25 ago 2015

Educación, al fin un rayito de luz

Por Carlos Valenzuela
Carlos Valenzuela
Carlos Valenzuela
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El tercer proyecto sobre gratuidad de la Educación Superior del Mineduc ofrece un punto cuerdo. Dice el comunicado “Aseguramiento de la calidad: Mineduc propone un sistema con cuatro puntos esenciales: las instituciones estarán obligadas a acreditarse desde su origen, y las que hoy no están acreditadas tendrán que hacerlo; también deberán cumplir exigencias mínimas de operación en términos cualitativos y cuantitativos; se propone un modelo de acreditación integrada de carreras e instituciones; por último, la composición de la institución acreditadora (actual Comisión Nacional de Acreditación) deberá incluir académicos de destacada trayectoria, seleccionados a través de mecanismos transparentes.”

Si bien siguen criterios mercantiles como “exigencias de operación”, que debe entenderse en la productividad de mercancías educacionales (títulos, servicios, etc.), porque la operacionalidad académica no aparece, se ha agregado la acreditación por “académicos de destacada trayectoria”; esta connotación es folclórica, provinciana y no profesional.

Las comisiones de acreditación tienen que estar constituidas por académicos acreditados en la Carrera Académica Nacional que debe ser formal y competitiva universalmente, con trayectoria transparente en el Escalafón Académico de Chile. Pero, no existe ni carrera ni escalafón académicospor lo que la acreditación no deja de ser un chiste de mal gusto.

Los claustros de las Universidades deben acreditarse por el crédito objetivo y de carrera de sus académicos, constituyendo claustros con jerarquía académica probada, radicados, con permanencias suficientes para realizar, a diario integradamente, las labores de creación crítica y transmisión de cultura universal al más alto nivel en lo intelectual (ciencia, filosofía, reflexión, matemáticas, etc.), estético (arte, literatura, proyección estética sobre todo el quehacer humano, etc.), moral (ética, moral, derecho, humanidades, etc.), espiritual (religiones, ideologías, integraciones de las otras dimensiones, humanidades, etc.), tecnológico (investigación, implementación e instalación).

Continúa la declaración “Nuevo sistema de financiamiento: la propuesta del Mineduc incluye la gratuidad de los estudios de pregrado y el financiamiento a las funciones de investigación y vinculación con el medio” (puras mercantilidades plutogénicas) “Para acceder al financiamiento público las IES deberán ser estatales, o estar constituidas como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, no contar con sociedades comerciales entre los integrantes de esta corporación, y ser propietaria de un porcentaje de los bienes inmuebles de la institución”.

Por fin se reconoce que la gratuidad es propia de lo estatal que es lo que pertenece a todos los chilenos y se hace una separación tajante entre lo estatal que es lo que nos pertenece a todos y puede tener y tiene el control del Estado, con lo privado, que debe rascarse con sus propias uñas y que lucre todo lo que quiera. Entregar dinero, sin el consentimiento de todos los chilenos, a las empresas privadas e incluso transnacionales es un robo al bolsillo y debe terminarse ahora mismo.

Exigimos una nueva constitución en donde el Gobierno, para autorizar el traspaso de fondos del bolsillo de todos los chilenos a las empresas privadas, deba consultar al país a través de sus instancias, si es el Parlamento hay que establecer quórum altísimo.

Para destruir el Estado de Chile la Dictadura Cívico-Militar-Neoliberal autorizó al Presidente de la República hacer estos robos y es así como sacando del financiamiento de la educación pública estatal se los trasladó a subvenciones y financiamiento de las empresas educacionales privadas, bancos y otras.

Después se cometió el descaro (actualizando cara de asiento) de acusar a la educación estatal incluidas las universidades de que no tenían financiamiento ni instalaciones para competir con las empresas privadas a las que el robo al Estado y consecuente transferencia de fondos a ellas, las había instalado y financiado para que desplazaran a las instituciones estatales, a las que casi se había desmantelado (hasta con muertes, exoneraciones, reducciones, exilio, obligación de autofinaciarse mercantilmente, etc.).

Podríamos resumir algo así como, Ud. pretende instalar el socialismo  porque hay muchos partidarios del socialismo en Chile, pero no puede ser, porque yo los maté a casi todos. Es raro e imperdonable que la Concertación, la Alianza y la Nueva Mayoría nunca hayan hablado de la restauración, por justicia ineludible e inevitable, de la cualidad de estatales de las universidades del Estado.

Esto implica, al menos, el pago de los salarios completos de los funcionarios del Estado que trabajan en las Universidades del Estado, por parte del Estado. Esto (financiamiento privado de los funcionarios del Estado) no sucede (directamente) en ninguna parte del mundo y en ninguna otra repartición fiscal chilena.

