24 abr 2014

Representación indígena en el Parlamento

Por Domingo Namuncura
Domingo Namuncura
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Está puesto en el debate público el proyecto que apunta a eliminar el sistema binominal de elección parlamentaria. Es una deuda con nuestra democracia terminar con sus efectos y es un deber de la Nueva Mayoría cumplir con el compromiso de establecer un sistema electoral más representativo.

Es un tema duro. No será fácil asumirlo. Están en juego experiencias pasadas, ganancias electorales pírricas, intereses cruzados.

Se trata de que esta reforma amplíe la representación de las regiones, que otorgue mayor espacio a la diversidad social existente y, justo es decirlo, que no implique mayores gastos para el Estado.

Todas estas son ecuaciones no fáciles y se hacen más complejas cuando se contempla la idea de que ningún sexo supere el 60% de los integrantes del nuevo Congreso y esto abre merecidos espacios para las mujeres, considerando incluso “premiar” a los partidos políticos con un bono financiero según la cantidad de mujeres que logren elegir.

Estos temas entran ya al debate nacional.Lo importante es que se aborda de verdad una reforma muy demandada pero que nunca fue asumida totalmente en serio.Hoy estamos a las puertas de que esto se convierta en algo distinto.

Grandes ausentes en la idea son, sin embargo, los Pueblos Originarios. No hay mención a cuotas ni de formas de participación parlamentaria. Y dicho así, evidentemente resulta extraño, toda vez que se cuenta con un Programa Presidencial en asuntos indígenas que es mucho más avanzado que otros programas anteriores y en el horizonte se vislumbra una nueva institucionalidad (Ministerio de Asuntos Indígenas y Consejo Nacional de los Pueblos).

Para ser precisos, el programa indígena no entró en el detalle de este tema en términos de cuotas o cupos más o menos en el parlamento. El primer criterio programático es el de considerar el respeto a los tratados internacionales.

Se dice: “Es un deber del Estado de Chile implementar los tratados que ha ratificado en materia de Derechos de los PPII y adecuar su legislación para que sea acorde con dichos estándares y elaborar una nueva política con un enfoque de Derechos”.

Recordemos que, a diferencia de años anteriores, entre los principales tratados internacionales ratificados por Chile está el Convenio 169 de la OIT que hoy es Ley de la República y sus normas determinan, de manera taxativa, la participación indígena en todos los órganos del Estado, lo que incluye el Parlamento.

La doctrina imperante en el debate nacional e internacional es que esta inclusión no puede ser voluntaria o quedar dependiente de la voluntad de los partidos políticos en razón de la experiencia acumulada y por tal razón, en diversos Estados, la norma del C169 se aplica con una lógica de discriminación positiva.

En el programa presidencial indígena tuvimos especial cuidado de cautelar que el mecanismo de inclusión de los Indígenas en los órganos del Estado fuese remitido al mecanismo de consulta que el C169 determina.

Cito. “Debemos analizar en conjunto la mejor forma de participación de los Pueblos lndígenas en su propio destino y en los del país”.

El enfoque de derecho se cumple en la siguiente afirmación que desarrolla esta metodología: “Garantizaremos la participación plena de los Pueblos Indígenas en todo el proceso de debate y decisión sobre una Nueva Constitución, teniendo presente la idea de un Estado pluricultural que garantice sus derechos colectivos”.

Esto implica que cualquier referencia a la participación indígena en el parlamento va a requerir un debate específico con los Pueblos Indígenas y los resultados de esta consulta deberán ser incluidos en el debate mayor, que es la Nueva Constitución, pues -entre otros principios fundantes- está el del pleno reconocimiento de Chile a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.

En consecuencia, cualquier sistema electoral futuro, en términos democráticos, deberá contener -entre otros aspectos- la plena representación de los Indígenas en el Congreso y esto ha de ser resultado de un consenso entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Lo mismo ocurre respecto de la creación del Consejo Nacional de los Pueblos, una especie de Parlamento indígena en Chile.

En este caso, hay mayores posibilidades de debate pues -entre otros aspectos- en el propio mundo indígena se preguntan si acaso no será mejor considerar un Parlamento por cada Pueblo. Claramente esto representa otras dimensiones.

En cualquier caso, la creación del Consejo o Parlamento de los Pueblos no excluye la participación de los indígenas en el Senado y en el Parlamento, por cuanto el Congreso Nacional deberá ser el espacio de representación nacional de nuestra diversidad cultural. Y la diversidad indígena en Chile es nacional y no solo regional.

En consecuencia, junto con valorar el inicio de un proceso que abre el camino para terminar definitivamente con el sistema binominal, está bien que un primer tema de debate sea la inclusión del Derecho de género.

Luego, habrá que terminar con las prohibiciones que dicho sistema instala respecto de las incompatibilidades (entre ser dirigente sindical y parlamentario, por ejemplo) y posteriormente y como expresión de una Nueva Constitución, la participación de los Pueblos Indígenas en el Congreso Nacional no será la expresión de una suerte de “concesión graciosa” de las élites partidarias, sino el ejercicio pleno de un derecho político que el Estado y la sociedad han negado sistemáticamente a nuestros Pueblos Originarios.

La señal del cambio cultural es que, así como ocurre en naciones civilizadas del mundo, los Pueblos Indígenas de Chile estarán representados en el Congreso.

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24 abr 2014

La Lista de Schindler de un diplomático chileno

Por Francisco Devia
Francisco Devia
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¿Vio usted la película “La Lista de Schindler”, dirigida por Steven Spielberg y ganadora de siete premios Oscar de la Academia?

Como seguramente recordará, dicha película se basó en la biografía de un empresario alemán, Oskar Schindler, quien gracias a una serie negociaciones con las autoridades nazis de un campo de concentración de Cracovia, logró que cerca de 1.100 judíos polacos–a quienes tenía registrados como sus operarios- pudieran sobrevivir al Holocausto judío.

Si le contara que un diplomático chileno arriesgó también su vida durante la Segunda Guerra Mundial, elaborando una lista que permitiera a un grupo de familias polaco-judías, residentes en Rumania, escapar de lo que los nazis llamaban “la Solución Final”¿me creería?

