que podría hacer cambiar las cosas es la posible abstención del 2013 y el voto de los nuevos inscritos, pero, a estas alturas, es muy difícil prever lo que sucederá con esos factores.

A lo más podemos imaginar que la abstención será alta pero sólo un poco más alta en los sectores poblacionales y campesinos que en los acomodados. Y que entre los nuevos inscritos los votos de izquierda serán un poquito más que los de derecha. Un poquito más.La izquierda se está farreando la posibilidad de que sean muchos más.

Michele no hizo un gobierno socialista. No hay gobierno socialista desde el de Salvador Allende. Tampoco un gobierno radicalmente reformista, como el de Pedro Aguirre, por ejemplo. Ella mostró una evidente preocupación por las mujeres y los pobres, no como lo plantea Marx, sino como lo proponen las encíclicas sociales del catolicismo.

No es exagerado decir que ella, no siendo católica, fue la gobernante o el gobernante más social cristiano que ha tenido Chile. Eduardo Cruz Coke y Radomiro Tomic fueron muy social cristianos pero no fueron presidentes. Frei Montalva, Aylwin y Frei Ruiz Tagle, todos ellos muy católicos, se preocuparon más de la estabilidad del sistema y de la gobernabilidad democrática.

Michelle tuvo, desde una mirada democrática de izquierda, graves defectos en su política económica y en su política hacia las FFAA, y defectos en su política de gobierno interior, pero los críticos a Piñera –más de la mitad del país- la prefieren ahora sobre alternativas de derecha.

La imagen de ella y su recuerdo hacen que gente como el ex ministro Velasco se sienta, injustamente, menos derechista que Larraín.

La memoria selecciona según los sentimientos. La errática y negociosa personalidad de Piñera, que vela sólo por sí mismo; el chanterío de la derecha, y la demagogia galopante de Longueira y compañía, han desprestigiado a la derecha real, beneficiando la alternativa de Michelle.

Michelle tendrá que tener una mano muy firme para asegurar el paraguas y sus varillas y respetar su mango. No prestar atención sólo a los que se mueven en palacio, como lo hizo Ibáñez entre 1952 y 1958, para mal de Chile. Atender más a las necesidades del país, que exige profundas reformas del llamado sistema neoliberal, un título eufemístico del actual capitalismo salvaje, y no apartarse de su programa que, es muy posible, será más reformista que el de 2006.

Carlos Ibáñez volvió en 1952 a La Moneda, en su segundo mandato, para abolir la ley anticomunista y “cambiar” lo poco que estaban ya haciendo González Videla y los radicales.

Iba a “barrer” con las viejas prácticas y los métodos poco transparentes. Iba, además, a hacer cambios en el sistema. Se mostró como una alternativa para quienes buscaban reformas profundas del sistema capitalista imperante. Y para quienes querían conservarlo.

Fue apoyado por un enorme movimiento social ibañista; por peronistas chilenos como Guillermo Izquierdo Araya y María de la Cruz; socialistas como Ampuero, Almeyda y un joven Carlos Altamirano; centristas como Rafael Tarud y Alejandro Hales; neonazis de verdad como Onofre Jarpa y Jorge Prat; muchos oportunistas y gente descolgada de derecha que finalmente defendía ya lo que en ese tiempo se llamaba la plutocracia.

El paraguas de Ibáñez se dio vueltas muchas veces. Hasta al joven Eduardo Frei Montalva le ofreció ministerio en 1954, cuando el falangista tenía 43 años, había sido aliado de la izquierda y ministro de Juan Antonio Ríos y escrito sólo obras que hoy día sonarían como de extrema izquierda. Le quitó el ofrecimiento al día siguiente, después de hablar con sus amigos Onofre Jarpa y Jorge Prat.

El “Caballo”, como se apodaba a Ibáñez, terminó siendo un Presidente famoso por entregar cargos públicos con el lema “El que agarra ministerio no agarra camioneta”. Y recordado como otros por su fracaso.

¿Quiénes podrán ser las varillas del paraguas de Michelle? ¿Lo que se ha llamado al naciente movimiento social, o sea la izquierda vieja y la nueva movilizadas en las calles?

¿Océanos Azules redivivos? ¿La tripleta PPD-PR-PC? ¿El binomio PS-DC, donde están los dirigentes que han sido más cercanos a ella? ¿La directiva de Escalona y los “expertos” económicos tipo Velasco, como sucedió en su gobierno?

¿Las personalidades menos avanzadas de la Concertación, como sucedió las veces en que Velasco, Pérez Yoma, Mariana Aylwin o Mónica Jiménez pisaron fuerte en La Moneda de Michele?

¿Reformistas duros como Navarro, Aguiló y los economistas que encabeza Manuel Riesco, a los que se acercan tanto el flemático Ricardo French Davies, la izquierda de Girardi y los radicales de partido?

La personalidad de Michelle y el resultado de las elecciones municipales de este año y de las de congresistas de 2013, tendrán que influir poderosamente.

