25 mar 2013

Renacionalizar

Por Manuel Riesco
Manuel Riesco
Manuel Riesco
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Chile va a renacionalizar el cobre. Es inevitable y sucederá antes de lo que se piensa. Es lo que han venido haciendo, en mayor o menor medida y de una u otra manera, casi todos los países ricos en recursos naturales, a lo largo de los últimos años, en lo que la prensa internacional ha dado en llamar el “nacionalismo de recursos.”

Ciertamente, la principal experiencia a la que el país va a recurrir cuando adopte esta medida, es la nacionalización aprobada unánimemente por el Congreso en 1971, bajo la presidencia de Salvador Allende.

Adicionalmente, la experiencia internacional reciente ofrece buenas ideas acerca de cómo proceder, para diseñar una política que recupere para el Estado la totalidad de la renta de sus recursos naturales. Así lo recomiendan la sana doctrina económica y el interés nacional.

En 1971, el Estado chileno nacionalizó las riquezas del subsuelo, las que pasaron a propiedad del Estado, como establece todavía hoy la Constitución. Adicionalmente, se nacionalizaron las empresas de la Gran Minería.

Se fijó una indemnización, equivalente al valor de sus activos – sin considerar los yacimientos mismos -, valor del cual se descontaron las “utilidades excesivas,” obtenidas por las mismas empresas en años anteriores. Éstas se estimaron como el excedente por sobre el promedio mundial de rentabilidad de las empresas de tamaño equivalente, en el mismo período.

Desde luego, dichas “utilidades excesivas,” es decir, la renta apropiada por estas empresas, resultó muy superior al valor de los activos de las mismas y por lo tanto, no se pagó indemnización alguna.

Las empresas nacionalizadas conformaron posteriormente CODELCO, que ha sido desde entonces un pilar fundamental del desarrollo nacional y del financiamiento del fisco, aparte de la única herramienta efectiva para capturar la renta de los minerales.

El procedimiento es claro y se puede aplicar de nuevo. Las grandes mineras privadas se han venido apropiando, cada uno de los últimos siete años, excedentes del mismo orden de magnitud del total de sus inversiones precedentes; es decir, las han recuperado siete veces, sin considerar los excedentes retirados en años anteriores. De este modo, sus activos distintos al yacimiento, el que pertenece al Estado, se han requete pagado con la renta apropiada.

Todo ello difícilmente sucederá en el próximo gobierno, aunque éste puede abrir los cauces institucionales por los cuales pueda cursar. Sin embargo, en el cobre, las cosas no pueden dejarse sencillamente como están. La política minera actual es aberrante y cambiarla resulta imperioso.

La experiencia internacional reciente señala que existen diversos pasos intermedios en el camino a una nacionalización completa. Quizás, un eventual gobierno de Michelle Bachelet podría inspirarse en la nueva política de recursos que la Presidenta Dilma Rousseff, ha implementado recién en su país.

Brasil procedió a renacionalizar el 2009, sus recién descubiertas riquezas petroleras submarinas.Puso término a un esquema de concesiones vigente desde 1997 que, si bien era menos aberrante que el chileno, igualmente permitía el acceso de empresas privadas a la explotación petrolera, aunque con cobros significativos.

En el nuevo esquema, Petrobras – que a su turno fue renacionalizado en buena parte, como se verá -, recuperó el monopolio de la extracción.Sin embargo, puede compartir parte del petróleo extraído, con socios privados que aporten capital a las nuevas operaciones.

La nueva política se inspiró en el ejemplo de Noruega. Se concretó en cuatro leyes, aprobadas el 2009, las que establecen una nueva empresa estatal que es la propietaria de los yacimientos y administra todo el esquema, un fondo con fines sociales que manejará los excedentes, los consorcios que explotarán los nuevos yacimientos mediante “acuerdos de producción compartida” y, la asignación de 5 mil millones de barriles de petróleo de las nuevas reservas, para capitalizar Petrobras, que fue el mecanismo utilizado para re nacionalizar esta última.

La nueva empresa, íntegramente estatal, propietaria de los yacimientos, participará en los nuevos consorcios explotadores, con un mínimo de quince por ciento de la propiedad y tendrá adicionalmente derecho a veto en todas las materias, incluido el nivel de producción y las políticas de abastecimiento de insumos.

Petrobras, tendrá el monopolio de la extracción, formando para ello consorcios, en los cuales tendrá un mínimo de 30 por ciento de la propiedad, aparte del 15 por ciento de la nueva propietaria estatal de los yacimientos. Se admitirán socios privados, los cuales podrán inscribir en sus activos, parte de las reservas de petróleo de los nuevos yacimientos, el que será extraído y comercializado por Petrobras. Ello permitirá a estos socios obtener financiamiento a cambio de dichos activos – en eso consisten los “acuerdos de producción compartida”.

La re nacionalización parcial de Petrobras, se efectuó mediante la mayor oferta pública de acciones – una “OPA,” como denominan estos aumentos de capital en jerga financiera – de que existan registros.

Totalizó más de 70.000 millones de dólares, de la cual el Estado brasileño suscribió 43.000 millones de dólares, aportando los 5 mil millones de barriles de las nuevas reservas, valorizados a precios de mercado. De este modo, el Estado subió su participación en Petrobras, de 40 por ciento a 45 por ciento, “licuando” en parte a los demás accionistas, todos los cuales son socios menores y varios de ellos son asimismo fondos o instituciones estatales.

El esquema ha sido un éxito rotundo. La monumental “OPA” de Petrobras tuvo el doble de interesados que las acciones ofrecidas. Por otra parte, más de 70 empresas internacionales, entre ellas todas las mayores, postularon para asociarse con Petrobras, en el primer llamado a constituir uno de los nuevos consorcios con “acuerdos de producción compartida.”

Por cierto, aunque inicialmente muchos pusieron el grito en el cielo, nadie ha reclamado por esta notable manifestación de “nacionalismo de recursos.”

Adicionalmente, desde luego, los consorcios quedan sometidos a un esquema de royalties, el cual está diseñado de modo que se incrementa cuando el precio sube, capturando de ese modo una parte adicional de la renta minera. Dichos royalties serán compartidos por todos los estados y municipios del país, con preferencia aquellos donde se encuentran los yacimientos – aunque no tanto como éstos quisieran, lo que ha dado origen a una fuerte polémica reciente.

Por otra parte, la Presidenta Rousseff ha propuesto que la totalidad de dichos royalties se destine a educación, lo que elevaría el presupuesto público respectivo desde 5,7 por ciento del PIB en la actualidad, a 10 por ciento el 2020: “Es nuestro pasaporte para terminar con la lacra de la desigualdad” – ha declarado la mandataria brasileña.

El esquema anterior, se complementa con una política de abastecimiento local de insumos y procesamiento de los recursos, que alcanza niveles espectaculares. En el caso de Petrobras, su presupuesto de inversiones para los próximos cinco años alcanza a 225 mil millones de dólares – equivalente al PIB chileno completo y el mayor de cualquier empresa a nivel mundial - e incluye, por ejemplo, la construcción del doble de barcos que los que posee la marina británica. Al menos un 65 por ciento de dicho presupuesto será abastecido por la industria brasileña.

En el caso de la minería chilena, lo primero que debería considerar un eventual nuevo gobierno de la oposición, es la derogación inmediata del infame articulado de “concesiones plenas,” introducido en la constitución de 1981 por José Piñera. El mismo contradice de modo flagrante el carácter “inalienable e intransferible” de la propiedad estatal sobre las riquezas del subsuelo, establecido en el artículo precedente de la constitución vigente.

