31 ago 2012

Estado y desigualdad

Se ha insistido tanto que la desigualdad se supera con el crecimiento económico, el desarrollo y el aumento de la instrucción (mal llamada educación). La falta de cultura nacional, que muestra la verdadera decadencia educacional (errores desde la misma Presidencia de la República), moral (perversiones en núcleos religiosos, ausencia de escalas valóricas), estética, intelectual y espiritual que vive Chile, no permite darse cuenta que es exactamente lo contrario lo que sucede y sucederá.

Repitamos nuevamente, una persona gana $ 100.000 y otro $ 1.000.000. La diferencia es $ 900.000. Hay un aumento al doble, el primero a $ 200.000 y el segundo a $ 2.000.000, la diferencia también crece a $ 1.800.000.

Si se quiere realmente luchar contra la desigualdad y se quiere que el aumento de ambos sea igual de $ 100.000 entonces hay que aplicar una ley tributaria que recaude 0% de impuesto al primero y 55% de impuesto al segundo para que quede con $ 1.100.000.Esto, si se quiere mantener la desigualdad original de $ 900.000 que relativamente disminuyó al duplicar el ingreso.

Es la única ley posible para, sinceramente, reducir la desigualdad. Escucho la gritería de los legisladores. La Izquierda está constituida por los que sinceramente quieren reducir todas las desigualdades y la Derecha por los que quieren mantenerlas o aumentarlas implícita o explícitamente. Basta de farsas, camuflajes o hipocresías para esconder las intenciones.

No estoy tratando sólo de desigualdades en el ingreso monetario sino en toda posesión de propiedades, capitales, poder, acceso a información crítica en la toma de decisiones vitales relevantes o para la inversión, acceso a la educación, a las acciones de salud, al Gobierno, a las políticas educacionales, en salud, en energía, en la construcción, en fin en todos los procesos de desarrollo del país.

Cuando consideramos estas desigualdades, la desigualdad del ingreso es un pelo de la cola y es mas, vemos que aunque hubiese igual ingreso, las otras desigualdades harían esta equidad monetaria inútil para manejar ese ingreso equitativamente. El que tiene una empresa (capital) es infinitamente más rico, en esa propiedad, que el que sólo tiene su fuerza de trabajo.

El Estado es la organización del bien común de un pueblo. El Estado es el que debe garantizar la distribución de bienes equitativamente.

El Estado debe tener cuerpos científico-filosófico-técnicos que generen las políticas de desarrollo, a largo plazo, de educación, salud, energía, previsión, cultura, respeto a la diversidad, etc. independientemente de los Gobiernos de turno, de los partidos políticos y de las corrientes filosóficas, de opinión o religiosas.

Hay que separar al Estado de las Iglesias, partidos políticos, ideologías o cuerpos colectivos representativos de solo una parte del ser de un pueblo.

La Dictadura Militar siguiendo a la Unidad Popular hizo depender el Estado del Gobierno, de una Ideología o del mercado. Se impuso la ideología religiosa capitalista-neoliberal que a la postre resultó, mas bien oligárquica-nepótica, con sus templos, los mercados y las empresas, bien dotados de mercaderes y empresarios cuyo fin es sólo la ganancia importando poco o nada el servicio que prestan, salvo en lo que concierne a optimizar el lucro monetario.

El resultado es que Chile no tiene Estado, queda por allí Codelco y una que otra empresa del Estado.

El Estado sano permite la participación de todos en la génesis de las políticas de desarrollo a través de una Constitución que garantice la participación equitativa de todos los chilenos en estos cuerpos del Estado. Esto es democracia, la equidad en el poder para gobernar al país. Esto es posible, pero los que tienen el poder no lo permiten.

Obviamente, no se trata que todos constituyan, por ejemplo, el Consejo de Educación de Chile, encargado de generar y evaluar las políticas educacionales a largo plazo, sino que todos hayan participado en generar la Asamblea Constituyente que determinará la Constitución que asegure la formación ecuánime de este Consejo de Educación autónomo, del más alto nivel profesional-técnico-científico y que incluya algunos miembros de la comunidad educacional (profesores, apoderados, alumnos), de funcionamiento transparente para todo Chile.

Esta Asamblea Constituyente deberá asegurar todos los sistemas de convivencia en Chile, no como la actual que asegura sólo el sistema capitalista pseudo-neoliberal basado más en la propiedad que en las personas.

La nueva Constitución debe asegurar a todos los pueblos amerindios que no tienen propiedad ni de la tierra ni de alguna cosa, dado que ellos se pertenecen a la Pachamama, que podrán vivir con esta religión y visión de mundo en una organización equitativa, de respeto ecológico absoluto y en comunidad fraterna de compartirlo todo.

La nueva Constitución deberá asegurar una lucha denodada contra la desigualdad en la posesión de la tierra, de los capitales y del poder.

