12 jul 2012

España en temporada de rebajas

Por Luis Arancibia Urzúa
Luis Arancibia Urzúa
Luis Arancibia Urzúa
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Sálvese quien pueda. España está inmersa en plena temporada de rebajas. Y no me refiero a la de verano, donde se pone a la venta a precios más o menos módicos lo que no ha tenido comprador en invierno y primavera.

Doy cuenta aquí de otra rebaja que, aunque anunciada, ha dejado a la mayoría de los españoles sin habla. ..al menos por ahora. Para hacer frente a la bendita crisis y a instancias de las exigencias de los mandamases de la Unión Europea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado medidas drásticas y urgentes- que él considera necesarias- para sacar a España del berenjenal en el que está metida.

Lo que llama la atención es que los que tienen más poder económico se quedan como están. Se supone que por los bienes que poseen hay que motivarlos para que aporten lo suyo para crear puestos de trabajo. De lo contrario, si se les aprieta el cinturón capaz que se echen a volar a otras latitudes para aumentar sin riesgos sus fortunas.

Las medidas adoptadas no le agradan ni al que las ha adoptado, Mariano Rajoy. Imagínense entonces el malestar de los que las que tendrán que sufrir.

El ajuste es el más duro que se aplica en España en 37 años de democracia. El IVA, que el partido gobernante aseguró hasta hace unos días que no lo tocaría, sube ahora del 18 al 21 por ciento. El impuesto al consumo se eleva de 8 al 10 por ciento. Se salvan los impuestos reducidos que se aplican a medicamentos y alimentos básicos

Los funcionarios públicos, que ya habían sufrido recortes en sus salarios y aumento de horas de trabajo, se quedan a partir de este año sin paga extraordinaria de Navidad. Al mismo tiempo, el Gobierno advierte que hay exceso de empleados y anticipa que comenzará a eliminar puestos de trabajo.

Se replantea modificar el beneficio económico que se otorga a personas que cuidan a familiares dependientes.

A los desempleados se les reducirá la prestación en 50 por ciento una vez cumplan seis meses con este beneficio. También se acelerará el retraso de edad de jubilación- ahora en 65 años- y se elimina la deducción de impuestos por compra de vivienda habitual.

En las administraciones locales se reducirán gastos por tres mil 500 millones de euros y el Gobierno ajustará los suyos en 600 millones

Se reducirá en 30 por ciento los cargos de concejales en los Ayuntamientos y se recorta el dinero que reciben partidos políticos y sindicatos.

Mariano Rajoy abre la puerta a las privatizaciones de servicios asociados al trasporte público aéreo, ferroviario y portuario.

Fiel a lo dispuesto por Bruselas, sede de la Comunidad Europea, el gobierno español pretende ahorrar 65 mil millones de euros en los próximos dos años y medio.

Para curarse en salud, Mariano Rajoy ha reconocido que las medidas adoptadas no le gustan y que tras seis meses de gobierno y visto el panorama económico no ha tenido más remedio que decantarse por ser impopular.

En la sesión extraordinaria del Congreso el presidente del gobierno español escuchó aplausos por parte de los suyos. Una reacción que causa estupor entre quienes se sienten víctimas de una política económica hecha a la medida de intereses foráneos.

En Madrid, donde los mineros del carbón han culminado su marcha para exigir un cambio de política del gobierno, los dirigentes de los dos principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, han anunciado movilizaciones en todo el país a finales de julio.

Las rebajas o recortes ya no convencen a nadie. Bueno, desde Bruselas han felicitado al gobierno español por la celeridad a la hora de adoptar medidas de ajuste. Obvio.

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12 jul 2012

La “U” Campeón, victoria de un despojo

Por Mauricio Rojas
Mauricio Rojas
Mauricio Rojas
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Seguramente muchos se preguntarán por qué un profesor de antropología se entromete en la tierra sagrada del fútbol. Mi respuesta inmediata es que este deporte dejó hace mucho de ser exclusividad de comentaristas deportivos, para transformarse en una expresión cultural distintiva de nuestra época. Sería la única manera de explicar por qué jóvenes de zonas rurales, con trabajos esporádicos mal pagados y sin seguridad social, lucen orgullosos una camiseta del Inter y esperan como si fuese propio el duelo del Barca con el Madrid.

A esto agreguemos un dato de la causa. No seríamos los únicos entrometidos, ya que este deporte nacido en territorios obreros de Gran Bretaña, como el deporte por excelencia de la clase proletaria (para distinguirse del polo o tenis) ha sido coaptado por grandes empresarios, que muy poco saben de fútbol y no tienen ninguna identidad con el club que dirigen, sin otro afán que el lucro.

Sí, el mismo concepto denostado por el movimiento estudiantil, pero que en los Campos Elíseos del fútbol parece totalmente legitimado por todo el medio, salvo algunos apasionados hinchas que se expresan con virulencia ante malos resultados deportivos de las regencias privadas.

¿A qué se debe esta esquizofrenia social? ¿Por qué según una encuesta CEP casi el 70% de los chilenos rechaza el lucro en educación, mientras los hinchas de Universidad de Chile celebraron frenéticamente el campeonato obtenido por una sociedad anónima que arrebató el club de manos de sus legítimos dueños? ¿Es éste un triunfo de la principal universidad pública del país?