Gracias a la investigación que iniciara de motu propio el diplomático chileno Jorge Schindler (quien no es pariente del citado Oskar Schindler) puedo contarles brevemente un caso de valentía, honor y lealtad que merece ser difundido ampliamente.

El trabajo de recopilación que comenzó Jorge Schindler fue motivado por una carta que el ciudadano polaco-judío Sr. Oli Kotzer, dirigió a la Embajada de Chile en Israel, el año 2011, que en parte señalaba.

¿Por qué mi familia obtuvo en enero de 1942, en Rumania, un pasaporte o laissez passer expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile?

Gracias a esta carta y al estudio citado, la Cancillería chilena se enteró que el Encargado de Negocios de Chile en Rumania, Samuel del Campo, entre los años 1941 y 1943, en peligrosas y dificilísimas circunstancias,consiguió la liberación y posterior extradición de 250 familias del ghetto de la ciudad de Czernowitz, territorio hoy perteneciente a Ucrania.

¿Por qué un diplomático de Chile, acreditado en Rumania, intervino en auxilio y protección de ciudadanos polaco-judíos en ese país?

La respuesta es más simple de lo que parece.

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial y dada la neutralidad de Chile en este conflicto, nuestro Gobierno en el año 1941, aceptó representar los intereses de Polonia en Rumania. Sin embargo, y aquí está el detalle de este relato, el Gobierno de Chile nunca instruyó a sus diplomáticos sobre cómo actuar frente a la persecución, ataques y deportaciones de los refugiados judíos.

Cuando el Encargado de Negocios a.i. Samuel del Campo decidió ayudar a estas familias, en su calidad de representante de los intereses polacos en Rumania, lo hizo solo y sin ayuda de su Cancillería, a sabiendas que no sería respaldado en dicha empresa humanitaria, y lo que es peor, de estar arriesgando su propia vida.

Como usted señor lector/a recordará, los Gobiernos de Chile y Argentina fueron los únicos países en la América Latina que declararon su neutralidad en dicho conflicto, manteniendo dicha política hasta casi finalizar la guerra

Quisiera compartir algunas reflexiones.

Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile acredita a Samuel del Campo ante el Gobierno rumano, dirigido en ese entonces por su Líder, Ion Antonescu, aliado de la Alemania Nazi ¿lo hace por alguna razón en particular?

¿Conocía la Cancillería chilena la segregación, expulsión y ejecución que sufrían los judíos y gitanos, entre otras víctimas, bajo la represión del mencionado Líder?

Si la Cancillería desconocía la represión que ejercía el Lider Antonescu, habría pecado, a mi juicio,de ignorancia e ineptitud. Pero si tenía antecedentes de lo que realmente sucedía en Rumania ¿por qué aceptó representar los intereses de Polonia, país que había sido anexado por la Alemania nazi?¿qué ganaba con ello? En este caso, ¿optó por la Escuela del Idealismo o del Realismo en política exterior?

Por otra parte, ¿quién era Samuel del Campo? ¿fue voluntaria u obligada su destinación a Bucarest? ¿Tendría discrepancias o enemistad con alguna alta autoridad ministerial de la época, para ser enviado a Rumania? ¿por qué aceptó ese desafío? o quizás parodiando al Padrino “le hicieron una propuesta que no podía rechazar”.

Estas legítimas interrogantes puede que, en parte, sean dilucidadas una vez que Jorge Schindler concluya su trabajo.

Lo que sí está claro, es que cuando Samuel del Campo optó por proteger solidaria y desinteresadamente a esas familias, lo hizo siguiendo lisa y llanamente su sentido del deber, su conciencia humanitaria.

Quiero transcribir a continuación partes seleccionadas del discurso de Jorge Schindler, con motivo de la distinción “Luz y Memoria” de que fue merecedor, precisamente por esta investigación histórica.

El Encargado de Negocios en Rumania, Samuel Del Campo, elaboró informes políticos dirigidos al Ministerio en Santiago, en los cuales de manera previsora y aguda da cuenta de los arrestos y deportaciones masivas de ciudadanos judíos rumanos y polacos, entre los cuales se encontraba la familia Kiesler-Kotzer.

En conocimiento de que el dictador Antonescu había ordenado la creación en Czernowitz de un ghetto para concentrar a más de 50 mil judíos, informó que dos tercios fueron deportados a Transnistria (Ucrania) en donde murieron.

Sin esperar instrucciones detalladas desde Chile, Samuel del Campo nombra a un abogado rumano de confianza para que se dirija en su nombre a esa ciudad y visite las provincias de Bucovina y Besarabia, a la sazón anexadas por Rumania.

Cito a del Campo.“Para hacer frente, metodizar y canalizar la avalancha de gritos lastimeros pidiendo amparo y justicia, y más que todo Humanidad, hube de nombrar, con residencia en Cernauti, un representante personal mío…este delegado mío tenía por misión la de recibir las quejas de los ciudadanos polacos, sin distinción de religión. Mientras, yo intervenía ante la presidencia del consejo de ministros, repartición que tenía entre sus manos la suerte de tantos desgraciados seres que el delito más grande que han cometido es el delito de haber nacido judío.”

Samuel del Campo confirmó en estas líneas la inminente deportación hacia el Este de los judíos de Czernowitz, por lo que realiza urgentes gestiones para garantizar la protección chilena a todos los refugiados de ciudadanía polaca y sus respectivas familias, ya que según sostiene ante el gobierno local “la ley referente a los judíos rumanos no es aplicable a los judíos extranjeros residentes en el reino.

En base a este argumento, el diplomático creó un documento de identificación, logrando entablar una negociación con el gobernador militar rumano de quien logra la entrega de 250 familias que se encontraban “cargadas” en vagones de tren a la espera de su deportación a Transnistria en Ucrania.

Las familias rescatadas en el último minuto, pudieron regresar a la ciudad y dejar el ghetto gracias a que además, del Campo gestionó la restitución de los domicilios incautados, adoptando la precaución de colocar un letrero que identificaba a sus moradores como “personas bajo protección de la República de Chile.” En esta tarea, del Campo contó, según informa, con la cooperación del alcalde de Czernowitz, Traian Popovici.