Si los candidatos a cualquier cargo, especialmente a la presidencia de la República no incluyen la postulación de una nueva Constitución, o al menos el cambio del Binominal, la equidad verdadera tributaria, el término de la entrega de bienes del Estado a los privados sin el consentimiento popular, la transparencia completa en el manejo de todos los fondos y de la producción de Chile, no  sueñen que tendrán alguna opción en las elecciones.

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30 ago 2012

La reforma que no fue

Han pasado ya varios meses desde que el proyecto de ajuste tributario del Gobierno ingresó al Congreso Nacional, varios meses donde a pesar de todos los cuestionamientos públicos, las autoridades han decidido mantener su lógica de seguir favoreciendo a los sectores más acomodados y, aunque digan lo contrario, el país sabe que es así.

La UDI y el gobierno insisten que su proyecto tributario que rebaja impuestos a los grandes contribuyentes es “un alivio para la clase media”, insisten en instalar una mentira, pues el proyecto, a todas luces, no trae nada de bueno para estas familias.

En el Chile actual, el 81% de los chilenos gana menos de $535.000 y, por ende, no pagan impuestos; seguir insistiendo en exenciones tributarias para el 19% restante no es un camino que favorezca a la clase media y a la mayoría de las familias del país.

Incluso, en el quintil más rico, la propuesta de rebaja de impuestos personales, favorece más al gerente que al trabajador calificado ya que propone que quién gane $600.000 mensuales tenga un beneficio de sólo $5.000 anuales mientras que el gerente que gana $ 8,0 millones tendrá un beneficio anual de $1.540.000.

La real clase media chilena vive agobiada por las deudas, sus salarios no son suficientes para mejorar sus condiciones de vida y hoy quieren y demandan mejores bienes públicos para todos.

Buena educación tanto básica, secundaria y superior –donde la calidad educativa no dependa del bolsillo del grupo familiar-, Salud de Calidad en la red pública ya que el 80% es afiliado a FONASA, un transporte público digno; mejores viviendas en barrios integrados, entre otras demandas y necesidades.

Los países modernos de la OCDE tienen buenos sistemas públicos en educación y salud que le garantizan a la sociedad que habrá igualdad de oportunidades para el desarrollo futuro y no dependerá del ingreso familiar sino de los talentos y esfuerzos familiares.

La clase media, tantas veces manoseada en las frases clichés de muchos sectores, no quiere seguir viviendo en un Chile desigual, con un 0,52 de coeficiente Gini o con 15% de familias en condición de pobreza. Es lo cierto.

Estas nuevas prestaciones sociales para la clase media y para las familias vulnerables requieren más equidad tributaria; es decir, que los grandes contribuyentes paguen más tributos y que cerremos los espacios para la evasión tributaria.

Chile necesita más recursos fiscales y por eso, este tema de una reforma tributaria de verdad estará en la próxima campaña presidencial.

Como Democracia Cristiana, insistiremos en un Chile más solidario, en busca de una reforma integral, que efectivamente contribuya a disminuir esta desigualdad que hoy avergüenza.

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30 ago 2012

Represión y vulneración de derechos humanos

La reactivación de las movilizaciones estudiantiles ha puesto en evidencia una situación muy cuestionable en el actuar de Carabineros en su función de resguardo del orden público. En las últimas semanas se han sumado varias denuncias de uso excesivo de violencia policial en contra de estudiantes, lo más grave es que involucra a menores de edad y mujeres, en una acción a todas luces desproporcionada entre la fuerza y pertrechamiento de Carabineros, especialmente de las Fuerzas Especiales en contra de menores.

Frente a esa situación de inusitada violencia, es que he manifestado mi preocupación ante el señor Director General de Carabineros, porque creo que es inaceptable, que los jóvenes que están en movilizaciones, que están luchando por la educación, se los esté tratando a palos, esposándolos y menos desnudándolos en las comisarías.

Desgraciadamente esta actitud de Carabineros no ha sido una acción aislada, sino que se ha repetido a lo menos en tres oportunidades, lo cual demuestra que hay una conducta concertada frente al tratamiento de los estudiantes.

Como es de conocimiento público, alumnas del Liceo Javiera Carrera, de Santiago, formularon una denuncia que fue refrendada por una apoderada que también cayó detenida, respecto a que habían sido obligadas a desnudarse en el recinto policial, de igual modo, alumnos del Liceo María Luisa Bombal, de Rancagua, que fueron desalojados por la policía, llevados a una comisaría y según declararon les obligaron a sacarse la ropa.

Junto con lo anterior se conoce la denuncia realizada por alumnos de la Universidad Alberto Hurtado, respecto al violento proceder de Carabineros, que ingresaron al recinto universitario para detener a estudiantes atacando a jóvenes sin provocación alguna y mofándose frente a algunos de ellos diciendo que en el bus tenían desnuda a su hermana.

