El Ministro Joaquín Lavín, en una entrevista concedida a un medio de prensa el sábado 4 se hace cargo de un error que comparten por igual el actual gobierno y los anteriores: creer que el tema mapuche conlleva principalmente un problema de pobreza y de falta de oportunidades. Entonces, vamos metiendo plata fiscal para parchar la pobreza.
Este error es antiguo. En los mejores tiempos de sensibilidad de la izquierda del pre-golpe militar, lo mapuche se comprendía como parte del movimiento campesino. Con posterioridad, al Pacto de Nueva Imperial (1989) se siguió entendiendo que ése era el problema principal de los indígenas: un poco de tierra para cultivar, becas para la educación, unas cuantas postas, mejores caminos vecinales, luz eléctrica, mejores internados y algunos hogares para estudiantes y subsidios para proyectos prediales. Y voilá, asunto concluido: integración.
Porfiados, los mapuche insistían en que había algo más que atender: derechos integrales, autodeterminación territorial, recuperación de verdad, de tierras usurpadas; participación política y sobre todo, ser escuchados.
El Presidente Aylwin lo entendió en la medida de lo posible y creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (1990). Más tarde promulgó la Ley Indígena 19.253 que despertó grandes esperanzas. Mientras tanto, su ministro del Interior reprimió (también en la medida de lo posible) a los primeros grupos indígenas que en Quinquén exigieron las primeras recuperaciones de tierras.
El Presidente Frei Ruiz-Tagle mantuvo igual concepto de pobreza y falta de oportunidades e hizo crecer la oferta estatal en materia de subsidios y proyectos, pero los recursos para la recuperación de tierras fueron mínimos. Bajo su mandato la perseverancia gubernamental por imponer el proyecto de una transnacional privada, Endesa, en el Alto Bío-Bío (Ralco) terminó por desestructurar la compleja relación de confianzas entre indígenas y Estado construida con esfuerzo entre 1989 y 1998.
El Presidente Lagos entendió en parte sustancial que el tema indígena llevaba algo más que reivindicaciones puntuales y quiso que una entidad nacional diese cuenta, de verdad, del diagnóstico profundo de la verdad histórica y creó en el año 2000 la Comisión nacional de verdad y Nuevo Trato, cuyo informe final fue dado a conocer en el 2004 con 120 medidas extraordinarias y el primer mea culpa del Estado, al reconocerse las injusticias cometidas con los indígenas de Chile y asumir el compromiso de restablecer sus derechos.
En tanto, su ministro del Interior aplicaba las primeras medidas de la Ley de Seguridad Interior del Estado a movimientos o comunidades locales empeñadas en expresarse a través de la ocupación pacífica de ciertos fundos en manos de empresas forestales.
La Presidenta Bachelet fue un poco más allá al declarar en junio del 2008 que el tema de fondo con los indígenas dice relación con sus derechos integrales (sociales, políticos, económicos y culturales). Levantó entonces el Programa Re-Conocer y se empeñó (hasta lograrlo) en la aprobación del Convenio 169 de la OIT, hoy vigente en Chile.
Entre tanto, y tal vez olvidando que la Presidenta tenía un compromiso con los mapuche, su ministro del interior aplicó la Ley Antiterrorista en otras situaciones de ocupaciones de tierras en el sur.
El Gobierno del Presidente Piñera ha significado un gran estancamiento y retroceso en la relación con los indígenas. Estancamiento porque ni siquiera se ha avanzado de manera relevante en la compra y transferencia de tierras, existiendo los recursos necesarios para ello.
Recuérdese que la Conadi, en el 2010 tuvo que devolver dineros a Hacienda y que en el 2011 no se cubrió la meta. Retroceso porque la represión se ha ampliado, lográndose ahora un efecto muy profundo: la incorporación cada vez más amplia de comuneros indígenas y de toda su familia (niños, ancianos, mujeres, jóvenes, adultos, intelectuales y profesionales indígenas) haciendo causa común con sus demandas y concitando con ello la simpatía internacional y nacional.
La Araucanía ha sido convertida por el actual Gobierno en un campo de batalla y gracias a las redes virtuales, millones de personas pueden tener acceso en Chile, en América Latina y resto del mundo a imágenes en donde aparecen mapuches arrodillados indignamente ante policías fuertemente armados, o ancianos arrastrados a buses policiales o mujeres esposadas y detenidas y ahora último niños golpeados y heridos con balines.
Equivocadamente, Piñera, cuando era candidato a la presidencia en el 2005, dijo en Temuco que bajo su Gobierno habría una “nueva Pacificación de la Araucanía”. Los historiadores chilenos temblaron: fue precisamente, bajo la anterior “Pacificación” del sur, cuando el Estado abusó de toda su fuerza para imponer a los mapuche el ostracismo y la discriminación de la que fueron objeto.
En la reposada entrevista del medio de prensa del sábado 4 de agosto, el Ministro Lavín reconoce el error conceptual del Gobierno en el tratamiento del tema mapuche. En realidad es un error compartido con anteriores gobiernos. Pero hay un nuevo equívoco: el Ministro cree encontrar en Nueva Zelanda los antecedentes necesarios para construir un camino de soluciones y anuncia un gran viaje, con una comitiva, a ese país para conocer “en terreno” sus avances en política indígena y, seguramente, aspira a importar alguno de sus créditos.
El Ministro pareciera desconocer o no conocer (da lo mismo) que muchas de las ideas con las cuales él espera encontrarse en Nueva Zelanda, son las mismas (y mejores incluso) que los indígenas chilenos vienen proclamando, difundiendo, escribiendo, interponiendo desde los tiempos del Pacto de Nueva Imperial (1989), desde hace ¡23 años!… ¿Porqué entonces tener que viajar a un país extranjero para importar ideas?
Los Gobiernos de la Concertación realizaron una enorme cantidad de encuentros, seminarios, talleres, jornadas, etc. nacionales, regionales, provinciales, comunales con indígenas en todo el país y en todas las regiones entre 1990 y 2005. Todo está documentado, grabado e impreso.
Y a mayor abundamiento, al Ministro Lavín debería bastarle sistematizar todo lo dicho, y si no tiene mucho tiempo, lo invito a que tan solo estudie el Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato (2004), informe oficial del Estado de Chile, y encontrará todas las respuestas necesarias a las preguntas que él quiere formular en Nueva Zelanda con la comitiva que pretende llevar a ése país.
Por cierto, a nosotros, los mapuches nos interesa conocer la experiencia de nuestros hermanos Maorí en esa nación de 4 millones de habitantes. Los indígenas son el 10%, algo semejante a Chile, y sus conocimientos son importantes para nosotros. Pero es indudable que los indígenas nacionales son muy competentes y que en casi dos décadas han producido iniciativas que, lamentablemente, los Gobiernos democráticos simplemente no han tomado en cuenta.
Y por eso hablamos del conflicto Estado-Pueblo Mapuche y no del “conflicto mapuche”, porque en Chile no son los mapuche los que ponen la violencia, sino el Estado que amparó el despojo, ampara los privilegios empresariales hoy, ampara la discriminación política hoy y ampara la represión en el sur. La violencia contra los indígenas chilenos la sigue poniendo el Estado. Y ahí está el nudo del conflicto.
Entonces, está bien que el Ministro Lavín se dé cuenta del error. Y por último: está bien que quiera ir a aprender de la relación Estado-Pueblo Maorí en Nueva Zelanda, pero está mal que siga sin comprender dónde está la raíz de la violencia contra los indígenas en Chile y sin estudiar lo que los indígenas chilenos vienen gritando a viva voz desde hace varios años.
