07 ene 2015

Vamos para atrás

Si bien valoro el apretón en la regulación y fortalecimiento de los sindicatos que trae consigo el proyecto de reforma laboral, creo que solo generará una mayor tensión y una baja en la demanda de trabajadores.

La iniciativa se olvida de los principales temas pendientes de la realidad laboral en Chile: la flexibilidad laboral con estabilidad en el empleo; la extrema duración de la jornada laboral; los escasos incentivos para capacitar; mecanismos más eficaces de diálogo entre la empresa y sus trabajadores; incentivos para la inclusión de minorías laborales y el mejoramiento del sistema de gratificaciones.

Creo que esta reforma es una ley para los sindicatos, un reflejo de las tajadas que cada integrante de la mesa negociadora se llevarán para su propio beneficio, olvidando el objetivo esencial de aumentar la calidad de vida de las personas. En términos generales, las condiciones laborales de los chilenos seguirán siendo las mismas, especialmente en lo que se refiere a la movilidad y la empleabilidad, que seguirán estando a merced de los vaivenes macroeconómicos en vez de seguir lineamientos trazados por derechos y deberes reconocidos y respetados por todos.

Más aún, el emprendimiento seguirá siendo el pariente pobre de la economía, aquel pariente simpático, buena onda, pero altamente volatil y poco confiable.

Quien quiera emprender y crear nuevas fuentes de trabajo probablemente lo pensará dos veces antes de embarcarse en esa aventura, y no lo digo con el fin de demonizar a los sindicatos sino al sistema, que seguirá siendo una maquinaria engorrosa, complicada, poco amigable, que no ayudará a las personas de las empresas —dueños y trabajadores— a crear equipos bien afiatados, que reman para el mismo lado, que se apoyan mutuamente, que buscan en conjunto la innovación para un mayor y mejor crecimiento.

Al menos hacia allá apunta la economía de los países desarrollados que lideran estas materias, y de los cuales estamos tan lejos. Peor aún, con esta reforma nos estamos alejando de ellos. Vamos para atrás.

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06 ene 2015

Ampliación del Parque Metropolitano Sur

Recientemente, el ministerio de Bienes Nacionales terminó los actos de administración a través de los cuales fueron destinadas casi 60 hectáreas del Cerro Chena a la ampliación del Parque MetropolitanoSur, para contribuir a materializar un antiguo y anhelado sueño de la comunidad de San Bernardo y del sector sur de Santiago: tener un gran parque público con fines sociales, recreativos y ecológicos.

Los terrenos, uno de 38 hectáreas y otro de 20 hectáreas, formaban parte de los predios del antiguo Fundo Casas Viejas de Chena, que el 26 de octubre de 1976 el entonces ministerio de Tierras y Colonización destinó para el ministerio de Defensa Nacional, en específico para la subsecretaría de Guerra.

El 29 de octubre de 2014 nos correspondió firmar el Decreto Exento 935 del ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual quedó oficializada la exclusión de dichos terrenos, que habían sido declarados prescindibles por el Comando de Ingenieros del Ejército.

Estas acciones tienen su origen en el año 2002, cuando la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, promovió la reasignación, administración y disposición de terrenos de propiedad del Fisco destinados al Ejército.

Con esta acción, queremos contribuir a elevar la calidad del espacio público contemplada en el Programa de Gobierno que la Presidenta Bachelet comprometió con la ciudadanía, a fin de que las personas, sobre todo las pertenecientes a grupos vulnerables y los sectores medios, puedan disfrutar de un espacio público de calidad.

El Programa de Gobierno deja en claro que nuestras ciudades son la expresión construida de las desigualdades y que viviendo en un lugar u otro de nuestras ciudades se abren muy diferentes oportunidades. Con el cambio de destinación de los terrenos de Cerro Chena, el ministerio de Bienes Nacionales ha procurado contribuir a cambiar esta realidad.

El Cordón de Cerros de Chena conservaba hasta hace unos 40 años su flora y fauna nativas. Con el correr de los años, por los incendios forestales y el consumo de sus árboles para la producción de ladrillos, llegó a ser uno de los cordones de cerros más áridos y erosionado de la Región Metropolitana.

Los terrenos destinados por Bienes Nacionales forman ahora parte de la nueva etapa del Parque Metropolitano Sur, el que recibirá una inversión de 10 mil millones de pesos por parte del Gobierno Regional, luego de ganar el concurso Cerros Isla que fue organizado por la Intendencia Metropolitana.

Así, se avanzará en la detención de la desertificación, en el resurgimiento de flora y fauna nativas, la protección del entorno natural, el incremento de la densidad de áreas verdes y de esparcimiento por habitante para comunas con índices muy bajos, lo que redundará en mejores condiciones de vida y salud, en primer lugar para los vecinos de 14 comunas del sector sur, pero además para la gente de toda la Región Metropolitana y sobre todo para las generaciones futuras.

Este Parque será entonces expresión del Chile mejor, sustentable e inclusivo, que todas y todos queremos construir.

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06 ene 2015

Grexit ¿es posible la salida de Grecia de la zona euro?

