05 nov 2015

Sobre el fomento forestal

Por Julio Torres
Julio Torres
Julio Torres
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A raíz de la reciente denuncia de una tala ilegal de alerces en la Región de Los Ríos, tuve la oportunidad de leer en redes sociales una publicación de un sitio que no vale la pena identificar, pero en el que se posteó el siguiente comentario.

“Mientras el gobierno invierte escandalosos recursos del Estado para resguardar los predios de plantaciones de las empresas forestales, CONAF apenas destina en promedio 4,5% de su presupuesto para fiscalizar el resguardo del bosque nativo”.

No podía ser de otra forma. Además de todos los pecados que se le atribuyen a las plantaciones, ahora se le suma la responsabilidad por la tala ilegal de alerces.Absolutamente delirante.

Sin embargo, ésta es básicamente la razón por la que en Chile ya no se planta. Una campaña de desprestigio y ataque sostenido a las plantaciones forestales, utilizando metáforas, analogías y argumentos rebuscados que son difundidos por un grupo de personas que maltratan severamente la racionalidad de los argumentos.

Sobre la frase en cuestión, llama la atención la exactitud con que precisan los montos del presupuesto de CONAF destinados a fiscalización y la vaguedad de los montos con que afirman que el Estado resguarda los predios de las empresas. No publican cifras, ni porcentajes respecto del presupuesto nacional, se limitan a un “escandalosos recursos”.

El argumento podría aplicarse, por extensión, a todos los gastos superfluos que realiza el Estado y que superan en montos a los destinados a la fiscalización de talas ilegales por CONAF. Se me ocurren varios. Pero en realidad no es argumento, solo es diatriba.

La liviandad para opinar está desatada. También se afirma como justificación del rechazo a una prórroga del fomento forestal, que durante los últimos años ha aumentado la sustitución del bosque nativo por plantaciones forestales exóticas, lo que ha provocado una pérdida en la biodiversidad nacional. Esta aseveración es falsa e imposible de probar con cifras. La sustitución de bosque nativo por plantaciones ha sufrido una tendencia decreciente en los últimos quince años y está lejos de ser un problema en la actualidad.

Uno pensaría que la abrumadora evidencia terminaría imponiéndose sobre estos dichos carentes de fundamento, pero no. Siguen como si nada, impertérritos, manteniendo un discurso que tenía sentido hace veinte o treinta años, pero no en el Chile actual.

Por otra parte, el gobierno poco hace para plantear con fuerza una visión objetiva sobre la situación del bosque nativo en Chile. Insistir, por ejemplo, en la ausencia de una relación de impacto entre las plantaciones y la superficie actual de bosque nativo; o bien destacar la necesidad urgente de seguir impulsando la forestación de terrenos desnudos (que los tenemos no por miles, sino por millones de hectáreas).

Esta falta de protagonismo del gobierno (no de este en particular, sino más bien de todos los que han enfrentado este tema en los últimos años), explica en buena parte la hegemonía de un pensamiento francamente errado respecto al impacto actual de las plantaciones sobre el bosque nativo y en general sobre todos los supuestos impactos que las plantaciones producen, llevando a creer que son una amenaza para el país.

Mientras el gobierno no adopte una posición clara respecto al aporte que las plantaciones forestales hacen al país, este deterioro de la imagen del sector forestal no mejorará y los instrumentos de fomento que se presenten al Congreso sufrirán una discusión que los maltratará injustamente.

Una tercer aspecto que merece pronunciarse sobre el, es la falta de realismo de quienes plantean propuestas alternativas al fomento forestal en los término que lo conocemos. Quienes se oponen tenazmente a la prórroga del fomento forestal, deslizan algunas propuestas que además de vagas, difícilmente podrían ser adoptadas por el gobierno, ya sea por los costos asociados o por el incierto impacto social que las acompaña.

Antonio Lara, por ejemplo, académico de la Universidad Austral y firme detractor de los monocultivos, ha señalado que en reemplazo de la prórroga, debiera plantearse un fomento forestal focalizado en la conservación y restauración del bosque nativo para la recuperación de los servicios ecosistémicos, tales como la provisión de agua en cantidad y calidad.

En la misma línea WWF señala que es urgente poner incentivos a actividades que fortalezcan los servicios ecosistémicos, la restauración ecológica, la mitigación y adaptación al cambio climático, el desarrollo local sustentable, y los derechos de los pueblos indígenas.

Para quienes encuentran pertinentes estas propuestas, es necesario recordarles que Chile cuenta con una Ley de Bosque Nativo desde el año 2008, la que en estos siete años, por distintas razones, no ha logrado impulsar un aumento importante de su superficie manejada (ya sea con fines productivos o con fines de protección).

Quienes proponen un instrumento de fomento financiado por el Estado para la restauración del bosque nativo, saben bien de los magros resultados de la ley de bosque nativo.

Saben bien que no hemos sido capaces de afrontar exitosamente el desafío de su manejo y ahora proponen algo mucho más difícil y ciertamente más costoso: la restauración ecológica. Un desafío que no les genera rentabilidad económica ni social a los propietarios de los bosques restaurados. Porque, hasta ahora, la rentabilidad económica basada en el pago por servicios ambientales a los propietarios de los bosques (por agua, como plantea Lara), es una quimera.

No podemos proponer un instrumento de fomento a la restauración de los bosques, cuando aún no hemos sido capaces, por ejemplo, de detener su degradación por manejo no sustentable (extracción ilegal de leña principalmente). Saltarnos estos pasos y avanzar hacia la restauración con fondos públicos es caro y equivocado. El gobierno lo sabe, por lo tanto no acogerá una propuesta en los términos en que se plantean. Pero tampoco parece estar dispuesto a enfrentar el rechazo de un grupo minoritario de parlamentarios y sacar adelante en el Congreso una prórroga del fomento forestal. El resultado hasta ahora es el inmovilismo para el sector.

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05 nov 2015

El mito de la libertad

Por Javiera Olivares M.
Javiera Olivares M.
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Como si fueran pocas las numerosas muestras de ilícitos y faltas a la probidad de distintos sectores empresariales del país, el reciente escándalo -que ya casi sin asombro hemos conocido los chilenos- acerca de la coordinación de las empresas CMPC Tissue y SCA para instalar un cartel de asignación de cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos por más de diez años, ha terminado de ilustrar el abuso flagrante de un modelo insostenible.

Más allá del mediático perdón de Eliodoro Matte  con su “esto puede sonar increíble, pero aquí fuimos engañados” que tuvo espacio en un connotado diario de circulación nacional y que francamente más parece escena de tira cómica que sincera muestra de arrepentimiento, resulta interesante preguntarse sobre en qué modelo y bajo qué particularidades regulatorias, sociales y valóricas, se producen estos abusos.

Como bien es sabido, el escenario de Globalización neoliberal, -que parece haber tenido su primer gran triunfo con el colapso de los socialismos reales y, en la región, en la implementación del consenso de Washington- dejó atrás la antigua quimera valórica moderna, reivindicada por la Revolución Francesa.