Se dice financiar la investigación sin especificar el tipo de investigación (no creo que se refieran a la policial, periodística, judicial, administrativa). No parecen saber los legisladores que la investigación científica, filosófica, tecnológica, artística, per se no basta para acreditar a una universidad.

La universidad es una comunidad que crea ciencia, filosofía, arte, tecnología donde las investigaciones son imprescindibles pero no suficientes. Se trata de criticar las fronteras de las matrices disciplinarias, expandirlas, dedicarse a las altas especulaciones estéticas, etc. en equipo, y a diario.

La creación cultural universal no se da en estructuras administrativas ni está sujeta a tiempo ni a espacio; no se controla por relojes de entrada y salida o por libros de firmas. Decían algunos premios nacionales de ciencia: la academia la hacemos nosotros en el casino o en el bar de la esquina; y tuvimos que hacerlo en esas partes cuando nuestra facultad estuvo asediada a diario por los militares, la CNI y la policía. Mendel, Newton, Einstein, Fermat, Pasteur, etc. pensaron en su ocio para resolver enigmas de la humanidad, eso es academia, estas obras grandiosas no producían ni producen dinero.

No seamos sólo varonistas y científicos; estrellas estéticas alumbran el cielo patrio como Lucila Godoy (la Mistral), Clara Solovera, Violeta Parra, Margot Loyola y otras que han hecho academia, incluso fuera de los recintos, tiempos y planillas salariales, que los rígidos formalistas administrativistas, economicistas, exigen por topicidad (de topo no de lugar) mental, para considerar algo como universitario.

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25 ago 2015

El chacal de Nahueltoro

Por Eduardo Contreras
Eduardo Contreras
Eduardo Contreras
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Un  conocido periodista presentó hace pocos días en televisión un reportaje sobre la vida pasión y muerte de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, alias el “Chacal” del pueblo de Nahueltoro, provincia de Ñuble, con ocasión de otro aniversario de su fusilamiento el año 1963 en la Cárcel de Chillán.  El éxito del programa obligó a repetirlo.

Valenzuela Torres, típico personaje de los campos chilenos de la época, permanentemente cesante, entregado a la bebida, analfabeto, absolutamente solitario, sin  familia y sin conciencia, sub alimentado, explotado, no era propiamente una persona humana con conciencia de tal sino más bien el producto de sus extremas condiciones. Inició a comienzos de los 60 una relación con Rosa Rivas, campesina de la zona, viuda y madre de 5 hijos. Los amoríos de Rosa le cuestan su puesto de trabajo en el fundo en que se desempeñaba.

La pareja se va a vivir a un despoblado sector llamado “la isla” en las riberas del río Ñuble. Una noche Jorge del Carmen, completamente borracho y disgustado por la falta de dinero de su pareja para que él pudiera seguir bebiendo, la agrede brutalmente. La mujer intenta resistirse pero Valenzuela termina asesinádola a golpe de guadaña y procede en seguida a dar muerte a cada uno de los 5 hijos. Tapa todos los cadáveres con piedras y huye. Poco después será ubicado en un pequeño boliche de un pueblito cercano y encarcelado.

En prisión aprende a leer y a escribir, come todos los días, hace amistades, bebe leche, frutas, descubre juegos colectivos y hasta va a la cancha de fútbol del penal. Es visitado por el sacerdote Eloy Parra quien le conduce a descubrir la religión, las ideas, el pensamiento social, las costumbres y hasta llega a escribir algunas poesías. Lo más importante : adquiere plena conciencia del horror que él provocó, llora, sufre, desespera. Se arrepiente.

Conocí de cerca el triste episodio y soy testigo de la conversión del Chacal en persona humana. Conocí al personaje, hablé con él varias veces en la sala de abogados del presidio chillanejo y hube de seguir muy cerca aquel proceso. La razón es simple: fue parte fundamental de mi cometido cuando hice mi práctica profesional de 6 meses  en el  Colegio de Abogados de Ñuble siendo egresado de Derecho de la Universidad de Chile, como requisito para optar al título de Abogado.

Corría el año 1962 y mi práctica era controlada por el abogado Reinaldo Poseck Pedreros, quien más tarde se desempeñaría como Secretario Regional del Partido Socialista, lo que habría de costarle que hasta hoy sea uno de tantos centenares de  chilenos detenidos desaparecidos. También se desempeñaba en el Consultorio Jurídico del Colegio la abogada Ena Grossi, a la que a mi regreso del exilio encontré como jueza en Santiago  y de la que no he vuelto a saber.