Como era de esperar, finalmente el General Director de Carabineros, frente a estas situaciones tan inconcebibles en el actuar de la fuerza policial, resolvió sancionar a cuatro funcionarios ligados a la represión en el Liceo de Rancagua.

Pero a nuestro entender no se trata solo de aceptar medidas administrativas. En el actuar de Carabineros ha habido la presunción de la comisión de delitos graves, que deben ser investigados, los cuales podrían ser calificados de tortura, de lesiones, y de menoscabo de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, circunstancia que implica una flagrante violación a normas consagradas en instrumentos internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de la Mujer y la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Carabineros de Chile, es una fuerza instituida por la Constitución de la República, para el resguardo del orden y la seguridad pública, por lo tanto está obligada a cumplir perentoriamente con la Ley y las normas del estado de derecho.

La forma, los procedimientos con los cuales esta entidad policial cumple su rol, no puede estar reñida ni con la legislación vigente, ni con los estándares internacionales de derechos humanos.

Más allá de las culpas y las sanciones que deben ser ejemplares por la gravedad de los hechos, lo que está en juego, es una visión de cómo en Chile, estamos valorando la vida humana, el respeto a la dignidad de las personas, especialmente de nuestros niños, niñas y jóvenes, de parte de quienes el Estado le ha encargado el uso de las armas y elementos de disuasión del delito y el orden.

En este ámbito hay un claro déficit, una práctica que está completamente errada, porque hoy fueron los estudiantes que protestan, pero ayer fueron los niños mapuches baleados mansalva.

Esas situaciones son las que un Estado Democrático no puede tolerar y es necesario, que se asuman responsabilidades en el más alto nivel, para no seguir lamentando hechos como los denunciados.

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30 ago 2012

La ingeniería y la función pública

Desde hace ya largo tiempo, el mejoramiento de la calidad de la ingeniería ha sido una meta fundamental para mejorarla y mejorar así su ejercicio, entregando a la función pública y, por ende a la vida nacional, un servicio de excelencia basado fundamentalmente en una formación de la mejor calidad de los ingenieros, tanto en las Universidades como en la práctica profesional, de las cuales el Ministerio de Obras Públicas terminó siendo una extensión natural.

Hoy día, los ingenieros vemos que la exigencia de esta formación se degrada con lentitud y pertinacia inquietantes.

Es bien sabido que existe un nivel mínimo en la formación de los profesionales en esta área del conocimiento, el cual tiene un curriculum académico y duración de estudios bien definidos, que aseguran los conocimientos y la calidad profesional necesarios.

Sin embargo, se levanta un creciente clamor de nuestros pares ingenieros cuando conocemos de los cambios arbitrarios de condiciones y requisitos exigidos a los profesionales contratados en la administración pública, para desempeñar funciones claves en la dirección del desarrollo de los más relevantes proyectos de ingeniería en la infraestructura del país.

Es inquietante y, para algunos, incomprensible, descubrir que para ocupar puestos de tan alta importancia como direcciones o jefaturas de departamentos, se han modificado los requisitos exigiendo solamente haber cursado una carrera universitaria de menor duración, sin especificar especialización o área de ejercicio profesional.

El desarrollo de Chile en su estado actual necesita del más alto estándar técnico para poder cumplir con las expectativas que genera, tanto interna como externamente.

Todos los profesionales que desempeñamos un papel en el quehacer productivo y de planificación del país, sabemos positivamente que existe una diferencia de formación importante que debemos vencer, para poder continuar en esta senda y esta diferencia solamente la podemos zanjar mejorando las condiciones y exigencias y no degradándolas.

Por este motivo es imperativo tener una respuesta clara y definida de las autoridades a prestar debida atención a este hecho y a proponer un camino de solución definitiva.

Nosotros los ingenieros así lo demandamos y así lo esperamos.

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30 ago 2012

Mujeres,cuidado con los cambios

En Chile, son tres los regímenes patrimoniales que pueden elegir los cónyuges: la sociedad conyugal, la participación en los gananciales y la separación de bienes. De ellos, el mejor para la mujer es el primero.

La sociedad conyugal permite a la mujer afirmar, en términos simples, que “todo lo tuyo es nuestro en partes por igual y lo mío es mío”. En efecto, el marido actualmente tiene la obligación, como administrador, de llevar su patrimonio a la sociedad. La mujer en cambio, es protegida con su patrimonio reservado, manteniendo separadamente y como propio, todo lo obtenido, por tanto, como fruto de su trabajo.

En segundo orden, el marido no es jefe de la sociedad como comúnmente se argumenta, sino un mero administrador con facultades limitadas.