Influirá en ella, sin duda, la torpe manera en que la derecha ha tratado de destruirla en este tiempo –más brutal que el ninguneo de la campaña de 2006- y las expectativas con que será mirada por Chile y el mundo quien no sólo fue Presidenta de Chile sino la figura femenina más importante de Naciones Unidas.

La cubierta, cúpula o dosel del paraguas, es su recuerdo y su personalidad.

Las varillas habrá que verlas en su forma, material y firmeza. Se irán configurando en las calles, los municipios y el Congreso. Por cierto en el ministerio.

Y el mango, lo que se ha llamado entre nosotros la cacha del paraguas, si queremos, seguirá siendo agarrado (es un buen término) por la mano firme de la gente. Para que el paraguas no se dé vueltas.

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06 jun 2012

Tres hipótesis de discriminación

Por Sebastián del Pino
Sebastián del Pino
Sebastián del Pino
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Después de varios años de tramitación en el Congreso, por fin se aprobó la Ley que establece medidas contra la discriminación. No obstante, aún quedan algunos trámites pendientes antes de que comience a regir: examen por parte del Tribunal Constitucional, promulgación a través del decreto correspondiente emanado del Ejecutivo y publicación en el Diario Oficial.

Como se sabe, esta ley ha estado en la mira de grupos religiosos exaltados, ya que según ellos abriría las puertas al matrimonio igualitario y coartaría el ejercicio de la libertad religiosa.

En tanto, es necesario aclarar que estos dos temores son completamente infundados.

El mismo texto de la ley afirma que su contenido no podrá ser utilizado para modificar o derogar el contenido de las leyes vigentes, por lo que no se podría afectar la definición de matrimonio dada por el Artículo 102 del Código Civil, que lo consagra (hasta ahora) como un contrato entre un hombre y una mujer.

A lo anterior debe sumarse lo que ya ha determinado el Tribunal Constitucional en torno a la definición heterosexual de nuestro matrimonio, esto es, que su modificación –con el objeto de permitir las uniones de parejas del mismo sexo- corresponde exclusivamente al legislador.

En torno al ejercicio de la libertad religiosa, quisiera proponer su análisis a través de tres hipótesis o casos en donde se produciría un eventual conflicto entre las garantías de igualdad y no discriminación y la libertad religiosa.

1. ¿Podría la Iglesia Católica ser obligada a aceptar a un hombre transexual como candidato a las órdenes sagradas?

2. ¿Los pastores ya no podrán enseñar sus doctrinas particulares en relación a la homosexualidad?

3. ¿Las agencias confesionales de adopción podrían ser cerradas si se niegan a concedérsela a personas homosexuales?

En relación al primer caso hipotético planteado, sería bastante improbable que un juez obligara a una iglesia en particular a admitir a tal o cual persona como ministro sagrado, justamente, porque esto corresponde a un ámbito que es de exclusiva regulación de los diversos credos.

Aunque no es un tema que esté zanjado, la visión mayoritaria de la doctrina especializada estima que la Iglesia Católica goza de personería jurídica de derecho público, lo que resulta de la coordinación del artículo 547 del Código Civil y las normas de la denominada “Ley de Cultos”. Esto permite que la Iglesia, en cuanto a sus relaciones internas, se rija por un estatuto particular que es el Código de Derecho Canónico, en donde se definen las condiciones y requisitos que debe reunir un candidato idóneo al sacerdocio.

Aun cuando sería deseable que los clérigos y ministros, a la hora de definir sus enseñanzas pastorales, tomaran en cuenta la evidencia científica y social que manifiesta que la homosexualidad no corresponde a una patología o condición pecaminosa, sino que es plenamente una fuente de realización personal, tampoco podrían ser sancionados si desde los púlpitos mantienen sus visiones integristas en torno a la diversidad sexual.

Lo anterior se explica porque el ámbito de protección de la Ley antidiscriminación está dado por el respeto a los derechos fundamentales de un sujeto determinado y no de una colectividad amplia o difusa.

En efecto, si esta ley hubiese estado vigente cuando el Cardenal Jorge Medina sostuvo la analogía entre la homosexualidad y la discapacidad, no hubiese sido sancionado, pues, a pesar de que sus palabras son repugnantes y agraviantes, no limitaron el ejercicio de los derechos de un sujeto específico, sino que se atentó en contra de la imagen de la colectividad homosexual, situación que está más allá del ámbito de protección de la Ley antidiscriminación.

En lo que respecta a las agencias confesionales de adopción, entramos a un terreno distinto, ya que en este caso no está comprometido el solo interés de un credo, sino que esto corresponde, ante todo, a una materia de interés público y que los particulares (entre ellos las iglesias) pueden llevar a efecto en virtud del principio de subsidiariedad que consagra nuestra Constitución.

Es sabido que actualmente las parejas homosexuales no tienen la posibilidad de adoptar, pero imaginemos que en un futuro cercano esta situación varía en virtud de la plena igualdad del estatuto matrimonial. En tal caso, ¿las iglesias estarían exceptuadas de cumplir con las normas y negar la adopción a una pareja de lesbianas, por ejemplo?