El eje del programa televisivo del que hablo fue la película de Miguel Littin del mismo nombre. Ese filme en mi opinión es el mejor de la vasta producción de Littin y a la vez es una de las mejores cintas chilenas de todos los tiempos. Tal como explicó el reportaje, tan terrible como el crimen de Valenzuela Torres fue el hecho que, después que la sociedad lo educara y lo transformara en un ser humano propiamente tal, esa misma sociedad – aunque más bien determinados sectores de ella – decidieran fusilarlo, matarlo con la misma impudicia que él había actuado y todo en nombre  de la “seguridad nacional”.

Gobernaba el derechista Jorge Alessandri y era su ministro Enrique Ortuzar, cabeza visible de la campaña por la pena de muerte y que años más tarde habría de formar parte del sector sedicioso contra el gobierno constitucional del presidente Allende. Colaboraron en el triste afán algunos integrantes de la Corte de Chillán de esos años. No descansaron hasta revertir el fallo de primera instancia – que le condenaba a 20 años de cárcel – y que se había logrado gracias al trabajo tesonero de aquellos abogados con los que tuve el honor de hacer mi práctica profesional.

Varios de los sentenciadores de entonces fueron más tarde entusiastas partidarios de la dictadura entronizada en 1973. No fueron los únicos antidemócratas del poder judicial ni mucho menos. No debemos olvidar el entusiasta apoyo de la Corte Suprema al brutal golpe de Estado, no sólo sumándose antes a las ilegales condenas al gobierno legítimo, sino poniéndose después a disposición de los usurpadores del poder. En muchos casos fueron cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad los que no juzgaron o que trataron de ocultar como el caso de una actual Ministra de la Corte Suprema.

El poder judicial pudo y debió salvar muchas vidas humanas y no lo hizo. Tampoco condenó oportunamente a los asesinos.  Todavía más, algunos jueces negaron la existencia del genocidio, otro dijo que eso de los detenidos desaparecidos lo tenían “curco”. Es decir  esta vez simpatizaron con el Chacal principal y con sus muchos chacales.

Porque tras septiembre del 73 sí que el país conoció de asesinos brutales, con o sin uniforme. Horrores inimaginables para todo ser normal ocurrieron a partir del mismo 11 de septiembre de 1973. Torturas y ejecuciones de niños, de ancianos, de mujeres embarazadas, violaciones y abusos sexuales contra mujeres y hombres perpetradas por torturadores o por perros amaestrados al efecto. ¿Es esto propio de seres humanos además pertenecientes a los sectores privilegiados de la sociedad?

Calle Conferencia, Colonia Dignidad, Villa Grimaldi, Caravana de la muerte, Operación Cóndor, los 119, Londres 38, Cuartel Domingo Cañas, Cuartel Simón Bolívar, Caso degollados, Caso quemados vivos, Operación retiro de televisores, etc, etc… son sólo algunos de los centenares de capítulos de la historia del terror desatada por los responsables, civiles y uniformados, chilenos y norteamericanos, de la sedición del 73.  Y no hablamos de asuntos del pasado, sino del presente y del futuro porque resta mucho para sentir que se ha cumplido con las metas de verdad, justicia, memoria y reparación que una democracia real debe cumplir.

Se mantiene el silencio de los culpables. El barco de la muerte, La Esmeralda, sigue navegando por los mares del mundo aun cuando como sucede por estos mismos días siga recibiendo el repudio de los demócratas de los países en que recala y que no olvidan que más de 100 personas sufrieron allí tortura y muerte incluído el sacerdote Miguel Woodward.

Se mantiene igualmente la misma influencia de los medios de comunicación que impulsaron el golpe de Estado y que luego fueron parte de los  montajes para amparar los crímenes

Tampoco podemos olvidar el decreto de amnistía, vigente hasta hoy aunque no se le aplique en los hechos, o la llamada “media prescripción” burdo pretexto supuestamente “jurídico” inventado por los partidarios de la impunidad.

Es cierto que el negativo papel de la judicatura ha sido reconocido por las autoridades judiciales y por magistrados honestos de estos últimos años. Años en que, además, se ha avanzado extraordinariamente en el esclarecimiento y juzgamiento de esos delitos.

Todo lo que en estricto rigor debe reconocerse que ha sido posible gracias en primer lugar a la tenacidad de las agrupaciones de familiares de las víctimas. Su lucha es la que ha logrado que la justicia no caiga sólo sobre aquel modesto campesino vagabundo de Nahueltoro sino también sobre los poderosos del golpismo formados en extranjeras escuelas del terror contra los pueblos.