Al respecto, destacados miembros de la comunidad judío polaca dirigen a Del Campo un telegrama de agradecimiento fechado el 12 de noviembre de 1941.

Su Excelencia Sr. del Campo.

Antes de poder expresarle personalmente nuestro caluroso agradecimiento, rogamos a Vuestra Excelencia aceptar las seguridades de nuestra devoción y de nuestro vivo reconocimiento por la alta protección y por la eficaz ayuda otorgadas a ciudadanos polacos en los momentos más duros de su vida.

Le rogamos participar al gobierno de Chile que toda nuestra vida estaremos reconocidos y agradecidos por esta gran protección.

El Primer Secretario del Campo permaneció en Bucarest hasta mayo de 1943, cuando, en peligrosas circunstancias, abandona el país vía Turquía para asumir como cónsul en Suiza.

En los archivos no existe mención a su labor humanitaria, ni un reconocimiento a la claridad de sus informes políticos, que desde 1941 anticiparon a nuestras autoridades el Holocausto.

La investigación comprueba, que el Sr. del Campo realizó un esfuerzo notable, incluso a riesgo de su propia seguridad, llegando más allá de las instrucciones generales recibidas, contribuyendo a salvar la vida de muchas personas, tal como lo prueba el caso de Oli Kotzer.

La trayectoria de Samuel del Campo nos demuestra como esta profesión -la diplomacia de carrera- a veces poco comprendida, puede representar (en diferentes circunstancias históricas) la luz y la esperanza para los perseguidos y discriminados.

Nada más que decir, sólo reconocer y recordar a Samuel del Campo y a todos aquellos que como él han arriesgado su vida por otros. Quien salva una vida, ha salvado al mundo.

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24 abr 2014

Monólogo para Gabriel después de Macondo

Por Andrés López
Andrés López
Andrés López
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La gloria es una incomprensión y quizás la peor, bajo este apotegma borgeano emprendo lo que, espero, no sea una de las tantas necrológicas que pululan en este mismo nanosegundo en todo el mundo.

Elogiar a Gabriel García Márquez es tarea de sus epígonos y camaradas de partido, tirarle tomates es gesto de mocoso imberbe que no abandona el playstation mientras trollea en Ask.fm.

Por supuesto que el inventor de “Cien años de soledad” ha sido, qué duda cabe, uno de los escritores más célebres que nuestro continente ha dado al mundo.La causa de esta fama es lo que interesa.

Sus credenciales innegables de narrador infatigable y maestro de la lengua española parecen esgrimirse como argumento definitivo, si no existiera la sospecha, bastante legítima, de que más que leérsele, parece haber conformidad con meramente citarlo.

A modo de exhibición de papeles culturales en regla, algún funcionario se despacha un par de líneas de “El coronel no tiene quien le escriba” o “El amor en los tiempos del cólera”.Es el síndrome Neruda que, una vez más, se repite en la cadena de medios que vocean su deceso.

Lástima que la difusión masiva de un artista como él siempre tenga un regusto necrofílico. Se habla de él en todos los canales, en todos los portales como no se suele hablar con asiduidad, ya, de escritor alguno, y solo porque ya está muerto.La fábrica de mitos instantáneos en acción, sin ir más lejos.

Aparentemente la efigie del genio colombiano está destinada a poleras, tazones y nuevas -malas- adaptaciones cinematográficas de sus novelas.

Los periodistas o bien víctimas de un exceso de entusiasmo o de café cargado, fuera de todo buen tono, lo están llamando, incluso, “padre de la literatura latinoamericana”, mote casi obsceno como llamar “tesoro (arqueológico) de la lengua castellana” al coloquial y desenfadadamente carnavalesco Quijote de La Mancha o, peor aún, “trovador de América” al fetiche erótico femenino (y mediocre) de Arjona y que borran del escrutinio público otras voces tan extraordinarias como él (García Márquez, no el guatemalteco melenudo); todo lo que contribuye a un ladrillo más en la pared del reduccionismo al que nos acostumbra la prensa cultural oficial.

La sombra hacia otras grandes figuras de renombre no la hace un García Marquez o un Neruda, sus irresponsables y bien pagados propagandistas culturales la perpetran.

Me llama la atención que nadie evoque, en cambio, el terrible alzheimer que padeció el autor en la etapa final de su vida, sarcasmo del destino, la pérdida gradual del principal sustento de una escritura, la memoria, como un todo, mundo que desaparece arrasado gradualmente por una tormenta en blanco. Sus almenaras, sus laberintos, sus jardines, sus paseantes y estatuas…

De modo terrible, puede releerse el final de la misma “Cien años…” como su perturbadora prefiguración. El poeta que fue este narrador verdaderamente sufrió lo indecible.

Es de consenso global. La memoria de García Márquez fue el escenario en el que se forjó una de sus mejores hazañas: la invención de Macondo y su seductora cosmovisión, en una mezcla genial, muy nuestra, de recuerdos familiares, historia y leyenda, harto socarrona.

El tono mitológico y la profusión barroca de espléndidas metáforas y felices escenas que describen sus libros han tramado un fárrago crítico del cual el mismo autor, como corresponde, tomó irónicamente distancia.

Erróneamente, sin embargo, se ha insistido, una y otra vez, en consignar al autor colombiano, al tramar la saga de los Buendía, como creador de un subgénero de nuestras letras, el llamado realismo mágico, que se entiende como el normal connubio de lo sobrenatural con lo cotidiano más prosaico.

Olvidan sus panegiristas, sin embargo, que la ejecución de García Márquez es más que nada un logrado énfasis de un credo literario que mucho antes había postulado el cubano, Alejo Carpentier en su manifiesto “De lo real maravilloso americano” ya en 1949 y que tiene precedentes ilustres en grandes novelas como “El reino de este mundo” o ”Los pasos perdidos” del mismo autor; la tan poco leída por acá “El señor presidente” de Miguel Angel Asturias de 1947 u otro coloso “Pedro Páramo” (1955), de Juan Rulfo, que también había erigido un pueblo como escenario de sus alucinantes personajes, la tétrica Comala.

