En el imaginario colectivo – tanto de la opinión pública como de la clase política – se tiende a asociar la modernización del Estado a ciertas categorías conceptuales sin entrar a otras definiciones más de fondo sobre una reforma de tamaña magnitud.
En efecto, normalmente la modernización del Estado se asocia a reformas estructurales del mismo (nuevos órganos públicos y nuevos organigramas) o a la implementación de tecnologías de la información y comunicaciones TICs (como conectividad, programas computacionales, equipamiento tecnológico, etc.) materias que deberían estar subordinadas a otros aspectos o paradigmas modernizadores.
Si bien ambas categorías de reformas pueden aportar a un Estado más moderno faltan ciertas definiciones respecto de qué entendemos con tal.
Debemos enmarcar y encauzar el debate de la modernización del Estado dejando claro que no nos referimos al conjunto de propuestas que tienden a una jibarización del Estado que, por razones estrictamente ideológicas, conciben a un Estado pequeño frente a la libertad del individuo (teorías neoliberales).
En esta columna, cuando hablamos de un Estado Moderno,nos referimos a otras categorías que están asociadas a un Estado más democrático, participativo, eficaz, eficiente, trasparente, probo, entre otros elementos caracterizadores.
Entrando en materia, un aspecto esencial en todo proceso de modernización del Estado debería tener relación con incluir el tema de la planificación estratégica, no tan sólo de los ministerios o servicios públicos mirados como unidades aisladas, sino de todo el Estado mirado como aquel que está al servicio de la persona humana y cuya finalidad es promover el bien común.
Actualmente no existe una unidad u órgano público que haga la planificación estratégica con una mirada global del Estado y, en tal sentido, se haga un seguimiento a las políticas públicas que se estén implementando.
Lo más cercano a una planificación estratégica lo desarrolla actualmente la DIPRES (Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda) que, con una importante batería de herramientas, funciones y roles, desarrolla una fuerte intervención en los diversos proyectos y programas que el gobierno desarrolla. Es una mirada estratégica que se hace desde el presupuesto de la nación y no desde los resultados de tales iniciativas públicas.
Una verdadera planificación estratégica debe tener una mirada de resultados, conforme a indicadores previamente establecidos entre la autoridad política responsable de la política respectiva, y su correspondiente plan, y de la autoridad ejecutora de dicha política pública.
En el Estado chileno debería ser la Secretaría General de la Presidencia el Ministerio encargado de la planificación estratégica conforme al programa de gobierno presentado y aprobado por la nación en las elecciones presidenciales.
Una propuesta concreta sería la creación de una Dirección de Planificación Estratégica (DIPLANES), dependiente de dicho Ministerio, que con un arsenal de herramientas legales, metodológicas y administrativas, más un equipo humano interdisciplinario y altamente calificado, desarrolle la supervisión y apoyo de la mirada estratégica a todas las políticas públicas implementadas por el Estado de Chile.
Una de las razones del gran poder de los ministros de Hacienda es la carencia de una mirada estratégica conforme a resultados (nos referimos principalmente a resultados políticos- estratégicos y sociales) y, solamente, es alineada al presupuesto, donde la DIPRES es el órgano público clave, necesario e imprescindible.
En lo anterior, se encuentra otro eje fundamental en todo proceso modernizador del Estado chileno, el cual consiste en distinguir claramente entre el órgano público encargado de diseñar la política pública, del órgano público encargado de la ejecución de la política pública respectiva. No pueden corresponder a la misma unidad, pues corresponden a lógicas políticas distintas y a capacidades de distinta naturaleza.
Unido a todo lo anterior, encontramos el aspecto más importante de una reforma modernizadora del Estado, cual es, las instancias formales, explícitas y legitimadas de participación en todas las etapas de una política pública.
No nos referimos a las reformas necesarias para una mayor democratización de las estructuras de poder del Estado chileno – el cual debe estar presente siempre en una reforma de modernización – sino al hecho de que existan canales de participación permanentes y directos de la ciudadanía y de la sociedad comunitariamente organizada en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de toda política pública.
La modernización del Estado chileno es una tarea necesaria que deberá enfrentar un próximo gobierno. Generar ciertas bases conceptuales se hace imprescindible antes de entrar en el terreno de las propuestas respectivas, donde la opinión de los actores involucrados (como por ejemplo los funcionarios públicos) debe ser canalizada bajo nuevos paradigmas de participación.