En términos simples, podríamos afirmar que el hombre es una especie de gerente general y la mujer único miembro del directorio respectivo.

Así, los actos de trascendencia jurídica, como la compra de una casa con crédito hipotecario, su venta e incluso la promesa de una venta, cuando pertenezca a la sociedad, no pueden ser decisiones tomadas arbitrariamente por el marido, sino que la ley exige el acuerdo de ambos cónyuges. Otros actos de administración, pueden también ser realizados por la mujer.

En síntesis, nuestra regulación consagra una protección especial al cónyuge que generalmente está en una situación de mayor vulnerabilidad económica y lo salvaguarda de una eventual mala administración.

La sociedad conyugal es un régimen que vela por la protección de la mujer, entregándole importantes herramientas para asegurar su bienestar económico: el establecimiento de su patrimonio reservado separado del social o el beneficio que tiene al término del matrimonio, pudiendo optar por asumir o no las deudas de la sociedad dependiendo de la buena o mala administración que ha realizado el marido (renuncia a los gananciales).

Son muchas las críticas realizadas a este régimen de bienes, las que dicen relación con la desigualdad que genera el hecho de que la mujer no pueda administrar la sociedad o su patrimonio propio.

Sin embargo, en pos de avanzar en una situación de igualdad, el proyecto de ley del Gobierno en discusión, retrocede en los beneficios, dejándola expuesta a incertidumbres económicas, como sucederá con la eliminación paulatina del patrimonio reservado de la mujer. Así de preocupante, por ello, ojo con este proyecto.

Una reforma legislativa debiera estar orientada a eliminar resabios machistas como los enunciados en el Código Civil cuando hace referencia a que el marido es el “jefe” de la sociedad o el derecho a que la mujer pueda administrar su patrimonio propio y el social.

Realizar transformaciones radicales desnaturalizará esta institución, cuestión lógica si se considera que el principio de igualdad colisionará con la discriminación positiva que inspira a la sociedad conyugal, institución creada para dar protección al cónyuge más vulnerable.

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30 ago 2012

Urge respuesta a adultos mayores

En varios medios de prensa se divulgó estos días la noticia del aumento de la población de Adultos Mayores en el país, llegando a dos millones 638 mil personas. Es la constatación de que la población en nuestro país tiene una tendencia al envejecimiento.

Este dato actual, demuestra, una vez más, que el Estado y todo el país tienen que dar respuestas concretas y precisas al fenómeno del envejecimiento de la ciudadanía, sin ver el fenómeno como una carga, sino como una realidad social y demográfica que requiere condiciones dignas para millones de mujeres y hombres.

Por eso recordamos hoy, que en el mes de mayo presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley y una enmienda constitucional para que los Adultos Mayores sean sujetos de derecho y se les garanticen institucionalmente derechos para que tengan una calidad de vida digna, y que de eso se haga cargo el Estado.

Nuestro proyecto de ley beneficiará, precisamente, a más de 2 millones de personas adultas de todo el país.

Hay que garantizarles a los Adultos Mayores acceso a remedios en los Consultorios y atención de salud de calidad; pensiones que les permitan vivir adecuadamente; casas de acogida subvencionadas por el Estado y permanentemente reguladas y fiscalizadas por las Seremis de Salud; pasaje rebajado o gratuito en el Metro y el Transantiago; que se garantice el acceso a adquirir los bonos de Fonasa; espacios para la cultura, el deporte y la recreación.

Esas medidas, entre otras, junto al proyecto de ley que presentamos a la Cámara Baja, permitirían además que Chile se ubique a escala internacional en cuanto a la atención de sus mayores.

No debemos olvidar que, según las cifras oficiales, el 7.9% de las personas mayores viven en la pobreza y el 1.8% en la indigencia; 17.5% tiene problemas serios para tener una calidad de vida digna; 23.9% solamente tiene Enseñanza Media; unos 600 mil adultos mayores vive con menos de 60 mil pesos al mes y 36 mil viven con dependencia de terceros.

Hay miles de quejas de personas mayores respecto a la postergación o marginación que sufren de beneficios sociales, porque la actual metodología de la Ficha de Protección Social les coloca altos puntajes, entre otras cosas, porque se incluye el criterio de miembros de la familia que podrían trabajar o producir, aunque en ese momento no lo hagan. Hay que mejorar el método de esa Ficha, como se lo planteamos ya al Gobierno.

Si la población envejece y tenemos más personas adultas, debemos avanzar en la aprobación del proyecto de ley sobre Adultos Mayores y tener pronto normativas institucionales para este sector de nuestro país.

Eso es lo que promovemos desde mayo de este año. Ojalá se avance.

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29 ago 2012

La peligrosa integración sudamericana

En medio de la crisis política (y social) de Paraguay, los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay, todos miembros plenos del Mercado Común del Sur (Mercosur), realizaron una rápida partida de ajedrez que terminó con un rotundo jaque mate al Congreso paraguayo.