Como en esta actividad hay un interés público comprometido, que va más allá del legítimo ejercicio de la libertad religiosa, las iglesias no podrían aspirar a reglas de excepción en un Estado que es, ante todo, laico y democrático.

En consecuencia, no podría ser negada la adopción a la pareja de lesbianas, justamente, porque en este caso el ejercicio de la libertad religiosa estaría afectando al principio de igualdad de trato consagrado constitucional y legalmente. Además, el principio de subsidiariedad, que puede ser invocado en este caso, no hace mutar la calidad de función pública, propia de los procedimientos de adopción.

En conclusión, para determinar cuál es el derecho que debe primar en caso de haber conflicto entre los principios de igualdad y no discriminación, por un lado, y la libertad religiosa, de conciencias o de culto, por la otra, deberemos estimar si el interés comprometido es propio del ámbito eclesial o si se trata de una actividad de carácter general o público; además, estimar si como consecuencia del aparente acto discriminatorio, se afecta o no el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de un sujeto determinado.

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06 jun 2012

Qué manera de haber perdido la brújula

Por Antonio Lara
Antonio Lara
Antonio Lara
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¡Nadie dice nada! Son tantas las cosas que pasan y ¡nadie dice nada! No me voy a referir ni al fallido intento de basureo a la ex presidenta M. Bachelet, ni a las constantes amenazas del ministro del Interior ni a ninguno de los atropellos y abusos que sufren los chilenos todos los días.

En este caso se trata sólo del deporte popular: el fútbol, en dos situaciones particulares, la primera la celebración del Mundial del 62, la segunda el “bautizazo”.

Se cumplen cincuenta años de un evento que difícilmente se volverá a repetir, de paso el mejor lugar obtenido por Chile en este deporte.

La más simple obviedad indicaría que fuera el Estadio Nacional el lugar elegido para que la gente pudiera expresar su alegría rememorando tan especial actuación. Pues de acuerdo con la pérdida colectiva de ubicación que hoy nos aqueja, nuestros dirigentes los deportivos y los otros han elegido el simbólico y central centro de eventos “Casa Piedra”.

Allí entre cuatro paredes protegidos del frío y la chusma al compás de canapés y cotillón se emocionarán hasta las lágrimas y quizás si hasta exista un recuerdo para el señor de la trompeta José Yuraidini, lo más popular que se me ocurre en ese ambiente.

¿Y la gente? Bueno por recomendación de Estadio Seguro es mejor dejarla lejos hasta que aprendan a comportarse como gente y no como rotos, ¡si capaz que llegaran con banderas y lienzos!

Dejemos que el Sr. Barra siga cumpliendo su plan: evitar que la gente vaya al Estadio.

No hay nada más seguro que un Estadio vacío.

Si Ud. quiere recordar nuestro mundial entonces compre el Mercurio y coleccione las fotos, de paso ayuda al diario.

¡Y nadie dijo nada!

Lo segundo es el tratamiento del famoso “bautizazo”, hecho repudiable por donde se le mire. Los protagonistas tuvieron una conducta impropia y como corresponde a todo estado de derecho fueron pasados a un tribunal, el fútbol tiene los propios para estos casos y sancionados con pérdida de partidos.

¡Impecable! En ninguna parte consta que se les haya excluido de volver a la selección a perpetuidad.

Como en cualquier situación de castigo se supone que en general en el mundo es así, cumplida la pena el afectado queda apto para reinsertarse en la sociedad aceptando y cumpliendo las mismas normas que el resto de la población.

En nuestro particular fútbol, no es así, cuando los jugadores cumplan el castigo, para ser nuevamente llamados a la selección no bastará con un buen rendimiento futbolístico, sino que tendrán que esperar que el DT nacional anuncie por los diarios que está pensando “conversar” con ellos y por lo visto primero los más amigos. ¿Por qué se superpone el DT a las instancias jurídicas? Si el DT puede no llamarlos sin expresión de causa, o como a Herrera simplemente “porque no me gusta”.

¿Entonces qué papel jugó el Estado de Derecho, el tribunal de la ANFP, el castigo de diez partidos? En la práctica ninguno, como el mejor Chile de hoy, había que guardar las apariencias pero es la conversa con el DT la que decide. Notable.

¡Y nadie dice nada!

Tengo toda la impresión que estamos cada día más nostálgicos de aquellos “años felices” en que había uno sólo que mandaba sin plazos y con metas a su voluntad.

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05 jun 2012

La operación tsunami del mes del mar

Por Rodrigo Quintana
Rodrigo Quintana
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En las últimas semanas del mes del mar estuvimos inmersos en la “operación Tsunami” montada contra el gobierno de la ex Presidenta Bachelet.

Soy muy respetuoso del poder y misericordia de nuestro océano. La noche del 27/F lo viví en Viña del Mar. Cuando supe que el sismo tenía un 8.8 Richter a más de 500 Km de mi casa, asumí la importancia del evento, pues vivíamos algo muy cercano al cataclismo de 1960.

Un mes antes había terminado mi primer trabajo en el Senado en Valparaíso y me quedaban pocos días de marzo como uno de los 100 asistentes menos influyentes de la historia.