Utilizando dicho esquema de “concesiones plenas,” un puñado de grandes consorcios rentistas privados, en su mayoría extranjeros, han declarado pertenencias mineras sobre más de 28 millones de hectáreas, equivalentes a un 40 por ciento el territorio nacional – CODELCO posee pertenencias sobre poco más de dos millones de hectáreas. No pagaron ni un peso por su adjudicación. Para conservarlas abonan patentes por el equivalente a un dólar por hectárea al año. Son indefinidas, transferibles y hereditarias.

Para remate, si el Estado quiere recuperar esta propiedad suya “inalienable e intransferible,” debe pagar a sus actuales detentadores, el valor total de las reservas que eventualmente hubiesen descubierto en ellas.

Las “concesiones plenas” constituyen un esquema grotesco, son inconstitucionales, antinacionales, fueron impuestas por la dictadura y deben ser derogadas cuanto antes. Acto seguido, quizás, puede considerarse un esquema similar al brasileño.

En el caso del cobre y otros minerales, CODELCO – que felizmente se mantiene cien por ciento estatal – puede asumir la exclusividad de su explotación. Sin embargo, al menos para el caso de las grandes minas actualmente de propiedad de empresas privadas, CODELCO puede establecer consorcios con “acuerdos de producción compartida,” al estilo de los brasileños.

Las empresas que actualmente los explotan – Anglo Sur o Escondida, por ejemplo -, pueden hacer aumentos de capital, “OPAS,” de las cuales CODELCO suscribiría una parte mayoritaria, aportando parte de las reservas, las cuales a su vez el Estado aportaría a CODELCO como aumento de capital.

La nueva empresa estatal propietaria de las reservas participaría asimismo en la propiedad de la misma, en la cual podría ejercer su respectivo derecho a veto. De este modo, las empresas que actualmente son propietarias de dichas operaciones mineras, puede permanecer como socias del Estado chileno en las mismas.

En el caso del salitre y yodo, así como en el hierro, un esquema similar puede permitir la re nacionalización de SOQUIMICH y CAP, respectivamente.Ambas empresas eran estatales, y fueron apropiadas de modo escandaloso por los mismos funcionarios – uno de ellos yerno de Pinochet – encargados de su privatización, en las postrimerías de la dictadura.

La política anterior debería complementarse con normas de abastecimiento de insumos y refinación de minerales y procesamiento de cobre en el país, que permitirá la re industrialización de la economía chilena.

Cuando el Presidente Lula presentó su nueva política de recursos naturales al Congreso, declaró que se trataba de la “Segunda Independencia” del Brasil. Recordó así al Presidente Allende, que proclamó la segunda Independencia de Chile, cuando nacionalizó los recursos en 1971, con la aprobación unánime de un congreso dominado por sus encarnizados opositores.

Es hora que una nueva mandataria o mandatario, proclame con razón la “Tercera Independencia de Chile.”

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24 mar 2013

El desafío del 2013

Por Camilo Escalona
Camilo Escalona
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La puesta en marcha de una nueva estrategia de intervención electoral por la actual administración, hecho lamentable que afecta de manera enteramente inconveniente este proceso, viene a señalar que las reglas del juego democrático no son debidamente respetadas por todos los protagonistas del desafío político y electoral del 2013.

Se intenta absurda e ilegítimamente confundir el propio y natural compromiso de la autoridad con las tareas que lleva a cabo, con una política que de sustento material y político, desde el gobierno, a las febles candidaturas que representan a los gobernantes en la contienda electoral.

El país ha sido notificado. “No somos neutrales” se dice desde la cúspide del poder. Incluso mas, se manifiesta cierta satisfacción y soberbia en el énfasis con que se asume esta conducta intervencionista. Sin timideces se quiere preparar al país para una conducta ilegítima, el mensaje es claro, vamos a intervenir… ¿y qué?

Mayor razón para proseguir, desde la oposición, con el esfuerzo de clarificación política respecto de lo que se juega en los próximos meses. Esta es una lucha por la conducción del país. No es una exhibición mediática, por mucho que en los diseños de campaña esa sea una dimensión importante. Aunque sea recomendable en lo mediático, no se puede prometer lo que no se va a cumplir.

Tampoco estamos en un esfuerzo en que cada palabra vale por su simple y exclusivo significado. Una vez más, se nos intentara dividir o aislar.

En mi opinión, el liderazgo de Bachelet genera una posibilidad real que la derecha sea derrotada en la primera vuelta, con todo el impacto que ello tendría. Por eso, cada palabra o propuesta puede ser completamente distorsionada por un competidor que sólo sabe que tiene que impedir que las fuerzas democráticas de centro e izquierda alcancen en el Parlamento los 4/7 de los quórums constitucionales, que permitan desatar nudos antidemocráticos que dañan severamente la convivencia nacional, como es la prosecución de un esquema laboral que es la base de la desigualdad que agobia nuestra sociedad y la calidad de nuestra democracia.

Además, el desencanto en la ciudadanía está directamente relacionado con el descrédito que provocan las palabras que se las lleva el viento, con promesas que no se cumplen.

Por ello, ahora que el necesario diálogo democrático se expresara en múltiples iniciativas programáticas, reitero mi preocupación en el sentido que el futuro gobierno progresista de las fuerzas de la actual oposición podrá realizar lo que la mayoría nacional sea capaz de respaldar y sostener con el resultado de las urnas, en noviembre próximo. Somos demócratas, nuestro mandato no será otro que aquel que la ciudadanía nos entregue.

Se ha instalado una convicción en chilenas y chilenos: no podemos seguir ahondando la brecha de la desigualdad en Chile. Fluye de tal convencimiento una inequívoca voluntad nacional, la tarea de las tareas es enfrentar la desigualdad. El progreso futuro del país, su propia estabilidad en el largo plazo así lo exige.

Hoy, los riesgos institucionales no están en la subversión y el terrorismo, como se repetía en el periodo de la guerra fría, ahora se desgasta la democracia y se socava la convivencia y el sentido mismo de comunidad, cuando se pierde por completo el valor del trabajo, que es mal retribuido y peor pagado por el afán de rentabilidades desproporcionadas, de prácticas usureras, de abusos de poder y conductas discriminatorias que se hacen irrefrenables por la búsqueda de lucro a cualquier precio.

Si es el mismo valor del trabajo el que se pierde y anula está abierto el espacio para bandas mafiosas de todo tipo, desde el narcotráfico a la corrupción.

Por eso, insisto, en Chile se reinstaló una institucionalidad democrática, estable pero imperfecta, no se advierte un riesgo de quiebre institucional; sin embargo, la mirada larga nos indica que si es un enorme peligro la autocomplacencia de intereses corporativos hegemónicos que son refractarios al esfuerzo contra la desigualdad. Para tales sectores, basta con medidas asistenciales, algún bono de tarde en tarde y un gran despliegue publicitario que le alivie las penas a los más humildes y les haga creer que están en la abundancia; aunque eso sea el sobre consumo de otros, de los que se solazan, pero son los menos.

Para algunos el sentido del Estado nacional es solo represivo. Se equivocan, en la sociedad global, sin esfuerzos inclusivos y cohesionadores del Estado, las sociedades se desgastan y las naciones se fracturan. El mercado es el que vende, el Estado es el que une e integra.

