La decisión de garantizar la gratuidad de la educación superior por parte del Estado asegurando así la universalidad del sistema, especialmente si se organiza como financiamiento de la oferta educativa y no de la demanda (fin de la lógica mercantil al no continuar sosteniendo el mercado de la educación a partir del estado) y se ordena acorde a un conjunto de regulaciones que apuntan al término del objetivo de lucro asociado al funcionamiento del “mercado de la educación”, constituye una decisión política de largo alcance y moldea el futuro del país.
No cabe sino celebrar que por fin nos encontremos frente a cambios de esta magnitud y en dirección a la constitución de condiciones estructurales de profundización de la democracia.
En este marco, al ir traduciendo estos objetivos generales en objetivos más precisos, caben numerosas reflexiones relativas a aspectos más específicos de la lógica mercantil y de lucro que han introducido importantes distorsiones en la vida universitaria.
Se ha puesto ya en el debate público diversas materias, como por ejemplo, el asunto de las empresas inmobiliarias relacionadas y está en discusión el asunto de los arriendos, en especial, de tales empresas relacionadas. No obstante se requiere establecer una conversación social en relación a otros tópicos aún no planteados públicamente.
Desde luego muchos nos preguntamos si las universidades financiadas por el estado garantizarán una estructura salarial pre establecida, como ocurre en el caso de las universidades del Estado, o esto se va a dejar al arbitrio de cada institución.
Personalmente me opondría totalmente a sostener con mis impuestos los sueldos altísimos de rectores y autoridades superiores de algunas universidades; asimismo, resulta insostenible mantener con fondos fiscales las excesivas diferencias salariales al interior de estos mismos establecimientos de educación superior.
Como sabemos, la desigualdad se corrige no sólo incrementando los ingresos más bajos sino también disminuyendo los más altos y distribuyendo estos excesos. De lo contrario, se constituiría en una forma de financiar la desigualdad con fondos de todos los chilenos. Este tema debe ser debatido y considerado dentro de los aspectos que requieren ser regulados en el marco de la nueva legislación que ordene el sistema de educación superior.
Por otro lado, la necesidad de autofinanciarse y poder competir en el mercado educacional ha llevado a naturalizar en los ámbitos universitarios la práctica de recibir donaciones de empresas privadas, cuestión que puede llevar a distorsionar gravemente la libertad de pensamiento imprescindible a la vida universitaria.
Así por ejemplo ¿se estudiaría, reflexionaría y pondría en el debate nacional la acrecentada concentración del capital, los procesos y aspectos estructurales que la favorecen? o ¿las implicancias para la ciudadanía y para el objetivo de profundización de la democracia – como se hizo en otras épocas[1] -, en una facultad que recibiera el financiamiento mediante donaciones de los grupos económicos más poderosos del país?
¿Se podría mantener una visión crítica y reflexiva respecto del sistema de control del delito y el abordaje de esta problemática en esta sociedad llamada “pos disciplinaria” o “sociedad del control”[2] en una universidad que recibiera importantes donaciones de instituciones y empresas vinculadas a la “industria de la seguridad, y/o de poderosos defensores del control estrictamente represivo y la criminalización de los conflictos sociales?
¿O podríamos garantizar el desarrollo de la investigación biológica y la reflexión acerca de la vida, su reproducción y calidad y los procesos vitales, dependiendo del financiamiento de ésta por parte de la industria agro alimentaria?
Es imprescindible regular esta introducción de los objetivos mercantiles no sólo internamente sino también desde el medio externo, como condicionantes de la vida universitaria a partir del financiamiento de tales instituciones por parte de privados, tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación y la creación en general, para garantizar que los efectos de la finalidad de lucro u objetivos pragmáticos inmediatos destruyan el clima de libertad y gratuidad del pensamiento que ello requiere.
Justamente las universidades representan un genial invento de la sociedad organizada en tanto constituyen un espacio único que la propia sociedad se ha dado para pensarse libremente a sí misma y en su relación con el entorno, eso, desde sus orígenes en el siglo XII y constituyen una herramienta para la formación de profesionales capaces de tener una visión amplia, interrogarse y no sólo aplicar conocimientos ya existentes, una mirada innovadora, cuestionadora, asunto posible en ese clima de libertad de pensamiento y de impulso a una práctica reflexiva.
Ambos aspectos mencionados (desigualdad contenida estructuralmente a partir de la escala de sueldos e introducción de intereses particulares que distorsionan el clima de libertad en el ámbito académico) constituyen dimensiones de la incorporación de la lógica mercantil, con importantes efectos en la vida universitaria, que están tan naturalizados que no han sido considerados por los movimientos sociales ni en el actual debate público de la reforma educacional. Parece que ha llegado el momento de referirse a ellos.
Una última reflexión a propósito de la gratuidad. El objetivo de garantizar igualdad de oportunidades no se asegura solamente a partir de dicha gratuidad, esta garantiza acceso pero no permanencia; se requiere considerar los contextos tanto de la trayectoria de los estudiantes como durante los estudios.
Hace ya muchos años que los cientistas sociales sabemos que la pobreza, más que una realidad definible sociológicamente, constituye una categoría que refiere a situaciones socio económicas definidas desde la carencia que se expresan en una diversidad de dimensiones[3].
De este modo, el desarrollo del sistema de educación superior como una industria – que tuvo la virtud de abrir el sistema a los distintos estratos sociales y no sólo a la élite, como sucedió históricamente -, también dio curso a una situación desconocida en el país, representada por el nuevo sujeto estudiantil, que trajo consigo nuevas problemáticas sociales.
No cabe referirse en este artículo al abierto conflicto político y la ruptura generacional cultural que estos expresan a través de sus diversas prácticas, o al conflicto entre la cultura universitaria tradicional y la cultura juvenil universitaria actual. Pero nos referiremos en esta ocasión a lo que hemos aprendido de su deserción, que no sólo obedece a dificultades académicas, asociada a deficitarios procesos educativos previos o a problemas motivacionales, sino, en una importante medida, a los problemas estructurales que los afectan actualmente de manera directa; un importante porcentaje de ellos (en nuestro caso, más de un tercio), sostiene económicamente su familia y abandona los estudios porque no puede resolver la contradicción entre este aspecto de su vida y las exigencias de la vida universitaria.
La igualdad de oportunidades supone pues recursos del Estado no sólo para hacer gratuito el sistema, sino también para mantener un significativo sistema de becas y otros apoyos necesarios para el autosustento del joven.
Asimismo, de otras ayudas complementarias, al menos para estudiantes de los quintiles 1 y 2., además del financiamiento de los sistemas de tutorías y nivelación de competencias que actualmente existen y su expansión. Sólo así podríamos estar hablando de condiciones estructurales que favorecen la igualdad de oportunidades en la educación superior.