Mientras los “trenes de marea” invadían las costas y por Plaza Parroquia las personas huían desde la Quinta Vergara del sismo o de Arjona, tuve una iluminación mística: el mar nos cobraba nuestras mezquindades y miserias.

¿Por qué digo esto? Simple, los últimos días de enero fui testigo en el Senado cómo el gobierno de Bachelet logró aprobar de manera apresurada una ley que privatizó el mar de la XI Región para salvar a la industria del salmón.

Intentaré explicar: los salmoneros quebraron por reventar el ecosistema marino, luego de enriquecerse pagando sueldos miserables + el gobierno de Bachelet elabora un proyecto para salvarlos, pues los bancos no deseaban ponerse + el gobierno explica a los bancos cómo las nuevas parcelas salmoneras de la XI Región podrán ser hipotecadas, si los salmoneros no cumplen = Mar privatizado.

El argumento de los que se la jugaron por apurar el proyecto fue salvar las fuentes laborales. Los que estábamos en contra no deseábamos la cesantía colectiva, pero recordamos en el hemiciclo que cuando la industria automotriz quebró en EEUU Obama la salvó convirtiendo al Estado en socio. En Noruega la industria del salmón es estatal.

Para la Concertación cualquier solución pasa por bancarizar el asunto, no lo sabrán hoy los estudiantes endeudados.

En el mes de Prat la Concertación recibió la embestida de la derecha pinochetista en contra de su mayor figura electoral.

Recuerdo al historiador Alfredo Jocelyn Holt, reacio al militarismo ancestral de nuestra elite, decirle a Bachelet en un debate que ella era militarista y un producto del marketing político, por ende sospechaba de ella.

La candidata se ofuscó y el historiador pereció como malo de la película. “¡Cómo quisiera la derecha tener una Bachelet!” Una vez le escuché a Carlos Larraín decir algo similar en ese tono despectivo que usa. Hoy la derecha anhela el mismo auto vía automotora de OOPP.

El carisma nos puede hacer olvidar en qué país vivimos, ellos también quieren esa herramienta política.

Recuerdo a Silva Cimma en su clase magistral de 2009 en la Universidad de Chile cuando explicó que la constitución del 80 proviene técnicamente de la de Pétain, en la Francia ocupada por los nazis. Ése es el país que nadie quiere aceptar que vivimos, la vida bajo una constitución ilegítima.

Hoy ante la Operación Tsunami montada por la derecha, los concertacionistas, que negociaron no investigar ninguna privatización irregular antes del 89, apelan hoy también a tener una “visión de futuro” al respecto.

Nota mental: El miércoles 30 de mayo Colbún anunció que lo mejor es “detener” el proyecto Aysén, el país no es el mismo, dicen ellos. Sí, no es el mismo, podemos aseverar, pero ya se adormecerá de nuevo cuando gane la Concertación, cuya estrategia es siempre desmovilizar a la sociedad civil.

Gobernado por la derecha este modelo ilegítimo muestra nítido todas sus brutalidades, con la Concertación en La Moneda nos tomamos el soma del que hablaba Huxley.

Quiero recordar la importancia de los mitos, pues son estantes con información útil para entender nuestro lugar en la creación. El Mito fundacional de una nación, dice a sus hijos cual será el abismo a enfrentar. Para los gringos es la llanura interminable observamos en sus westerns.

El abismo chileno es el mar y su principal mito fundacional Prat, según el profesor de Historia Claudio Díaz de la Universidad de Valparaíso.

Su presencia verde azulada está desde un Portales cuando nos proponía ser una nación marítima británica, pasando por la dictadura y su moledora de harina de pescado, hasta el proyecto impulsado por la Concertación que permite hipotecar las parcelas salmoneras en la región de Aysén.

El mar está en la obra de TODOS nuestros poetas.

Contrarios al ejemplo de Prat, en Chile pocos asumen su responsabilidad. Coco Legrand decía: “En Japón un ministro comete un error y se hace un Harakiri, ¡Acá uno se manda una embarrada y se hace el gil!”.

Incluso he escuchado por estos días la versión más sofisticada para el 27/F: “lo que falló ese día fue el Estado, no el gobierno”.

Según el doctor Maturana eso no es así. El responsable de ONEMI por más de una década y en entrevista que le oí por radio tras el sismo, detalló las principales falencias:

-No tener coraje político para dar la alarma de evacuación. Dijo que el jefe de esa repartición debe atreverse con los datos que hay, los cuales no eran menores y no necesitaban del Shoa ni del subsecretario del interior.

-En un segundo aspecto, según este doctor, el que más sabe en Chile de alerta temprana, la ONEMI debería gozar de una autonomía al nivel del Banco Central. Nadie se va a meter al Banco Central a decir cómo deben manejar la tasa de interés en un momento de crisis, agregó.

Es cosa que lo vayan a entrevistar y de seguro repetirá lo mismo que asevero en estas líneas.