Aprovechándose de la situación, Cristina Fernández, Dilma Rousseff y José Mújica no dudaron en darle una mano a Hugo Chávez, permitiendo el ingreso de Venezuela (como miembro pleno) al Mercosur.

Esto último es algo que estaba trabado desde 2006, ya que para que un país se integre al Mercosur, la adhesión debe ser aprobada por cada uno de los estados que son parte de este bloque de integración.

Es así que el gobierno de Paraguay no había podido dar el “Sí”, bajo la era del destituido Fernando Lugo, ya que el Congreso paraguayo había votado en contra del ingreso venezolano.

Lo paradójico, pero también inaceptable, es que en una “movida express”, Fernández, Rousseff y Mújica olvidaron las terribles condenas que realizaron a lo que ellos mismos bautizaron como “golpe de estado” y, beneficiándose de aquel suceso, lograron aprobar la entrada de Venezuela al Mercosur.

Esto fue posible, ya que Paraguay fue suspendido de dicho bloque de integración y, en consecuencia, se contaba con la unanimidad necesaria para que “el vecino del norte” tuviese el camino llano hacia el Mercosur.

Sin embargo, este procedimiento no es legal, pues va en contra del Tratado Constitutivo del Mercosur, según el cual se necesita la unanimidad de los miembros para aprobar nuevos ingresos y, como se sabe, Paraguay no fue excluido, sino que suspendido.

Lo ocurrido con el Mercosur demuestra, una vez más, que no existe un verdadero espíritu sudamericano y que, todo lo contrario, lo único que se está construyendo son febles tejidos ideológicos.

Mientras, Chile, Colombia y Perú (además de México) están reafirmando una “Alianza del Pacífico”, sustentada, principalmente, en el reciente Acuerdo del Pacífico (firmado en 2012), Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela se han unido en pos de una “Alianza anti Estados Unidos”.

Bolivia y Ecuador se mantienen en la Comunidad Andina –de la cual también son parte Colombia y Perú- y han mantenido una postura más neutra respecto a los bloques de integración y siguen trabajando en pos de la consolidación de la Comunidad Andina.

En este contexto, cabe mencionar el gran peligro que constituye el Mercosur “proteccionista” o “antiimperialista”, como algunos lo han bautizado. Esto, pues cabe preguntarse, en primer lugar, qué ocurriría, por ejemplo, si Paraguay normaliza su situación (es decir, que Unasur acepte al actual mandatario) y, en consecuencia, quiera levantar su suspensión al interior del Mercosur.

El escenario ya se vislumbra muy complejo, pues el gobierno paraguayo, bajo la presidencia de Federico Franco, ya está haciendo valer la oposición del Congreso de Paraguay y ha declarado que oficializará el rechazo de su país a la adhesión venezolana.

Segundo, el Mercosur de hoy está construido en base a un tejido ideológico y eso no hace más que darle debilidad a los cimientos de este mecanismo de integración. ¿Qué ocurriría si Hugo Chávez pierde las elecciones de octubre?, ¿y si el gobierno uruguayo –donde ya hubo divisiones internas por el ingreso de Venezuela- se aleja de las posturas más extremas de los otros miembros?

Tercero, y quizás lo más grave de todo, los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay pasaron a llevar los principios fundamentales y el espíritu democrático del Mercosur, ya que permitieron el ingreso venezolano a través de un procedimiento contrario a lo que establece el Tratado Constitutivo del Mercosur. En pocas palabras, la ideología o, si se prefiere, las intenciones u objetivos son más fuertes que los reglamentos.

Más allá de estas interrogantes, lo concreto es que esta alianza no tiene buen futuro, ya que su destino depende mucho del gran gigante sudamericano. En este sentido, Brasil no va a perder sus importantes nexos con el Pacífico, pues hacerlo sería un gran paso atrás en su intención de ser una potencia mundial en las relaciones internacionales y comerciales.

Es evidente, a menos que las aguas estén demasiado turbias y Dilma Rousseff tenga otras intenciones (escenario poco probable), que el gobierno brasileño no podrá prescindir del apoyo sudamericano.

En cuanto a la otra vereda, la del Acuerdo del Pacífico, tiene algo a su favor y es que es una asociación económica-comercial y no está basada en ideologías. La mayor muestra es que Chile y Perú, en pleno desarrollo del litigio en La Haya, no cesan en sus negociaciones para diversos acuerdos en, justamente, el ámbito del Comercio.

Por eso, el Mercosur sólo está dañando la integración sudamericana. En específico, está cambiando el motivo inicial de existencia del Mercosur y, seguramente, afectará las negociaciones con la Unión Europea. A nivel general, está sentando las bases para un futuro quiebre en la unión del subcontinente.