Nadie se alarme aquí. Tanto Rulfo, como García Márquez, y muchos otros autores latinoamericanos mantuvieron una explícita deuda con William Faulkner quien basó muchas de sus novelas en el conjetural condado de Yoknapatawpha.

Yo me atrevo a agregar un precursor nuestro, (no creo haberlo oído explícitamente en ningún lado), en la década de los treinta Juan Emar, el olvidado, ambientaba las surrealistas peripecias de sus deliciosamente irreales personajes en la ciudad imaginaria de San Agustín de Tango.

Ahora bien, el efecto colateral de esta peculiar mixtura de remembranzas de abuela, folklore local y excelentes lecturas es lo que parece atolondrar a muchos: la exposición de nuestro continente como un Macondo en tamaño gigante, desde Tijuana a Tierra del Fuego.

Una segunda invención de América ha llenado nuestro continente de miles de turistas de todo el mundo que buscan este gratamente intoxicante brebaje de magia, Remedios la Bella, subdesarrollo y selva que, en realidad, hay en bastante pocos lados.

Los gobiernos facturan con sus programas turísticos con este malentendido, bien por ellos, pero debe entenderse de una vez por todas que el realismo mágico no es la identidad cultural de todo este continente abigarrado y multiforme en el que solo el idioma crea una ilusión de homogeneidad.

Creo sin embargo, que en este lado del continente (a excepción de Chiloé, tal vez, que espera a su gran novelista), hablan más de nosotros las gélidas sombras de la solitaria Santa María imaginada por Juan Carlos Onetti o los demoníacos rincones donde se trama la violencia de clase, la pesadilla y la decrepitud de las novelas de José Donoso, solo por dar un par de ejemplos.

Al fin y al cabo, lo que importa, es lo de siempre.Lea o relea la obra de García Márquez, sus libros han envejecido como el mejor espirituoso que usted pueda imaginar.

Su invención sigue reclamando nuestra atención y la genuina poesía de su prosa seguirá encantándonos e invitando a buscar, al menos en esa memoria fugitiva, el lugar donde podría haber estado el paraíso o la tierra prometida.

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23 abr 2014

De incendios, solidaridad y tacañería de las élites

Por Carlos Santa María
Carlos Santa María
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Y la pobreza apareció retratada en las imágenes junto al dolor humano.Las cifras sobre la inclusión del país en el mundo desarrollado quedaron estremecidas por la realidad que, de modo tozudo, insistió en que los números no coincidían con el ingreso per cápita cercano a los 20.000 dólares.Por el contrario, las necesidades se vieron reflejadas en toda su dimensión.

Y la razón tiene que ver con los dos modelos que se confrontan en el mundo y su forma de definir a los pobres.

Uno, que vincula el ingreso a la modernidad a través del consumo de neveras, televisores, celulares, empleo de cualquier tipo, casas con techo, luz aunque sea impagable, cuentas de ahorro convertidas en supuestas pensiones, identificados todos con la categoría de cliente; si se compra permanentemente es que ya no es parte de ese sector marginado. Comparten esta visión los cuatro países del Pacto del Pacífico como son Colombia, Chile, México y Perú.

Por otro, aquel que establece los derechos sociales como la fuente del desarrollo, es decir, el acceso a salud y educación gratuitas con carácter universal, pensiones de jubilación dignas, acceso laboral en condiciones de respeto, además de poseer elementos básicos para hacer la vida más cómoda.

Aquí no son la tarjeta plástica ni la fidelización del cliente las categorías esenciales sino el respeto a la persona y el ciudadano para construir un país solidario realmente.

El primero se ha privilegiado en las naciones anotadas, demostrando que ante una tragedia natural o un incendio es el pueblo quien inmediatamente reacciona poniendo su inmenso grano de arena en dinero, ropa, alimentos, recreación, espectáculos, trabajo, voluntad de servicio, generosidad, mientras el Estado aporta una parte de lo fundamental para lograr que el conflicto no se desborde, situación positiva en la medida que logra apoyar a los pobladores, aunque es insuficiente puesto que el modelo no tiene la categoría de respeto-dignidad como sus pilares.

Realmente la reflexión es profunda pues desde esa concepción superficial de lo humano existe una radiografía certera.

Como siempre, las élites se desmarcan de las tragedias y ofrecen su aporte “desinteresado” que equivale a la más insignificante cifra de sus riquezas, la cual contribuye mínimamente aunque ratifica que la desigualdad continúa.

El Estado orientado desde una política neoliberal no se atreve a exigir a las mega familias que entreguen un porcentaje sustantivo de sus ganancias y, por tanto, las reformas tributarias siempre afectan a los de menores ingresos.Nuevamente los trabajadores soportando las tragedias y siendo compañeros de infortunio.

Estas circunstancias sirven para confirmar que la caridad es la herramienta a la cual se acude usualmente y las políticas nacionales de dignidad ciudadana donde lo integral, devolver a la persona sus condiciones plenas de vida y, si existen carencias, resolverlas, no está dentro de los límites pensados.

Afortunadamente ante la tragedia siempre está presente la solidaridad de los pueblos quienes son los que verdaderamente sienten lo que les ocurre puesto que han sufrido las dificultades que la pobreza implica.

Esto debe hacer sentir a nuestra gente que la generosidad no se ha perdido y está presente en toda adversidad demostrando la grandeza que posee, pese a que los números impuestos por las élites intenten indicar que allí se encuentra la debilidad valórica en la sociedad. Mientras las cifras sean ocultadas, los fenómenos de crisis social seguirán en su proceso.

Sin embargo, tenemos la firme convicción que las mediaguas serán superadas por el aporte sustantivo en millones de dólares por parte de las iglesias existentes en el país, por las élites quienes se desprenderán de sus ganancias billonarias, por la banca que construirá miles de casas amplias bajo su presupuesto, por el desprendimiento inmenso de una mayoría de políticos sensibles, junto al establecimiento de una política nacional al servicio del país y sus ciudadanos.

Con toda seguridad ello es, posiblemente, tal vez y con discusión, una esperanza para el próximo milenio.

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23 abr 2014

Mipymes ¿hasta cuándo esperamos?