Ahora pongamos todo lo anterior en el contexto de una sociedad como la nuestra, individualista, temerosa de decir lo que piensa, sin generosidad ni humildad espiritual, donde la amistad es sólo Facebook, donde el 80% de la fuerza laboral gana menos de 450 mil pesos y entenderemos a Jodorowsky cuando apunta en nuestro país, mientras por estos días preproduce su película “La danza de la realidad” en Tocopilla: “Las grandes ciudades son islas llenas de Robinsones Crusoe”.

Por todo esto siento que ese 27/F el mar nos recordó quien manda.

El jueves pasado fue el último día del mes del mar, Chile lo ha hipotecado, yo sólo quiero rendirle al inconmensurable mi respeto, con inocencia y humildad con este extracto de un antipoema mío:

No sólo los hombres derrotados/ se quedan horas interminables / con la vista fija en el mar/…También los exitosos, acaudalados/ carismáticos y los afortunados /…Todos parecen meditar, con la línea del horizonte entre ceja y ceja / si fue acertado, como especie / haber abandonado esas profundidades / para caminar por estas tierras desesperando/ para deambular por este paisaje haciendo el ridículo/ inventando tanta cultura, como efecto post traumático.

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05 jun 2012

Torpedeando nuestro desarrollo

Por Eduardo Frei Ruiz Tagle
Eduardo Frei Ruiz Tagle
Eduardo Frei Ruiz Tagle
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Desde hace mucho tiempo que vengo advirtiendo que Chile se encuentra al borde de una crisis energética que puede traer insospechadas consecuencias para nuestro desarrollo. Lo ocurrido la semana pasada con un emblemático proyecto hidroeléctrico no es más que el corolario de una serie de decisiones desacertadas y de la falta de seguridad jurídica que actualmente afecta a las inversiones en nuestro país.

Como todo el mundo sabe, producto de nuestro ritmo de crecimiento, de aquí al año 2020 se espera que el consumo eléctrico crezca anualmente en torno al 6 a 7%, lo que requerirá aumentar la oferta, sólo en dicho período, en más de 8.000 MW en nuevos proyectos de generación.

La verdad es que hoy el cumplimiento de este objetivo se ve muy difícil, principalmente por nuestra incapacidad para lograr un consenso básico respecto a nuestra política energética, muchas veces, digámoslo claramente, producto de prejuicios y de la ignorancia.

Debido a lo anterior, no es de extrañar entonces que estemos en medio de un escenario altamente judicializado producto de los cuestionamientos de comunidades locales, de grupos de presión e, incluso, de parlamentarios que han propiciado una serie de recursos judiciales para detener proyectos de generación eléctrica.

Es así como hoy tenemos por lo menos ocho iniciativas de distinto tipo en esas condiciones o en camino a ello, pese a que varios de esos proyectos ya cuentan con su resolución de calificación ambiental aprobada. Para que se hagan una idea, estamos hablando de inversiones que en total implican US$ 12.000 millones y 7.500 MW, es decir, más de tres veces la capacidad total de las iniciativas que hoy se están construyendo sin dificultades y que alcanzan a los 2.296 MW.

A lo anterior debemos añadir otras situaciones que han contribuido a agravar aún más el panorama en que nos encontramos.

Es el caso de la prolongada sequía que vive el país, lo que ha disminuido la generación hídrica que es la más barata y ha elevado el uso del carbón y el diésel que son mucho más costosos.

Por eso hoy estemos pagando la energía más cara del continente con precios que en los últimos días de mayo pasado llegaron a sobrepasar los US$ 280 el MW, cifra que -a su vez- es US$ 60 más elevada que el promedio de la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo más las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, van a poder seguir resistiendo esos valores?

Mientras todo esto y mucho más está sucediendo en este ámbito, el Gobierno parece no tomar conciencia de la gravedad del asunto.

Luego de dos años de gestión, en los que ya han pasado cinco ministros de Energía, recién en marzo de este año se dio a conocer la denominada Estrategia Nacional de Energía (ENE) y tuvieron que pasar dos meses más para que ingresara a trámite legislativo el primer proyecto de ley, el cual tiene por finalidad facilitar los procedimientos para otorgar concesiones eléctricas.

Aunque tarde, está bien que lo hayan presentado, pero yo creo que en el ENE hay iniciativas más importantes y urgentes como el de la carretera pública de transmisión, que fue anunciado en mayo de 2011 y todavía no se envía al Congreso Nacional. Si eso no es indolencia no sé entonces como llamarlo.

Esto sin considerar el pésimo precedente que sentó el propio Presidente de la República al bajar, por el expediente del teléfono, el proyecto Barrancones, el que había cumplido con todas las exigencias ambientales.

¿Cómo seguimos para adelante? Creo que es fundamental un mayor involucramiento del Estado para resguardar uno de los mayores activos de nuestro país ante los inversionistas, sobre todo los provenientes del exterior: la seguridad jurídica, la que hoy, por cierto, está cuestionada.

Esto significa que debe establecer los mecanismos necesarios para que las calificaciones ambientales, cuando son positivas, sean respetadas y no impugnadas; agilizar los procesos de evaluación y construcción de la nueva infraestructura energética; tomar medidas para evitar que los procedimientos establecidos en nuestra normativa no colisionen con las costumbres locales; garantizar que los procedimientos en los procesos de evaluación ambiental sean técnicos y no políticos, y fortalecer la participación ciudadana.