En una decisión que sorprendió a muchos, el Primer Ministro griego Antonis Samarás anticipó la elección del Presidente del país heleno. Esta elección debía realizarse en el Parlamento pero luego de tres intentos, el líder de la Nueva Democracia (partido conservador griego en el poder en coalición con fuerzas de centro izquierda) no logró imponer su candidato, forzando la disolución de la Cámara y adelantando las elecciones generales para el próximo 25 de enero.

El partido Syriza (Coalición de la Izquierda Radical, ésa es la traducción) se presenta como favorito en las encuestas. Cercano al 30% de la intención de voto en algunos sondeos, Alexis Tsipras, su carismático líder, se presenta como el “gran desafío” para quienes siguen defendiendo la política de austeridad severa, con Alemania a la cabeza.

Las alarmas en Europa no se han hecho esperar y una publicación del diario alemán Der Spiegel del sábado 3 de enero afirmó –citando fuentes gubernamentales germanas- que Angela Merkel consideraría “inevitable” una salida de Grecia de la eurozona si gana Syriza y pone en ejecución su plan de campaña.

Si bien el gobierno alemán no confirmó ni desmintió claramente dichas filtraciones, lo cierto es que –directa o indirectamente- las amenazas de muchos a los votantes griegos existen. Primero fueron las declaraciones del Comisario de Finanzas, Pierre Moscovici, y luego el mismo Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, quienes manifestaron –más o menos veladamente- su deseo que el candidato de Samarás a la Presidencia fuera elegido. Personeros del gobierno alemán han prevenido que existen compromisos con la llamada “troika” –UE, Banco Central Europeo y FMI- que un nuevo Ejecutivo griego, cualquiera que éste sea, debe cumplir y que una cesación de pagos de la deuda provocaría una inevitable salida de Grecia.

Ante las especulaciones que aumentaron luego de la publicación del diario alemán, la vocera de la Comisión Europea salió al paso recordando que no existe disposición en los Tratados de la UE que establezca la salida de un país de la Eurozona y que su pertenencia es “irrevocable”. El Presidente francés, François Hollande, por su parte, en entrevista radial, afirmó que los griegos son libres de votar en las elecciones al tratarse de una democracia y que eso debía respetarse. Sin embargo, también agregó que los compromisos con la UE, BCE y FMI debían cumplirse.

Más que caer en el juego del temor que un gobierno de la Izquierda Radical podría significar en Grecia, creo que lo importante es comprender los fenómenos que se presentan. ¿Por qué Syriza hoy es el favorito de los griegos y qué posibilidades tiene de poder concretar sus ideas? ¿Existe realmente el riesgo de un “Grexit” (salida de Grecia de la zona euro).

Lo primero es señalar que no existe disposición en los tratados que establezcan un procedimiento para la salida de un país del bloque de 19 países (Lituania se unió el 1 de enero), es decir, no es tan fácil plantear que se “echará” a Grecia. Lo que sí existe es un procedimiento para salir de la UE, lo que se estableció en el Tratado de Lisboa. Por lo que, en estricto rigor, para que Grecia salga de la Eurozona debería salir de la UE.

Pero yendo a lo más de fondo, el ascenso de Syriza se explica por las graves consecuencias que la crisis ha provocado en Grecia y en sus ciudadanos. Las cifras son realmente reveladoras: caída del 25% del PIB desde 2008, aumento de la cesantía del 18% (antes del rescate) al 25,5% actual, aumento de la deuda pública de 148% a 175,5% de su PIB, aumento de suicidios, entre muchos otros aspectos. Hoy Grecia crece a un débil 0,7% y, tal como lo señala The Telegraph, ni siquiera creciendo al 2% los griegos podrían pagar la deuda antes de 13 años.

Distintas voces se han levantado para denunciar la situación: de continuar con la política de severos recortes y reformas sin estímulo real al crecimiento y al empleo, Grecia –y en su conjunto la Zona Euro- no saldrán de la crisis y la propia moneda podría verse seriamente comprometida.

Paul Krugman ayer lo decía en una columna en New York Times. El economista francés, Thomas Piketty, en una editorial en Libération llamaba también a aceptar una reestructuración de la deuda griega y a una flexibilización en la política seguida. El propio FMI el año pasado planteó esta reestructuración como la salida necesaria en estos momentos.

Syriza no plantea la salida del euro, posición que apoya un 74,2% de griegos. Menos aun salir de la UE. Si bien en algún momento planteó dejar de pagar la deuda, hoy propone una negociación más realista con los acreedores y pide una reestructuración con perdón de parte de ella (quita).

No pocos han recordado el “Acuerdo de Londres” de 1953 cuando muchos países –entre ellos España y Grecia- perdonaron gran parte de la deuda alemana que le permitió su rápida recuperación en aquellos tiempos de posguerra.

El debate hoy en Europa nuevamente toma ribetes de tensión creciente. El binomio reestructuración/cumplimiento de compromisos de Grecia se ha tomado la campaña helena. La intervención de Alemania en la decisión de griegos de la elección de sus autoridades –y de otros como el Premier Ministro checo que señaló que, de ganar Syriza, había que echar a Grecia del euro- me parece de máxima gravedad en un continente que se vanagloria de su Democracia y respeto de los derechos más esenciales de las personas.