Sólo bastó mirar las imágenes de celebración, para darnos cuenta que en las fotos en primeros planos no estaba el Rector ni los dirigentes de la FECH, sino altos directivos de la Universidad del Desarrollo, y propietarios de grandes consorcios empresariales

¿Qué tienen que ver ellos con la Universidad de Chile? ¿No son esos valores a los que estudiantes y académicos de la Casa de Bello se oponen terminantemente?

¿Qué tienen que ver los actuales propietarios de la “U” con los valores de la educación pública que debe representar el club universitario?

Y, por ningún motivo, reclamo para que la “U” sea un club de universitarios. Muy por el contrario, celebro su expansión a sectores populares, ya que es parte de lo que Jurgen Habermas llama la “esfera pública”, un espacio de dimensiones simbólicas (propio de los análisis antropológicos) que supera el ámbito legal de la propiedad para enfocarse en la construcción de procesos identitarios.

De esta manera, quien quiera que fuese, es bienvenido a los valores del ethos público: democracia, igualdad, diversidad, tolerancia, solidaridad, calidad humana; algunos de los valores que debieran inspirar a estudiantes y seguidores de la Universidad de Chile y amantes del fútbol por igual.

Sin embargo, el actual campeón chileno y sudamericano, dista mucho de representar esos valores como institución y lo vemos enfrascado en disputas empresariales y cálculos financieros, mientras sus alumnos luchan por financiamiento público para la Universidad y sus alumnos más vulnerables.

Por eso sorprende esta dicotomía que asumen incluso los sectores políticos de nuestro país. Hace un tiempo, una connotada senadora de la República criticaba con justa razón el escuálido presupuesto del gobierno para con las universidades estatales, sin embargo se regocijaba del campeonato de la “U” ¿Es que acaso los valores públicos son sólo atingentes al campo de la educación? ¿El deporte no es una acción tan formativa como el aprendizaje de aula? No deja de llamar la atención esta esquizofrenia ideológica de nuestros políticos, sólo explicable en sus propias debilidades doctrinarias a la hora de defender los “asuntos públicos”.

¿Cómo explicar estos sin sentidos de la política pública? Hay una explicación superficial, las sociedades anónimas le darían transparencia al fútbol chileno. Pero después de la escandalosa elección de la ANFP del 2010, que culminó con la salida de Bielsa de la selección nacional por obra y gracia de las sociedades anónimas, ¿alguien podría sostener que los representantes de las regencias privadas le han otorgado mayor transparencia al fútbol chileno?

Lo mismo se podría decir a nivel internacional ¿el fútbol italiano es más transparente por estar dominado por lógicas privadas?

Y en el punto contrario Pumas de la UNAM en México ¿es menos transparente que América de Televisa por estar regido mediante una Fundación Universitaria? Por supuesto que no, y esto de ninguna manera resiente el inmenso apoyo popular que tiene dicho club del Distrito Federal.

Por eso, la respuesta hay que buscarla en la profundidad ideológica. Hasta el momento que emerge toda la clase dirigente de nuestro país, compartía la convicción de que lo privado era más eficiente que lo público, por eso no es de extrañar que la quiebra de la Universidad de Chile fuera solicitada por un organismo público, la Tesorería General de la República en el año 2006, sin mediar tratativas de un acuerdo, como el solicitado por la Corporación Deportiva. ¿Por qué tanto apuro en declarar su quiebra?.

Quizás haya tenido razón el Dr. Orozco, quien hasta el día de hoy reclama la debilidad de las autoridades de la Casa de Bello en defender su club, y de impedir que cayera en manos empresariales, que hoy lucen victoriosos sepultando los valores universitarios.

Y no se diga es el típico intento chaquetero de los chilenos. Por el contrario, defiendo los valores culturales universitarios y del deporte, en donde la identidad de un símbolo nos diga algo, y no una simple estrella alcanzada por el poder del dinero.

Hablo de esa U que esperó 25 años por un título sin quebrantar su pasión, aquella que no se basa en triunfos, sino en epopeyas simbólicas. Para ello se requiere convicción profunda, evitando la victoria fácil, para encender los corazones, y volver a creer que el fútbol es “amor a la camiseta”. Y no es un asunto melancólico.

Al contrario, es un llamado de futuro, tal vez con la escondida esperanza que sean los líderes universitarios que exijan con fuerza la Universidad de Chile para la Universidad de Chile.

Algo tan simple como representémonos a nosotros mismos, llevamos nuestro mensaje de transformación a través del fútbol porque es una memoria colectiva que no se puede perder, por eso hasta que la Universidad no sea nuevamente propietaria de su propio club, mejor sería no entonar el himno que suena tan desafinado en la oficinas de la Universidad del Desarrollo o en la bolsa de valores.

De este modo, y parafraseando a un gran relator deportivo, “a sentarse románticos viajeros” todavía no es tiempo de celebrar hasta que veamos estas copas en la propia Universidad de Chile.

Porque representa valores que pueden ser compartidos por una gran mayoría, ya sea un académico, un trabajador, una pobladora, son todos bienvenidos a compartir el valor de lo público, quizás así volvamos a hacer del fútbol un “lugar común” inspirados en la idea del antropólogo Marc Augé: un espacio histórico, relacional e identitario.

