Opinión en Cooperativa

Clarisa Hardy

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Al igual que en el Panorama Social de América Latina del 2010, el reciente Panorama Social 2012 dado a conocer por CEPAL en estos días, entrega resultados de pobreza que difieren de los resultados oficiales del gobierno de Chile.

El primer capítulo de esta controversia entre la CEPAL y el gobierno fue escrito a inicios de la administración de Sebastián Piñera, cuando le tocó presentar los resultados de la CASEN 2009, cuya encuesta en terreno se había realizado a finales del gobierno de su antecesora, Michelle Bachelet.

Por esas fechas, y atendido el fenómeno de la crisis económica mundial y su impacto en la carestía desmedida de los alimentos, CEPAL propuso a todos los países latinoamericanos ajustar la metodología de medición de la pobreza. Si bien todos los países aceptaron el ajuste metodológico, Chile fue el único que lo objetó y no aceptó la cifra entregada por CEPAL, pidiendo el ministro de entonces, Felipe Kast, que se recalculara la pobreza con la metodología anterior.

Por primera vez en más de dos décadas -desde que se iniciara la medición de pobreza con la CASEN- se rompía una tradición de colaboración CEPAL-Gobierno de Chile en que la primera era la responsable de la metodología y del cálculo de la pobreza. No sólo se quebraba por primera vez tal tradición, sino que las cifras oficiales de Chile ya no permitían su comparabilidad con el resto de los países de la región que sí habían ajustado la medición según los parámetros sugeridos por CEPAL.

Las razones esgrimidas por el ministro, vestidas de argumentos técnicos, escondían un propósito político: si se aplicaba la metodología ajustada de CEPAL los resultados mostraban que la pobreza en Chile, a pesar de la crisis, había disminuido en 2009 comparada con la medición anterior del 2006. Obviamente, con tal resultado el gobierno de Bachelet salía muy bien parado pues, no obstante los impactos de la crisis, su política de protección social había logrado contener el empobrecimiento de la población.

Recordemos el anuncio oficial de los datos de CASEN entonces, a los pocos meses de asumir el presidente Piñera la jefatura del gobierno en que, con una cifra del 15.1% de pobreza, responsabilizó al gobierno de Bachelet de ineficaces políticas sociales. Hasta los propios expertos de la derecha pidieron mesura en esas afirmaciones, recordándole al gobierno que el mundo había vivido una de las más severas crisis económicas de las que haya recuerdo, que los precios de los alimentos se habían disparado y que, además, se había producido pérdida de empleos e ingresos.

Meses después de las destempladas declaraciones del gobierno, la CEPAL publicó su Panorama Social 2010 con la situación de la pobreza en América Latina. Con su metodología que permitía la comparabilidad entre todos los países de la región, Chile aparecía con un 11.5% de pobreza.A diferencia de los resultados oficiales y basándose en los mismos datos de la encuesta CASEN, la CEPAL demostraba que en nuestro país existía una tendencia a la reducción sostenida de la pobreza desde 1990 y que en el gobierno de Bachelet había continuado exitosamente tal tendencia.

Y esos datos de CEPAL pasaron en el mayor de los silencios, sin que nadie reparara que, lejos de lo que los datos oficiales sostenían, la pobreza había logrado disminuir también en el gobierno de Bachelet.

Y probablemente todo habría seguido en penumbras de no abrirse un nuevo capítulo en la controversia CEPAL-Gobierno de Chile, esta vez con la CASEN 2011 y que es la primera medición que evalúa el desempeño del gobierno de Piñera en materia de pobreza.

Controversia que ha tenido una amplia publicidad y que hoy recordamos a propósito de que acaba de aparecer el nuevo Panorama Social de América Latina 2012, con las cifras de pobreza actualizadas para todos los países.

Al igual que en su momento Felipe Kast, el actual ministro Joaquín Lavín cuestionó la cifra de pobreza entregada por CEPAL. En esta ocasión, la CEPAL respetó la decisión del gobierno de Chile de seguir empleando la metodología no ajustada de medición de la pobreza, pero le objetó la inclusión de una nueva pregunta en la encuesta CASEN que en el pasado no existía y, que de ser incorporada, no permitiría comparar los resultados 2011 con los anteriores.

Sin la inclusión de esa pregunta, la CEPAL estimó la pobreza en 15% y el ministro, no contento con esa cifra, le insistió incluir la nueva pregunta y recalcular la pobreza que, con esa modificación, resultó ser del 14.4%.

Con dicho resultado en la mano, el gobierno organizo a mediados del 2012 una mediática presentación de los resultados, destacando con gran entusiasmo lo que en su opinión era una significativa reducción de la pobreza en sus primeros dos años de gestión, revirtiendo el supuesto mal desempeño del gobierno anterior.

En esta ocasión ya no fue necesario apelar a una discutible metodología en la medición de la pobreza para poner en duda los resultados oficiales, sino simplemente recordarle a las autoridades responsables que no habían dado a conocer la ficha técnica de la encuesta CASEN, de modo de evaluar el real significado los resultados publicados.

En efecto, obligados a entregar la omitida ficha técnica, se pudo apreciar que la reducción de 7 décimas en la pobreza entre 2009 y 2011 no era estadísticamente significativa, pues caía en el margen de error de la muestra.

Una vez más, la aparente controversia técnica entre CEPAL y Gobierno de Chile tenía de trasfondo una intencionalidad política que, en esta ocasión, y a diferencia de la anterior, fue enjuiciada por la opinión pública y evaluada críticamente por expertos de todas las tendencias políticas, como se ha evidenciado en tres seminarios organizados por el CEP, un think tank independiente de reconocida orientación centroderecha.

A diferencia de lo que exhiben las cifras oficiales publicadas por el ministerio de Desarrollo Social, las cifras de CEPAL muestran que en Chile ha habido una progresiva disminución de la pobreza desde la recuperación de la democracia en 1990 hasta el término del gobierno de la presidenta Bachelet en 2009, sufriendo la pobreza un estancamiento en este gobierno. Y ese debería ser el real debate: cómo es posible que ello ocurra en un país que está creciendo y generando empleo.

La aparente controversia técnica que ha puesto término a una larga y provechosa colaboración entre el organismo de Naciones Unidas y el Gobierno de Chile, no sólo ha intentado ocultar la intencionalidad política que está al origen de tal controversia, no sólo ha dañado la credibilidad de instrumentos e instituciones responsables de la tarea de enfrentar la pobreza, sino que además impide discutir lo que realmente importa, trasladando el costo de tales manipulaciones, precisamente, en los pobres de nuestro país.