Por Eduardo Castillo Agurto
Eduardo Castillo Agurto
Eduardo Castillo Agurto
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Chile, es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, es urgente rediseñar la distribucion de la riqueza. Frente a este escenario de necesarios cambios, es fundamental la organizacion de los trabajadores, micro y pequeños empresarios.

Son ellos quienes han tenido que soportar la nueva forma de esclavitud provocada por un modelo que corroe, no solo la vida de las personas, sino que también les deja sin sueños y esperanzas de una vida mas digna.

Esto no es aceptable, puesto que se aleja de todo concepto de humanidad, por lo tanto los gremios que representamos a las micro, pequeñas y medianas empresas tenemos la tarea de impulsar los cambios concretos, con el fin de lograr el desarrollo de sus asociados en plenitud, en un proceso visto desde toda dimensión, tanto en lo laboral, como en lo social y cultural, sin olvidar que se puede avanzar fomentando políticas públicas que dignifiquen y que al mismo tiempo permitan el desarrollo.

Para enfrentar la desigualdad, es urgente impulsar políticas públicas dirigidas a las Mipymes.Los últimos 24 años este sector ha perdido participación de mercado y es parte fundamental de la desigualdad de Chile, por ello es imprescindible desarrollar una estrategia de trabajo, que apunte al levantamiento de políticas públicas que acudan a cumplir con este objetivo.

Este sector requiere participar institucionalmente en las distintas organizaciones del Estado, ello debe darse a la par con el desarrollo económico.

Para enfrentar este desafío, es importante considerar el protagonismo que le corresponde asumir a las organizaciones, tanto de hombres y, en especial de mujeres, que se incorporan con fuerza al mundo del trabajo y liderazgo, siendo fundamental el fortalecimiento gremial.

Entendiendo esta urgencia de cambios es que importantes gremios Mipymes creamos la Unión Nacional Gremial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa UNAPYME- EMT, como nuevo referente del sector, entendiendo que para lograr cambios las Mipymes deben incidir políticamente en sus demandas, colocando el acento en las particularidades y las zonas postergadas.

Por cierto, las tareas son enormes, como tambien será inmensa la presión de una ciudadanía que hoy expresa la esperanza de todos los chilenos… un Chile más justo, más igualitario.

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23 abr 2014

Terminar con los abusos a breve plazo

Por Guido Girardi
Guido Girardi
Guido Girardi
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Considero anómalo que exista en un país un sistema de salud que anteponga su interés de lucro por sobre la salud y que viole sistemática y permanentemente los derechos humanos.

Los tratados, convenciones internacionales y, en especial, la Constitución chilena prohiben dichos actos.Las isapres tienen como práctica institucional la discriminación hacia los más débiles y los enfermos.

Aquí no hablamos de dinero, hablamos de la salud, por tanto es incompresible que los niños tengan primas más costosas, que las mujeres en edad fértil sean discriminadas, así como a muchos otros grupos de la sociedad.

Aún más grave es la prexistencia que viola el juramento hipocrático que obliga por sobre todo a atender al enfermo.Tratándose de instituciones de salud, es realmente violento que rechacen la atención de enfermedades previas.Atentan contra su razón de ser, la supuesta “misión” para la que fueron inventadas.

Las Isapres aparecieron durante la dictadura militar.En democracia nunca una ley de este tipo, con los quorums calificados a las que está sujeta, hubiese sido aprobada.

Ni menos hablar de una ley hecha por los mismos que controlarían los directorios de las empresas.

Un traje a la medida que generó –sin regulación alguna- beneficios, privilegios y considerables fortunas.

La Presidenta Michelle Bachelet presentó hace unos días a los 18 integrantes de la Comisión Asesora Presidencial que deberá proponer modificaciones al sistema privado de salud. Valoramos la decisión del Ejecutivo, pues para construir un país igualitario es fundamental regular y establecer justicia en uno de los sistemas más abusivos que tenemos en Chile.

Si bien es positiva la creación de la Comisión Asesora esta debería avanzar rápidamente en el establecimiento del diagnóstico pues los temas ya están discutidos.

En los últimos dos años el Congreso está tramitando una reforma las Isapres que elimina todo tipo de discriminación, que pone fin a las exclusiones y a la preexistencia en los planes de salud.Siendo autor de aquella iniciativa legal(Boletín 6761-11) considero muy importante que todo ese trabajo sea incorporado a la Comisión Asesora Presidencial para tener al más breve plazo una ley que termine con los abusos.

La participación de los ejecutivos que representan a las Isapres al interior de la comisión puede ser un aporte, pero es evidente que no se debe esperar un consenso a la hora de actuar. El Ejecutivo deberá decidir qué tan profundamente resguardará el derecho a la salud y evitará los atropellos.

Los cambios deben ir asociados a mecanismos de control y fiscalizacion para cumplir con las garantías explicitas de salud (GES), otorgando cobertura suficiente para atenderlas.

Hoy las Isapres son un inseguro de salud. Si un afiliado se enferma de gravedad,muchas veces, debe hacer un copago tan alto que,pese al prepago anterior, se endeuda de por vida.Hemos planteado un piso de aseguramiento que debe ser de al menos 80% de los costos en caso de hospitalización. No se debería pagar más del 20% del gasto total de la prestación. Y de una manera tal que sea viable para su remuneración.

En el caso de una atención ambulatoria -exámenes y especialistas- la cobertura debería ser del 70% y el máximo a pagar un 30%.

También es fundamental terminar con la integración vertical. Es inaceptable que las clínicas sean dueñas de Isapres o viceversa.Finalmente privilegian su estrategia comercial obteniendo utilidades millonarias.Por lo mismo es importante impedir un IPC de la Salud.No podemos seguir aceptando más colusión y alzas de precios artificiales.

Hay que terminar con la modificación unilateral de los contratos de salud.Impedir que de manera autónoma las Isapres suban el costo del plan o lo modifiquen.Es muy importante que se establezca que el 90% de lo que se cotiza en salud se destine al GES y no al negocio secundario de las Isapres como la hotelería u otros.