De lo contrario, lo que va a suceder es que las empresas se van a ir, porque va a llegar un momento en que el costo de desarrollar un proyecto, de las campañas informativas y, sobre todo, de defender su concreción ante la justicia, será muy elevado.

El Gobierno tiene que tomar decisiones ahora, pues mañana va a ser demasiado tarde, sobre todo en un sector, como es energía, en el que las soluciones no son de la noche a la mañana, sino que toman años en surtir efectos. Lo claro es que llevamos mucho tiempo perdido.

Cuando fui Presidente no dudé en tomar decisiones por impopulares que fueran, ya que había una política energética de Estado. Por eso, respetamos siempre los procedimientos establecidos en nuestra legislación y apoyamos tanto las decisiones de los organismos competentes como la concreción de proyectos como Ralco y Pangue, pese a las duras e injustas críticas que debí soportar.

Paradójicamente, Ralco es la última inversión hidroeléctrica de magnitud que se ha hecho en Chile y eso que fue inaugurada hace casi diez años. ¿Cómo estaríamos hoy si no se hubiese construido?

Llegó la hora de enmendar los graves errores y omisiones que se han cometido en el último tiempo, los que, entre otras consecuencias, están dilapidando nuestra capacidad para garantizar la seguridad jurídica de inversionistas extranjeros.

Seamos claros: no podremos seguir atrayendo inversiones si las propias empresas sienten que el país carece de una política nacional de energía que les permita desarrollar iniciativas energéticas.

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05 jun 2012

“Sin Licencia para cuidar”

Por Carol Bortnick
Carol Bortnick
Carol Bortnick
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Es difícil no conmoverse con las pequeñitas cabezas calvas de los niños con cáncer. Con sólo ver sus ojos llenos de esperanza, con la inocencia propia de la infancia, pero sufriendo lo que hasta para un adulto es indeseable, es imposible quedar indiferentes.

No hay forma de pensar que esos niños podrían salir adelante sin el cuidado de sus padres, sin el cariño, apoyo, lucha y entrega de quienes les dieron la vida y los vieron nacer.Estudios científicos avalan la importancia del cuidado de los padres para que los niños salgan adelante, más allá de la ciencia, es también sentido común.

En Chile se da una de las paradojas más duras en materia de salud: un niño menor de un año con una enfermedad catastrófica, tiene el derecho a ser cuidado por sus padres, gracias a la existencia de la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, pero ese mismo niño al momento exacto de cumplir su primer año de vida, queda absolutamente indefenso.

Hoy no existen las licencias médicas para padres de niños oncológicos y muchos papás y mamás se ven en la difícil disyuntiva de renunciar a sus trabajos para dedicarse 100% a sus hijos, o intentar seguir trabajando cuando los ingresos económicos se hacen cada vez más necesarios.

Desde el 2008 descansa en nuestro Parlamento un Proyecto de Ley del Senador Carlos Bianchi, que busca el otorgamiento de licencias médicas para padres de niños oncológicos.

Hoy sólo existe la posibilidad de pedir 10 jornadas de trabajo, las que deben ser recompensadas por el trabajador.

10 jornadas son absolutamente insuficientes para tratamientos que no bajan de los ocho meses como mínimo.

El enterarse de que un hijo tiene cáncer es uno de los golpes más fuertes que puede sufrir una familia, el mundo comienza a girar de otro modo y la vida tiene un antes y un después.

Alrededor de 600 familias podrían verse favorecidas anualmente con este proyecto de Ley, cuando hablamos de “beneficio” no es más que tener el derecho de cuidar a un hijo enfermo, algo que a simple vista no tendría porque estar consagrado en una Ley, porque ya está normado en los Derechos del Niño.

En las últimas semanas un grupo de padres liderados por Carol Alvo, una mamá que pudo dejar de trabajar para cuidar 24 horas a su Sebastián de 6 años, decidió que su posibilidad no tenía por qué estar condicionada a una situación económica, y se puso como meta que su hijo se sanara, pero que también todos los papás de Chile tuvieran el derecho inalienable de cuidar a sus hijos comenzaron una campaña por las redes sociales y medios de comunicación, y han golpeado las puertas de senadores, diputados y el Gobierno.

La campaña va avanzando, ha tenido eco en los medios de comunicación y también el entusiasmo de algunos parlamentarios. Están conscientes que esta Ley establecería un tremendo precedente y no descansarán hasta lograrlo, saben que las buenas intenciones tienen que transformarse en votos en el congreso y recursos del Ejecutivo que hagan sustentable esta modificación del código del trabajo.

La aprobación de esta Ley también es parte de la construcción de una sociedad más justa donde se otorga a los padres el derecho a cuidar a un hijo enfermo de cáncer, independiente de si tiene menos o más de un año de vida, y sin la disyuntiva de tener que dejar de trabajar.