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11 jul 2012

Suelo urbano y gobierno metropolitano para Santiago

Por Carlos Montes
Carlos Montes
Carlos Montes
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Las implicancias urbanísticas de la inauguración de un centro comercial en Providencia; los impactos de las nuevas autopistas Vespucio Oriente y Costanera Central y las presiones inmobiliarias por expandir el radio urbano revelan la necesidad urgente de instalar Gobiernos Metropolitanos en nuestras grandes ciudades y, particularmente en Santiago.

Dichos asuntos tienen en común las mismas complicaciones y problemas: las falencias graves en la planificación y la radicación de decisiones claves en el gobierno central, en los municipios o, incluso, dejadas a los intereses privados, sin una visión sistémica.

Las consecuencias son también similares. Alentar el crecimiento del parque automotriz sin adoptar, en paralelo, medidas que fortalezcan el transporte público; liberalizar el suelo, sin frenar la especulación con los terrenos ni disponer de gestión estatal para necesidades sociales y crear carreteras que dividen comunas y afectan la vida de sus barrios, traslada a los habitantes las molestias y al Estado las responsabilidades en conectividad, equipamiento y servicios públicos complementarios de grandes iniciativas.

¿Se agotaron los terrenos? Probablemente no. Lo que escasea son, por una parte, los sitios urbanizables a bajo precio que permitan satisfacer la demanda de vivienda social, ajustándose al valor actual de los subsidios y, por otra, los destinados a otros proyectos, con los niveles de rentabilidad de las últimas décadas.

Lo que sí se agotó es este modelo de construir ciudad segregada, desigual, desordenada y sin escala humana como resultado de un esquema institucional que no ve los temas en forma integral, sino lo hace parcial y localmente y, en lo puntual, la falta de un rol decidido del Ministerio de Vivienda para frenar la especulación de suelo urbano y asegurar la satisfacción de las necesidades habitacionales.

El desarrollo de nuestras grandes urbes, requiere contar con una planificación adecuada, que anticipe los problemas y no sólo los busque atenuar, generalmente en forma tardía, como el caos vial de la zona oriente. Se necesita, asimismo, que las decisiones se evalúen en forma multisectorial y con una participación activa de las comunidades afectadas.

En el caso de la expansión del radio urbano, deben ponderarse los costos en materia de equipamiento, transporte público, vialidad y las consecuencias ambientales y especialmente sociales, contrastándolos con la alternativa de rescatar barrios deteriorados, pero con criterios exigentes y no como se intentó en los ‘90.

Necesitamos esa perspectiva integradora, tanto en lo territorial como en los contenidos.También tener más canales y espacios para que la ciudadanía pueda expresarse. Urge instalar los Gobiernos Metropolitanos, ya consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional.

Lo que falta es determinar sus órganos, deseablemente un Intendente elegido democráticamente y un Consejo Regional también surgido de las urnas, aunque quizás reforzado para algunas decisiones con representantes comunales; su financiamiento, asegurando los recursos en la ley de presupuestos y su funcionamiento, donde lo fundamental es definir aquéllas materias que pasarán de los municipios al CORE.

Seguir esperando es continuar tomando decisiones, como la del suelo urbano de Santiago o las exigencias urbanísticas de grandes proyectos u obras viales con una visión estrecha, insuficiente para la magnitud de los problemas.

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11 jul 2012

¿Por qué nos oponemos a la ley de pesca?

Por Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
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Porque no representa ningún avance para la pesca artesanal, que sigue siendo el pariente pobre del sector, pese a constituir una actividad tradicional de trabajo y sustento para miles de familias y comunidades. Una ley integral debe proteger las cinco millas y los caladeros históricos más allá de éstas, frenar el arrastre y el descarte; contener normas de protección social, otorgar exclusividad en las denominadas “pesquerías finas” y dar acceso a aquéllas en desarrollo incipiente, entre otras materias.

Porque insiste en un sistema de administración pesquera (las cuotas por armador), a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que hemos confirmado que llevaron al colapso de las pesquerías, pese a que fueron planteadas como la solución del problema. Hoy las capturas de las principales especies han caído a niveles históricos.

Porque las cuotas indefinidas y transferibles constituyen claramente una privatización del mar, entregando definitivamente a unos pocos y para siempre los recursos marinos que pertenecen a todos los chilenos. No hay derechos adquiridos respecto de los bienes públicos.

Porque favorece al mismo sector industrial beneficiado por largos años y que ha llevado a la sobre explotación de los recursos del mar. Se premiará a quienes han depredado nuestras costas, tal como se hizo con la salmonicultura.

Porque mantiene y agudizará la concentración de la industria pesquera en unas cuantas familias, sin establecer límites ni flexibilizar las rígidas barreras de entrada de la actividad, lo que no resulta conveniente bajo ningún análisis económico serio.

Porque entrega casi gratuitamente los recursos pesqueros del país al sector industrial, atendido que el nivel de las patentes y derechos de explotación que se proponen son insignificantes en comparación a la cuantía de las utilidades obtenidas en las últimas décadas. La magnitud de esos aportes debe ser concordante con su valor de mercado y suficiente para financiar la investigación, la fiscalización y la protección social.

Porque pese a los avances que significa restarle poder decisorio a los Consejos y haber desechado el Panel de Expertos, persiste un esquema que favorece la incidencia y presión de los interesados en la administración de las pesquerías y mantiene rangos importantes de discrecionalidad en manos del gobierno de turno.

Porque no se asegura los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad, con planes de mediano y largo plazo que garantice que las decisiones de administración se orienten efectivamente hacia la sustentabilidad.