De lo contrario, si el país es un puro “mall”, en el que todo se transa y se negocia, vamos por mal camino.

Así es como se erosiona y debilita la democracia. Por eso, insisto, seamos capaces de levantar un gran movimiento contra la desigualdad en Chile, unamos en torno a el una amplia mayoría nacional y desde esa voluntad social y política, aseguremos las energías y la vitalidad para el esfuerzo que requiere un Programa reformador de nuestro Chile.

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24 mar 2013

Desafección se cura con más democracia

Por Antonio Leal
Antonio Leal
Antonio Leal
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Tal como lo señala el cientista político italiano Pietro Barcellona, la democracia es un valor porque realiza el derecho mínimo de cada cual de poder decidir el sentido de la propia historia.

Por ello la democracia es esencialmente conflictual, es inseparable del conflicto, es el retorno continuo de las contradicciones y del carácter paradojal de la política moderna.

El conflicto que estructura la democracia contiene, inevitablemente, el valor de la convivencia, ya que ella, de por si, consiste en la posibilidad de un orden infundado y, por ende, de un orden que se hace cargo de la pluralidad de las razones, de la posibilidad que una venza y la otra pierda, sin por ello estar fuera de la ciudad.

La democracia se entrega, a sí misma, la decisión de dejar fuera del conflicto los puntos no negociables, aquellos que pertenecen a la sobrevivencia de las razones plurales. Por eso mismo, la democracia es también un antídoto a las apariencias de la despolitización tecnológica que parece dominar la fase actual del sistema y el único obstáculo a la teología económica del suceso y del crecimiento ilimitado.

El conflicto, evoca el tema de la elección entre alternativas posibles, entre opciones diversas y abre la “cuestión democrática” en su punto más alto. El conflicto expresa la necesidad fundamental de dar valor a las cosas que no son definitivas, reproduce, en la coyuntura histórica, la estructura contradictoria de nuestras necesidades de individualidad, de generalidad y de comunicación.

El tema de la conflictualidad democrática es esencial, sobre todo, cuando asistimos a un redimensionamiento de los espacios de la gran política, producido por la mercantilización absoluta que invade todos los ámbitos de la vida e impone una lógica dominante.

La “sociedad reducida” es una sociedad empobrecida cultural y éticamente. La ofensiva neoliberal consiste, naturalmente, en el tentativo de neutralizar los conflictos orientando el empuje emotivo de la población hacia formas regresivas de identificación: el poder fuerte, la sociedad ausente, la despolitización, la clausura de lo público, los escenarios virtuales, los enemigos de turno: drogados, marginados, incapaces, emigrantes, etc.

Contraria a esta tendencia, típica del neoliberalismo, es la perspectiva de Dahrendorf, que parte de la base que una sociedad que no desee precipitar en el descompromiso creciente hacia las reglas y las responsabilidades colectivas debe asegurar que todos tengan “una apuesta en el juego de la sociedad”, es decir, que los pobres, los marginados, los excluidos del sistema, tengan algo que colocar como apuesta, como objetivo, como derecho, en cambio de la aceptación de los vínculos sociales.

En esta perspectiva, es necesaria la elaboración de una política de entendimientos fundamentales comunes para todos los ciudadanos, de una ciudadanía común contra los privilegios y los superpoderes.

Dahrendorf se plantea, nada menos, que disolver el matrimonio que liga capitalismo neoliberal y liberalismo. Postula una distancia abismante entre el empuje liberal ligado a las definiciones de oportunidades nuevas para todos y la política neoconservadora de reducción de las exigencias sociales y de “proteccionismo”, verdaderamente, para los grupos más fuertes.

El construye una alternativa liberal –radical apoyada en las nuevas chances de vida, exalta la movilidad de los conflictos parciales frente al circunscrito, al viejo conflicto de clases y enfatiza el rol de las agregaciones provisorias en torno a problemas específicos de la población. Ve una ciudadanía que participa sin militancia clásica, con sus propias metas sociales e inmateriales.

En una línea más ligada a la sociabilidad, Robert Dahl, señala que es necesaria una auténtica refundación de la teoría política que reestructure las relaciones entre los medios técnicos de los procedimientos y los fines culturales de la democracia.

Dahl se propone superar la vieja oposición entre el liberalismo abstencionista y el socialismo autoritario que nacen cuando aún no se ampliaba la parte más relevante del itinerario de la ciudadanía.

El liberalismo cultiva el culto de la propiedad y lo coloca en el centro de toda la estructura de la política. Locke, lo resume: “la sociedad política fue fundada sólo para conservar, a cada privado, la propiedad de bienes, y para ningún otro fin”.

El socialismo que murió con la caída del Muro de Berlín, en cambio, colocaba en cuestión la comunidad política, con ello la democracia y los derechos de libertad.Su consigna fue “expropiar a los expropiadores”, como requisito de una igualdad entre los sujetos, pero ello no iba acompañado de una sociabilidad del poder sino de una espantosa burocracia autoritaria.

Dahl afirma que sólo la democracia es capaz de debilitar y colocar límites a la estructura de la constitución de la propiedad privada y del mercado como valor superlativo. Los derechos políticos comprenden todos los cuerpos de la propiedad y ésta deja de ser un “derecho ético fundamental”.

El valor del análisis de Dahl reside en que focaliza el paso de un régimen que presentaba al Estado como depositario de la “ratio”, a una estructura política “poliárquica” que supone la multiplicidad de los intereses y la realidad y permanencia del conflicto.

Es aquí donde se crea una simbiosis entre “pluralismo y pluralidad de los intereses”, que provoca la marginalización de las dimensiones individuales de la política y la emergencia de partidos y grupos de presión que organizan la solidaridad entre intereses homogéneos.

En esta fase, al puesto del sujeto individual subentra, el organismo colectivo que controla las redes esenciales que aseguran la relación de la sociedad con las instituciones.

Aquí se coloca el tema de las partidocracia o, lo que es lo mismo, el arrebato a la sociedad civil de espacios que le son propios. Los partidos políticos, que originalmente nacieron como instrumentos para accionar –como diría Dahl- “los criterios de igualdad del voto y de la participación efectiva”, ocupan, en cambio, el espacio principal en torno al cual rota todo el sistema político.

Aquí está el origen de una evidente separación entre los recursos formales que han sido predispuestos por el ordenamiento normativo y los poderes reales diseminados en la sociedad. Es, justamente, esta forma de la política la que hoy entra en crisis definitiva, la que muere.

El espacio de la política que solo reconoce a los partidos y a las viejas formas organizacionales, típicas de lo que Touraine llamaría “modernidad media”, está aislado y requiere reconocer e interlocutar con actores nuevos que surgen de una diferente forma de mirar las reivindicaciones ubicadas en un arco más global, más universal, en una sociedad digital que desmaterializa el tiempo y el espacio y con ello las viejas formas de comunicar, entre ellas la de la propia política.

Dahl sostiene, que aún en la importancia extrema del sufragio universal: “el voto representa sólo un tipo de recurso político. Desde el momento que los recursos sociales son distributivos de manera desigual y dado que muchos de ellos, pueden convertirse en recursos políticos, los recursos políticos, diversos del voto, son distribuidos de un modo desigual”.