Grecia tiene una parte muy importante de responsabilidad en lo que está viviendo –mintieron en sus cuentas públicas a la UE escondiendo el verdadero déficit fiscal, evasión de impuestos, baja recaudación fiscal, corrupción y gasto desmedido por años- pero también es cierto que han hecho un duro trabajo estos años, con un costo enorme para  su población y han logrado, poco a poco, ir saneando muchos aspectos en los que estaban al debe. Hoy necesitan urgentemente un alivio en los plazos y los intereses. No es posible que griegos paguen por sus préstamos intereses muy por sobre los que pagan los países del Norte, en especial Alemania.

Si bien es cierto que la Eurozona hoy tiene más espaldas para afrontar una posible salida de Grecia del euro (con su mecanismo de estabilización financiera y el reforzamiento de la unión bancaria), no es verdad que esto no tenga un costo para el resto o que no existan riesgos de contagio a otros países del Sur, incluso llegando a Francia.

A diferencia de lo que ocurrió en los años 2011-2012 hoy la crisis es eminentemente política y, por lo tanto, la salida debe comenzar por la voluntad de los Gobiernos. Syriza no es la enfermedad, es solo un síntoma de lo que ha pasado en Europa. Muchos griegos sienten que ya no tienen nada que perder apostando a la Izquierda Radical ya que la crisis les ha llevado todo.

Así también podrían pensar otros en países como Francia, Dinamarca, Suecia, Alemania o Hungría, en que alternativas –esta vez de ultraderecha- se presentan atractivas para protestar por lo que sienten una inoperancia de la UE y de sus gobiernos.

Los partidos tradicionales europeos de centro –Conservador y Social Demócrata- están siendo cuestionados ya sea desde la derecha como de la izquierda. Los Treinta Años Gloriosos de Europa se ven lejanos y la brecha aumenta. Grecia es solo una señal de alarma y es todo el proyecto europeo finalmente el que está en juego.

Una negociación –al más puro estilo europeo que ha caracterizado al proceso de integración desde sus inicios- se hace necesario. Alemania no puede cerrar la puerta porque, de lo contrario, la próxima vez la cerrará por fuera y pondrá el candado al proceso más exitoso de integración democrática y pacífica que la Historia ha conocido.

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06 ene 2015

Miopía empresarial

Soy también un pequeño empresario desde hace más de 30 años, y lo digo con orgullo, porque ha sido un trabajo de gran sacrificio, que si bien ha implicado sortear muchas dificultades, también ha reportado grandes satisfacciones personales y familiares.

Por lo mismo, creo tener algo de autoridad para cuestionar la mirada de importantes empresarios y de las organizaciones que lo representan, que permanentemente anteponen sus intereses personales y corporativos por sobre los del país.

Es cierto, no son todos, pero son los grandes que tienen más tribuna.

Primero, quiero señalar que adolecen de una tremenda miopía. La defensa de sus intereses, no les hace ver que mantener la actual desigualdad solo significará que sus propios proyectos puedan entrar tarde o temprano en crisis.

Esa miopía significó que por mucho tiempo se la jugaron con la idea del chorreo, o sea que el propio crecimiento haría que los sectores bajos y medios lograran mejorar sus condiciones de vida. Si bien en alguna medida se logró, la riqueza de los grandes empresarios creció exponencialmente y hoy somos cuestionados por nuestros pares de la OCDE, como uno de los países más inequitativos de los que pertenecen a su selecto club.

Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata.” Esto nos dice el Papa Francisco (Exhortación Apostólica N° 53).Los empresarios que somos mayoritariamente católicos, no solo tenemos el deber y la obligación de escucharlo, sino de ver la forma de responder a esta situación.

¿Estas mismas organizaciones han buscado caminos para generar nuevos rumbos que solucionen esta iniquidad? En absoluto. Su mayor disposición fue aceptar a regañadientes la reforma tributaria, sin una disposición activa, sino porque no tenían fuerza suficiente para oponerse a una realidad que se hacía insostenible.

Segundo, adolecen de una falta de suficiente autocrítica y humildad. En efecto, desde hace años venimos viviendo la cultura del abuso. Esa que nos duele a todos. Que incluso se ha transformado en rutinas humorísticas para alivianar, en parte, la rabia.

Ese abuso de los que tienen más frente al resto del país. Las farmacias, las Isapres, los Bancos, las AFP, la Polar, INVERLING, EUROLATINA, el transporte Interurbano, los concesionarios del Transantiago, los pollos, los cerdos, la Universidad del Mar y las Universidad privadas que han lucrado a través de subterfugios legales,  los sostenedores de colegios subvencionados, que con platas públicas, se han hecho ricos  a costa de un deficiente servicio educacional, el abusivo en el pago  de facturas de las Pymes por algunos supermercados, y un gran etcétera.

A esto se agrega las que han traicionado el propio modelo de mercado. Nos referimos al caso “Cascadas” y al de los empresarios chilenos que están siendo demandados por el Estado Norteamericano. Por otro lado también están los que tratan de eludir el pago de impuestos como las del conocido grupo nacional que hoy está envuelto en un gran proceso judicial y también político.