Porque no se establecen medidas que permitan una adecuada fiscalización ni sanciones eficaces y ejemplarizadoras contra quienes violando la ley obtienen beneficios ilegítimos.

Porque no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar.

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11 jul 2012

El “modelo económico chileno” en dictadura y democracia

Por Ricardo Ffrench-Davis
Ricardo Ffrench-Davis
Ricardo Ffrench-Davis
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El Wall Street Journal ha reclamado en contra de las reformas socioeconómicas que ha propuesto el gobierno de Sebastián Piñera. Este estaría a la defensiva y no sería capaz de defender la esencia del exitoso modelo de desarrollo chileno marcado por la “la moralidad del mercado y la santidad de los derechos individuales”.

Sin embargo, el modelo de desarrollo chileno aplicado desde 1973 ha sufrido importantes reformas y ha tenido tan diversos resultados socioeconómicos que no se puede hablar de “un” modelo de desarrollo. Por ello no nos debiera extrañar que nuevamente la economía chilena deba enfrentar importantes reformas en pro de la igualdad social y del desarrollo productivo.

Chile es presentado, con inusitada frecuencia, como un caso paradigmático de reformas y crecimiento exitoso. Se habla incluso de “el modelo chileno”, como si Chile hubiese tenido una política económica “única” desde los setenta y desempeños económicos y sociales homogéneos en los cuatro decenios transcurridos desde el golpe militar de 1973.

Manuel Castells señala que el modelo de desarrollo chileno se caracteriza, a partir de 1973, por ser liberal en lo económico, autoritario en lo político y excluyente en lo social.

De una economía cuyo principal motor era el Estado, pasamos a una abierta y de mercado.A través de privatizaciones, desregulaciones y liberalizaciones de la economía, el gobierno dictatorial llamó a las empresas privadas a remplazar al Estado en un nuevo papel económico: conquistar los mercados internacionales. El “modelo chileno” ha mantenido, durante las últimas cuatro décadas, fundamentos constantes pero con diferentes modalidades.

Bajo el gobierno del General Augusto Pinochet se impuso una economía abierta y de mercado que se aplicó, entre 1973 y 1989, en forma autoritaria en lo político y excluyente en lo social. Se trató de una primera etapa neoliberal propiamente tal.Sin embargo, a raíz de la crisis económica de 1982, la dictadura ya hizo un primer cambio al modelo estableciendo regulaciones estatales de carácter pragmáticas – que promovieron la recuperación del crecimiento económico -, pero regresivas – pues aumentaron desempleo, pobreza y desigualdad-.

Es cierto que durante la dictadura de Pinochet se produjeron diversas modernizaciones en Chile. Sin duda, varias de ellas han constituido bases permanentes para las estrategias democráticas de desarrollo, pero otras constituyen un pesado lastre. El crecimiento económico del régimen neoliberal de Pinochet, entre 1973 y 1989, promedió sólo 2,9% anual, la pobreza marcó 45% y la distribución del ingreso se deterioró notablemente.

A partir de 1990, los gobiernos democráticos mantuvieron la matriz económica heredada, pero aplicaron dos cambios centrales: democracia política e inclusión social. Ahora bien, bajo los gobiernos de la Concertación se pueden observar también dos etapas.

La primera en que se acentuó el cambio, entre 1990 y 1997. En ella se aplicaron reformas laborales, sociales, tributarias, fiscales y monetarias que elevaron el crecimiento económico, bajaron la pobreza y mejoraron levemente la distribución del ingreso. A partir de 1998, los elementos neoliberales y continuistas del modelo heredado de 1973 se impusieron por diversas razones políticas, económicas, sociales e ideológicas.

Empero, el balance democrático es muy superior al autocrático, aunque no logramos mantener el ritmo y sentido de las reformas que la economía y la sociedad chilena requerían.

La Concertación logró mejores niveles de crecimiento económico, del empleo, y de los ingresos de los sectores medios y pobres. El crecimiento económico entre 1990 y 2009 fue de un 5% (5,3% si se excluye la recesión de 2009).

Dicho crecimiento económico más políticas públicas activas redujeron la pobreza del 45% al 15,1% de la población. En la dimensión social, no sólo se redujo la pobreza mediante políticas públicas.En efecto, los salarios promedios reales eran 74% superiores en 2009 que en 1989 y el salario mínimo se había multiplicado por 2,37; agudo contraste con los salarios durante la dictadura, que en 1989 eran menores que en 1981 y que en 1970.

Así Chile avanzó más rápido que los otros países de América Latina, y acortó significativamente la distancia que lo separa de las naciones más desarrolladas. El PIB por habitante se expandió a un promedio anual de 3,6%, en comparación con 1,3% en 1974-89.

En moneda comparable, ajustada por paridad de poder adquisitivo (PPA), en 2009 el PIB per cápita alcanzaba a 31% del ingreso promedio de los habitantes de los EEUU, la mayor economía del mundo. La trayectoria de los decenios pasados ha mostrado altibajos. En 1989, con fuertes retrocesos marcados por la profunda crisis de 1982-83, llegaba apenas al 20,5%.

Sin embargo, con el retorno a ideas más neoliberales a partir de 1998, el gobierno perdió la iniciativa para aumentar inversión social, productiva y regulación de la macroeconomía.