Todo el discurso de Dahl subvalora la centralidad que ha adquirido la voluntad del sujeto-ciudadano, y se mueve dentro del “dilema”, entre forma y contenido, sin poder construir una diagnosis alternativa. Sin embargo, su propuesta es valiosa y es la de intensificar las políticas capaces de asegurar una más completa realización de los ideales democráticos.

De esta forma, la democracia, sea para el liberalismo democrático avanzado como para el socialismo renovado, es todavía un diseño incumplido en toda su plenitud y el paquete de valores que ella engloba no ha agotado ciertamente, sus grandes potencialidades.

Conflictualidad e incumplibilidad como condición para que la democracia no tenga ninguna zona intransitable, ninguna “reserva” protegida, a las cuales esté prohibido el acceso de sus reglas y la hegemonía de sus valores éticos y políticos.

Ciudadanía activa como eje de una nueva estructura de poder que reemplace sea a la burocracia centralista, a la tecnocracia devenida poder por la lógica del mercado y a las elites que debiendo representar se han apropiado de los finos hilos de lo que los italianos llaman “la stanza dei bottoni”, es decir el lugar donde realmente se resuelven las cosas.

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24 mar 2013

Acusación contra Beyer: fuera de foco

Por Sergio Muñoz
Sergio Muñoz
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¿Qué propósitos tuvieron en mente los diputados que presentaron la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, por eventual incumplimiento de deberes respecto de la fiscalización de la Universidad del Mar?

En realidad, cuesta identificar una motivación que se sostenga constitucionalmente y que favorezca el proceso de crear los instrumentos de fiscalización de los planteles de educación superior. Los vacíos legales en esta materia son responsabilidad tanto de los gobiernos anteriores como del Congreso, y difícilmente se pueden achacar al ministro Beyer, quien lleva un año y tres meses en el cargo y se ha esforzado por poner las bases de una institucionalidad que castigue ilegalidades como las de la Universidad del Mar. La creación de la Superintendencia de Educación Superior es, por cierto, un gran avance.

Quizás la acusación haya sido una forma de congraciarse con las organizaciones estudiantiles que están preparando sus primeros desfiles del año. Está bien que los estudiantes desfilen si lo desean, pero no lo está que los parlamentarios hagan política para la galería sin medir las consecuencias.

En los hechos, la acusación distrae a la Cámara de Diputados de los debates esenciales sobre el futuro de la educación y provoca una confrontación innecesaria. ¿Por qué no se usó el mecanismo de interpelar al ministro Beyer? Nadie lo sabe. Pudo ser una forma adecuada de debatir sobre cómo avanzar en materia de regulaciones de la educación superior y poner coto al lucro al margen de la ley.

Se ha dicho que la acusación podría provocar una situación inconfortable a los ex ministros de Educación de los gobiernos de la Concertación.No es lo más importante. En una sociedad democrática, la gestión de las autoridades siempre está abierta al escrutinio público.

La acusación es errada en primer término porque abusa de una facultad de la Cámara que debe ser usada con rigor. Por supuesto que si un ministro viola la Constitución o las leyes, debe responder por ello, pero no debe ser acusado por motivos subalternos, por ejemplo los cálculos partidistas en un año electoral.

Las acusaciones constitucionales deben formularse con apego a lo indicado expresamente por la Constitución, y no usarse como instrumento para la guerrilla política.Si ocurre esto último, el Congreso seguirá perdiendo autoridad ante el país.

Todo esto solo refuerza los recelos de la mayoría de los ciudadanos hacia las malas prácticas políticas que han hecho escuela en el Parlamento.Si hoy se acusa injustamente a un ministro de centroderecha, se puede esperar que mañana sufra igual trato un ministro de centroizquierda. ¿Esa es la dinámica que se quiere crear?

El gobierno de Sebastián Piñera debe ser criticado por todo aquello que lo merece, pero de ningún modo porque el “manual del opositor empedernido” aconseja crearle problemas a cualquier precio. La buena política, o sea aquella que mira por los intereses del país, implica reconocer los logros del actual gobierno, lo que incluye los progresos en educación.

Jorge Pizarro, que acaba de volver a la presidencia del Senado, declaró que Beyer debe responder por su gestión. Es obvio que debe ser así, pero lo que se discute hoy es una acusación constitucional que, como él sabe, debe cumplir requisitos específicos y puede conducir a la remoción del ministro imputado.

Dijo también que la actual coalición oficialista no actuó correctamente cuando acusó y removió de su cargo a la ex ministra Yasna Provoste, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Efectivamente, la derecha no actuó correctamente, pero de ello no se concluye que hay que imitar su manera de proceder. Si RN y la UDI actuaron con mezquindad frente a los gobiernos concertacionistas, y a veces dieron la impresión de que solo les interesaba obstaculizar su labor, lo que corresponde es diferenciarse en la forma y en el fondo.

Sería útil que los diputados y senadores reflexionaran seriamente sobre las causas del descrédito del Congreso. Es algo que debe preocuparnos a todos porque afecta la salud del régimen democrático. ¿Qué hacer al respecto?

Este año, adoptaremos decisiones que gravitarán en el rumbo del país. Si la centroizquierda aspira a volver a gobernar, tiene que demostrarles a los chilenos que es una fuerza confiable, que actúa con altura de miras y no es esclava del partidismo.

Elevar la calidad de la política es un asunto crucial para que Chile tenga mejores instituciones, que protejan eficazmente el interés nacional y los derechos de los ciudadanos. Ese es el camino del progreso. Para ello, la centroizquierda debe resistir la tentación populista y comprometerse con una forma de hacer política que tenga firmes cimientos éticos.

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23 mar 2013

Paremos el escándalo

Por Ricardo Hormazábal
Ricardo Hormazábal
Ricardo Hormazábal
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“En el sistema de AFP vamos a obtener pensiones que no van a satisfacer las expectativas de la gente”. Lo primero que debo decir es que estas palabras no son mías, pero las comparto.Pertenecen a la ministra del Trabajo, publicadas en el diario La Tercera el domingo 10 de marzo de este año en la sección Negocios.

El periodista le pregunta: ¿Cuál es su evaluación del sistema de AFP? Y aquí la respuesta, “las condiciones bajo las cuales se desarrolló el sistema de AFP hace 32 años han cambiado radicalmente. Entre los cambios en el mercado laboral, las mayores expectativas de vida, las tremendas lagunas que generaron períodos de alta cesantía, y la baja densidad de cotización, vamos a obtener pensiones que no van a satisfacer las expectativas de la gente”.

¿Expectativas creadas por quién?

Es bueno establecer que fue José Piñera el que dijo que las AFP entregarían una pensión del 70% de la última remuneración, promesa que repitió en 1991 y que hasta estos días aparece en la página web de la Asociación de AFP. Ese porcentaje, debería traducirse en una pensión superior a los $350.000 mensuales, en tanto que la realidad lo ubica en $177.000 promedio, menos de la mitad de lo prometido.

La crisis del sistema es de tal envergadura, que ni siquiera una de sus más extremas promotoras y defensoras, puede ya seguir tapando el sol con un dedo.

Lo más crítico que se le conocía a la Ministra era una declaración de enero del 2012 en que llamaba a las personas a “No jubilar”. Para nosotros resultaba comprensible, porque hemos venido publicando estudios y opiniones que demuestran el Gran Engaño del sistema, pero que la Ministra afirmara eso, ella que coincide y celebra las declaraciones exitistas de los dueños de las AFP o de los académicos que publican estudios pagados por las AFP, aplicando el eslogan comercial “el cliente tiene siempre la razón”, era y es novedoso.