Obviando las viejas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, el paradigma neoliberal se instaló aparejado de una extrema valoración de la libertad personal -entendida como la autonomía de escoger en el consumo- y el rechazo a valores superiores como la solidaridad, la justicia o la igualdad. La paradoja actual, es que los individuos parecen quedar “liberados” en lo individual a la hora de consumir, pero presos de los devenires del mercado y tan atomizados en lo público, que con escasa capacidad mancomunada de auto determinarse para participar o exigir otros derechos.

En Chile, esta dinámica parece estar refrendada en el aparato jurídico, en el sistema político y -de manera un tanto menos explícita- en el socio cultural. Por ello, el paradigma pro individualista se encuentra perfectamente ilustrado en nuestros códigos legales y especialmente en la constitución heredada de la dictadura, cuyas reglas tienden a sobre proteger aquellos derechos individuales bajo el presunto amparo de valores como la autonomía y la propiedad.

Estos niveles de institucionalización enraízan la lógica valórica de los mercados en el sistema sociocultural,  convirtiendo sus principios en axiomas sociales con características de verdad absoluta e incuestionable. El punto es, en este amarre perfecto, ¿existe protección real del valor principal que sustenta el modelo? Existe esa mentada libertad por la cual supuestamente los radical-capitalistas o neoliberales defienden el statu quo?

Es quizás, lo interesante del caso del cartel del confort, que responde con un NO rotundo a esa interrogante. La colusión de dos actores monopólicos del papel, no hace más que ilustrar la preponderancia de monopolios y oligopolios que suprimen la libertad en los más diversos sectores productivos en el marco de un modelo que pierde cada vez más sustento valórico-moral.

Las firmas acusadas de colusión representan cerca de 90% del mercado de papeles tissue en el canal masivo y sus ventas anuales suman cerca de US$ 400 millones. En palabras simples, Confort, Elite, Nova, Noble, Orquídea, Favorita y Magiklin, son un monopolio tan perfecto, que pudo coludirse por años, sin que “nadie se diera cuenta” y dejando la libertad del ciudadano delimitada a cero. El ejemplo deja en claro, que en el escenario actual, las grandes corporaciones trasnacionales y los actores monopólicos, son los protagonistas e imponen su poder por sobre el Estado y sus diversos gobiernos, cada vez más adelgazados y desregulados.

Como sabemos no es el único caso de concentración: las farmacias, los productores de pollos, el retail, los medios de comunicación -que en muchas ocasiones también se coluden para sobredimensionar o invisibilizar determinadas informaciones-, terminan de componer el escenario que nos deja en los primeros lugares en los rankings de concentración de la propiedad de América Latina.

El fondo de la discusión entonces es cómo avanzamos en dotar al Estado, y a sus sucesivos gobiernos, de un enfoque de derechos que no se funde en una concepción meramente subsidiaria y que permita mayores regulaciones al mercado para garantizar no una supuesta libertad de consumo, si no una verdadera posibilidad de ser libres en la exigencia de nuestros derechos y en la capacidad de organizarnos para exigirlos.

Quienes se oponen a devolver la “libertad” del derecho a huelga a los trabajadores, de discutir de manera participativa y vinculante una nueva Constitución, de contar con pluralismo mediático real, con derecho a la educación, a la salud y al acceso a remedios a bajo costo son quienes se oponen a entregar verdadera libertad al pueblo de Chile.

No es necesario presentarlos, son bien conocidos, o no cree usted que en esos casos el mito de la libertad más parece eslogan?

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05 nov 2015

¿Chile entre dos derechas, nuevamente?

Por Sergio Aguiló
Sergio Aguiló
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Las últimas encuestas de opinión pública, sin  considerar la también fuerte presencia de Marco Enriquez-Ominami, plantean un escenario probable para las elecciones presidenciales 2017 entre los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Aunque ambos han dicho públicamente que no son candidatos presidenciales, lo cierto es que la puesta en escena mediática de ambos, con el respaldo de los medios de comunicación dominantes y de los sectores empresariales, confirma que dicho escenario es probable.

Ello nos plantea un conjunto de reflexiones que quiero compartir.

Durante los 20 años que gobernó la Concertación básicamente se administró el modelo económico dejado por el dictador Pinochet. Fueron dos décadas de “neoliberalismo con rostro humano”, como diría el profesor Fernando Atria. Hoy día es muy difícil encontrar a un intelectual  serio  que pueda discrepar de esta afirmación.

Durante los 20 años de gobiernos de Concertación, en verdad, no hubo ni siquiera un intento sistemático  de transformar y mucho menos eliminar los pilares estructurales del modelo económico que Chile heredó de la dictadura.

Así, hoy siguen plenamente vigentes las AFP, administradoras privadas con fines de lucro, que obtienen sus suculentas utilidades de las platas que destinan los trabajadores chilenos para sus pensiones; siguen plenamente vigente las Isapres, con sus planes discriminadores de las mujeres jóvenes, de los adultos mayores y de quienes tienen enfermedades preexistentes; hoy está plenamente vigente el llamado Plan Laboral de la dictadura que impidió la negociación colectiva al punto que hoy en día negocia apenas un 8% de los trabajadores del país.

Más aún, durante estos 20 años,  se fue privatizando adicionalmente lo que quedaba en materia de educación. Por ejemplo, si durante los últimos años de la dictadura se había privatizado la educación al punto que apenas un 60% de los niños chilenos estaba en la educación pública, cuando 20 años después la Concertación le entregó el gobierno al presidente de derecha Sebastián Piñera, los alumnos matriculados en la educación pública no eran más que el 38%.

Otro ejemplo dramático de mencionar es que entre 1987, 1988 y 1989, los últimos 3 años de la dictadura militar, había un 15%  de trabajadores sindicalizados y un 10% de trabajadores cubiertos por negociación colectiva. Cuando se entregó el gobierno 20 años después a Piñera, los trabajadores sindicalizados se habían reducido al 12% y los que tenían cobertura en negociación colectiva alcanzaban apenas a un 6%.

En estos mismos 20 años,  se privatizaron todos los puertos del país, y todas las empresas sanitarias que brindan servicios esenciales a la población como es el suministro de agua potable. En estos  20 años se privatizó también la empresa Colbún-Machicura, una de las generadoras eléctricas más importantes del país.

Es decir, que durante los 20 años de la Concertación, aunque se hizo un esfuerzo por administrar con sentido humano e impronta social el modelo heredado por la dictadura militar, no hicimos otra cosa que mantenerlo y en algunas áreas profundizarlo.

Esto es lo que algunos llamamos en su momento el dilema de los chilenos: tener que optar entre dos derechas, una democrática y otra autoritaria.

Porque estos mismos chilenos, o se inclinaban porque siguiera gobernando la Concertación, con un esquema básicamente neoliberal de administración del sistema heredado de Pinochet u optaban por un gobierno de derecha como el que encabezó finalmente el presidente Piñera, que en lo fundamental  iba a hacer lo mismo.