Este curriculum del gran empresariado nacional, a lo menos debiera llevarlos a una reflexión crítica y no solo de pasada en algún evento público, el que solo parece ser un “lavado de cara” o maquillaje, pero en ningún caso una actitud más humilde o algo menos soberbia.

Es cierto, todo esto ha generado una gran pérdida de credibilidad en el principal empresariado del país. Sin embargo la población no está en contra de los empresarios, muy por el contrario, saben que somos los que ayudamos a generar riqueza y dar trabajo al país. Lo que molesta es justamente la soberbia, la falta de autocrítica real, una altura de mira y la disposición real y efectiva a terminar con los abusos, en forma clara y pública.

Porque creo que en definitiva, el sesgo ideológico enceguece la mente y adormece la conciencia.

Quiero concluir esta reflexión con la continuación del texto del Papa Francisco en la misma exhortación: “…algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante”.

“Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera.”(N°54).

Es hora de una serena autocrítica de parte del gran empresariado y de una honesta búsqueda del interés del país, por sobre los personales o corporativos.

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06 ene 2015

El alto costo de la intransigencia

La transición chilena muestra reiterados episodios de intransigencia de la derecha, que ha llevado  las cosas al límite, hasta que revientan. El caso Penta es un ejemplo más de  la obstinación de personeros de la UDI, que termina dañando a la institucionalidad democrática y a todos los chilenos

¿Cuántos años se ha alertado de  la necesidad de separar política y dinero de una manera que acabe con el privilegio,  empareje la cancha y evite el riesgo de corrupción?

¿Cuántos proyectos se  han presentado en el Congreso, que la derecha ha rechazado argumentando  que ese dinero debe ir a fines sociales, mientras recibe ingentes fondos por debajo de la mesa de manos de empresarios ideológicamente duros?  

Hoy  estamos observando las consecuencias: la política se financia de modo torcido, grupos  de  derecha  pueden mantener  ocultas  sus ventajas, mientras  se obliga  a todos a la complicidad de buscar recursos sin transparencia, con daño a la credibilidad del sistema institucional.

Los candidatos de centro izquierda carecen, generalmente, de recursos propios o redes de apoyo con dinero suficiente. Y si solo postularan los que se autofinancian, desembocaríamos a corto andar en una plutocracia. De allí la importancia de una acción pública que iguale condiciones para el ejercicio democrático.

Quienes actuamos en política  hemos debido buscar recursos privados para financiar  campañas.Y antes de 2006 era peor, pues no había ningún aporte del Estado, con la excepción de la franja televisiva. Los menguados  avances logrados en los últimos años son insuficientes, y la experiencia arroja  luz: falta de transparencia, escasa capacidad de fiscalización de  gastos y de aportes ilegales, y nula contribución al financiamiento de los partidos políticos.

Los partidos   no cuentan con recursos públicos para capacitar a sus miembros, formar dirigentes, estudiar los temas nacionales prioritarios, elaborar programas y estrategias y desarrollar mayor actividad en regiones. Esta situación es malsana y riesgosa para nuestro futuro.

Es  el momento de  dotarnos de un mejor sistema de financiamiento de  campañas  y de los partidos : transparente, parejo y bien fiscalizado.

Para tejer grandes acuerdos, Chile  necesita   una  derecha más abierta, atenta a los hechos contemporáneos, y con  líderes moderados, menos ideologizados.

Han emergido algunos síntomas positivos que ojalá se afiancen. La intransigencia y el predominio  de sectores de derecha extrema  sobre los moderados alienta  a su vez la intransigencia y radicalización  de grupos de izquierda. Y sabemos que  la polarización es receta para el fracaso.

Aprendamos la lección: estirar la cuerda hasta que se corte es  mala receta. Así lo ha hecho el partido UDI, oponiéndose a innumerables iniciativas. Esa postura acrecienta  la justa desconfianza  ciudadana y socava  el sistema político. Realizar a tiempo las transformaciones es crucial.

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05 ene 2015

Trabajo, inequidad y lucha de clases

Se ha caricaturizado tanto los conceptos de clase social, lucha de clases, explotación, estatismo, vuelta al pasado, que el debate sobre leyes laborales no se ve como una genuina lucha de clases. Si Ud. le pone el título de conflictos de intereses entre empresarios y trabajadores, ahí lo acepta; aún Marx lo aceptaría. Marx no inventó la lucha de clases, ni su concepto; tampoco el de explotación que es bíblico.

Juan (Giovanni) Bernardone (San Francisco) hijo de Pietro exitoso comerciante en telas, entre siglos XII y XIII, se une a la juventud burguesa incipiente y a otros grupos, se arman y se enfrentan con los señores feudales (los mayores, que tenían el poder) de Asís para distribuir el poder (lucha de clases); los feudales se alían con los de Perugia (clase de señores feudales) y los derrotan. Juan cae prisionero.

En prisión Dios le pregunta: Juan ¿a quién quieres servir: al Señor o al siervo? Para la Clase Divina los señores feudales, los reyes, los seres humanos son simples siervos. Juan amante de la cultura francesa (Francesco) eligió servir a la Clase Divina; se diferencia de los mayores (señores feudales, dirigentes con poderes) fundando una orden de “menores,” sin poder social-político, económico o sexual: votos de obediencia, pobreza y castidad.