En ese mes de enero del 2012, la Ministro tuvo la gentileza de recibirnos al Senador Mariano Ruiz -Esquide y a mí, oportunidad en que le hicimos presente los antecedentes que teníamos al respecto y le pedimos su respaldo para varios temas, incluso algunos dónde ella como Senadora de oposición y nosotros partidarios de la Concertación, pero minoría, habíamos coincidido, como el daño previsional a los funcionarios públicos más antiguos.

La Ministra rechazó tajante nuestra visión, sin excesos verbales esta vez, pero señalando ante todos los presentes, que ella no estaba dispuesta a pagar ninguna deuda sobre el tema previsional dejada por la concertación.

No cambió de opinión, tampoco, cuando le recordé sus propias palabras y las de los ex senadores Allamand y Longueira, en ese tiempo también colegas de gabinete.Luego defendió con su pasión de siempre al sistema de AFP, negando los nefastos efectos de éste que le señalábamos.Nos hemos ubicado muchas veces en extremos opuestos con la señora Ministra, pero nunca hemos dudado de su inteligencia, por ello nos alegra que haya asumido la realidad y, además, la reconozca.

Al responder la pregunta ¿y estas reformas hay que hacerlas pronto? declara que “postergar la solución lo único que hace es aumentar el costo”.Pero, no hay que olvidar.

La Ministra sigue anclada en su fanatismo con los principios de los chicagos boys de los ochenta , que son los que José Piñera utilizó como sustentadores del sistema de AFP, según reconoce en diversos escritos, especialmente su libro de 1991, El Cascabel al Gato, y no asume que el problema de fondo está en que las AFP no forman parte de una Política de Seguridad Social, sino que se trata de una nueva industria, como la salud con las Isapres , creada para eliminar el “Ogro estatal” que , al decir de José Piñera, dominaba el sistema previsional. No, la Ministra, al igual que los dueños de las AFP, se da cuenta que ya no pueden seguir ocultando el contraste brutal entre sus ganancias y lo que el millón de pensionados que tienen actualmente las AFP reciben como pensión, $177.000, menos que el salario mínimo actual y más lejos aún del propuesto por este mismo gobierno.

Un llamado de alerta.

Los intereses en juego y los dogmas ideológicos son muy poderosos, por eso están preparando una batería de “cambios” para dejar todo igual.

Por ejemplo, la Ministra dice, “estamos estudiando cambios” y a la consulta, ¿está de acuerdo con subir la edad de jubilación?, responde dando rodeos: “Estamos estudiando cosas para ver qué efectos tienen y cómo lo hacemos”. Luego hasta se contradice: “Si me pregunta si soy partidaria de decirle a la gente que hoy tiene 65 años que tiene que trabajar dos años más: “No”.

Yo aprendí que No, es adverbio de negación y una motivación política grandiosa, pero luego agrega: ¿Hay que revisar si es necesario aumentar la edad de jubilación, cómo, cuándo, en que qué plazos y a quiénes les toca? Sí”.

A mí me parece entender, no hay que decirle a las personas que le van a subir la edad de jubilación, el costo previsional y otras cositas, pero es mejor que estén al margen y que, en vez del dicho popular, el golpe avisa, que sea la ley la que te golpea sin aviso.

La otra maniobra es poner la discusión en temas relacionados, pero no esenciales.Es cierto que hay no pago de cotizaciones. Pero la propia Ministra ha dicho que hay formas legales de eludir el pago por parte de los empleadores, la evasión ya alcanza cerca de 4 mil millones de dólares y la señora Matthei afirma que es incobrable en su abrumadora mayoría.

Pero ella, quiere buscar otros culpables. Listo, ya está. Son los propios trabajadores, “hay mucha gente que no cotiza y que lo está haciendo racionalmente, porque todos los incentivos de la política económica llevan a que la mejor decisión para ellos sea no cotizar. Yo puedo salir a fiscalizar, pero cuando el trabajador no quiere que le coticen y se pone de acuerdo con el empleador, puede mentirle a la Inspección del Trabajo y es bastante poco lo que la autoridad puede hacer”.

Agreguemos otra perla: “Hoy la gente ya no esconde el televisor cuando llegan a encuestarla; esconde los ingresos. Y prefiere trabajar “a la negra”, sin cotizaciones, porque sabe que si le pagan cotizaciones por lo que gana pierde como en la guerra”. Coincido en este último punto con la Ministra. Pagar a las AFP es perder, como en la guerra.

¿Pero, vivimos en el mismo país? La Ministra dice que hay faltas de cotizaciones porque los trabajadores le dicen al empleador que no les imponga. En el Chile que yo vivo, los patrones dictan todas las reglas del juego y, aunque hay algunos que les resulta más barato pagar a la negra, los muy menos, otros, no tan menos, no pagan porque es más barato quedarse con la plata de las imposiciones que pedir créditos en los Bancos.Préstamos que se dan a tasas usurarias, usando, las cotizaciones de los trabajadores.

Pero un buen número cumple la ley, evita pagar multas y hacerle daño al trabajador que colabora en su empresa. Por eso, se recaudan más de 700 millones de dólares mensuales por cotizaciones en Chile, aunque sólo coticen el 50% de los afiliados.

Mi llamado es para que los afiliados a las AFP estén atentos y se organicen. En mayo, los expertos pagados por los grupos económicos van a dar a conocer un conjunto de propuestas. Ya han lanzado globos sondas. Subir el aporte de los trabajadores, postergar los años de jubilación, pedir más aportes al Estado. ¿No les basta con las exenciones del IVA que han obtenido, con los subsidios del Estado como el Aporte Previsional solidario, el Bono por hijo nacido vivo o adoptado, el subsidio a la contratación de jóvenes?

La ex Presidenta Bachelet, cumpliendo el programa que le entregaron las fuerzas políticas que la apoyaron , dio el paso histórico de darle una pensión asistencial, no contributiva, le llaman algunos, a los chilenos pobres que no hubiesen cotizado nunca o un mínimo y decidió darles estos calmantes arriba mencionados a los afiliados a las AFP.

En la actualidad, más de un millón de personas tienen esas pensiones, igual en número a las de las AFP. Se pagan cerca de $84.000 mensuales, sin haber aportado un peso, ni pagar comisiones a nadie. Se financian solo con los fondos aportados en impuestos por todos los chilenos. Para la clase media, que paga cotizaciones e impuestos, algunos subsidios limitados para el 60% más pobre.

Existen 500 mil pensionados de AFP, modalidad de retiro programado, que reciben pensiones de 121.000 mensuales, luego de destinar el 14% de sus ingresos mensuales a las AFP durante más de 32 Años, pagándoles entre el 25% y el 30% de sus ahorros para pensión a estas empresas, que administran esos fondos con severas pérdidas y recibiendo un subsidio del Estado, mediante el Bono de Reconocimiento, que ya no recibirán los que no trabajaron antes de 1981. ¿Valió la pena?

Tampoco se refiere esta autoridad, al hecho que las AFP hagan publicidad engañosa diciendo que la rentabilidad anual en 32 años ha sido de 9,2% cifras manipuladas, evidentemente falsas para muchos expertos y contradictorias con las que publica la propia Superintendencia de Previsión, que indica que en los últimos 10 años las rentabilidades de los Fondos han sido de 6,7% en el Fondo A, el más riesgoso y el que más ha perdido en estos últimos años, en tanto que las rentabilidades para los dueños de las AFP, sobre su patrimonio y reservas, después de pagar gastos e impuestos, ha sido en promedio, superior al 40% anual y existen casos que han superado el 100% en un año.