Mientras el Acuerdo del Pacífico y la Comunidad Andina –que, sin dudas, es el mecanismo de integración más avanzado de Sudamérica- no son una tranca para la Unasur, un Mercosur ideologizado sí lo será.

Por eso, es momento que los gobiernos sudamericanos analicen la situación y se den cuenta que mientras existan bloques ideológicos, nunca habrá una verdadera integración en Sudamérica.

También, será necesario que la región reflexione sobre el establecimiento de organismos cuyos nexos sean construidos en base a los asuntos comerciales, pues eso también es parte de un peligroso juego.

En fin, lo concreto es que, de momento, Sudamérica ha perdido de vista el real significado del manoseado, pero no por eso innecesario, concepto de “unión sudamericana”.

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29 ago 2012

Modernización del Estado al 2014

En el imaginario colectivo – tanto de la opinión pública como de la clase política – se tiende a asociar la modernización del Estado a ciertas categorías conceptuales sin entrar a otras definiciones más de fondo sobre una reforma de tamaña magnitud.

En efecto, normalmente la modernización del Estado se asocia a reformas estructurales del mismo (nuevos órganos públicos y nuevos organigramas) o a la implementación de tecnologías de la información y comunicaciones TICs (como conectividad, programas computacionales, equipamiento tecnológico, etc.) materias que deberían estar subordinadas a otros aspectos o paradigmas modernizadores.

Si bien ambas categorías de reformas pueden aportar a un Estado más moderno faltan ciertas definiciones respecto de qué entendemos con tal.

Debemos enmarcar y encauzar el debate de la modernización del Estado dejando claro que no nos referimos al conjunto de propuestas que tienden a una jibarización del Estado que, por razones estrictamente ideológicas, conciben a un Estado pequeño frente a la libertad del individuo (teorías neoliberales).

En esta columna, cuando hablamos de un Estado Moderno,nos referimos a otras categorías que están asociadas a un Estado más democrático, participativo, eficaz, eficiente, trasparente, probo, entre otros elementos caracterizadores.

Entrando en materia, un aspecto esencial en todo proceso de modernización del Estado debería tener relación con incluir el tema de la planificación estratégica, no tan sólo de los ministerios o servicios públicos mirados como unidades aisladas, sino de todo el Estado mirado como aquel que está al servicio de la persona humana y cuya finalidad es promover el bien común.

Actualmente no existe una unidad u órgano público que haga la planificación estratégica con una mirada global del Estado y, en tal sentido, se haga un seguimiento a las políticas públicas que se estén implementando.

Lo más cercano a una planificación estratégica lo desarrolla actualmente la DIPRES (Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda) que, con una importante batería de herramientas, funciones y roles, desarrolla una fuerte intervención en los diversos proyectos y programas que el gobierno desarrolla. Es una mirada estratégica que se hace desde el presupuesto de la nación y no desde los resultados de tales iniciativas públicas.

Una verdadera planificación estratégica debe tener una mirada de resultados, conforme a indicadores previamente establecidos entre la autoridad política responsable de la política respectiva, y su correspondiente plan, y de la autoridad ejecutora de dicha política pública.

En el Estado chileno debería ser la Secretaría General de la Presidencia el Ministerio encargado de la planificación estratégica conforme al programa de gobierno presentado y aprobado por la nación en las elecciones presidenciales.

Una propuesta concreta sería la creación de una Dirección de Planificación Estratégica (DIPLANES), dependiente de dicho Ministerio, que con un arsenal de herramientas legales, metodológicas y administrativas, más un equipo humano interdisciplinario y altamente calificado, desarrolle la supervisión y apoyo de la mirada estratégica a todas las políticas públicas implementadas por el Estado de Chile.

Una de las razones del gran poder de los ministros de Hacienda es la carencia de una mirada estratégica conforme a resultados (nos referimos principalmente a resultados políticos- estratégicos y sociales) y, solamente, es alineada al presupuesto, donde la DIPRES es el órgano público clave, necesario e imprescindible.

En lo anterior, se encuentra otro eje fundamental en todo proceso modernizador del Estado chileno, el cual consiste en distinguir claramente entre el órgano público encargado de diseñar la política pública, del órgano público encargado de la ejecución de la política pública respectiva. No pueden corresponder a la misma unidad, pues corresponden a lógicas políticas distintas y a capacidades de distinta naturaleza.

Unido a todo lo anterior, encontramos el aspecto más importante de una reforma modernizadora del Estado, cual es, las instancias formales, explícitas y legitimadas de participación en todas las etapas de una política pública.

No nos referimos a las reformas necesarias para una mayor democratización de las estructuras de poder del Estado chileno – el cual debe estar presente siempre en una reforma de modernización – sino al hecho de que existan canales de participación permanentes y directos de la ciudadanía y de la sociedad comunitariamente organizada en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de toda política pública.

