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El 14 de julio, una semana después de que Jaime Quintana, presidente del PPD, anunció que había llegado la hora de realizar “el rito de la muerte” de la Concertación, se efectuó en el ex Congreso la reunión convocada por el PPD, el PR, el PC y los grupos de Navarro y Aguiló, que primero se denominó“Ciudadanía y política” y terminó llamándose “Sociedad civil y partidos políticos”.Llegaron también dos diputados socialistas y uno democratacristiano. No asistió ME-O, que estaba invitado. Como todo el mundo sabía, el anfitrión fue Guido Girardi, igual que en diciembre de 2010 en el teatro El ladrón de bicicletas.
Los convocantes trataron de desvanecer la impresión de que el encuentro era un nuevo paso para formar un “frente de izquierda”, idea que genera aprensiones en el PPD y el PR, pero es visible que hacia allá apuntan los fuegos.Las organizaciones sociales que asistieron eran muy heterogéneas:ANEF, “Patagonia sin represas”, Confusam, Movihl, agrupaciones mapuches, Conadecus, Confech, movimientos animalistas, etc.
Un día antes de la reunión, Girardi estableció la pauta: “Queremos arribar al compromiso de caminar hacia la construcción de las bases de un programa con la agenda de los movimientos sociales como protagonista. Abrir una sociedad entre la política y los dirigentes sociales, quienes disputen espacios de poder de igual a igual en el futuro gobierno” ,(La Tercera, 14/07).
No es serio hablar de una alianza entre partidos y movimientos sociales. Y es francamente demagógico sostener que pueden gobernar juntos. Por ello, hay que desconfiar de quienes postulan algo así, que suele ser una manera de manipular a las organizaciones sociales para ponerlas al servicio de los proyectos de poder de los caciques políticos. Algo así como disponer de una barra.
“Los partidos políticos –dice la ley respectiva-, son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado”.
Las organizaciones sociales, en cambio, son asociaciones no partidistas, que se unen en torno a intereses específicos y defienden el más amplio pluralismo en su seno. Un sindicato, por ejemplo, representa a los trabajadores de una determinada empresa, defiende sus derechos laborales y no discrimina a sus afiliados por razones políticas o de otro tipo.
Se supone, en consecuencia, que Raúl de la Puente, que asistió al encuentro,tiene claro que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales no puede confundirse con el PS ni con ningún otro partido, y que está consciente de que, puesto que a dicha agrupación pueden afiliarse todos los empleados fiscales sin distinción,él está impedido de comprometer al gremio en una plataforma partidista. Salvo, por supuesto, que los límites ya no importen.
Propiciar, como hace Girardi, que los políticos y los dirigentes sociales “disputen los espacios de poder de igual a igual en el futuro gobierno”, es la vía de la desnaturalización de los movimientos sociales, pero además una táctica para conseguir mayores cuotas de poder a río revuelto. ¿Piensa lo mismo sobre el Congreso Nacional? ¿Propone que las candidaturas parlamentarias sean acordadas entre los partidos y los movimientos sociales, incluso respecto del distrito18?
Reuniones como la del 14 constituyen una especie de simulación participativa, una forma de instrumentalización de los movimientos sociales por parte de los controladores de las máquinas partidarias. En definitiva, una nueva expresión de la vieja política.
El diputado Alfonso de Urresti, del PS, sostuvo después del cónclave que “las propuestas sociales deben ser incluidas en el programa de un futuro gobierno” ,(La Tercera, 14/07).
¿Todas las propuestas? ¿Cualquier propuesta? ¿Y qué pasa si las de un grupo son contradictorias con las de otro grupo? ¿Quién resuelve cuáles sí y cuáles no?
Considerando que él es un político, suponemos que dirá que deben decidir los partidos, y no una asamblea de la CUT o de la Fech. O sea, no queda sino trascender los particularismos. ¿Qué sentido tiene, entonces, lanzar proclamas para la galería?
Extrañamente, en el cónclave no se habló de la renovación de la política, ni del combate contra el clientelismo, el caciquismo y las malas prácticas, ni de la necesidad de favorecer la transparencia y el funcionamiento democrático de los partidos.
Es obvio que la centro izquierda debe dialogar con las organizaciones sociales, pero tiene la obligación de ofrecer un cauce constructivo al país en su conjunto. La sociedad civil no es una asamblea, ni un desfile, ni una huelga, aunque debemos defender el derecho a reunirse en asamblea, a desfilar y a declararse en huelga.
El halago a los movimientos sociales es una manifestación de crudo populismo.Además, hace perder de vista a las personas comunes y corrientes, que no pertenecen a ningún movimiento y no tienen tiempo para desfilar porque están preocupadas de trabajar duro por sus familias.
Es necesario integrar las demandas particulares a una concepción global sobre el rumbo del país, y esa es precisamente la misión de la política.Los partidos no pueden renunciar a su obligación de buscar las mejores soluciones posibles a los problemas de una sociedad abierta, crecientemente compleja, en la que no bastan las consignas de agitación.
Más que sumar siglas, la centroizquierda necesita ampliar su irradiación en la sociedad y ofrecer un camino orientado a perfeccionar la democracia, reducir la desigualdad, potenciar el crecimiento económico, que inspire confianza a la mayoría de los chilenos en la capacidad del país para cubrir el trecho que le falta para alcanzar el desarrollo.