Eso significó que se debilitará el crecimiento económico y se disminuyera la velocidad en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Al igual que bajo la dictadura, el desarrollo económico en democracia no fue lineal.

El crecimiento económico y el alza de los salarios y del empleo fueron notablemente más lentos en la segunda que en la primera mitad de los gobiernos de la Concertación. La constatación de las brechas de PIB y equidad, que resurgieron desde 1999, agudizan esta negativa percepción.

Lo anterior sumado a la crisis económica internacional, el desgaste de veinte años de gobierno y una creciente frustración social en la ciudadanía, especialmente entre las nuevas capas medias surgidas durante la redemocratización, llevaron al triunfo del actual gobierno ligado a las ideas de neoliberalismo económico.

Las protestas de más de dos millones de chilenos durante el año 2011 han obligado al nuevo gobierno a presentar una tímida agenda de cambio económico, político y social. La tarea de la centro-izquierda es ahora presentar una nueva etapa de reformas para lograr más crecimiento económico y cohesión social.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/06/el-modelo-economico-chileno-en-dictadura-y-democracia-mitos-y-realidades/

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11 jul 2012

¿No nos da vergüenza?

Por Ernesto Moreno
Ernesto Moreno
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Cuando en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el sueldo de los ejecutivos más altos es 32 veces más que el de los trabajadores, en tanto que en Chile es más de 100.

Cuando las ISAPRES, AFP y Bancos de nuestro país tienen ganancias anuales desproporcionadas para nuestra realidad.

Cuando nuestro gasto público promedio en salud y educación, en relación al PIB, sigue siendo uno de los más bajos de la región.

Cuando nuestro gasto de bolsillo en salud, en relación a la capacidad de pago, es más de 150% más alto en el 5% de los hogares más pobres que en el 5% de los hogares más ricos.

Cuando aproximadamente el 80% del producto nacional está asociado con no más de 15 grupos económicos.

Cuando el 10% más rico de Chile se lleva más del 40% del ingreso nacional y el 10% más pobre el 1,2%.

Cuando el gasto público de países “altamente competitivos” alcanza a un 45%, mientras en nuestro caso sólo llega en torno al 25% (siendo superados en el caso de América Latina por países tales como Ecuador, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Cuba, Argentina y Nicaragua).

Cuando Chile es uno de los países del mundo (cuando no el que más) con mayor número de tratados de libre comercio, que lo hacen estar vinculado a más del 85% de la población mundial.

Cuando Chile se encuentra en el puesto 119 en la lista de países por igualdad de ingreso, lo que equivale a decir que nos ubicamos entre los 15 países con peor distribución del ingreso en el mundo.

Cuando aproximadamente un 20% de los jóvenes entre 20 y 24 años aún no terminan la educción secundaria, con todos los efectos que ello tiene para el acceso al mercado laboral y la correspondiente posibilidad de movilidad social.

Cuando el total de la recaudación tributaria chilena el año 2011 alcanza sólo al 15% del PIB, mientras en los países de la OCDE está por sobre el 35%.

Cuando los impuestos en los países de la OCDE reducen la desigualdad (entre antes y después de impuestos) en torno al 30% y en Chile lo hacen en un 4%.

Cuando el PIB del país entre los años 2001 al 2011 crece en un 260% y sin embargo a la altura del 2010 el ingreso mensual promedio de los hogares más pobres alcanza a $169.700 mensual, en tanto que en el decil de más altos ingresos el promedio mensual llega a 1 millón 976 mil pesos por hogar.

Cuando más del 70% de los trabajos asalariados no están protegidos y sus ingresos mensuales no superan los $300.000.

Cuando a lo largo de nuestro territorio, en circunstancias de bajas temperaturas, aún siguen muriendo personas.

En fin, cuando estas y muchas otras paradojales cifras se dan en nuestro país: ¿No parece un despropósito, un fariseísmo economicista y casi una pirquenería, el estar discutiendo y poniendo todo tipo de obstáculos a un salario mínimo de $200.000?

A muchos nos da vergüenza, pero pareciera que en nuestro país han aumentado los sin – vergüenzas.

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11 jul 2012

“Los muertos que vos matasteis”…

Por Mariano Ruiz-Esquide
Mariano Ruiz-Esquide
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Una de las características de la política chilena en los últimos 60 años es su versatilidad y la cantidad de veces que habiéndose dado por muertos políticamente a partidos políticos, coaliciones o simples personeros vuelven a estar vivos y pujantes.

Así sucedió con el Partido Radical el año 1952 en que luego de ser arrasado por el triunfo Ibañista, varios años después participa en el gobierno de Allende y hoy tiene una pre candidatura presidencial.

Lo mismo ocurrió con los viejos partidos conservador y liberal que siendo aniquilados en el año 1965, hoy representan la misma derecha en el Gobierno del Presidente Piñera.

Tampoco debemos olvidar lo que sucedió en la década del 30, 40 y 50 en que varios personeros políticos o partidos de distinta nominación perdieron el poder que tenían para luego renacer con una mayor fuerza de lo que uno podía haber pensado en esta evolución.

Hace menos de una semana un distinguido senador afirmó con rotunda seguridad: “Llegó la hora de hacer el ritual de la muerte de la Concertación”. En este caso específico los dichos  deberían ser más precisos pues él pertenece a la Concertación, ya que fue elegido conforme las últimas elecciones senatoriales por esta combinación y asiste a los almuerzos semanales de ella en el Senado. Se trata así de un suicidio asistido.