La modernización del Estado chileno es una tarea necesaria que deberá enfrentar un próximo gobierno. Generar ciertas bases conceptuales se hace imprescindible antes de entrar en el terreno de las propuestas respectivas, donde la opinión de los actores involucrados (como por ejemplo los funcionarios públicos) debe ser canalizada bajo nuevos paradigmas de participación.

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29 ago 2012

Un nuevo fenotipo nacional

A su alrededor usted ve figuras femeninas que son “sexy” y otras que no lo son. ¿No es obvio? Basta con mirarlas. Mírelas y pregunte ¿por qué? Igual, las mujeres encuentran atractivos a algunos hombres y a otros no. La biología no tiene respuesta a estas preguntas y se responde que así es la naturaleza humana, nomás.

Lo que usted y ellas ven es el fenotipo, el conjunto de sus rasgos, su altura, forma del cuerpo, color de piel, ojos y cabello. Fenotipo es lo que se ve, sus rasgos, su aspecto, lo que el espejo le cuenta.

Resultado de su herencia y de cómo lo y la criaron. Lo que resultó: usted o ella, producto de genes del papá y mamá y del ambiente donde ha vivido y vive, se alimenta y existe.

El fenotipo especifica con precisión atributos y expresiones. No describe su conducta ni la de ella. La conducta tiene plasticidad y ya nos dimos cuenta que todos actuamos en forma distinta. Como no tenemos igual aspecto ni hacemos alarde de igual conducta esto se llama variabilidad.

¿Queremos todos tener un fenotipo igual? Algunas chicas desean ser modelo y comen poco o nada.

Otras comen a lo Pantagruel y el sobrepeso se les nota. Algunos hombres jóvenes de aspecto varonil se dejan crecer barba o bigote, hacen gimnasia, desarrollan músculos y calugas. Son aspiraciones humanas y somos libres para aparecer ante el mundo como nos guste. Con libertad para cuidar o desatender nuestro cuerpo. Y hasta con libertad para deliberar.

¿Queremos todos pensar igual? En absoluto. Algunos aceptan normas de la sociedad y otros buscan nuevas ideas. Dicen que eso es libertad.

Cuando nos dicen que no podemos comer lo que nos gusta ni ver lo que a otros les gusta, nos están imponiendo las ideas y normas de otros. Sospecho que asignarnos normas de alimentación ¿no tendrá acaso el objetivo de crear una nueva raza de chilenos y chilenas fuertes y muy sanos? ¿Desean crear un nuevo fenotipo nacional?

Algunos arios pensaron que ellos, eran una raza superior y –equivocados– citando a Darwin dijeron que los fuertes dominarán a los débiles o inferiores. Así entre 1939 a 1944 eliminaron a once millones de judíos, gitanos y negros. Eso se llamó Holocausto y todavía quedan en Europa ruinas en Treblinka, Auswichtz, Sobibor, Belzec y Chelmno.

Nos rebaten diciendo que debemos controlar nuestro ambiente. Hagan lo que hagan no podemos controlar todas las enfermedades ni los terremotos. Podemos medir las frecuencias e intensidades de los sismos sin posibilidad de predecirlos y sabemos que hay enfermedades cuyo origen desconocemos.

Las tecnologías han facilitado las comunicaciones pero no han modificado de igual manera nuestra capacidad de preguntarnos si podemos cooperar con otros.

Hoy observamos e investigamos más pero no hay duda que todavía muchos creen en el Viejo de Pascua y en algún milagro que haya ocurrido en nuestra historia. Otros están seguros que los beneficios y perjuicios de las tecnologías explican todo avance en nuestra civilización. Y cómo un Ser Superior podría oír miles de plegarias por segundo lo explica Internet.

Mucho se persuade para mejorar el físico. Casi nada para incorporar algo de cultura o sentido (común) a nuestras conductas.

Podemos imaginar que la educación nos hace crecer en mente y cuerpo, pero dudamos que las normas de evitar Mc Donalds, KFCs y pizzerías nos hagan mejores humanos y humanas.

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28 ago 2012

El desalojo pendiente

Aunque se desplegó un importante esfuerzo por dar cobertura habitacional para las personas en situación de calle durante este invierno, la realidad es que aun estamos lejos de haber dado una clara solución a este problema.

Ciertamente el balance final es que habremos reducido significativamente el número de personas que fallecieron en las calles de nuestro país, a causa del frío y de otros factores de riesgo (número escurridizo, siempre preliminar y estadísticamente poco confiable y verificable), y que, sin embargo, deja a todos los actores, públicos y privados, con la sensación de estar avanzando en la dirección correcta: implementando albergues descentralizados, de tal suerte que la periferia metropolitana cuente con dispositivos medianamente accesibles, diferenciando las atenciones mediante la generación de espacios ambulatorios diurnos y nocturnos, cada uno con prestaciones especificas y, finalmente, ampliando la red de instituciones involucradas en la gestión de estos recursos.