Sin ir más lejos, recordemos que las ganancias del año 2012, más de 600 millones de dólares, fueron un 41% superior a las del año 2012. Las utilidades de las AFP provienen en un 95% de las Comisiones, según la Superintendencia del área, y sin embargo los Fondos de los trabajadores sólo habrían rentado 7 u 8%, esto es, cerca de 7 veces menos que las de los dueños de estas empresas. ¿Cómo explica esto Ministra?

Es cierto que aumentan las expectativas de vida y que el liberalismo tiene a la mayoría de los chilenos en trabajos precarios, por eso es, además, que la industria de AFP, no sirve para enfrentar estos hechos.

Tiene tanta vigencia y eficiencia como una fábrica de helados en el Polo Sur. Pero las crecientes interrogantes empiezan a romper el bloqueo de los medios de comunicación, y fuerza a sus defensores a asumir actitudes contradictorias para tratar salvar el botín.

Son 160 mil millones de dólares, tres Presupuestos anuales de Chile, manejados por 6 gerentes generales, sin control de los dueños de los Fondos, los trabajadores. Es de esperar que el fracaso de esta industria que hace sufrir a millones de chilenos, haga surgir los aportes plurales de las universidades y rompa con el silencio increíble de la mayoría del mundo legislativo.Por suerte, el Senado de la República ha recogido estas demandas y la Comisión especial que se formó a petición de ACUSA AFP AC y otras entidades logre pronto publicar conclusiones positivas para Chile y sus trabajadores. .

La Secretaria de Estado nos dice “Si yo fuera candidata presidencial este es el tema que yo plantearía, el premio al esfuerzo en Chile. Y al candidato que finalmente resulte de mi Coalición por el Cambio, le voy a pedir y rogar que el leit motiv de la campaña sea que hay que premiar el esfuerzo. Este es el gran reclamo de la clase media, de la gente de escasos recursos que está saliendo de la pobreza. La gente percibe que no se ayuda a quien se esfuerza”. Me parece muy respetable esta opción de la Ministra.

¿No podríamos los que no votaremos nunca por la derecha, apoyar a un candidato o candidata presidencial o al parlamento que nos represente, que recoja la auténtica realidad que sufrimos y ponga fin al lucro en Educación, Salud y Pensiones?

¿Que respete nuestra libertad y nos permita elegir entre la industria de las AFP o el sistema de Seguridad Social que existe en Chile para las Fuerzas Armadas y para 100 mil civiles?

¿No podría crearse una AFP del Estado, que por cierto no soluciona el problema de las pensiones, pero que gobernada con el sentido mayoritario de los chilenos, le quitaría el excesivo poder a los grupos económicos que manejan nuestros Fondos en su beneficio, invertiría en Chile, generando empleos y desarrollo e impediría la influencia negativa en la política con nuestra plata?

¿Por qué no prohibir a las AFP, Bancos, Compañías de Seguros, empresas con aportes de las AFP que hagan donaciones a los partidos políticos?

Con mis 66 años de edad, con 52 de militancia en la DC, declaro que votaré sólo por aquellos candidatos que se comprometan a poner fin al nudo gordiano que amarra la injusticia y la desigualdad en Chile.

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23 mar 2013

Amor al próximo ¿y si es del mismo sexo?

Por Andrés Palma
Andrés Palma
Andrés Palma
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De acuerdo a la doctrina, Dios se hizo hombre y se encarnó en Jesús para entregar una enseñanza: la Buena Nueva o Evangelio.

El mensaje central de esa Buen Nueva lo resumió el mismo Jesús en “Amar a Dios por sobre todas las cosas y al Prójimo como a si mismo”.

Nos enseñó a orar diciendo “Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal”.

Y nos explicó que el día del juicio final los bienaventurados serían acogidos porque cuando había personas con hambre les dieron de comer; con sed, de beber; eran forasteros y fueron acogidos; estaban desnudos y les vistieron; a los enfermos visitaron; y a los encarcelados, fueron a ver.

Amar al prójimo como a si mismo es difícil, cuesta, especialmente cuando el próximo es diferente de aspecto, de forma de vida, de cultura, de interés o de pensamiento.

Las guerras, los genocidios, las grandes persecuciones se originan en el no comprender que es el prójimo un igual que debe ser respetado así como debe respetar; algunas de esas guerras, genocidios y persecuciones tristemente han sido promovidas por personas que invocan al mismo Dios.

Sin embargo el Mensaje es fuerte y total “como a si mismo”.

El nuevo Papa, en su desempeño como Arzobispo de Buenos Aires ha tenido un mensaje claro en varios de estos aspectos, pero no así en todos.A fin de cuentas, aún siendo Papa es humano y debemos comprenderlo en su historicidad.

Me refiero a su carta a las religiosas de claustro con motivo de la discusión en Argentina de la ley que establecía que el matrimonio era solo entre dos personas, no importando el sexo de esas dos personas.

Amar al próximo como a uno mismo, que está en el centro del mensaje evangélico, no dice que ese Amor no se pueda desarrollar entre personas de un mismo sexo, ni mucho menos puede interpretarse como condena a ello.

La condena reiterada a ello dice relación con aspectos culturales históricos de la sociedad occidental donde se implantó con más fuerza el mensaje de Jesús, especialmente a través de la Iglesia que Él fundó.

Aspecto que, como la ordenación sacerdotal masculina, el divorcio y otros, como que los actos sexuales sólo deben tener por objeto la reproducción también han cambiado en el tiempo.

Así, pese a que Francisco  siendo Arzobispo de Buenos Aires escribió esa carta que, en mi laica opinión, está en las antípodas del mensaje de Jesús pero en el centro de la cultura occidental cristianizada, espero en el Espíritu Santo que salva a la Iglesia de nuestras faltas, nos ayude una vez más a ponernos en el camino del verdadero Amor al Próximo.

Y que  terminen los discursos, cartas y homilías que tratan a la opción de algunos de nuestros próximos sin la caridad de Cristo solo porque aún, quienes así lo hacen, no han sido capaces de convivir con próximos diferentes a lo que su patrón cultural, aprendido y enseñado en la familia, los medios y las iglesias (esta vez con minúsculas), les dice.

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22 mar 2013

Ponerse creativos

Por Gonzalo Martner
Gonzalo Martner
Gonzalo Martner
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Leo por curiosidad en un periódico de la plaza, en una sección de tipo autoayuda o algo así, que una “profesora de creatividad empresarial” que viene llegando nada menos que de Stanford (las especialidades con pergaminos de este tipo están proliferando en Chile, mientras decaen las ciencias sociales, claro) propone seis principios para fomentar la creatividad: “buscar siempre alternativas, probar lo desconocido, asumir riesgos y estar dispuesto a equivocarse, convertir problema en desafío, tomar la iniciativa y cuestionar las reglas y supuestos”.

Si estas recomendaciones de sentido común para hacer avanzar cualquier cosa estuvieran siendo adoptadas en el mundo de la empresa, excelente.

Ciertamente no es el caso de la política. Al menos en el escenario más probable en el futuro próximo.Habrá, eso sí, un cambio de coalición política, pues la actualmente en el gobierno no logró sacar a la derecha de su condición secular de minoría y reafirmó lo que todos en Chile sabían: defienden los intereses de los privilegiados.