Que el Parlamento asuma el desafío de discutirla, votarla y aprobarla marcaría un precedente que en el futuro podría ampliarse a otras enfermedades catastróficas en niños, pero por sobre todo saldaría una deuda con el derecho a la vida.

“Sin Licencia para cuidar” es el nombre de la Agrupación que reúne a los padres de niños con cáncer que luchan por la aprobación del Proyecto de Ley que modificaría el código del trabajo ampliando las licencias para padres de niños oncológicos.

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05 jun 2012

La supremacía actual de Alemania

Por Henry Saldivar
Henry Saldivar
Henry Saldivar
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Si no fuera así, ¿por qué todas las miradas e interrogantes terminan en Berlín? Es la nación más poderosa de Europa, contando a Rusia. No se trata del poder clásico referido a los cañones y las balas. De hecho, el armamento nuclear conjunto de Inglaterra y Francia puede menos que el Banco Central Europeo, bajo el férreo control de la Democracia Cristiana alemana.

Ángela Merkel, una ex –comunista devenida en la predilecta del conservador Helmut Kohl, tiene las llaves de la bóveda. Y los códigos para imprimir más billetes. Pero todo está paralizado por la política de austeridad que lleva adelante la Canciller de Alemania. Algo en que no está de acuerdo el socialista Hollande, ni menos Grecia, Italia, ni España. Está instalada una crisis entre el sur y el norte de Europa.

Todo redunda en parte por la encuesta que indica que los alemanes desconfían de los griegos. Piensan que trabajan poco y mal, y holgazanean mucho. Con una vida a todo sol, mar y playas, mientras que ellos sufren inviernos crudos, trabajan mucho y disfrutan poco.

No en vano Weber escribió La Ética Protestante y El Espíritu del Capitalismo. También está instalada una crisis de mentalidades: la manera de vivir que tiene cada pueblo al interior de los Estados soberanos.

En este momento la gente se pregunta si es que existe o no Europa. Es que ser europeo es antes que nada una pertenencia histórico-geográfica que nunca ha sido una unidad política, ni en sus mayores esfuerzos colectivos como la Europa de los 12 o los 15.

Se han dado cuenta y de mala manera, que lo único que les queda –y que siempre tuvieron- es su propio Estado soberano; no es de extrañar entonces la nueva ola de nacionalismo. Porque al final de cuentas, la Sra. Merkel solo responde ante el electorado alemán.

La crisis ha tenido el efecto de devolver a los ciudadanos la conciencia sobre las responsabilidades que conlleva elegir a dirigentes fiables y sensatos que los saquen de ella.

Las democracias nacionales proveen de los mecanismos para que la gente se involucre de manera más activa en los asuntos públicos.

Los políticos son responsables ante un electorado vigilante, una sociedad organizada y una prensa libre: cuando a la gente ya no les satisfacen, los cambian por otros. Los que creían muerto al Estado nacional se equivocaron. Es el único lugar, hoy por hoy, donde puede realizarse el ideal democrático de comunidad.

Después de la reunificación alemana todos los asuntos relevantes de Europa han confluido a Berlín. Desde la desmembración de Yugoeslavia hasta la ampliación hacia la Europa oriental, pasando por los subsidios y el control monetario. Esto ha convertido a Berlín en capital de facto de lo que queda de la ampliada Europa.

Lo que queda es la zona euro o la eurozona. Un grupo de 17 Estados, grandes y pequeños que han adoptado el euro como moneda oficial. Y la discusión gira en torno a la conveniencia o no de seguir en este sistema, especialmente en Grecia.

Un sistema en el cual Alemania ha hecho pingües negocios. Ha podido pagar la reunificación, su propio desarrollo, su política hacia el Este y le ha quedado plata para ahorrar.

Esto ha sido así, porque el resto de Europa le ha comprado todo a Alemania: sus productos, servicios y discursos. La supremacía alemana se ha manifestado decisivamente en el control de la zona euro.

Llegada la hora de la verdad, los españoles no tienen a Europa. Se tienen primeramente a sí mismos. Los vascos y los catalanes tendrán que ir mucho más por Madrid, que por Bruselas.

Lo único que queda donde refugiarse son los Estados democráticos soberanos. No es fácil.Si lo sabrán los franceses. Y lo padecen crucialmente los griegos.

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05 jun 2012

Pensar la comida

Por Isidora Diaz
Isidora Diaz
Isidora Diaz

Todos los días y varias veces al día nos encontramos con la comida. Desayunamos pan con palta, disfrutamos un café cortado a media mañana, almorzamos rápido riéndonos con los colegas y en la noche salimos a comer, más o menos acompañados.

Vamos al súper o al almacén de la esquina, a la feria del barrio, alguna vez a la Vega.

Seleccionamos los ingredientes y a veces cocinamos. Algunas veces preparamos algo rápido para salir del paso y otras estamos todo el día cocinando para los amigos queridos que llegan en la noche.

A veces encontramos que la comida está cara. O que está mala o añeja, o fea, o exquisita, o evocadora, o peligrosa, o nutritiva, o engordadora y así. En general, nos gusta opinar sobre la comida.