La derrota electoral del 2010 y  las fundadas autocríticas de muchos(as) de quienes fuimos parte de la Concertación, reafirmadas y profundizadas por los significativos movimientos sociales y las masivas luchas por una educación pública gratuita y de calidad que vivimos en los últimos años en nuestro país, posibilitan y explican en gran parte el triunfo  de la Nueva Mayoría y la elección de la Presidenta Bachelet.

Es por ello que el gobierno de la Presidenta Bachelet,  como dijimos en una columna anterior, ha sido un gobierno que ha impulsado cambios muy profundos y estructurales en la sociedad chilena, ciertamente alejados de los paradigmas neoliberales y desde luego concibiendo al Estado chileno, ya no como estado subsidiario, sino como un Estado que garantiza derechos esenciales y genera una red de protección social que le permitirá a los ciudadanos de nuestro país, despejar sus temores más profundos frente a una eventual enfermedad, frente a la vejez, frente a cómo asumir la educación de sus hijos, entre otros.

Y así, entonces, la Presidenta Bachelet ha realizado una Reforma Tributaria muy profunda que en régimen va a recaudar  $8.300 millones dólares al año para financiar  otras transformaciones estructurales que van a requerir recursos fiscales nuevos y frescos.

Un informe reciente del Banco Mundial ha señalado que tres cuartas partes de esos $8.300 millones de dólares que se recaudarán adicionalmente al año, provendrían del 1% más rico de la población. Lo que muestra que esta reforma no solo ha tenido un gran efecto recaudatorio al aportar recursos nuevos a las finanzas públicas, sino además un gran efecto redistributivo, porque ha exigido a los más ricos entre los ricos, aportar para que esos recursos vayan destinados a los sectores populares y de menos ingresos de la población.

Simultáneamente, la Presidenta ha propuesto una tremenda reforma educacional que implica un fortalecimiento de la educación pública; gratuidad en la educación  superior; fortalecimiento de la carrera docente de los profesores y sobre todo garantizar el derecho a una educación de calidad y gratuita para la inmensa mayoría de las hijas e hijos de esta patria.

Del mismo modo, se ha propuesto al Parlamento una muy importante Reforma Laboral que restituye la titularidad sindical y que permitirá una cobertura muy superior a la actual de contratos colectivos que protejan los derechos de los trabajadores.

Adicionalmente, la Presidenta ha propuesto generar las condiciones culturales, políticas e institucionales, para que mediante la participación activa de las chilenas y chilenos se pueda tener una Nueva Constitución, esta vez generada genuinamente en democracia.

También, constituirán un gran aporte al mejoramiento significativo de nuestras instituciones y de la actividad política, las leyes que la Presidenta se encuentra promoviendo en favor de la Probidad y Transparencia, luego de los graves acontecimientos que sacudieron al país en materia de corrupción, tanto en el ámbito privado como público.

Hay otras transformaciones que ha generado la Presidenta  Bachelet que también van a tener un carácter histórico como el Acuerdo de Unión Civil; el proyecto de Ley para que los pensionados que actualmente pagan el 5% en su cotización de salud, queden eximidos de este cobro; la puesta en marcha de la Ley Ricarte Soto que dará cobertura financiera a los diagnósticos y terapias asociadas a enfermedades de alto costo ( cubrirá en un principio 11 patologías); el fin  del Sistema Electoral Binominal; el voto de los chilenos en el exterior; la creación de los ministerios de la Mujer y de Cultura; la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos; la ley que mejora las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de casa particular, etc.

Sin embargo, pese a todos los avances impulsados por el actual gobierno, era inevitable y estábamos preparados para que estas transformaciones estructurales fueran resistidas por los sectores cuyos intereses se verían afectados.

Qué duda cabe que una reforma tributaria iba a afectar a las empresas de más altos ingresos o de mayor tamaño, o que la Reforma Laboral iba a generar igual resistencia en el mismo sector; qué duda cabe que terminar con la educación particular subvencionada con fines de lucro iba a generar una reacción de los principales sostenedores de ese tipo de negocios; qué duda cabe que un proceso constitucional para generar una Nueva Constitución iba a provocar una reacción dura de los sectores más conservadores de la derecha tradicional como del gran empresariado.

Con todo, no imaginamos en su momento que los elementos más pro neoliberales de la vieja Concertación, iban a tener una reacción tan drástica, tan alineada con los sectores de la derecha y tan ciega a las necesidades más profundas de este país, en el sentido de hacerlo más equitativo, más igualitario, más justo, más democrático y participativo.

Resulta muy impresionante constatar cómo ex ministros, ex voceros de los partidos de la vieja Concertación han formado coro con los principales voceros de la derecha y con el gran empresariado para rechazar, algunas veces con violencia y fuertes críticas, las transformaciones igualitarias que se ha propuesto este gobierno.

Y seamos  francos en esta reflexión, personas como Edmundo Pérez-Yoma, José Joaquín Brunner, Mariana Aylwin, Gutenberg Martínez, Enrique Correa, Oscar Guillermo Garretón, René Cortázar, Eugenio Tironi, por mencionar algunos, han constituido voces duras, incluso irónicas, respecto del rol que ha jugado con  dignidad la Presidenta de la República, encabezando con coraje estas grandes transformaciones.

En el futuro que se nos viene, es indispensable complementar estos cambios, con otros igualmente profundos y demandados por la mayoría de los ciudadanos. Reformar el sistema de Salud fortaleciendo la red pública; cambiar el actual sistema de pensiones terminando con las escandalosas ganancias de las AFP obtenidas de las cotizaciones de los trabajadores; incorporar a los pueblos originarios al desarrollo de Chile, otorgándoles plena participación política en las instancias que correspondan.

Sin embargo, han surgido candidaturas en el último tiempo que han reavivado la posibilidad que esta vieja Concertación -que no entendió la necesidad de un Chile más equitativo, que no entendió  el reclamo de los miles de chilenos que salimos a las calles durante el 2011 y 2012 y que fue el germen de los cambios propuestos por la presidenta Bachelet, vuelva a tener un rol en la política nacional.

No imaginábamos  que estos sectores iban a retomar con fuerza la posibilidad que desde la propia “centro izquierda” se levantara una alternativa, no para profundizar las reformas de la presidenta Bachelet, sino para retrotraer el camino por los menos en 10 años y seguir con una vieja concertación marcando el paso y administrando un modelo neoliberal que en Chile solo una minoría quiere y que la inmensa mayoría repudia.

Como se ve, el probable escenario de una campaña electoral presidencial entre dos candidatos que han sido recibidos con entusiasmo por el empresariado y por El Mercurio: Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, nos hacen preguntarnos con honestidad ¿Chile entre dos derechas…nuevamente?

Ciertamente, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera no representan lo mismo. Mientras el primero se la jugó por recuperar la Democracia y jamás ha sido puesta en duda su conducta proba y transparente, el segundo apoyó la dictadura, y su conducta empresarial ha sido investigada más de una vez por los tribunales.