No obstante, no podemos sacar aun cuentas alegres.

Los recintos hospitalarios de Santiago siguen siendo en su gran mayoría una muestra de las tareas pendientes y del impacto que estas tienen en la comunidad.

Es frecuente encontrar en las salas de espera de los servicios de urgencia a personas durmiendo en las bancas o escalinatas, conviviendo con las familias de quienes requieren algún tipo de atención de salud.

Tendidos sobre cartones, muchas veces bajo los efectos del alcohol o de drogas, acompañados por perros y cargando sus pocas pertenencias, estas personas recurren cada noche a las instalaciones de los hospitales buscando, principalmente, seguridad y acceso a ciertos servicios básicos que les posibiliten un mínimo de subsistencia.

Esta situación genera conflictos y situaciones complejas de las que los medios de comunicación han dado suficiente testimonio. Esto repercute tanto en los pacientes como en sus familiares y en los funcionarios de los hospitales, generando un clima de tensión permanente que agrava las ya difíciles condiciones de atención en los servicios de salud.

¿Quiénes son? La experiencia de la Fundación Gente de la Calle es que podemos encontrar principalmente hombres y mujeres con adicciones, problemas de salud física o mental, sin mayores vínculos familiares y que desarrollan actividades económicas informales (cuidadores de autos, vendedores ambulantes) o con pensiones que no les permiten arrendar por sí mismos y cubrir otros gastos como alimentación, vestuario o transporte.

Quienes presentan alguna patología psiquiátrica suelen encontrarse con sus tratamientos interrumpidos, lo que agrega una mayor complejidad a su situación general.

Los establecimientos hospitalarios han venido implementando, sin mucho éxito, distintas medidas para abordar esta situación: cierres perimetrales de sectores que eran utilizados como “rucos” bajo escaleras o en sitios abiertos dentro del hospital, aumento de las dotaciones de guardias y en algunas ocasiones y como último recurso, han debido solicitar la intervención de la carabineros para manejar situaciones más graves, como riñas y maltrato a funcionarios.

Este es el desalojo pendiente. No podemos tener personas pernoctando en las salas de espera o en los accesos a los hospitales en condiciones precarias e indignas. Se requiere enfrentar esta situación con eficiencia y sentido de solidaridad.

Para ello es necesario coordinar a todos los actores involucrados tanto en los hospitales (dirección, servicios sociales, oirs) en el gobierno (ministerio de Desarrollo Social y ministerio de Salud) y a las instituciones de la sociedad civil que desarrollan programas de intervención para personas en situación de calle.

El déficit que esta realidad deja en evidencia no es sólo el de una cobertura aun insuficiente en camas y dispositivos de acogida. Lo que está en pendiente es diversificar la atención, especializando las intervenciones. No solo se trata de más colchonetas en el Estadio Víctor Jara o un albergue permanente en la Región Metropolitana para 60 personas.

Se requieren camas en unidades de psiquiatría, cobertura en comunidades terapéuticas para alcohol y drogas y hogares protegidos para personas con discapacidad permanente, los que requieren servicios que muchas veces las instituciones no están en condiciones de otorgar.

Debemos sumar a lo anterior la necesidad de contar con un dispositivo especializado, permanente y financiado para las personas en situación de calle que son dadas de alta desde algún centro hospitalario y que requieren de cuidados pos hospitalarios especializados dada la gravedad de sus condiciones (quemaduras, fracturas, cirugías, etc.).

Esto afecta gravemente la labor desempeñada por los servicios sociales de los hospitales, pues no cuentan con una red expedita para derivaciones, lo que suele generar salidas informales y de corto plazo, lo que a la larga, significa que las personas en situación de calle no concluirán sus tratamientos, generando una espiral de ingresos y salidas del sistema, atochando camas y horas disponibles.

El desalojo que esperamos requiere de una “fuerza publica” solidaria, comprometida y responsable. Es urgente reunir a los involucrados, generar un marco regulatorio que posibilite el actuar y una línea de financiamiento que haga sostenible en el tiempo la solución de este problema en particular.

Creemos que se puede. Pero sabemos que este no es un problema ni de los hospitales, ni de las personas que pernoctan en ellos o de las municipalidades donde se emplazan los hospitales. Es un problema más de la comunidad, una tarea que debe ser abordada coordinadamente, fijando plazos perentorios y generando todos los facilitadores que se requieran para ello.

En la calle, el invierno no siempre termina en septiembre. Nuestras tareas, desafíos y compromisos tampoco.

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