Los movimientos burgueses, del campesinado, de ciudadanos, no contra los señores feudales y reyes, sino que para reclamar sus derechos de seres humanos con igualdad de dignidad frente a ellos, congregaron a millones de seres humanos. La historia contada por ganadores ignoró esta lucha, pero no la pudo suprimir.

Oliver Cromwell no hubiese tenido éxito en derrotar y matar al rey para instaurar la República inglesa, si no hubiese habido una mínima ansia de liberación del rey o poder feudal en el pueblo inglés, irlandés y escocés. Tampoco la Revolución Francesa ni las “luchas” independentistas americanas hubiesen sido posibles. Todos pretendían liberarse de las clases o poderes monárquicos y feudales y defender las “clases republicanas”.

Clase es un conjunto de personas con características de posición socio-económica-etno-culturales similares y que defienden intereses de propiedad y concepción de mundo. Pero esos intereses a veces son contrapuestos entre los grupos o clases. La genialidad de Marx es darse cuenta que se crean clases irreconciliables debido a la relación incorregible con la forma de producción y los sistemas de propiedad que hay en ella, y de estas relaciones depende todo el sistema legal que se adecúa para mantener estas relaciones de clases en forma oculta a la conciencia (ideología en el sentido marxiano).

Los que sinceramente quieren disminuir la inequidad y crueldad del sistema en que vivimos, deberían darse cuenta y aceptar esta realidad irreductible. El sistema de propiedad y de poder asimétrico es insuperable en el capitalismo: el empresario es el propietario de los medios de producción y es el que tiene el poder de decisión final sobre todo.

En cuanto a la propiedad el empresario lo tiene todo, los trabajadores nada, la desigualdad es infinita e insuperable por las leyes que nacen de y reproducen el sistema capitalista. El empresario decide sobre salarios, inversiones, cierre de la empresa, contratos, etc., directa o indirectamente.

Las leyes laborales pueden atenuar un poco sus decisiones pero indirectamente puede conseguir todo lo que quiere, especialmente en Chile, pero ya no en Europa o en los países civilizados laboralmente (casi todos menos Chile). Entiendo que el esfuerzo de la ministra del Trabajo y de la Nueva Mayoría es actualizar las leyes laborales chilenas al nivel que tienen en esos países.

Esto ha motivado la calificación de los ignorantes como “lucha de clase a muerte”, vuelta al pasado, estatismo y otros descalificativos. Los que así se expresan no reparan que la lucha de clases incluye el lobby empresarial-parlamentario que pervierte la democracia, la creación de varios sindicatos en una empresa (uno palo blanco del empresario), la mantención de una reserva de cesantes para abaratar los salarios por la amenaza de despido, la evasión tributaria y decenas de prácticas que vemos a diario.

El trabajador lucha por un salario y reajuste justos, condiciones humanitarias de trabajo, participación en la empresa, seguridad social y laboral, etc. La mantención de la inequidad prueba que la lucha de clases está presente.

En cuanto a volver al pasado, en la relación empresario-trabajador, son estos grupos los que han llevado a Chile a una verdadera anterioridad: al feudalismo (fin de la reforma agraria, apropiación de la tierra y de las empresas del Estado, de la educación y salud públicas, con la venta de Chile al extranjero, etc.).

La lucha de clases como lucha entre los intereses distintos de los grupos humanos es universal e inevitable (minorías étnicas y sexuales) y es esperable que no se extinga nunca porque desarrolla la vida humana.

Lo que debe superarse es que un grupo luche por su realización de lo que le parece lícito matando, torturando, exonerando, exiliando como ocurrió con la Dictadura Militar en Chile, o con la implantación del capitalismo que, sólo en la minería, por condiciones inhumanas de trabajo, carga con millones de enfermos y muertos, además de los niños y adolescentes que morían como moscas explotados en las factorías desde hace tres siglos trabajando por más de 10 horas diarias.

En la empresa la acción de los trabajadores (incluidos gerentes y empresarios) produce mercancías que en el mercado rinden ganancias; de éstas el empresario decide cuánto va a distribuir entre los trabajadores (salarios) y cuanto queda para él, para mantener la empresa, aumentar el capital, comprar materias primas, etc.

No puede distribuir todo en salarios y debe sacar de los salarios para los otros menesteres y es allí donde surge la explotación. ¿Cuánto deja de dar a los trabajadores, menoscabando el salario justo (que nunca ha sido fijado) para sus otros gastos? Aquí surge la usura y el lucro desmedido.

En una empresa cooperativa donde los trabajadores toman todas las decisiones, esto deja de ser un problema porque todo se acuerda en la comunidad que es la empresa.

En los sistemas actuales europeos cada vez más los trabajadores participan en las decisiones empresariales. Pero el sistema capitalista es inexorable; en el no puede haber equidad y la desigualdad no puede sino que aumentar (transnacionales más poderosas incluso que los países) y tampoco puede haber genuina democracia: los trabajadores no eligen a sus patrones.