Hay que crear un fondo de compensación de riesgo.Es decir,establecer una prima para las personas con más peligro como niños, embarazadas y adultos mayores. Entonces cuando el sistema público de Salud recibe a pacientes expulsados por su alto costo del sistema privado, las Isapres deberán pagar al sistema público que recibe esta cartera de mayor riesgo.De no hacerlo estimamos que habría un subsidio encubierto a las Isapres de $1.000 millones de pesos al año.

Los planes deben ser de por vida. Las Isapres le hacen un daño al país pues son las únicas instituciones de salud que no hacen prevención.Y no la hacen porque tienen la posibilidad de desterrar al que se enferma.

Si los planes fueran de por vida y no pudieran eliminar al anciano y enfermo, estarían obligadas a prevenir para evitar los costos de los tratamientos. Para las Isapres será más conveniente y barato prevenir los cánceres, los infartos y los accidentes vasculares.

Se debe tener una tarifa plana, la misma toda la vida, que establezca solidaridad de los sanos hacia los enfermos, de los más ricos a los más pobres, y de los jóvenes a los viejos.

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23 abr 2014

Más de 100 periodistas muertos en democracia

Por Mauricio Weibel
Mauricio Weibel
Mauricio Weibel
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Según Reporteros Sin Fronteras, unos 110 periodistas fueron asesinados en América Latina los últimos diez años, una de las tragedias que mejor refleja la debilidad de las democracias en este continente.

En Chile, aunque no hay fallecidos, decenas de periodistas, fotógrafos y comunicadores fueron agredidos por policías y manifestantes desde el estallido social de 2011.

Los generales de Carabineros, pese a recibir los antecedentes de parte de los gremios de la prensa, jamás iniciaron una investigación interna.Jamás evacuaron un informe a los afectados o la sociedad.

América latina, con 170 millones de pobres y una larga lista de tensiones sociales, es escenario de tantos homicidios de periodistas como los países en guerra, pese a que en la región no hay conflictos bélicos.

Estas muertes ocurrieron principalmente en Brasil, Colombia, Honduras y México, países democráticos.

Políticos corruptos, narcotraficantes, paramilitares, pandillas, uniformados y empresarios están detrás de los crímenes, como indican los informes de Reporteros Sin Fronteras.

Cada asesinato de un periodista es en definitiva un intento burdo por lograr su silencio.

Pero América latina necesita todas sus voces.

Voces que expresen su diversidad, sus dramas sociales, sus distancias al desarrollo, sus falencias democráticas, sus excluyentes sistemas políticos.

Vivimos en un continente con 38 millones de analfabetos, 50 millones de personas en hambre y 80 millones de menores en pobreza.En Chile, pese a todo su desarrollo, hay cinco millones de personas que no terminaron el colegio, según cifras oficiales.

Defender el ejercicio seguro del periodismo es defender la democracia. Promover los derechos de la comunicación es promover la igualdad y la libertad.

En esa perspectiva, es importante que el actual gobierno impulse medidas y leyes para evitar las agresiones policiales a la prensa, las que hoy tristemente siguen siendo investigadas por la justicia militar. Los tribunales civiles son incompetentes, por desgracia.

También es fundamental que sean impulsadas políticas a favor de los derechos de la comunicación, de lo contrario no habremos entendido el trasfondo de las agresiones a los periodistas.

Algunas de estas políticas son tan simples y posibles como la promoción de medios comunitarios, el desarrollo de medios en lenguas nativas y la creación de una televisión pública gratuita y de calidad. Todo ello es posible y financiable.

La desigualdad en Chile, donde la mitad de los trabajadores gana menos de 264.000 pesos, se asentó en exclusiones políticas, concentraciones económicas y monopolios mediales.

Pero como país necesitamos una sociedad política y socialmente inclusiva, con modelos de desarrollo equilibrados y voces plurales en el espacio público.

Defender el periodismo seguro y promover sobre todo los derechos de la comunicación es parte esencial de ello en nuestro país y América Latina.

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22 abr 2014

El despojo del Agua

Por Christian Tapia
Christian Tapia
Christian Tapia
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Este martes 22 de Abril corresponde al día mundial de la tierra y el próximo sábado se realizará una marcha nacional por el agua.Es el momento para revisar el despojo que ha sufrido Chile en materia de recursos hídricos.

Corría el año 1981, cuando en Chile se practicaba una política de Estado antimarxista institucionalizada en la CNI antes denominada DINA.Se torturaba y se mataba tal cual lo revelaron después las comisiones Rettig y Valech. Esto no fue sino la representación máxima del miedo que el gobierno militar le tenía al poder constituyente y ciudadano, el cual se combatía con represión y terror.

Desde este mismo miedo, se origina la contrarrevolución más feroz que se haya aplicado en la historia chilena.El proceso social endémico llevado por décadas es brutalmente interrumpido y se incorpora una tendencia artificiosa en el modelo de desarrollo del país, se reduce el Estado a su mínima expresión y las decisiones se dejan al libre mercado. Comienza el experimento de neoliberalismo chilensis.

Volaron desde Chicago las células del cerebro intelectual que conformaron el marco legal que hasta hoy rige las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. Los adoctrinados por las políticas neoliberales de Milton Friedman, pensadas a miles de kilómetros de nuestra angosta faja de tierra, ya habían implantado una nueva constitución militar el año anterior (1980), la misma que sería legitimada 25 años después por el ex Presidente Lagos. El mismo personaje del dedo inquisidor en la década de los ochenta.

Ese mismo año 81 se originaba el Código de Aguas, con la misma lógica del miedo al poder de la gente, la minimización del Estado, la entrega de las decisiones al mercado y la prescindencia de la democracia.

Un Código elaborado entre gallos y medianoche, entre torturas y matanzas, cuando la atención pública estaba fijada en preocupaciones mayores y no en cómo se administraba el agua.

En los campos había ignorancia ante esta artimaña legal.Incluso hasta el día de hoy usted puede entrevistar a pequeños campesinos que creen que el agua está unida a la tierra, pero este Código de Aguas separó el agua de la tierra, sin ninguna consideración social ni ambiental.

Así es como desde el Código de Aguas de 1967, que preparó el camino para la Reforma Agraria pasando las aguas a dominio público y entregándolas a los usuarios en calidad de concesionarios, se derivó en un Código de Aguas neoliberal que entregó las aguas a perpetuidad bajo la figura de la propiedad privada con la posibilidad de su libre transacción comercial en el mercado, tal cual lo es una manzana o un automóvil.