Esta frase me recuerda la irónica pregunta de José Stalin cuando en los trámites para lograr una buena relación con el Papa preguntó a sus corifeos ¿Cuántas divisiones tiene el Papa para saber cómo debemos tratarlo?

Es, además una afirmación que carece de solidez. Según decía mi viejo profesor de filosofía en casos como éste es necesario apuntar a una frase distinta ¿Cuánto demora un cuerpo en morir? Según la Anatomía es variable y no todos los órganos y células mueren al mismo tiempo.

Para mí que éstas son disquisiciones porque lo que verdaderamente vale en política es lo que señalaba el padre Stalin. Entonces las preguntas son: ¿cuántos senadores tenemos como Concertación? 19, ¿cuántos diputados? 52, ¿dirigentes regionales, dirigentes estudiantiles, grandes luchadores y dirigentes poblacionales? muchos con distinta duración pero existen y por lo tanto son.

También es correcto utilizar otra frase famosa, como esa con la que empiezo esta nota, para comentar la realidad y los dichos como señalaba el poeta andaluz “los muertos que vos matasteis gozan de buena salud”. Cuidado pues con las palabras, las alegorías, las predicciones y las similitudes.

Entiendo el sentido de la sentencia pero ¿no será que de repente lo que nos falta es fraternidad para no enterrar a los muertos antes que mueran?

Mi viejo mentor del campo angelino don Pedro Urdemales me dijo una vez: “hablando de muertos señor, hay algunos que levantan adobes y vivos que se hacen los muertos. No mire tanto patrón a los que Ud. quisiera ver muertos porque no sea que en la familia de los supuestos muertos lo que quieren es que el muerto sea usted.”

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11 jul 2012

Día de la Dignidad Nacional y la Solidaridad

Por Isabel Allende
Isabel Allende
Isabel Allende
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Hoy recordamos el 11 de julio de 1971 como una fecha de gran significación para la historia de Chile. Hace 41 años, por unanimidad los sectores políticos representados en el Congreso Nacional aprobaron la reforma constitucional que posibilitó que el Presidente Salvador Allende promulgara la Nacionalización del Cobre.

Fue clave que todos los sectores políticos entendieran esta decisión como un ejercicio de soberanía plena, coherente con el derecho nacional e internacional. También la comprensión de que si los recursos provenientes de la explotación del cobre quedaban en Chile, permitirían beneficiar y estimular el crecimiento económico y nuestro desarrollo social.

El país entero coincidió en la necesidad absoluta de priorizar el interés nacional por sobre intereses privados extranjeros, y esta fue una convicción producto de una toma de conciencia gradual, que fue impulsada desde 1952 por el entonces senador Allende.

La defensa y recuperación del cobre ha estado íntimamente ligada a la historia política y social de nuestro país, y como lo declaró el Presidente Allende: “Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano, acto soberano que inclusive está consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas, que establece que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas esenciales”.

Tal como lo dijo ese día de 1971: “Esta batalla ha sido larga, pero hay que destacar que la conciencia del pueblo ha permitido que hoy día en Chile la inmensa mayoría sientan este día como propio”.

Hoy nadie podría discutir razonablemente, los beneficios que nos ha traído esta declaración de principios y ejercicio de soberanía expresada en la Nacionalización del Cobre.

La cuprífera estatal ha sido un aporte fundamental para el desarrollo de Chile, y sólo desde el año 2000 a la fecha ha entregado al país más de US$ 50.000 millones, produciendo un 30% de la extracción del cobre.En el mismo periodo, el impuesto pagado por las grandes mineras privadas fue de US$ 19.380 millones -menos de la mitad de lo que ha contribuido Codelco- siendo éstas las responsables del 70% de la extracción de cobre en el país.

Chile produce actualmente el 36% del cobre que se consume en el mundo, y como hemos visto, ello genera ingresos cuantiosos. Lamentablemente tales ingresos quedan hoy día mayoritariamente en manos de las empresas privadas, particularmente de empresas transnacionales.

Durante el 2010 logramos aumentar el cobro del Impuesto Específico a la minería propuesto por el gobierno del presidente Piñera, que en la práctica mantenía los privilegios para las grandes compañías, con tasas de impuesto específico incluso más bajas que las vigentes, pero claramente ello no es suficiente.

Mantenemos firme nuestra convicción que el Cobre es de todos los chilenos y como tal las ganancias de su explotación deben quedar en nuestro país. Estos ingresos deben favorecer el desarrollo de políticas sociales, permitiendo un crecimiento económico sostenible, que financie la deuda social que este modelo mantiene con amplios sectores de la sociedad chilena.

Reiteramos hoy nuestra propuesta de un Royalty que exige un cobro del 10% a las ventas sobre los recursos naturales que nos pertenecen a todos los chilenos y las chilenas. De ello, un 2% debiesen quedar en nuestras regiones mineras. ¿No es de toda justicia que nuestra riqueza minera financie educación, salud y vivienda digna y de calidad para todos?

En este 41º aniversario de la nacionalización de Cobre, quiero hacer un llamado a todos los sectores políticos, empresariales, trabajadores, chilenos y chilenas, es momento de asumir con responsabilidad la oportunidad histórica que tenemos. No podemos dejar de escuchar a la ciudadanía que demanda más Estado.