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05 ene 2015

PENTA, poder y dinero ilícito

La génesis de varios de los más renombrados grupos económicos chilenos tiene un manto de ilegitimidad que se remonta a las oscuras privatizaciones que llevó adelante la dictadura militar de Pinochet.

Fue común que los administradores de las empresas estatales o los funcionarios civiles de la dictadura, mediante uso de información privilegiada y tráfico de influencias, se apropiaran de empresas públicas o parte de ellas. Muchas fueron creadas con el patrimonio de todos los chilenos, como sucedió con la línea área estatal LanChile o la minera no metálica Soquimich.

En algunos casos, los nombres que se hicieron conocidos con las privatizaciones durante los años 80’, hoy se repiten. Por ejemplo, el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, adquirió en forma ilegítima el control de Soquimich y amasó una fortuna de varios cientos de millones de dólares. Actualmente vuelve a saltar a la palestra pública con la creación del fraudulento esquema bursátil de las sociedades Cascadas.

Otro caso similar es el Grupo Penta. Sus dueños, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, construyeron su imperio económico capturando ilegítimamente mediante la privatización el Instituto de Seguros del Estado y hoy se encuentran en el ojo del huracán por los escandalosos fraudes financieros que protagonizan.

La gravedad de los ilícitos que involucran al grupo Penta son de marca mayor. No sólo financiaron en forma ilegal a candidatos presidenciales y senadores de la UDI, sino que además habrían cometido -en forma reiterada y durante varios años- fraudes tributarios de varios millones de pesos.

Pero la ambición de Penta da para más, pues hay antecedentes certeros en la investigación judicial que apuntan a acciones de cohecho, ya que habrían realizado pagos ilegales por 42 millones de pesos al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, destinados a favorecer al proyecto minero Doña Dominga, de propiedad de Penta.

Estamos en presencia de un grupo económico que ha utilizado su poder dentro de la Unión Demócrata Independiente para instalar a diputados y senadores favorables a sus negocios en el Congreso, y también a ex autoridades, como el ex subsecretario Wagner.

En definitiva, todo hace presumir que el grupo Penta usó el poder político de la UDI para enriquecerse, el cual se acrecentó durante el gobierno de Sebastián Piñera, ya no sólo en forma ilegítima, como acostumbra, sino también en forma ilícita.

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05 ene 2015

Derecho a huelga en la Agenda Laboral

El Gobierno de la Presidenta Bachelet ha lanzado la Agenda Laboral entendida como un conjunto de iniciativas en materia de trabajo que persiguen varios objetivos: mejorar el empleo, trabajo de calidad, aumentar la participación laboral y mejorar la institucionalidad respectiva.

Uno de los pilares es reformar todo el sistema de negociación colectiva, donde un componente básico es el derecho a huelga, derecho que fue consolidándose en Chile durante décadas del siglo XX y el cual fue fuertemente atrofiado en la reforma laboral impulsada por la dictadura militar, atrofia que no se había asumido ni solucionado hasta la presentación de la Agenda Laboral de la actual gestión.

En efecto, para la Organización Internacional del Trabajo OIT, el derecho de huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los/as trabajadores/as y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. La OIT ha dejado claro que es un derecho, que adopta criterios muy restrictivos para limitarlo en casos excepcionales y su limitación o/y obstrucción corresponde a una práctica antisindical.

En nuestro país, entre los acuerdos del V Congreso Ideológico del PDC, se encuentra la resolución que señala que “es esencial garantizar constitucional y legalmente el derecho efectivo a la huelga, eliminando todo obstáculo que impida el libre ejercicio de la misma, tal como la posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga.”

En el voto político promovido por el Movimiento Refundación PDC planteábamos “un Nuevo Código del Trabajo que considere y garantice la participación de los/as trabajadores/as – públicos y privados – de todos los sectores de la economía nacional en la negociación colectiva […] y la eliminación del remplazo de las y los trabajadores después de 15 días de huelga legal”. Debate planteado permanentemente en las Juntas Nacionales del PDC.

El programa de gobierno de Michelle Bachelet señalaba que las normas laborales sobre la huelga en Chile constituyen un incumplimiento del Convenio OIT n° 87 sobre Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización, ratificado por el Congreso Nacional. Es decir, ha sido un debate presente en distintos frentes políticos.

¿Cómo viene el proyecto de ley del Gobierno de Bachelet en lo referente al derecho efectivo a la huelga?

Sin duda tiene presente las observaciones de la OIT, que cuestiona la legislación chilena, que limita el ejercicio del derecho a huelga entre otros aspectos el reemplazo de los trabajadores en huelga bajo ciertas condiciones.

El proyecto de reforma plantea como objetivo restablecer el equilibrio de las partes (trabajador y empleador) en el proceso de negociación colectiva, reconoce que la legislación chilena contempla una figura que hace ineficaz el derecho de huelga “al otorgar la facultad al empleador de reemplazar a los trabajadores durante el ejercicio de huelga” como asimismo, permitir el “descuelgue” individual.

El proyecto afirma el objetivo de que la huelga sea un instrumento eficaz planteando que “se eliminará la facultad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga” reforma legal que está en concordancia con la última jurisprudencia de la Corte Suprema.

Así el proyecto recoge el principio general planteado por la OIT de prohibir el reemplazo de los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga.