Pero este vital recurso no es una manzana ni un automóvil y es importante recalcar que si bien el agua es un bien económico, también es un bien social y ambiental. El mundo productivo no puede funcionar sin agua, la sociedad se ha desarrollado culturalmente en torno al agua y el medio ambiente está determinado por el agua.

Entonces, lo grave es que el actual Código no se hace cargo de estas dos últimas variantes, mientras que sólo se ha hecho cargo de la parte económica y a medias, ya que ha favorecido la concentración, la especulación y la desigualdad en la distribución hídrica. Esto principalmente a causa de la falta de información de la que el Estado es responsable y la excesiva judicialización de los conflictos hídricos, donde ganan los que pagan mejores abogados.

Por ello, es fundamental realizar cambios profundos en el Código de Aguas (requiere quórums calificados), que garanticen el agua como un bien social, incluyendo el derecho humano al agua, la prioridad del consumo humano por sobre las necesidades de las grandes empresas y el respeto por las comunidades indígenas.

También debe garantizar la protección de los ecosistemas, ya que la extracción ilimitada en sectores como Copiapó ha dejado ríos prácticamente secos, fauna inexistente e impactos directos en la vida cotidiana de la gente.

El cambio climático es una silenciosa realidad que azota el clima chileno.Se estima que cada año el desierto avanza 400 metros hacia el sur (algunos señalan hasta 1 km), un cambio bastante más rápido que lo que se cree, mucho más que las soluciones que puedan emanar de la institucionalidad chilena.

En virtud de eso, se hace imprescindible hoy sentar las bases de un modelo hídrico sustentable que incorpore la variable social y ambiental, y regule el uso económico de este recurso, bajo un marco legal flexible para enfrentar los impactos del cambio climático y una fuerte presencia del Estado como actor principal.

Los conflictos por agua serán cada vez mayores, se enfrentan pequeños agricultores a grandes empresarios con todo el poder económico, político e incluso legal.

Claro ejemplo ha sido el caso de Petorca, donde la justicia ha fallado en contra del dirigente de Modatima por denunciar usufructo y robo de agua de un pez gordo vinculado a las altas esferas de la política nacional.

Una verdadera vergüenza para este país, fruto del miedo que el Estado tiene hacia las decisiones soberanas del pueblo, el mismo miedo bajo el cual nació la actual legislación hídrica, que a fin de cuentas es el reflejo de una legislación creada en dictadura.

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22 abr 2014

Aquí hay un asunto muy grave

Por Horacio Salinas
Horacio Salinas
Horacio Salinas
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A pocos meses de distancia nos hemos enterado de dos tragedias que tienen en común algo que nos debe llamar a reflexionar muy profundamente: el atropello con resultado de muerte protagonizado por Martín Larraín en el sur del país y el atropello con resultado de muerte llevado a cabo, presuntamente, por Andrés Montero, en Maitencillo.

En el primer caso manejando en estado de ebriedad y al parecer lo mismo en la segunda tragedia.

Pero qué es lo que nos inquieta y perturba en ambas noticias, más allá de la no observancia del reglamento que rige para todos como es el no conducir con alcohol en el cuerpo: los dos responsables se dieron a la fuga y no socorrieron a los heridos que se transformaron luego en víctimas.

Este comportamiento tan lejano a la solidaridad humana, tan instintivo de la miseria humana de salvar el propio pellejo y que los demás “ se frieguen”, no es que lo estemos constatando desplegado en personas desinformadas y a la deriva o huérfanos de educación y cultura, para no decir ajenos a los “buenos modales”.

No, aquí hay educación y traspaso de ideales y conductas humanas que debieron estar en la cuna formativa de estos muchachos enfrentados a la vida diaria y que, me temo, no fueron inculcados como la mínima y básica decencia y consideración que nos debe el “otro” ser humano, sobre todo en extremo apremio, como fue el caso en los dos accidentes.

Eso, al parecer, no estaba en el ideario de ambos jóvenes.Ese instinto, que a una inmensidad nos ha aflorado espontáneo con las víctimas del incendio en Valparaíso, en estos dos jóvenes ha estado dramáticamente ausente.

¿Fueron colegios católicos los suyos? ¿Son católicos sus padres?

¿Qué valor tiene verdaderamente la vida del prójimo en el espacio educativo de esas familias?

¿Qué sentido tiene compartir la existencia en un territorio que nos es común?

Son preguntas candentes y muy pertinentes y evocadoras, sobre todo cuando se discuten reformas nacionales quemiran a imaginar nuestro país más solidario e integrado, más allá de la educación, que aunque “privada”, no nos libra de la miseria.

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22 abr 2014

Reforma Tributaria, las cosas por su nombre

Por Pedro Davis Urzúa
Pedro Davis Urzúa
Pedro Davis Urzúa
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La Reforma Tributaria actualmente en trámite en el Congreso, es imprescindible porque el Estado chileno otrora dueño del 100% de la gran Minería del Cobre(Codelco), de la generación y distribución de energía(Endesa y Chilectra y distribuidoras regionales), propietario de los servicios de agua potable y alcantarillado(Emos), de los puertos de Chile (Emporchi), de las cárceles, hospitales, liceos, y de otras serie de empresas, constructor de viviendas sociales y de Obras Públicas, administrador del 100% de los peajes de carretera (Mop), fue reducido en dictadura y en los primeros gobiernos de la concertación, a su mínima expresión en cuanto a su rol de generador de recursos para impulsar el desarrollo.

Esto es,proveedor de servicios básicos de calidad a la población, y generador de OOPP,para transformarlo en apoyador del desarrollo de la gran empresa privada (minería, generación y distribución de energía, servicios de agua potable y alcantarillado, gran manufactura, atracción de capital extranjero) y en comprador de servicios a privados en salud, educación, vivienda, servicios carcelarios, infraestructura de OOPP.