Sin embargo, respecto al modelo económico que postulan hacia adelante, mucha gente no alcanza  a descubrir diferencias sustantivas que los distinga.

Por eso mismo,tenemos un gran desafío quienes nos identificamos con una izquierda moderna, del siglo XXI,que cree en los ciudadanos y en sus derechos; que nos identificamos con un proyecto  que entiende y valora el rol de la empresa privada y del mercado, pero al mismo tiempo entiende y valora el rol del Estado y su papel en la redistribución del ingreso y en impulso al desarrollo del país.

El verdadero desafío de esta izquierda es encontrar una plataforma y un liderazgo que efectivamente apunte a que las reformas que empezó con tanto coraje e inteligencia la Presidenta Bachelet, no se queden sólo en un período de 4 años, sino que puedan en el futuro ser continuadas para que Chile en un plazo razonable, pueda llegar a ser, no solo un país con un nivel de crecimiento significativo, sino además un país en donde todas sus hijas e hijos se sientan parte de una misma nación que los integró, que los incluyó y que los acogió con justicia y humanidad.

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05 nov 2015

Perdón, pero sólo por el papel higiénico y las servilletas

Por Ismael Llona
Ismael Llona
Ismael Llona
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Pedimos perdón por habernos embolsado unos 80 millones de dólares anuales extras (en eso que llaman colusiones o monopolios) durante, vamos a ver, los últimos 42 años, desde 1973 en adelante, sólo por esta empresa. Ha sido esto del papel higiénico, las servilletas y otros papeles.

Desde la década del veinte, hace ya casi un siglo, hemos personificado otros embolsamientos que están en el subconsciente colectivo.

No pedimos perdón como dueños de Chile. Eso haría que hiciéramos el ridículo si guardan silencio otros dueños de Chile del último tiempo, como Iris, Horst, Roberto, Sebastián, Ponce, unos que están saliendo como los Edwards y los Cruzat y otros que están entrando por los palos en la elite del 0,01 por ciento, como los Chadwick, Saieh y Dávalos, para nombrar algunos pocos dentro de los pocos. La elite de los 2 mil millones de dólares y más. Unos mil cuatrocientos millones de millones de pesos cada conglomerado, si no nos equivocamos. Iris tendría más de 14 mil millones de dólares. La cacareada reforma educacional costaría en total 10 mil cien millones.

De los últimos embolsos, los de los papeles para el cuarto o el medio kilo diario de cada chilena y chileno, nos delatamos cuando estábamos pillados después de años y años, para que con la nueva colusión nos compensen. Es lo que llamamos delación compensada.

Todo esto ha sido posible, y seguimos pidiendo perdón, en primer término porque afortunadamente en el gobierno de Allende no se tocó la Papelera (“La Papelera NO”) y vino, además, en septiembre de 1973, el golpe que promovimos, anhelamos y ejecutamos en medio de la alianza cívico-militar respectiva. Allí dimos vuelta la tortilla que tambaleó tres años empujada desde el otro lado por la masa influenciable y vendible. La tortilla que aún está vuelta y bien vuelta en nuestro favor.

Si ahora, en los últimos años, tuvimos estos ingresos extras, con legislación controladora e interventora, Congreso Nacional, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, Sernac, prensa libre, gobiernos de centro izquierda, periodistas investigadores y golpes en el pecho en iglesias y cámaras de televisión, preferimos ni calcular con cierta exactitud lo que ganamos entre 1973 y 1990 en esta precisa producción, de tan millonaria y segura demanda. No hay nada que se demande más que el papel higiénico. Como ha dicho un alto ejecutivo amigo: “Hasta los que no comen o comen poco, defecan”. Otros han proclamado “Aquí, señores, defecamos todos”. Hemos avanzado, también lo hacen en Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia y otros lados.

Por ello pedimos más perdón. Ya van hartas peticiones de perdones.

Queremos hacer un alto en esta petición de perdón para recordar a algunos de nuestros ancestros, notables varones que sirvieron a Chile y se destacaron como dueños del país.

En los años sesenta, después del terremoto de Valdivia, reconstruimos el sur de Chile con nuestro cemento, de manera monopólica y bien pagada, cuando una tía abuela era hermana de don Jorge, que era Presidente, y cuando don Jorge decidió que lo reconstruyéramos nosotros. En esos años, afortunadamente, no había “conflicto de intereses” ni “delación compensada”. Eran los tiempos dorados de la Papelera y de Cemento Melón. Allí, hace más de medio siglo, casi quebramos a todos incluso al naciente Cemento Bío Bío.

Hay que sacar la cuenta de que Arturo Matte Larraín, varón muerto en olor de santidad en 1980, fue yerno de don Arturo Alessandri Palma y cuñado de don Jorge Alessandri Rodríguez, ambos Presidentes de la República sumando tres períodos. Yerno de un conocido Jefe de Estado, ¿no les suena? Desgraciadamente a ese Matte lo derrotó Ibáñez en 1958 y no pudo ser Presidente de Chile.

Lo que ganamos extra hace poco, en los últimos decenios, por monopolios, oligopolios y últimamente “la colusión del papel”, unos 3.360 millones de dólares desde el 73, equivale a un tercio de la fortuna que poseeríamos, calculada por Forbes en unos 9 mil millones de dólares. Un tercio no es poco, y por ello pedimos perdón. Por los otros dos tercios no.

No sé si es verdad que en el origen de una gran fortuna hay siempre un terrible crimen, como señaló Balzac y repitió recién Carlos Peña públicamente en El Mercurio, pero aquí habría que investigar lo de las cadenillas, medallas de oro y candelabros de plata de muchos condenados a los hornos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial; lo de los millones de los chinos que compraron y pagaron estúpidamente en dólares cuando se les había cobrado en pesos; lo de los regalos de un suegro omnipotente a su yerno; lo de los préstamos del Banco de Talca intervenido a empresas de papel inexistentes, y otras operaciones parecidas.

Nuestra petición de perdón, que está limitada sólo a lo de los papeles y la colusión en la que nos vimos sorprendidos, se ajusta al sacramento fundado por la Santa Madre Iglesia en la Edad Media y que tanto ha beneficiado a algunos dueños del mundo.

Pedimos perdón, como en ese sacramento de la confesión, de tal manera que luego, cuando el cura y el ministro del Interior nos perdonen, rezaremos dos padres nuestros y tres avemarías, haremos un acto de contrición y, luego, nos dedicaremos nuevamente a los negocios de la libre empresa, que tantos logros han dado a los países desarrollados del mundo y a nuestro querido país y que han dado también origen a la cofradía de los nuevos dueños de Chile.

Terminamos esta sentida petición recogiendo las sabias palabras de uno de nuestros más destacados ancestros:

“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”.

(El autor de la médula de nuestra ideología, don Eduardo Matte Pérez, aquí citado, fue ministro de don José Manuel Balmaceda y de don Jorge Montt, que, buen almirante, derrocó al primero en una cruenta guerra civil con 10 mil muertos. Se le llamó “traidor” sin fundamento alguno, como a nosotros nos llamó Escalona “chupasangres” cuando aún era un radical socialdemócrata).