Hoy las empresas extranjeras obtienen utilidades anuales que superan los 10 mil millones de dólares, y entre los años 2001 y 2010 obtuvieron de utilidades, después de impuestos, US$ 83.500 millones.

Chile no debe continuar con las concesiones mineras en los términos que lo ha hecho hasta hoy, porque pierde importantes recursos que pueden estar orientados al desarrollo sustentable y equitativo.

Por esta vía se pueden resolver las enormes desigualdades sociales existentes, mejorar nuestro capital humano y favorecer la innovación necesaria para continuar creciendo, perfeccionar nuestros niveles de competitividad en el mercado mundial, e invertir en el desarrollo de las Energías Renovables.

Es hora que trabajemos por un gran acuerdo país, con una amplia discusión, incorporando a todos los actores y sectores en torno a la participación activa del Estado en la explotación de nuestros recursos minerales y recuperar el Cobre para Chile. Este acuerdo debe estar basado en la incorporación del Estado en todas las nuevas actividades extractivas mineras.

Salvador Allende tuvo una visión estratégica al generar conciencia, e impulsando desde su gobierno la Nacionalización del Cobre. Hoy deberíamos recuperar esa mirada común respecto a la defensa de nuestras materias primas, lo que beneficiaría a nuestro país y particularmente el futuro de las próximas generaciones. Esta iniciativa era parte de un proyecto país que pretendía una sociedad más próspera, más participativa, más equitativa y solidaria.

Quiero compartir una última reflexión que nos entregara el Presidente Allende en 1971, y que hoy está plenamente vigente, pensando justamente en lo que tenemos que enfrentar para este nuevo siglo que estamos iniciando: “Lo que se haga en el cobre dependerá de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega sacrificada a hacer que el cobre se siembre en Chile para el progreso de la patria”.

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11 jul 2012

Cartolazo del Banco de Chile: responsabilidad no endosable

Por Aldo Cornejo
Aldo Cornejo
Aldo Cornejo
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Pese a los evidentes esfuerzos del Banco de Chile por bajarle el perfil a los envíos de cartolas de otras personas a sus clientes, cada vez queda más claro que aquí no estamos frente a un error menor, sino que a una grave falta que deja al descubierto la precariedad y desprolijidad administrativa con la que se manejan los datos bancarios de los cuentacorrentistas.

Resulta incomprensible que se produzca este error pese al monitoreo que por meses ha mantenido la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) sobre esta institución por el sinnúmero de interrupciones y mal funcionamiento que ha experimentado la página del banco durante los últimos meses debido a los cambios de plataforma tecnológica que ha realizado.

La gravedad de esta situación no sólo radica en el descuido innegable de datos sensibles.Aquí estamos frente a una eventual falta a la Ley General de Bancos (LGB), específicamente al artículo 19 referido a las normas que regulan el envío de información a los clientes bancarios. Si queremos ir más allá, incluso podríamos estar frente a una violación del secreto bancario, ya que está en duda que se esté cumpliendo con el artículo 154 de la LGB.

Dicha norma dispone que “los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente”.

Tal es la relevancia del secreto bancario que la propia ley establece que quien lo viole “será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio”.

A muchos clientes les sorprendió enterarse por la prensa, a raíz de esta polémica, que existía una empresa externa involucrada en una parte del procesamiento de su información bancaria. La misma empresa sobre la que hoy el Banco de Chile deslinda la responsabilidad de lo ocurrido, en circunstancias que la obligación respecto del buen uso de los datos personales no puede ser endosada a terceros.

Hoy, es la distribución errada de cartolas entre clientes del mismo banco, pero hace un par de meses un programa de televisión sacó a la luz el uso indebido de información comercial de las personas en un registro histórico no regulado que los bancos utilizan para rechazar créditos a clientes que siguen apareciendo en esas bases de datos, pese a haber cancelado sus deudas hace años.

Esta suma de situaciones anómalas en la industria bancaria revela que los datos de las personas no están debidamente protegidos porque la actual legislación no está cumpliendo su objetivo.

Desgraciadamente, tenemos una iniciativa que ingresó durante el presente año al Congreso que apuntaba precisamente a garantizar la privacidad de los datos personales, pero no ha existido la voluntad política del gobierno para impulsar su tramitación.

Los hechos hablan por sí solos. Hoy más que nunca es necesario contar con una legislación que efectivamente proteja no sólo la información comercial de las personas sino todos los datos de los chilenos.

Es imprescindible, antes que legislar sobre cualquier otra materia, contar con un marco regulatorio que ponga límites, normas, procedimientos y sanciones al tratamiento de la información de las personas.

Si la autoridad realmente quiere hacer las cosas bien no puede dejar pasar la oportunidad histórica de generar una ley robusta, que tienda a evitar situaciones como éstas, que, como ya hemos visto, rápidamente quedan en el olvido y no generan costos para nadie más que para los propios clientes.

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10 jul 2012

Política y poder en el PPD

Por Domingo Namuncura
Domingo Namuncura
Domingo Namuncura
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El principal efecto que tiene la disputa pública entre el ex Ministro Velasco y el Senador Girardi es de hastío. Especialmente entre los jóvenes. Mis estudiantes universitarios son representativos de la desilusión que los políticos causan en la sociedad.Si sumamos a esto el bochorno de la ausencia de varios parlamentarios de oposición en la emblemática votación para eliminar el guarismo de 120 Diputados en la Constitución, que echa abajo el reclamo para cambiar el sistema binominal…todo es una vergüenza.