Es así como se creó el DL 600 para atraer inversión extranjera, también para estimular la inversión durante el reacomodo de la economía chilena entre los años 75 y 82, se estableció el Fondo de Utilidades Tributarias(FUT), se reprivatizó la gran minería del cobre (por decisión unánime del Congreso en 1971 solo explotable por el Estado), permitiéndose a privados la explotación del mismo.

Se facilitó la privatización de la gran mayoría de las actividades productivas del Estado, se subsidió a privados para crear infraestructura educacional, se regaló en la práctica ingentes recursos a la banca privada en la crisis de 1982, se generaron diversos mecanismos para transferir garantías financieras a la empresa privada.

Bajo la lúcida y perversa creación de José Piñera hermano del ex presidente Piñera, se crearon las AFP, mecanismo que permitió que miles de millones de dólares de propiedad de los trabajadores fueran transferidos a la gran empresa privada no solo a costo cero, sino que pagándoles a los administradores de esos fondos por su gestión, independientemente lo hicieran bien o mal.

Por otro lado y bajo el manto de la mal llamada “Economía Social demercado”, nombre engañoso para implementar el modelo más ultra mercadista existente en el mundo, la dictadura de Pinochet decreta la muerte de la manufactura nacional para dar paso a la invasión de bienes producidos en otras latitudes con costos bajísimos.

Se empieza a desarrollar en Chile con fuerza un industria financiera que es apoyada de diversas maneras por el Estado, una industria importadora también apoyada nuevamente con recursos de todos los chilenos, se suscriben tratados de libre comercio con decenas de países llevando las tasas de importación literalmente a cero en la gran mayoría de los productos, lo que significó renunciar a los impuestos por importación de bienes y servicios.

Adicionalmente, el Estado, producto de la creciente concentración de la riqueza cada vez en menos manos, el empeoramiento de la distribución de los ingresos,y su incapacidad para influir en un proceso de desarrollo económico que mejorara los ingresos del trabajo de la mayoría de los chilenos, debe empezar a entregar cada vez más subsidios (a los más pobres primero y a las capas “medias “ después), con lo cual agota los escasos recursos que podía disponer,esencialmente impuestos y los ingresos del cobre.Codelco representa ahora aproximadamente un tercio de la gran minería del cobre en Chile.

Ese es el país que tenemos en los inicios del siglo XXI, un Chile que ha crecido pero basándose principalmente en la extracción por parte de la empresa privada de sus recursos naturales (cobre, celulosa, recursos marinos, fruta), un país que destruyó, a partir de 1975, su industria manufacturera, que quiere convertirse en el Singapore de América Latina, un país que se ufana de sus tasas de crecimiento pero que no menciona con que costo social se logran, un Chile de grandes números y grandes inequidades, una nación que después de haber sido líder en educación se convierte en uno de los países con la peor educación del mundo, con una salud publica cada vez más deteriorada, un país en el que el Estado paga a los privados para que construyan casas de bajísimos estándares para los pobres, donde hasta los servicios carcelarios son privatizados.

Pero como dice el dicho, no hay mal que dure cien años ni chileno que lo aguante, los movimientos sociales empiezan el año 2008 a manifestarse, ya el país no quiere seguir con una educación cara y mala, una salud privada cada vez más deteriorada en su capacidad de dar respuesta a las necesidades de la población, una política de vivienda que no resuelve con una calidad mínima las necesidades de techo de los sin techo, un Chile glamoroso para el 5% de la población y gris cargadito a negro para el otro 95%, el de la “pobreza dura”(como si hubiera pobreza blanda), el Chile de los “desvinculados”, de los “en situación de calle”, de los “vulnerables”, donde las cifras de pobreza no son mayores sino “no menores”

Este Chile con un ingreso “promedio” bordeando los U$ 20.000 dólares anuales ($920.000 mensuales por cada persona es decir 3.700.000 mensuales en una familia de 4 personas), donde en realidad más del 80% de las familias viven con menos de $800.000 mensuales, es el tipo de país que la mayoría no quiere.

La gente quiere que el bienestar no sea sólo una estadística, quiere que el bienestar sea una realidad concreta en su caso, educación gratuita y de calidad, salud pública gratuita y de calidad, buenas pensiones, viviendas dignas, alimentación de calidad, acceso a todas las expresiones de la cultura, acceso al deporte la recreación y el esparcimiento.

Esto es lo que votaron los chilenos en la elección presidencial de 2013, y en esta línea es el mandato que entregó la ciudadanía a la presidenta Bachelet.

Y para avanzar en ello, es que se requieren los recursos que la Reforma Tributaria persigue. Los que más ganan, como era de esperar, se resisten y resistirán, sus representantes en el mundo de la gran empresa (CPC, Sofofa, SNA, SONAMI, CNC), sus representantes políticos (UDI, sectores de RN) y uno que otro comentarista, politólogo, lobistas de grandes empresas intentaran convencer al país que esta reforma es mala para los más pobres, como en su tiempo nos dijeron que las AFP iban a mejorar las pensiones de los más pobres, que perjudica a las pymes (después que las han reducido a su mínima expresión con sus abusos y prácticas depredatorias de la gran empresa principalmente financiera e importadora), que afecta a las clases medias, cuando en realidad no son las clases medias precisamente quienes son accionistas de las grandes empresas que si serán afectadas por la Reforma Tributaria.

Chile está acostumbrado a estas lágrimas de cocodrilo, para el gran capital nunca las granjerías que les entrega el Estado serán suficientes, siempre querrán más, y cuando un gobierno se atreve a disminuir un poquito sus inmensos beneficios, ponen el grito en el cielo.

Por último, la amenaza más dura “bajará la inversión”, no tiene ni un centímetro de piso en el cual afirmarse, las tasas de rentabilidad que obtiene la gran empresa en Chile, sumado a la tranquilidad del país y a la seguridad de las inversiones, no las obtiene en ningún otro país del mundo, y la gran empresa no se equivoca.

Evidentemente esta Reforma Tributaria no da cuenta de todas las inequidades existentes en la distribución del ingreso, a muchos nos habría gustado reducir más las brechas gravando más la extracción de recursos naturales, no solo no afectar sino bajar la carga tributarias de las mipymes.

Sin embargo, es menester reconocer que es, efectivamente, la Reforma Tributaria más profunda de los últimos decenios.

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