Por esto último, repetimos, no pedimos perdón.  Nosotros somos los dueños de Chile. Y los dueños de Chile no pedimos perdón. ¿A quién? ¿A la masa influenciable?

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04 nov 2015

Instituciones modernas, deber del Estado

Por Jorge Pizarro
Jorge Pizarro
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El paro del Registro Civil ya superó toda línea de cordura. El caso de una abuela que estaba haciendo una fila eterna para conseguir un certificado de defunción de su nieto muerto a las pocas horas de nacer, rompe la dignidad que el Estado debe asegurar a las personas, sea cual sea su condición.

Del mismo modo, se supo la historia de un comerciante, una micro empresa, que fue castigado severamente por el SII por no emitir boleta en una venta de 300 pesos. Si es verdad o no o si hay antecedentes previos o no, son recurrentes los casos de gran celo del SII en contra de pequeños empresarios, mientras el país ve grandes escándalos como el de Johnson o SMQ y la papelera.

En gobiernos anteriores, tanto en el de Eduardo Frei como en el de Ricardo Lagos, se levantaron proyectos de largo plazo para modernizar el Estado, de modo de dar más garantías de imparcialidad, eficiencia, impecabilidad y transparencia en las actuaciones del aparato público. Esto parece estar en deuda cuando vemos arbitrariedades, incongruencias, excesiva demora en las respuestas a los usuarios o incluso actos de verdadero “secuestro” de la función pública como es lo que pasa ahora mismo con el Registro Civil.

Urge que el Estado se modernice al punto de dar garantías plenas de atención continua y permanente, transparencia total y celeridad en sus actuaciones para con la ciudadanía.

Se están haciendo esfuerzos por dar autonomía a entidades como el INE, SII, el Sernac y otras reparticiones, pero es evidente que situaciones anómalas como las que se ven a diario en los servicios básicos, no pueden ser tolerados. Es deber constitucional del Gobierno garantizar la entrega de servicios esenciales a todo evento.

Y esto no tiene nada que ver con atentar contra la dignidad o derechos de los trabajadores del sector público. Para eso están los mecanismos de coordinación, negociación y reconocimiento.Pero estamos hablando del Estado de Chile, del imperio del derecho, de garantías que son irrenunciables para las personas y eso no puede perder continuidad.

No nos sirve que el Gobierno mire con impotencia cómo pasan semanas tras semanas mientras funcionarios llevan adelante un paro. No nos sirve que el Gobierno insista en lo obvio: que es una paralización ilegal que afecta gravemente los derechos de las personas. Lo que nos sirve es que el Gobierno tome el control de la situación.

Reconocemos la labor de los funcionarios públicos, en todo ámbito y en cada región. Pero es evidente hace años ya, que se requiere una cirugía profunda para dar certezas al país de una atención que dé cuenta de las urgencias actuales, de la celeridad que se requiere para distintos tipos de trámites, para aprovechar las ventajas y los enormes avances tecnológicos y de redes que hoy dominan el mundo, y para ponerse a tono con una sociedad que ya ha avanzado lo suficiente como para dejar atrás el indignante concepto de lista de espera.

La tasa de penetración de internet, teléfonos inteligentes, sistemas móviles de pago, redes sociales y tecnología en general en nuestro país, son altísimas. ¿Tenemos que esperar décadas para que el aparato público se ponga a todo con esta modernidad? Esta disociación entre el papeleo que se lleva en las reparticiones públicas versus la disponibilidad de aprovechar la tecnología para dar un mejor servicio, es un tema que alguien debe asumir como proyecto país.

La dignidad afectada de cientos de personas que día a día se enfrentan a actuaciones  dudosas de parte del Estado, puede ser reparada con un plan decidido de modernización que nos ponga como país modelo de buena atención a sus ciudadanos. Para eso hay que empezar ayer.

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04 nov 2015

Las claves de la novela chilena reciente

Por José Antonio Rivera Soto
José Antonio Rivera Soto
José Antonio Rivera Soto
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En Cartografía de la novela chilena reciente (Ceibo, 2015), Macarena Areco instala la necesidad de comprender la pluralidad de novelas producidas desde 1990 a la fecha a partir de “cuatro territorios genéricos”, a saber: realismos, experimentalismos, subgéneros e hibridaciones.

Para ello, divide el libro en dos grandes secciones. La primera parte se denomina “Mapas”, y allí la investigadora desarrolla en profundidad cada uno de los territorios recién mencionados, junto a otros tres especialistas. De este modo, Catalina Olea se hará cargo de los realismos; Jorge Manzi de los experimentalismos; la propia Areco de la novela híbrida y los subgéneros, por último, se dividirán en dos partes: el policial, analizado por Marcial Huneeus, y la ciencia ficción, otra vez por Areco.

La segunda parte del texto se llama “Ejercicios”. Aquí se ejemplifica el método cartográfico en obras diversas que abarcan los cuatro territorios en estudio. Los autores escogidos son Alberto Fuguet en realismo; Diamela Eltit, Antonio Gil y Francisco Rivas con novelas híbridas;Cristián Barros como ilegibilidad y experimentalismo; Álvaro Bisama y Jorge Baradit como subgéneros.

Pero vayamos por parte.

En el primer territorio, Catalina Olea destaca que en los noventa Alberto Fuguet y Sergio Gómez opusieron “a la tradición fantástica del realismo mágico” lo que denominaron “realismo virtual”, pensando a Latinoamérica ya no como un mundo rural encantado sino urbano, caótico y disfuncional. Aquí habría una vuelta a los conceptos básicos del realismo: la existencia de una“realidad objetiva” que es “posible de representar de manera verosímil a través del lenguaje”.

En la vereda opuesta a los autores de McOndo, críticas como Nelly Richard y Soledad Bianchi cuestionaron la calidad literaria, el sentido ideológico y la excesiva mímesis de los noventa, en la generación conocida como Nueva Narrativa Chilena, “reeditando así la antigua oposición entre realismo y vanguardia”, siendo la segunda considerada una escritura de resistencia.

Olea da cuenta, asimismo, de los nuevos costumbrismos, con representaciones de “determinados sectores de la sociedad a través de la construcción de personajes que se suponen representativos”. Aparece aquí, junto a Rafael Gumucio, la notable escritura de Marcelo Mellado, su “sátira grotesca”, quién, junto al primero, presentan una “voluntad ensayística” de mayor ambición: “no solo describen las costumbres de sus personajes sino que, además, las interpretan según sus propios criterios sobre la identidad nacional o de clases que estos encarnan”.

Una mirada general a los realismos permitiría establecer que este territorio mantiene su importancia en la narrativa chilena, aunque con un cambio relevante: el giro del “gran fresco social” de la vuelta a la democracia (Oír su voz de Arturo Fontaine) al realismo de cuño minimalista y casi siempre en primera persona (Camanchaca de Diego Zúñiga). Asimismo, la verosimilitud, “más que por los detalles descriptivos, es generada por la tecnología, la industria popular y los medios de masas (Mala onda de Alberto Fuguet)”.