Una mayoría cierta de chilenos, fatigada del decaimiento y en algunos casos descomposición de la coalición que gobernó desde 1990, quiso darle a la derecha a partir de 2010 una oportunidad, que esta última desaprovechó irremediablemente.

Esa percepción tal vez la simboliza una reciente actuación del presidente de Chile: va como gobernante a la intronización de un nuevo Papa en Roma, y lo que hace es pedirle en medio de la ceremonia oficial que le bendiga unos rosarios para los nietos y un amigo. Esa no es manera de representar a Chile.

Contrasta con el papel jugado por una ex Presidenta que ha trabajado con capacidad, empeño y dignidad en los últimos años por la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo, promoviendo valores y políticas, y hoy se apresta a retornar al país.

Pero el escenario más probable es que lo haga para hacer más de lo mismo con los mismos y para los mismos de siempre. Aquello de “cuestionar las reglas y supuestos” no está en los libros de la mayoría de los que la apoyan.

Estos se aprestan a recuperar puestos en el Estado sin ninguna idea o propósito de cambio particular, manteniendo por supuesto una mínima retórica para mantener las formas.

Desgraciadamente el impacto de los movimientos sociales de 2011, la voluntad de hacer emerger nuevas fuerzas y coaliciones y las elaboraciones programáticas desde la sociedad, centros independientes y universidades tendrán probablemente poco eco.

Como también el llamado a cambiar las reglas del juego a través de un nuevo proceso constituyente que oxigene la alicaída y a veces maloliente esfera pública nacional.

Cuando lo que se necesita como nunca es cuestionar una institucionalidad terriblemente condicionada por el poder económico, que financia las campañas electorales y no está dispuesto a permitir innovación alguna, el saliente presidente del Senado declara: “en Chile no hay riesgos para la institucionalidad”. Con ese tipo de representantes, que privilegian la estabilidad injusta por sobre la transformación y cuya motivación esencial es el reconocimiento por los poderosos, la remendada y agotada constitución del 80 tiene para rato.

¿Y por qué no nos ponemos creativos e imaginamos y construimos otro escenario? Un escenario en que la ex presidenta Bachelet reitera lo que declaró al despedirse de la ONU en Nueva York parafraseando a Eleanor Roosevelt, la inspiradora de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 : “haz lo que tu corazón sienta que es correcto”.

Un escenario en que la oposición se une sin personalismos y resuelve los asuntos de liderazgo en las urnas, e incorpora a Marcos Enríquez -Ominami y al PC para conquistar un parlamento con mayoría suficiente para iniciar un nuevo proceso constituyente en 2014.

Efectivamente, es prioridad “cuestionar las reglas y supuestos”. Es urgente, cuando un 60% de los ciudadanos se niega a participar en unas instituciones obsoletas, construir un nuevo régimen de libertades, que incluya el matrimonio igualitario y el aborto terapéutico, que redefina los derechos y deberes de los ciudadanos, que permita la representación paritaria de género y equitativa de las ideas y de los territorios, que descentralice y aumente la participación ciudadana en las decisiones públicas, que otorgue una amplia autonomía a los pueblos indígenas.

Es urgente construir un escenario en que un gobierno de ancha base política deja de regalar la renta del cobre a muy pocas grandes empresas e inicia con esos recursos un vasto plan de inversión en infraestructura económica y social (¿por qué no un tren de alta velocidad Santiago-Valparaíso, Santiago-Puerto Montt y Santiago-La Serena?).

Un gobierno que realiza una reforma tributaria progresiva y con ella financia la gratuidad de la educación pública o sin fines de lucro, sin financiamiento escolar compartido y con becas para el 90% de los estudiantes de educación superior, terminando con la educación de mercado.

Un gobierno que crea un Fondo Solidario de Salud para extender garantías uniformes a toda la población y termina con la discriminación propia de la salud de mercado.

Un gobierno que acaba con el abuso de unas AFP que recogen cotizaciones obligatorias para su propio beneficio y que introduce un nuevo pilar de reparto en el sistema de pensiones para garantizar certezas básicas en la vejez.

Un gobierno que protege el ambiente y cambia el modelo energético hacia uno que incorpora masivamente nuevas fuentes renovables no convencionales, con la meta de 40% en 2030.

Un gobierno que estimula el empleo con derechos para los trabajadores, que fomenta el ahorro y la sobriedad en el consumo, que iguala el salario de hombres y mujeres, multiplica las salas cunas y el posnatal compartido.

Un gobierno que en cuatro años abre una nueva etapa en Chile. ¿Por qué no?

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22 mar 2013

El genocidio más grande del mundo

Por Sergio Canals
Sergio Canals
Sergio Canals
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Y nadie, o pocos, dijeron algo…

Leo el lunes, que el ministerio de Salud en China informó que en los últimos 40 años, se practicaron en ese país, casi 330 millones de abortos entre 1971 y el 2010.

Sí, aunque usted no lo crea, más de 8 millones de abortos anuales, como política de estado.

En este caso, ni siquiera son los no aceptables, “derechos reproductivos de la mujer” para decidir tener un aborto, los cautelados, sino que estamos frente a la presencia de una dictadura absoluta, sobre la voluntad libre de la mujer y el hombre, para procrear amorosamente.

Aclaro, que los “derechos reproductivos de la mujer” para abortar, estoy convencido, desaparecen radicalmente, frente al derecho anterior primeroy absoluto a la vida de un ser humano en desarrollo, persona en potencia, infinitamente débil del cual es primeramente responsable, junto al padre y a la sociedad completa.

¿Tienen razón las autoridades chinas para desarrollar estas políticas?

Seguramente, tienen muchas explicaciones, en el ámbito, especialmente económico, político y, aún culturales, que apelan al desarrollo y bienestar sustentable de un país que aspira y camina a ser la primera potencia mundial económica antes del año 2050.

Pero, desde el punto de vista de una visión humanista, sus fundamentos, por lo menos en quienes dirigen el país, reflejan una reducción del hombre, a una esencia material-social y económica del ser humano que todo lo justifica.

Aunque es posible, distinguir en China nítidamente una espiritualidad “oriental”, que trasciende hacia una unión con la naturaleza y los dioses, no parece ésta, constituir una dimensión trascendente sagrada del hombre.

Es decir, un absoluto, natural-sagrado, que debiera impulsar al hombre, a proteger la vida del otro desde que es concebido, como un deber y responsabilidad irrenunciables.

Mientras el nuevo Papa, Francisco, mira e insta a practicar la humildad, la bondad, la ternura, la misericordia, y el perdón, y predica sobre el verdadero poder, como siempre estar en un servicio humilde de los más débiles, los pobres y los que sufren, es decir, practicar el Amor y la justicia en la acción, guiados por la fe en el Cristo-Dios, caminamos entre millones y millones de fantasmas, que claman por la justicia y una humanidad perdida.

Cuando se hace el silencio absoluto, justo antes de la oscuridad profunda, cuando llega la hora de la conciencia, es posible escuchar el murmullo de sus llantos, confundidos a veces, con el sonido primordial del misterioso origen y creación del universo.

