Estamos enfrentando una crisis del agua en gran parte de Chile –así como en varios países de nuestro continente- como lo muestran innumerables diagnósticos. Es un hecho que la larga sequía que ha afectado por años a una extensa parte del territorio nacional, ha agudizado la crisis hídrica a la que nos vemos enfrentados hoy y que seguramente seguirá en el futuro.
Si bien nuestro país ha sido pionero en Latinoamérica en la cobertura de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y rurales, aún hay cientos de miles de compatriotas que no cuentan con estos servicios básicos.
Las estadísticas de la Subdere grafican que para las zonas rurales el déficit de agua potable y saneamiento alcanza un número importante de viviendas y personas. A modo de ejemplo, para el 2011, en el caso del agua potable 117.228 viviendas -correspondientes al 13,27% de las rurales- no contaban con este servicio, mientras que 266.638 viviendas, un 30,19% del total no tenían alcantarillado.
Los problemas se han transformado también en situaciones de conflicto entre actividades productivas, entre usuarios y comunidades. Aunque el escenario no es el más alentador, esta crisis también es una oportunidad, para tomar distancia de los viejos paradigmas con los cuales hemos abordado esta problemática e impulsar un “nuevo trato” en la materia.
La prioridad que tiene el tema hídrico para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es un hecho, considerando el nombramiento de un Delegado Presidencial del Agua, para desarrollar un conjunto de propuestas que deberán orientar las decisiones trascendentales que debemos tomar como país.
Desde la mirada pública, el uso sustentable de los recursos hídricos, es un imperativo ético y a su vez un asunto de estrategia nacional, ¡sin agua no hay vida!
En ese sentido, la institucionalidad pública que administre los temas de agua debe tener como prioridad absoluta garantizar el abastecimiento para el consumo humano.
Además, el agua es un bien público, cuyo uso no puede depender solo de las fuerzas del mercado, sino también sobre el cual el Estado debe tener una participación activa, en un sentido estratégico del desarrollo.
Debemos avanzar decididamente a un manejo integrado de la administración de cuencas, que garantice la coexistencia de todas las actividades productivas y recreativas que constituyen las diversas esencias y vocaciones territoriales. Es decir, una vez garantizado el consumo humano, se debe procurar el abastecimiento para la agricultura y la minería, entre otras actividades.
Es por esto, que en el ejercicio de nuestras facultades legislativas, he promovido en conjunto con otros senadores un Proyecto de Reforma Constitucional, que declara a las aguas bienes nacionales de uso público y que reserva a la ley, la constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de los particulares sobre aquellas, así como la determinación de los caudales que aseguren su disponibilidad para el consumo humano y la preservación ecológica.
Es hora de adecuar los términos de nuestra Constitución no sólo a la regla general de derecho privado, que considera que las aguas son bienes nacionales de uso público, sino que también a los instrumentos internacionales vigentes y ratificados por Chile y que, por ende, se encuentran incorporados en el derecho interno.
Desde el punto de vista económico, el bloque regulatorio dado por la Constitución Política y el Código de Aguas vigente considera al agua como un bien de consumo de similar tratamiento a cualquier recurso económico, donde el mercado es el único actor legítimo en la asignación de la cantidad, las modalidades y los plazos asociados a estos derechos, sin intervención alguna del Estado.
El agua finalmente se ha cosificado, y el Estado chileno no tiene facultades de gestión ni administración del agua, sólo tiene potestades menores de intervención en el marco del principio de subsidiariedad que le asigna la actual Constitución, por ello es fundamental avanzar en mayores atribuciones y recursos para la administración y fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas (DGA).
En esta línea he planteado la necesidad de crear una Subsecretaría de Recursos Hídricos, que coordine las más de 100 atribuciones y funciones que hoy se distribuyen entre más de 42 organismos públicos vinculados con los temas de agua. Esta subsecretaría debiera estar radicada administrativamente en el ministerio de Obras Públicas, ya que cuenta con la experiencia necesaria en temas de agua y no está vinculado al fomento de ningún sector productivo en particular.
Esta nueva subsecretaría deberá hacer frente a los desafíos que nos impone la desalación de agua de mar, que hoy aparece como una opción real para resolver los problemas estructurales que afectan a diversos territorios, en particular a la Región de Atacama, que yo represento en el Senado de la República.
Esta solución, que permite garantizar el consumo humano y el desarrollo de actividades productivas, vitales para el país como la minería y la agricultura, supone también una articulación público-privada, capaz de abordar los desafíos energéticos y medioambientales, de una forma innovadora y que no descanse simplemente en triplicar la cuenta para los ciudadanos.
Sin embargo, un nuevo marco jurídico, y una nueva institucionalidad administrativa no son suficientes si no vienen acompañados de una Política Nacional del Agua.
Una Política Nacional del Agua debe propender a la sustentabilidad de ésta, a garantizar el consumo humano con dignidad, y a generar un conocimiento mayor de la realidad de nuestras fuentes de agua –glaciares, lagos y aguas subterráneas- y su distribución en las cuencas; a una mayor educación, control social y estatal de la gestión del agua con una institucionalidad capaz de orientar estratégicamente el uso de este recurso; a una gestión ordenada e integrada del agua en el territorio; a organizaciones de usuarios con mayor capacidad y competencias y a un uso más eficiente por parte del conjunto de actividades productivas.
Además, en el Senado hemos constituido una Comisión Especial –presidida por la Senadora Adriana Muñoz- de la cual soy parte y que es la encargada de conocer las iniciativas sobre Recursos Hídricos que se discuten en el Parlamento.
Este es un tema país, que hay que enfrentar sin complejos ni sesgos. Con altura de miras y con la convicción de que lo que hagamos hoy, será decisivo para el presente y sobre todo para el futuro de las próximas generaciones de chilenos y chilenas.
En definitiva, debemos generar las condiciones para un cambio cultural de los chilenos y chilenas en nuestra relación con el agua.