Jorge Manzi, en tanto, al estudiar el segundo territorio, los experimentalismos, señala que este modo de producción literaria ha perdido su capacidad de “revolucionar las formas de la escritura; en el siglo XXI se vuelve ilegibilidad y hermetismo para el gran público, aunque su crítica a la historia, el lenguaje, el sujeto y el poder ha abierto vías de reflexión, discusión y producción muy fructíferas”.

Las novelas que aborda, en orden “a sus principios de composición”, pueden calificarse de experimentales a partir de los siguientes elementos, definidos por Macarena Areco: “opacidad de relación significado/significante, constructivismo y artificialidad, descentramiento del sujeto, crítica a los esencialismos, a las identidades fijas y a las relaciones de poder, aporía y deconstrucción”.

Estas obras, advierte el investigador, persiguen “una legitimación universitaria”, de especialistas, en contraste a la que encuentra el policial o la ciencia ficción en el mercado.

Su escritura se arma a contrapelo de “las convenciones más fuertes del`relato clásico’, articulado desde secuencias lógicas que estructura la trama principal, siempre comprensible, y que va tras“la prosecución o resolución de uno o varios enigmas”. Además, presenta “una exuberante referencia a saberes y disciplinas de la cultura”, lo que es consonante a su validación en espacios académicos antes que de la cultura de masas.

Destacan en este territorio Diamela Eltit, Antonio Gil, Guadalupe Santa Cruz, Cristián Barros, Carlos Labbé y Pablo Torche.

En cuanto a la novela híbrida, señala Areco, su centralidad es incuestionable: más de un tercio de las novelas que revisaron los cuatro investigadores pertenecía a este territorio; había, claro, algunas excepciones en las obras de Rimsky, Bisama y Zambra, principalmente porque entrecruzan diversos territorios.

Esta novela “se constituye como la forma prioritaria que engarza con la disponibilidad de códigos, la desterretorialización y la fragmentación del período actual ligado a la pos modernidad”.

Así, la novela híbrida será también la novela de la ausencia: “la caída de los metarrelatos (Lyotard 1993), el desgaste del aura del arte y su consecuente sumisión al mercado (Benjamin 1973), la imposibilidad de la vanguardia y el consiguiente ritual que aparenta la ruptura ejecutado por la neovanguardia (Paz 1995)”.

No obstante, en este territorio “también están presentes formas discursivas en la frontera de lo literario, entre ellas el testimonio, la enciclopedia y los textos periodísticos”. Aquí destacan Mauricio Electorat, Marcelo Simonetti y Cynthia Rimsky. En ellos, “no se trata del empleo de uno de los subgéneros o de las modalidades discursivas descritas, sino del entrelazamiento y la transgresión, en distintos grados, de sus códigos”; los géneros entendidos como “bricolage (Lévi-Strauss), es decir, se toman elementos aislados, con una finalidad distinta a aquélla para la que fueron creados”.

Areco operacionaliza la noción de desterritorialización de Deleuze y Guattari desde una variable territorial, temática y epistemológica. La primera se refleja en la inmersión de mundos globalizados, como sucede con El número Kaifman(2006), de Francisco Ortega.

En la segunda, en tanto, la dispersión une contenidos y temas de una diversidad inverosímil; ejemplo de ello es Prácticas rituales (2005), de Carlos Tromben, que articula temáticas como “el alpinismo, la paleontología, el fascismo y el ocultismo, con algunas escenas de la bohemia santiaguina, del funcionamiento de la Policía de Investigaciones y de la prensa sensacionalista”.

Los quiebres epistemológicos, por último, “rompen con los principios de identidad y de no contradicción”, como sucede en Fotos de Laura (2012), de Marcelo Leonart. Resalta, asimismo, la indeterminación identitaria como formas de desterritorialización de los personajes, y la autoficción (Bolaño, Zambra y Labarca).

Otros géneros que se hibridizan son el relato de viaje y de carretera (Patricia Poblete), las modalidades no realistas, como lo fantástico, lo maravilloso, la ciencia ficción y el cuento de hadas (Francisco Rivas) o la novela histórica (Darío Oses). Un texto ambicioso, en este sentido, sería Mapocho (2002) de Nona Fernández, que mezcla “la novela del enigma, la histórica y el melodrama”.

Cerramos con los subgéneros del policial y la ciencia ficción. El primero, según Marcial Huneeus, “desmonta progresivamente la fórmula crimen-investigación-verdad-justicia” y en algunas obras la verdad simplemente no llega o, cuando aparece, ya no es relevante.

En este contexto refulge como central la novela Estrella distante (1996), de Roberto Bolaño, que enseña los tres períodos del policial: el detective racionalista creado por Poe, la serie negra y el neopolicial. Dentro de este último registro, advierte Huneeus, el protagonista indiscutido en nuestras tierras es Ramón Díaz Eterovic con su extensa saga del solitario detective Heredia.

Macarena Areco, por último,  en ciencia ficción hará un exhaustivo recorrido (tanto de las novelas como de su correlato crítico) que comienza en el siglo XIX y termina en nuestros días, con las buenas noticias de un subgénero activo y con varios títulos publicados, destacando la década de entregas que ha consagrado a Jorge Baradit como la punta de lanza del movimiento en Chile.

En suma, Cartografía de la novela chilena reciente es una revisión compleja e interesante del género en las últimas décadas a partir de un método pertinente (el cartográfico) dada la diversidad inabarcable de títulos aparecidos en dicho período.

Se une –de manera explícita– a la tradición académica que aborda la novela nacional, con nombres tan notables como Rodrigo Cánovas, José Promis o Grínor Rojo, y nos entrega una panorámica valiosa para indagar en las temáticas y formas más recurrentes en la narrativa actual.

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04 nov 2015

Cambia, todo cambia

Por Roberto Fantuzzi
Roberto Fantuzzi
Roberto Fantuzzi
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“Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo”…

Seguramente la mayoría de nosotros conoce esta canción, pero para quien no, les cuento que la letra hace referencia a la serie de transformaciones de carácter ideológico, físico, emocional, etc. que ocurren durante el tiempo. Y claramente, en la vida hay una cosa a la que no le podemos  “hacer el quite” a los cambios.

Desde una perspectiva empresarial, podemos hacer una analogía entre los actos que se deben realizar al interior de todas las organizaciones, puesto que permanentemente debemos trabajar por lo que se ha denominado “el mejoramiento continuo”,  todos los días tenemos que enfocarnos en  hacer las cosas un poco mejor para aumentar la competitividad y para optimizar las relaciones, pero siempre esto, debe ir de la mano con un cambio sustancial.

Pero hay algo que me preocupa, cuando estas modificaciones entran en el área política o religiosa, pareciera ser que los integrantes no se sintieran cómodos con las nuevas propuestas o reglamentaciones, pues en vez de ser partícipes de las mismas, se ha generado un conflicto permanente entre los diferentes actores, obstaculizando así, un proceso y un avance de carácter social.