A veces nos dicen que la comida es medicina o veneno, o que es felicidad o pecado.

A veces la comida nos reconforta o nos acompaña; otras, por exceso, nos castiga.

A veces nos cuentan historias terribles sobre cómo nuestra comida fue producida o procesada, pero la mayoría de las veces no nos importa demasiado.

Lo único cierto de todo esto es que debemos comer, y que en vistas de esto, en algún momento debemos elegir qué comer.

Elegir qué comer es complicado, más aún cuando en esta elección hay potentes elementos económicos, políticos y medioambientales en juego (tan mezclados como un charquicán).

La comida es una realidad compleja en la que confluye una multiplicidad de factores culturales fuertemente arraigados, políticas económicas y de salubridad (nuevas y obsoletas), además de condicionantes socioeconómicos que determinan (o más bien restringen) el acceso a los alimentos.

Además, la elección de los alimentos nos tiende a parecer algo moralmente neutro: en el súper elegimos las verduras como quien elige calcetines o papel higiénico. Esta elección no ha sido vista como algo sobre lo que haya que pensar demasiado, al menos en nuestro país.

Tendemos a considerar para esta elección, aparte del gusto y las preferencias personales, los efectos que la comida puede tener de la boca para adentro, y, a lo más, para nuestros bolsillos. Como tercera cosa, queremos también comer rápido.

Lo cierto es que el chileno promedio quiere comer sano para no enfermarse, comer barato para no arruinarse y que todo este trámite no nos haga perder mucho tiempo. Este pensar se resume entonces en varios tags: barato, rico, mayonesa, pan, suchi, completo, calorías, azúcar, rollo, asado para ver el partido, sopapilla con mostaza a la pasada, superocho.

Paradójica y lamentablemente, lo cierto es que el chileno promedio gasta bastante dinero en comida (mayormente por falta de tiempo) y también está muy enfermo. La horrible cifra del Minsal de un 30% de obesidad en primero básico es suficiente para apoyar esto.

¿Dónde están los límites de nuestro pensar sobre la comida? Los límites son boca-guata-bolsillo-reloj.Claramente es un ámbito bastante estrecho. Estamos pensando desde la individualidad más egoísta.

No hay conexión ni con la tierra ni con la justicia hacia los productores de alimentos ni nada que no sea “yo y mis problemas”.

¿Y dónde deberían estar estos límites? Me parece que muchísimo más allá. Así como cambiamos el chip de la basura y ahora lo pensamos un poquito más y nos importa y reciclamos y les enseñamos eso a los niños, lo mismo debe ocurrir con la comida.

¿Cuáles deberían ser entonces, los límites de nuestro pensar sobre la comida, si es que queremos comenzar a delinearlos?

Pensar en serio sobre estos límites implica afirmar una cosa y creerla desde lo más profundo: ¡ Es posible pensar sobre la comida!

No sólo comerla, comprarla, prepararla o digerirla: ¡pensarla! Masticar ideas sobre nuestra alimentación, la del mundo, sobre la distribución y calidad de la comida, sobre su producción. Todo eso es lo que se puede pensar. Y, como algún profe de filosofía les habrá dicho: para el pensar no hay límites.

Mire su café y pregúntese de dónde viene, cómo fue transportado y, sobre todo, si fue justo el pago y el trato que recibió Juan, el veinteañero que sacó las bayas de café en el cafetal.Pregúntese si en ese cafetal rociaron pesticidas tóxicos, y pregúntese si a Juan le dieron una mascarilla o no.

Pregúntese también si esos pesticidas siguen ahí, en su café, o si el manejo que hubo con ellos fue el adecuado y los químicos se esfumaron antes de que Ud. bebiera su cafecito.Ojalá.

Insisto: pensar sobre la comida es algo que se puede hacer. De hecho, hay muchísimo que pensar sobre la comida.

Al fin y al cabo, la comida es la parte del mundo (que por nuestra propia voluntad) pasa por nuestro cuerpo.

Pensar sobre ella debería instantáneo, pero hemos convertido el acto de comer en un acto casi irreflexivo. Digo “casi”, pues pensamos el efecto que la comida va a tener en nosotros, pero no pensamos en el efecto que nuestro plato de cazuela tuvo en la tierra, el efecto que el cultivo de la papa, el choclo, el zapallo, los porotos verdes y el resto de los ingredientes tuvieron para un pequeño productor en Lolol.

No pensamos si el productor recibió lo que le correspondía o si se dañó la tierra al cultivar choclo por dieciocho años seguidos en el mismo lugar.

Tampoco pensamos en la receta; tremendo pedazo de cultura e historia que recibimos en un plato con baranda.

No pensamos en la persona que cultivó el cilantro que le pusimos encima.

No pensamos en que este durazno que me estoy comiendo en pleno junio, contra temporada, gastó más combustible que si fuéramos a trabajar toda la semana en auto.

No pensamos no más.

Esta columna es una invitación a pensar la comida ya no en virtud de lo que ella nos hará a nosotros, si no que a pensarla considerando las consecuencias que tiene para el mundo cada una de nuestra elecciones alimentarias.

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