La relación entre política y poder es generalmente espuria, contrahecha. La política implica el acto de gobernar y conducir instituciones. En el neolítico la política la ejercían los que tenían la fuerza bruta. Durante siglos el poder fue absolutista hasta la Revolución Francesa.

Schmitt define la política como la dialéctica entre amigo-enemigo. Para Duverger es la lucha entre individuos y grupos para conquistar el poder. Weber la define como un asunto estrictamente de poder.

Debemos, en general, al contractualismo la idea de que el poder político es la expresión de un contrato entre la sociedad civil y el Estado, en donde la política es una actividad orientada hacia el bien común. En tal sentido, el objetivo del quehacer político sería lograr poder en la sociedad para representar y hacer realidad los intereses colectivos que contribuyan al perfeccionamiento de la sociedad. Pero, por lo general, el quehacer político está cruzado por los intereses individuales.

En ese sentido, no es extraño (aunque nos siga sorprendiendo) el que entre las corrupciones sensibles del contractualismo esté presente el uso indebido e inapropiado del poder, sobrepasando muchas veces los límites éticos.

Otras formas corruptas son el tráfico de influencias, la extorsión, la prevaricación, el caciquismo, la cooptación, el nepotismo, los compadrazgos y la impunidad. Si a esto se agrega la intervención del tráfico de drogas y el lavado de dinero en política, estaríamos en el peor de los escenarios.

La disputa entre Velasco y Girardi es además, la expresión de un problema mayor a partir de las reacciones de diversos actores políticos, unos rasgando vestiduras, otros saliendo en defensa y nuevos ataques, y todos –en general- pareciendo omitir lo esencial y es que todos, unos más, otros menos, están involucrados más o menos en los mismos hechos.

Es decir, no hay político en Chile que pueda tirar la primera piedra en materia de actos de presión a partir del poder que ejercen. Esto es parte de una práctica habitual. Los hay quienes ejercen presión debida, en razón de motivos superiores como la defensa de derechos fundamentales. No son muchos.

Otros ejercen presión indebida en razón de intereses individuales y/o de grupos de autoreferencia.Son los más. Todos los políticos presionan, en un sentido u otro. Y también amenazan, en un sentido u otro, hasta que dejan de tener ese poder omnímodo que les da la representación popular o que emana de la confianza de una autoridad mayor. En ese caso quedan reducidos a lo que son, pero habrán dejado una huella indeseable.

¿En qué tipo de políticos, entonces, debiéramos poder confiar? En los que son capaces de detenerse en el límite ético entre la virtud y la corrupción. Y en los que son consecuentes en la vida misma.

¿Cómo confiar en un político que dice defender la salud pública y que incluso se puede pasear en los consultorios haciendo campaña, pero está inscrito en la mejor Isapre y se atiende, con su familia, en las más glamorosas clínicas privadas de Chile?…

¿Cómo confiar en un político que dice defender la Educación Pública, pero tiene intereses directos (o indirectos a través de su familia) en colegios privados?…

¿Cómo confiar en políticos que dicen defender los derechos laborales, pero son altamente proclives a la influencia de las empresas desde donde le ayudaron a financiar parte de su campaña electoral?…

¿Cómo confiar en un político que se conduele por la pobreza y los bajos salarios cuando sus propias remuneraciones y privilegios salariales sobrepasan con creces los modestos sueldos de sus representados?…

El Diputado Marcelo Schilling ha puesto en el debate público el tema de que un parlamentario con un poco más de dos millones y medio de pesos puede vivir cómodamente. ¡Y así es! Y por atreverse a poner el tema más de algún escarnio y mofa se ha ganado.

¿Cómo confiar en políticos a quienes conocimos viviendo sencillamente y que con el paso de años, y al alero del poder, han experimentado asombrosas transformaciones materiales?…

¿Se acuerdan del chiste del Palta Meléndez en la Quinta Vergara, en alusión a una reflexión de Allende resucitado? “Cómo han cambiado los compañeros…Ahora pasaron de la citrola al Mercedes…Cómo han cambiado”…Duro, ¿verdad? pero así es.

Cada cierto tiempo la sociedad civil se sorprende con historias de políticos involucrados en algún hecho de corrupción. Pero, para ser francos, la sorpresa debería ser hasta por ahí no más, pues al final de cuentas los pueblos tienen los políticos que eligen. ¿O no? Entonces, también se requiere una autocrítica ciudadana para elegir mejores alternativas.

En ese sentido, la próxima campaña parlamentaria deberá permitir que a través de un mecanismo de elección primaria, un político de fuste, pero corrupto o con inclinaciones corruptas, pueda ser desafiado por nuevos ciudadanos, más dispuestos a convertir la relación entre Política y Poder en un auténtico Servicio Público, virtuoso y comprometido con el bien común. Y es de esperar que esos ciudadanos que se sorprenden con eventos de corrupción no se dejen seducir por las campañas fastuosas.

¿Les parece correcto que una campaña senatorial se empine por sobre 500 millones de pesos en una Circunscripción?

¿O que una campaña para diputados bordee los 100 millones? Ése es el tipo de escándalo que hay que parar en seco.

¿Están dispuestos nuestros ciudadanos a detener la vergüenza de campañas electorales en donde se invierten enormes sumas de dinero? Empecemos por ahí.

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