Hay una frase que dice que “los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida”. De acuerdo a ello- y considerando que los últimos períodos de nuestro país han estado marcados por discusiones relacionadas a las nuevas reformas-  podría decir que al parecer  la mayoría está acostumbrada sólo a “remezones” de carácter natural, puesto que la actitud adoptada por muchos, ante los cambios propuestos por el actual Gobierno no ha tenido muy buena aceptación.

La Reforma Tributaria –necesaria a mi parecer, pero no sé si la más adecuada – marcó el inicio de la serie de cambios que venían de la mano con la actual Administración.  Pese a que no estuvo exenta de polémicas su aprobación, se debe considerar que las mejoras que traerá consigo su implementación en el fortalecimiento de la educación y salud son aspectos que van de la mano con la construcción de una sociedad más equitativa.

Por otra parte, tenemos en curso una importante modificación en lo que respecta al mundo del trabajo, pues la reforma laboral trae consigo transformaciones de gran importancia, que marcarán un antes y un después entre la relación sindicatos  y empresarios.

Y para finalizar, está la iniciativa de una nueva Constitución, que toca aristas que van más allá del mundo al que pertenezco, ya que es un tema  que repercutirá sobre toda la ciudadanía.  Este sería un cambio “histórico”.

Pero bueno, así como nuestras vidas, la historia de nuestro país también ha estado sujeta a una serie de transformaciones de índole social, ideológica, política, religiosa, económica etc. Pero finalmente, estos cambios son  parte de una sociedad que quiere avanzar permanentemente.

Einstein decía, “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Por lo mismo, si nosotros queremos construir un país mejor,  partamos por abrirnos a las reformas y mejorar aspectos que buscan nuevas proyecciones.  Pasemos  “de cambio” y sigamos avanzando, pues de lo contrario la máquina se nos hará más pesada.

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04 nov 2015

Cristianismo, comunismo y Recoleta

Por Carlos Valenzuela
Carlos Valenzuela
Carlos Valenzuela
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Conversaba con los hermanos de la Recoleta Franciscana sobre las bendiciones y maldiciones de Cristo en relación a las buenas y malas obras y salió a colación (no a colusión) aquella que dice “maldito, al fuego eterno porque estuve enfermo y no me visitaste” y en antítesis “bendito, pasa al Reino, porque estuve enfermo y me visitaste”.

Al menos por esto el Alcalde de Recoleta, que (¡ánimas benditas!) ¡Es comunista!, tiene pasaje para el Reino, porque sufrían los enfermos para conseguir medicamentos y nadie, ni cristianos incluidos los católicos, los visitaban para llevarles alivio a su bolsillo insolvente para su necesidad.

Ideó una farmacia comunal, pagada con fondos fiscales comunales, que comprara los medicamentos directamente a los laboratorio-empresas productoras, y se los vendiera a los vecinos de la comuna, a precio de costo, varias veces menos al valor de las farmacias especialmente de las tres grandes cadenas, que sabemos se coludieron hace un tiempo para cobrar aún más caro, y fueron sus dueños juzgados y condenados a la infamante y muy aflictiva pena de soportar clases de ética.

Vergüenza eterna para los cristianos que tenían todo para haber ideado esta medida, pero cual vacas frente a un piano no atinaron a elaborar ningún plan similar que se atuviera a las exigencias de Cristo para irse nada menos que al cielo. El modelo ha corrido como reguero de pólvora y prácticamente todas las comunas quieren reproducirlo.

Surgen las voces disidentes, ¡altera la libre competencia del mercado! ¡Es un subsidio del Estado! ¡Hundirá a las farmacias de barrio! ¡Está en desacuerdo con el modelo constitucionalmente aprobado!, etc. etc. En realidad no es nada nuevo y tampoco nada tan revolucionario, simplemente es volver parcialmente a la modalidad de salud dada por el Estado de Chile en el Servicio Nacional de Salud, vigente hasta 1979, y en gran parte en los Servicios regionales de Salud que le sucedieron, hasta que el ahogo por la falta de financiamiento que la Dictadura Cívico-Militar-Neoliberal generó produjo la escasez medicamentosa que todos constatamos en el sistema público en el Chile actual.

Digo parcialmente porque el SNS (el Estado, es decir, el bolsillo de todos los chilenos) pagaba no sólo los medicamentos (gratuidad total) sin que toda la atención, la prevención, el fomento, la rehabilitación y la reinserción social del paciente. La retroexcavadora de la Dictadura destruyó con saña al SNS para poder instalar a la medicina privada. La Concertación, La Alianza y la Nueva  Mayoría no han sido capaces de retomar esa atención médica que es una joya de empresa no tan sólo de Chile sino que del mundo entero. Recoleta vuelve a demostrar que el Estado protector y desarrollador es posible.

Este modelo en donde el Estado pone lo necesario para que los servicios se realicen, al más bajo costo, con la mayor equidad posible, respetando toda pluralidad étnica, religiosa, política, ideológica, de la más alta calidad posible, debe generalizarse no sólo en farmacia, sino que en toda acción de salud, educación, energía, etc. Chile debe renunciar al modelo calificado erróneamente como Estado subsidiario y volver y desarrollar el Estado bien común del pueblo chileno.

El modelo Estado subsidiario, fue ideado ideológicamente por los civiles de la Dictadura, atribuyendo al Estado sólo el financiamiento de lo que los privados no pudieren financiar, pero nada dijo, o más bien se calló aquello que el Estado financiaba y podía financiar mucho más barato, más equitativo, justo, plural y de mejor calidad que el privado.

Más aún gastó ingente energía para destruir aquello que el Estado realizaba en esas condiciones para reemplazarlo por sociedades que no le llegan ni a los talones en calidad, equidad, eficiencia y moralidad a esas empresas del Estado, como lo hemos visto y sufrido con apagones, cortes de agua, colusiones, incumplimientos, estafas a clientes, etc. Resulta que el Estado subsidia a esas pobres empresas transnacionales y nacionales, que habitualmente se coluden, con cientos o miles de millones de dólares anuales con los que podría pagar toda la reforma de la educación.

Cuando el Parlamento decide discutir el alto precio de los medicamentos que hay en el país y se propone la asistencia del Alcalde de Recoleta para que presente su farmacia popular, su asistencia es vetada por parlamentarios de derecha de la UDI y RN.

No es necesario ver la experiencia de Recoleta, salga a los países vecinos, para qué decir si va a la India, el precio de los medicamentos puede ser varias veces inferior. Insisto Chile no es una república, democrática, de economía capitalista liberal o neoliberal es una re-privada, oligárquica, nepótica y feudal (examine los términos de la negociación colectiva y poder de los empresarios más cercanos a un feudo que a una empresa capitalista).