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22 mar 2013

Aborto: se reanuda el debate

Por Camila Maturana
Camila Maturana
Camila Maturana
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La presentación del proyecto de ley que establece la licitud de procedimientos de interrupción del embarazo en casos determinados, de los Senadores José Antonio Gómez, Isabel Allende y Fulvio Rossi, viene a permitir reanudar el debate legislativo que hace un año en el Senado se frustró.

Esta iniciativa posibilita al Parlamento saldar la deuda que desde hace décadas mantiene con las mujeres chilenas, a quienes se relega a una ciudadanía de segunda clase.

Es inaceptable que en un Estado democrático de derecho se prive a la mitad de la población (las mujeres) de un derecho fundamental como es el de decidir autónomamente y en base a sus propias convicciones frente a un embarazo que pone en riesgo su vida o su salud, que es resultado de una violación, o si se trata de una criatura inviable.

En situaciones tan dramáticas como éstas a las mujeres se les impide decidir.Simplemente el Estado obliga a llevar a término el embarazo, bajo la amenaza del castigo penal. Sin considerar el sufrimiento de las mujeres se impone un embarazo forzado, lo que a juicio de organismos internacionales no es otra cosa que una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, cometido por agentes estatales, que causa graves daños a las mujeres.

Por décadas las autoridades han eludido un debate fundamental, manteniendo vigentes normas heredadas de la Dictadura Militar que conculcan los derechos de las mujeres. Aun antes de que fuera reconocido el derecho a voto, las mujeres chilenas tenían derecho al aborto terapéutico, hasta que en 1989 las autoridades militares que gobernaban el país, en alianza con la jerarquía eclesiástica, lo derogaron.

De allí la importancia de la propuesta que han presentado los senadores Gómez, Rossi e Isabel Allende, para permitir que las mujeres puedan decidir si interrumpen o llevan a término un embarazo si arriesga su vida o salud física o mental, si es producto de una violación o técnica de reproducción asistida no consentida, o si la criatura es inviable.

Al cumplirse un año (el 4 de abril próximo) desde que en el Senado no se alcanzara la mayoría parlamentaria suficiente para debatir sobre despenalización del aborto en determinadas situaciones y fueran archivadas las mociones al respecto, es urgente reanudar el debate.

La ciudadanía demanda reformas legales que protejan los derechos de las mujeres. Más del 70% de las chilenas apoya una ley sobre aborto terapéutico, el 70% en caso de malformaciones graves y el 60% en caso de violación (Octava Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2011 de Corporación Humanas). Además, desde 1999 diversos organismos internacionales le han reprochado al Estado de Chile la vigencia de leyes que impiden garantizar los derechos de las mujeres, recomendándole su pronta modificación.

En un año de elecciones presidenciales y parlamentarias resulta clave que quienes aspiran a dirigir el país expresen su compromiso con los derechos de las mujeres. El Parlamento debe responder a las demandas ciudadanas y las autoridades asegurar que se cumplan las obligaciones internacionales.

Es urgente avanzar en la discusión y aprobación de leyes que reconozcan a las mujeres como sujetas de derechos, pero para ello, legisladores y legisladoras deben representar los intereses de la ciudadanía y no priorizar –como lo han hecho anteriormente- sus creencias personales de carácter moral o religioso.

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22 mar 2013

Más poder local ¿para alcaldes o concejales?

Por Egon Montecinos
Egon Montecinos
Egon Montecinos
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Es común escuchar que los municipios no cuentan con las atribuciones necesarias para responder a todos los requerimientos que diariamente hace la ciudadanía a sus autoridades locales. Es cierto, frente a muchos temas el municipio sólo se transforma en un buzón y no tiene poder resolutivo.

Frente a esta realidad, el municipio aparenta ser un órgano que no tiene mucha incidencia directa en el destino de un territorio. Es por eso que cuando sucede alguna situación conflictiva con una calle, escuela o consultorio (sobre todo en Santiago) es común ver en programas de TV que los alcaldes más que ofrecer soluciones,porque efectivamente no tienen poder para hacerlo, se transforman en “educadores populares” para explicar quien tiene las responsabilidad de fondo para resolver los problemas públicos que les toca enfrentar. Lo cierto es que muchas de esas responsabilidades son compartidas con Gobiernos Regionales, Ministerios, Servicios Nacionales.

Por el contrario, cuando se trata de cumplir con “las escasas atribuciones” exclusivas para hacer funcionar la gestión municipal, asoma “la otra realidad política” del ejercicio del poder local.

Esta realidad es la que concentra la mayoría de las atribuciones políticas contempladas en la ley de municipalidades “casi” exclusivamente en alcaldes y alcaldesas, quienes en general, se mueven sin contrapeso político de concejales y menos contrapeso de la sociedad civil en el espacio local.

La ausencia de este contrapeso político, se explica porque las atribuciones de los concejales en estricto rigor se reducen a ser fiscalizadores de la gestión municipal. La actual legislación y la dedicación parcial a la labor de concejal les impide, por ejemplo, que puedan proponer “políticas públicas locales” y que puedan incidir de manera “sustantiva” en la formulación presupuestaria, o en los instrumentos de planificación municipal.

Por ejemplo, si los concejales rechazan el presupuesto municipal presentado por un alcalde, éste puede hacer una nueva propuesta considerando la opinión de los concejales, lo cual no es obligatorio, ya que si insisten en rechazar después de un plazo corto de tiempo (generalmente 15 días), automáticamente se aprueba la propuesta del alcalde.

Tampoco se observa contrapeso social, dado que en general la sociedad civil organizada, al no contar con atribuciones reales para hacer control social, no les queda otra alternativa que establecer relaciones subsidiarias o en algunos casos clientelares con la autoridad local.

Este contexto nos enfrenta a una pregunta ¿es prudente ampliar las atribuciones políticas en el espacio local, manteniendo el mismo diseño de híper alcaldizacion de la gestión municipal?

Si la intención es potenciar al municipio -porque es la institución política más cercana y que mejor conoce la realidad de los ciudadanos-, no resulta prudente hacerlo sin corregir las fallas del actual diseño. Entre otras, está la híper alcaldizacion y la falta de contrapeso social y político.

La primera de las medidas políticas para corregir estas fallas, debería ser fortalecer al concejo municipal más que al alcalde y a los concejales.La unidad política más importante de un municipio es el concejo municipal y no la alcaldía.

Por otra parte, los concejales requieren más atribuciones, una fundamental es que puedan ser portadores y promotores de políticas públicas locales. Pero esto no significa que la ley los debiera facultar para proponer proyectos para favorecer a su “clientela”, muy por el contrario, se requiere de atribuciones que le permitan efectivamente a un concejal contribuir con ideas al desarrollo y crecimiento de su territorio. El proyecto de modernización del rol de los concejales que se encuentra en discusión en el congreso puede ser un aporte importante para corregir esta problemática.

La segunda medida es reducir el clientelismo de la gestión municipal. Con organizaciones sociales escasamente autónomas y altamente cooptadas difícilmente la sociedad civil organizada se puede transformar en un contrapeso social a las malas prácticas políticas que existen en muchos municipios. La adecuada implementación de la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública puede ser un avance, en la medida que se haga cargo de esta situación.

Más atribuciones a municipios es una necesidad, pero ello no significa fortalecer la hiper alcaldización existente. Se requiere fortalecer al concejo municipal, a la sociedad civil, transferir las buenas prácticas municipales, pero por sobre todo se requiere incorporar mecanismos que sancionen y ayuden a erradicar las malas prácticas políticas presentes en muchos municipios.

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