Aunque se desplegó un importante esfuerzo por dar cobertura habitacional para las personas en situación de calle durante este invierno, la realidad es que aun estamos lejos de haber dado una clara solución a este problema.
Ciertamente el balance final es que habremos reducido significativamente el número de personas que fallecieron en las calles de nuestro país, a causa del frío y de otros factores de riesgo (número escurridizo, siempre preliminar y estadísticamente poco confiable y verificable), y que, sin embargo, deja a todos los actores, públicos y privados, con la sensación de estar avanzando en la dirección correcta: implementando albergues descentralizados, de tal suerte que la periferia metropolitana cuente con dispositivos medianamente accesibles, diferenciando las atenciones mediante la generación de espacios ambulatorios diurnos y nocturnos, cada uno con prestaciones especificas y, finalmente, ampliando la red de instituciones involucradas en la gestión de estos recursos.
No obstante, no podemos sacar aun cuentas alegres.
Los recintos hospitalarios de Santiago siguen siendo en su gran mayoría una muestra de las tareas pendientes y del impacto que estas tienen en la comunidad.
Es frecuente encontrar en las salas de espera de los servicios de urgencia a personas durmiendo en las bancas o escalinatas, conviviendo con las familias de quienes requieren algún tipo de atención de salud.
Tendidos sobre cartones, muchas veces bajo los efectos del alcohol o de drogas, acompañados por perros y cargando sus pocas pertenencias, estas personas recurren cada noche a las instalaciones de los hospitales buscando, principalmente, seguridad y acceso a ciertos servicios básicos que les posibiliten un mínimo de subsistencia.
Esta situación genera conflictos y situaciones complejas de las que los medios de comunicación han dado suficiente testimonio. Esto repercute tanto en los pacientes como en sus familiares y en los funcionarios de los hospitales, generando un clima de tensión permanente que agrava las ya difíciles condiciones de atención en los servicios de salud.
¿Quiénes son? La experiencia de la Fundación Gente de la Calle es que podemos encontrar principalmente hombres y mujeres con adicciones, problemas de salud física o mental, sin mayores vínculos familiares y que desarrollan actividades económicas informales (cuidadores de autos, vendedores ambulantes) o con pensiones que no les permiten arrendar por sí mismos y cubrir otros gastos como alimentación, vestuario o transporte.
Quienes presentan alguna patología psiquiátrica suelen encontrarse con sus tratamientos interrumpidos, lo que agrega una mayor complejidad a su situación general.
Los establecimientos hospitalarios han venido implementando, sin mucho éxito, distintas medidas para abordar esta situación: cierres perimetrales de sectores que eran utilizados como “rucos” bajo escaleras o en sitios abiertos dentro del hospital, aumento de las dotaciones de guardias y en algunas ocasiones y como último recurso, han debido solicitar la intervención de la carabineros para manejar situaciones más graves, como riñas y maltrato a funcionarios.
Este es el desalojo pendiente. No podemos tener personas pernoctando en las salas de espera o en los accesos a los hospitales en condiciones precarias e indignas. Se requiere enfrentar esta situación con eficiencia y sentido de solidaridad.
Para ello es necesario coordinar a todos los actores involucrados tanto en los hospitales (dirección, servicios sociales, oirs) en el gobierno (ministerio de Desarrollo Social y ministerio de Salud) y a las instituciones de la sociedad civil que desarrollan programas de intervención para personas en situación de calle.
El déficit que esta realidad deja en evidencia no es sólo el de una cobertura aun insuficiente en camas y dispositivos de acogida. Lo que está en pendiente es diversificar la atención, especializando las intervenciones. No solo se trata de más colchonetas en el Estadio Víctor Jara o un albergue permanente en la Región Metropolitana para 60 personas.
Se requieren camas en unidades de psiquiatría, cobertura en comunidades terapéuticas para alcohol y drogas y hogares protegidos para personas con discapacidad permanente, los que requieren servicios que muchas veces las instituciones no están en condiciones de otorgar.
Debemos sumar a lo anterior la necesidad de contar con un dispositivo especializado, permanente y financiado para las personas en situación de calle que son dadas de alta desde algún centro hospitalario y que requieren de cuidados pos hospitalarios especializados dada la gravedad de sus condiciones (quemaduras, fracturas, cirugías, etc.).
Esto afecta gravemente la labor desempeñada por los servicios sociales de los hospitales, pues no cuentan con una red expedita para derivaciones, lo que suele generar salidas informales y de corto plazo, lo que a la larga, significa que las personas en situación de calle no concluirán sus tratamientos, generando una espiral de ingresos y salidas del sistema, atochando camas y horas disponibles.
El desalojo que esperamos requiere de una “fuerza publica” solidaria, comprometida y responsable. Es urgente reunir a los involucrados, generar un marco regulatorio que posibilite el actuar y una línea de financiamiento que haga sostenible en el tiempo la solución de este problema en particular.
Creemos que se puede. Pero sabemos que este no es un problema ni de los hospitales, ni de las personas que pernoctan en ellos o de las municipalidades donde se emplazan los hospitales. Es un problema más de la comunidad, una tarea que debe ser abordada coordinadamente, fijando plazos perentorios y generando todos los facilitadores que se requieran para ello.
En la calle, el invierno no siempre termina en septiembre. Nuestras tareas, desafíos y compromisos tampoco.