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03 nov 2015

Verde claro y verde oscuro

Por Andrés Rojo
Andrés Rojo
Andrés Rojo
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Dice el viejo chiste que, en los peores momentos de la discriminación racial en la zona sur de Estados Unidos, cuando se obligaba a los negros a ocupar los asientos traseros de los buses y se reservaban los delanteros -mucho más cómodos- para la gente blanca, un conductor, aburrido de esta situación y de las peleas que se producían, decidió que todos serían verdes y no habría más negros ni blancos.

Los pasajeros aplaudieron entusiasmados con que se resolviera el problema con una solución tan sencilla.  El conductor dijo entonces: “Muy bien, ahora que estamos de acuerdo, las personas de color verde oscuro se sientan en los últimos asientos y los de color verde claro pueden quedarse con las primeras ubicaciones.”

Este chiste refleja en gran medida lo que ha venido sucediendo en nuestra sociedad, en la que llevamos años luchando por la igualdad y la equidad entre los hombres y mujeres que viven en este país, al punto que se ha convertido en un lema de campañas electorales y una suerte de elemento mínimo de lo que se considera políticamente correcto.

Sin embargo, a la hora de poner en práctica esa igualdad, pasamos a ser verdes claros o verdes oscuros. El primer filtro de esta discriminación es la condición de amigo o desconocido de la persona a la que se trata de reconocerle sus derechos.

Un segundo filtro es calcular cuánto de ese reconocimiento de derechos nos favorece a nosotros mismos y el tercero, al contrario, es hacer la estimación sobre la manera en que ese derecho puede favorecer a nuestros adversarios, porque reconocer que no todos son amigos significa de forma indirecta asumir que los que no son amigos son eventualmente adversarios, en la medida que en cualquier momento pueden criticar a nuestros amigos o a nosotros mismos.

Si aceptamos que hemos tropezado con la tentación de reconocer el mismo derecho a unos y negárselo a otros, dependiendo del grado de cercanía o de simpatía, es que simplemente no hemos comprendido que la igualdad es -valga la redundancia- igual para todos.

A lo largo de este mes de paro en el Registro Civil, la actitud de la opinión pública ha variado desde un apoyo adicional a un creciente rechazo, como resulta comprensible cuando el ejercicio de los derechos de los otros provoca una incomodidad y una restricción a nuestros propios derechos.

El asunto tiene que ser observado entonces con desapasionamiento, para asegurar un juicio justo. ¿Son los funcionarios del Registro Civil amigos o adversarios?   Por lo general, no caben en ninguna de esas categorías.

En segundo término, ¿cuál de los derechos en colisión es prioritario, el luchar por lo que se supone son mejores condiciones laborales o el acceso a la documentación que entrega el Registro Civil para determinados trámites?

Es evidente que no es lo mismo obtener la inscripción de nacimiento para un bebé o el certificado de defunción para una persona fallecida recientemente, que la simple renovación del carnet de identidad.   La atención de los medios de prensa en los casos más dramáticos genera la impresión que hay cientos de miles de personas que han visto gravemente vulnerados sus derechos.

Por otra parte, a lo largo de todo el proceso ha habido una seria confusión respecto de los antecedentes que permitirían a la opinión pública tener un juicio fundado y objetivo acerca del paro del Registro Civil, y eso es lo que ha llevado la polémica a otro nivel, dejando a la ministra de Justicia casi al margen de la negociación y centrándola en La Moneda, lo cual ya es un triunfo para el movimiento laboral, sin considerar que la cara visible del paro, Nelly Díaz, ha obtenido más y mejores espacios en la televisión que la mayoría de los dirigentes políticos del país.

El problema ahora es cómo terminar el conflicto, o dicho de otra manera cómo sacarse la pintura verde de encima.

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03 nov 2015

¿Nueva constitución o nuevo proyecto país?

Por Marcelo Yáñez Pérez
Marcelo Yáñez Pérez
Marcelo Yáñez Pérez
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Más allá de las diversas circunstancias que puedan llevar a pensar en la necesidad de un país con una nueva Constitución política, no cabe duda de que es un proceso extenso en el tiempo, complejo y que difícilmente puede dejar satisfechas las expectativas de todas las personas, grupos e intereses dentro de una sociedad.

Sin embargo, ello no hace que deje de ser válido, y en ciertos casos imprescindible, que una sociedad se proponga el desafío de darse una nueva Constitución. Un proceso como este adquiere mayor sentido si en realidad es el resultado (y no el origen) de un cuestionamiento más profundo y que dice relación con el tipo de país y de sociedad que queremos construir.

¿Hace cuántas décadas que las chilenas y los chilenos, como sociedad civil, no reflexionamos sobre el tipo de país que somos y el que queremos ser en el futuro?

¿Cuáles son los consensos o acuerdos amplios que tenemos sobre los derechos que queremos garantizarles a todos los habitantes?

¿Educación completa, atención de salud, seguridad pública, justicia, medioambiente sin contaminación, participación en la construcción de la sociedad, autoridades públicas probas, etc.?, ¿y cuáles son los deberes que debemos tener como habitantes y como ciudadanos?

¿Cuáles son los indicadores de desarrollo y bienestar que vamos a considerar para medir nuestros progresos como país?, ¿seguiremos asumiendo los impuestos por los organismos internacionales a los que pertenecemos, a los que aspiramos pertenecer o nos daremos nuestros propios métodos e indicadores? ¿Cuáles son los objetivos que como país queremos lograr en 20, 30 o 40 años más y en qué ámbitos?

Asimismo, cabe preguntarse ¿qué derechos le garantizaremos a nuestros adultos mayores?, ¿qué le otorgaremos y exigiremos a los inmigrantes y refugiados que deseen asentarse en nuestro país?, ¿cuánto queremos invertir en defensa nacional?, ¿qué tipo de relación queremos tener con los países de la región y el resto del mundo?

¿Qué recursos naturales queremos que sean de propiedad de todas las chilenas y chilenos?, ¿qué estamos dispuestos a garantizarles a las familias que se dedican a la agricultura, a la pesca, a la minería, a la artesanía, al cultivo de las tradiciones y el folclore, a las que viven o desean vivir en zonas aisladas y extremas del país?, ¿qué tipo de regionalización y de descentralización queremos?

Como parece evidente, diversos de estos aspectos y muchos otros, difícilmente tienen cabida en una Constitución política. Sin embargo, tampoco debieran quedar sólo para contenidos programáticos de campañas electorales de toda índole y de los vaivenes de los resultados circunstanciales de los procesos electorales, que siendo legítimos, algunas veces parecieran ser interpretados por las personas electas como mandatos sin obligación de rendir cuenta o de considerar la opinión de las personas en las posiciones que adoptan como autoridades elegidas democráticamente.

En este sentido, muchos temas son esenciales en la construcción de un cierto tipo de sociedad y afectan la convivencia cotidiana de las personas y grupos al interior de esta, inciden en la equidad social, en las oportunidades y progreso de las personas.

Por ello, Chile debe primero reflexionar y concordar un proyecto de país o proyecto nacional con la participación y acuerdos más amplios posibles. Luego, esto debe dar paso a una nueva Constitución política. ¡Este es el verdadero desafío!

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