Pero el debate legislativo tendrá que poner especial cuidado en el análisis de las normas que limitan el ejercicio del derecho a huelga. En efecto, el punto a debatir dice relación con los llamados “servicios esenciales” constituyendo la excepción al ejercicio del derecho a huelga.

La determinación que hace el proyecto de ley de las empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga es mucho más amplia que las definiciones de la OIT sobre la materia.

Desglosemos la norma. Mientras la OIT plantea como una de las excepciones al derecho a huelga la de los trabajadores de los servicios esenciales, que en forma estricta, son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, el proyecto de ley plantea que no podrán declarar la huelga los trabajadores – entre otras causales – que atiendan servicios de utilidad pública, que causen grave daño a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Conceptos todos ajenos a los estándares internacionales definidos por la OIT.

La calificación de estos servicios esenciales queda en manos de la autoridad administrativa, pudiendo intervenir hasta el ministerio de Defensa con el ya añejo argumento de que “causen grave daño a la seguridad nacional”, concepto que esperábamos fuera superado en nuestro ordenamiento jurídico. Además, se establece todo un procedimiento que judicializaría dicha calificación. Faltando así a lo señalado por la OIT de que “al tratarse de una excepción del principio general del derecho de huelga, los servicios esenciales respecto de los cuales es posible obtener una derogación total o parcial de ese principio deberían definirse de forma restrictiva”.

Sin duda la Agenda Laboral impulsada por el Gobierno constituye un enorme avance en materia de derecho de huelga, volviéndose a establecer una simetría en la negociación, al proponer un ejercicio efectivo de dicho derecho por parte de los/as trabajadores/as, pero las excepciones planteadas en el proyecto de ley deberán adecuarse a los casos de “los trabajadores de los servicios esenciales en el sentido estricto del término” conforme lo ha señalado majaderamente la OIT.

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05 ene 2015

Casi 2.000 liceos sin agua caliente

En Chile, un total de 1.898 liceos municipales carecen de agua caliente y otros 71 funcionan con letrinas, a 35 años de iniciada la municipalización, según un informe divulgado recientemente por el gobierno.

¿Cómo fue posible este abandono en un país que dice aspirar al desarrollo y que tiene un ingreso per capita de 21.000 dólares?

Esencialmente, porque la municipalización jamás fue un proyecto educativo, si no el simple mecanismo por el cual el Estado se desprendió del gasto directo en educación hacia los sectores pobres y de clase media, unos tres millones de estudiantes.

Miles de archivos secretos de la dictadura militar chilena, que fueron encontrados en 2013, demuestran de hecho que desde un inicio la educación municipal presentó graves déficits financieros, de infraestructura y docencia.

Los militares, pese a estos informes secretos, siguieron adelante con los traspasos de liceos públicos a municipios y sostenedores a “precios módicos” que además dañaron patrimonialmente al Estado, como revelan los oficios secretos del régimen.

En democracia, las elites gobernantes mantuvieron el esquema y el resultado fue el deterioro progresivo de la formación de los estudiantes y de la educación pública en general. Hoy apenas un tercio de la educación es entregada por los municipios. El resto, los privados, el lucro.

En 2011, tras décadas de precariedad y mercantilización en educación, cientos de miles de chilenos salieron a las calles y marcaron un nuevo rumbo a la extensa y aletargada transición chilena.

Entre ellos, una treintena de escolares mantuvieron por semanas una inédita huelga de hambre, en demanda de educación pública, gratuita y de calidad. Gloria Leiva, estudiante de un liceo de Buin sin agua caliente, estuvo 40 días sin comer, en uno de los gestos más dramáticos de esos días.

El gobierno de Michelle Bachelet, en medio del debate por la reforma educacional, anunció que invertirá 64.000 millones de pesos en infraestructura, para resolver los graves déficits que afectan a los 5.300 liceos municipales del país.

Sin embargo, el problema no es sólo la infraestructura, si no cómo la educación es un espacio de integración, convivencia ciudadana y democrática que forme a nuestros futuros ciudadanos.

Sin embargo, en un país de ghettos, con colegios para ricos, gente de clase media y ciudadanos pobres, el sueño de la educación inclusiva aún tiene demasiado camino por recorrer, con muchos interesados aún en defender sus negocios y corporaciones, a 35 años de iniciado uno de los mayores negocios de la historia de Chile.

Un negocio que precarizó la educación de millones de chilenos por décadas y que hoy en pleno siglo XXI mantiene a casi dos mil colegios sin siquiera agua caliente, según cifras oficiales.

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04 ene 2015

La Educación Pública es la tarea fundamental

En la lucha contra la desigualdad, que constituye el desafío esencial del Programa de gobierno, con vistas al avance hacia una sociedad más inclusiva e integradora, el robustecimiento de la Educación Pública emerge cada día como el reto fundamental que tiene ante sí la democracia chilena en su conjunto.

En efecto, los resultados de la reciente PSU, el mecanismo principal que determina el acceso a la Educación Superior, han corroborado un país que tiene un sistema de enseñanza que divide muy profundamente a la comunidad nacional por el volumen de riqueza de cada familia, marcando desde la cuna el destino de chilenas y chilenos.

Se ha confirmado con índices que resultan apabullantes como el tipo de escuela decide el futuro de cada cual; en este caso, determinando que la familia que cuenta con el dinero suficiente para pagar la escolaridad de sus niños en una escuela o liceo perteneciente al ámbito de la Educación particular pagada, tendrá la completa seguridad que sus descendientes correrán con enorme ventaja respecto de aquellos niños que fueron a la enseñanza municipal o particular subvencionada, al no tener sus padres la riqueza requerida para que asistieran a las aulas de quienes si tienen ese poderoso privilegio.

Los números no admiten ninguna duda, los estudiantes que fueron parte del 100% de los puntajes nacionales, provienen en un 74,3% de clases recibidas en un establecimiento particular pagado, luego un estadísticamente muy lejano 13,8% estuvieron en un colegio del sistema público municipalizado, y un aún más esmirriado 11,9% lo hizo en el sector particular subvencionado.

Estos datos son tremendos, ya que indican una concentración de 3 a 1 favorable al que tuvo dinero para pagar convenientemente la educación de los suyos, en relación a la familia que no tuvo esos recursos monetarios. Lo más grave resulta ser que esta tendencia se acentúa cada año, estructurándose una pirámide en cuyo vértice superior se consagra una cúspide de un nivel inédito de chocantes y agresivos privilegios.

En palabras directas, el desarrollo de los talentos en el país está determinado en sus expectativas futuras no por las facultades intelectuales, voluntad, energías y capacidades de los niños y jóvenes, sino que por su origen económico y social.

De permanecer esa base estructural como modelo definitivo en la distribución de las oportunidades, ello vendría a significar que Chile se está condenando a una segregación que pondrá en riesgo su convivencia futura. La razón es simple: la educación particular pagada que es menos del 10% del total de la matrícula genera para sí más de las 3/4 partes de los mejores resultados.

Obviamente, eso es inaceptable debido a que rompe definitivamente el principio de igualdad en las oportunidades que el país es capaz de crear. En consecuencia, hay que actuar con sentido de urgencia, y eso no puede ser otra tarea que la implementación de un potente Plan de fortalecimiento de la Educación Pública.

Este es un desafío país que así lo exige, pues los datos de este año de la PSU indican también que la opción no resulta ser la enseñanza que entregan los colegios particular subvencionados sino que el pilar que supere la segregación es aquella Educación que logre proveer el sistema público, a pesar de todas las dificultades que ha debido enfrentar desde que Pinochet resolvió empequeñecerlo y dividirlo por recomendación de los ideólogos civiles de la dictadura.

La aversión al Estado del neoliberalismo de los años 80, se expresa hoy en estas cifras alarmantes. Incluso más, analizados los mismos resultados ya no por lo alcanzado por los estudiantes, sino que evaluado por el desempeño de los colegios, lo que ocurre es que los diez de mejor índice, son nueve establecimientos del sector particular pagado y sólo uno que no lo es, el Instituto Nacional. Del sector particular subvencionado no hay ninguno. La reforma educacional es una necesidad más que evidente en nuestra patria.

La Educación pública ha sido un factor decisivo de la cohesión social en Chile, ese es el rol que ahora debe recuperar, en el contexto de un sistema mixto de enseñanza en el país, tal como señala el Programa presidencial respaldado por la ciudadanía.

De modo que este año 2015, que acaba de comenzar con tantos vaticinios, debiese constituirse en un momento clave, en el punto de inflexión, aquel en que se aprecie un antes y un después, en el esfuerzo que realice el Estado para robustecer la Educación Pública en Chile.

En esa perspectiva, a fines de enero, tendría que concluir el debate y aprobación legislativa del proyecto de ley que se conoce como “fin al lucro”, con el propósito de resolver los temas allí planteados, que han sido motivo de fuertes controversias, como aquel que el mismo título del proyecto indica, el lucro, más la selección y el llamado financiamiento compartido o copago.

Concluida esa etapa, el proceso de reforma educacional debiese abrir paso al gran debate nacional relativo a la carrera docente para dignificar y potenciar la contribución del profesorado y caminar hacia la creación de una nueva institucionalidad en la Educación Pública, destinada a poner fin a la municipalización y encaminada a sacar el máximo provecho de los recursos que destina el país, a través del Presupuesto Nacional, con miras a esa enseñanza inclusiva, gratuita y de calidad que se necesita en nuestra patria.

Pero la tarea no concluye ahí, el desafío planteado incluye además, abordar el financiamiento y regulación de la Educación Superior, donde se producen prácticas abusivas que tornan prohibitivos los costos para las familias humildes y de clase media.Hay un compromiso de gratuidad que es complementario con cerrar los mecanismos de retiro de utilidades de instituciones que, paradojalmente, no tienen fines de lucro.

En suma, se trata de un proceso de amplísimos alcances que no puede pensarse con el criterio simple que será de “fácil despacho”, así como tampoco su puesta en práctica se resolverá en corto tiempo.

Las reformas de esta naturaleza cubren un amplio espacio de tiempo y deben asumirse con todas las exigencias que tales transformaciones demandan: la participación y la diversidad como valores necesariosde su fortaleza futura.

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