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25 ago 2015

Ahora las comunidades son escuchadas por el Estado

Por Patricio Herman
Patricio Herman
Patricio Herman
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El 20 de octubre de 2014 la Dirección de Obras de la Municipalidad (DOM) de Providencia aprobó a la Inmobiliaria Parque Tres S.A., filial del Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta, fiscalizada ésta por la Superintendencia de Valores y Seguros, el permiso de edificación Nº 44/14 para que se construyera en el predio de la vía local Constitución Nº 241, barrio Bellavista, un equipamiento de 20 locales comerciales, restaurantes y 149 estacionamientos (sic) cuyo propósito era arrendarlos, cifra aquella que por ser menor a 150 no hace necesario el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).

Posteriormente, mientras ya se iniciaba la construcción, se modificó el proyecto y por arte de magia se aumentaron los estacionamientos a 317 unidades, guarismo que sí exigía un EISTU, el que fue oportunamente aprobado por el Seremi de Transportes. En razón a que el proyecto ya era más voluminoso, se le consideró equipamiento mediano, conforme lo dispone la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), motivo por el cual debía enfrentar obligatoriamente una vialidad de mayor jerarquía que la local Constitución. Pero como era de mal gusto que un funcionario del Estado contradijera a tan influyente actor inmobiliario, la oficina técnica municipal miró para el lado y cursó sin más trámites los permisos.

Los arquitectos del proyecto son de nacionalidad argentina y no sabemos si cuentan con las autorizaciones de rigor para firmar planos y documentos en nuestro país. Al ser extranjeros no tenían por qué conocer al dedillo los marcos regulatorios nacionales y esta podría ser la razón por la cual ellos creían que el lucrativo proyecto del Fondo de Inversión Cimenta se podía emplazar en una vía no idónea. En todo caso, quien sí tenía la obligación de hacer bien su pega fue la arquitecta revisora independiente, la que temerariamente convalidó toda la tramitación administrativa al interior de la DOM de Providencia.

Los vecinos del barrio Bellavista, afectados por las ilegalidades, liderados por la periodista Josefina Vial y por las arquitectas Bárbara Córdoba y María Inés Arribas, conjuntamente con la Fundación Defendamos la Ciudad, a sabiendas que todo el proceso era trucho se lo representaron por escrito al arquitecto titular de la DOM, sin que éste atinara a rectificar.

La experiencia nos indica que el arquitecto que lidera esa oficina técnica municipal se considera autónomo, posiblemente porque lleva infinidad de años ejerciendo el cargo “interpretando” la ley según su parecer. Así las cosas y como la edificación irregular no se paralizaba fue necesario entregar los antecedentes ante la Contraloría General de la República y ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo para que éstos servicios públicos exigieran el cumplimiento de la ley.

En ORD. Nº 3641 del 6 de agosto de 2015 dicho Seremi se dirigió al Director de Obras con copia al Seremi de Transportes, a la Inmobiliaria Parque Tres S.A. filial del Fondo de Inversión Cimenta, a los despistados y cándidos arquitectos del proyecto, a la Fundación Defendamos la Ciudad, a los vecinos denunciantes y a la arquitecta revisora independiente, quien no supo ejercer su delicado rol. En ese oficio se describe una seguidilla de “errores” cometidos por los interesados y funcionarios públicos, concluyéndose que el proyecto inmobiliario que contemplaba una carga de ocupación para 1.944 personas se deberá reducir sustancialmente a uno que considere solo un máximo de 250 personas.

Entre otras cosas, teniéndose en cuenta que los “revisores independientes”, según la legislación ad hoc, son profesionales competentes que verifican e informan a los Directores de Obras que en los proyectos en donde han sido contratados se han cumplido todas las disposiciones legales y reglamentarias, lo que no ocurrió en este caso, a la revisora que intervino en este episodio se le iniciará un procedimiento sancionatorio a la luz de la Ley Nº 20.071 sobre Registro Nacional de Revisores Independientes. Es posible que esta profesional no siga desempeñándose como tal pues también cometió el desaguisado de informar favorablemente un proyecto de equipamiento, conocido como mall en Copiapó, el que, por alta su carga de ocupación, tampoco enfrentaba el tipo de vía exigido en la OGUC.

Asimismo en el mencionado ORD. Nº 3641 se dejó en evidencia que los “equivocados” Certificados de Informaciones Previas necesarios para iniciar el negocio no se ajustaron a derecho, motivo por el cual los mismos no generan derechos adquiridos para el titular de la inversión.

Sobre este asunto, el Seremi le expresó al Director de Obras que “debía rectificarlos manteniendo la fecha de su emisión de manera que tales documentos informen correctamente la clasificación de la calle Constitución, vale decir, como vía local”. No compartimos esta resolución del Seremi porque si esos Certificados de Informaciones Previas se cursaron con “errores” fue para posibilitar la simulación que viabilizaba la operación de construir un equipamiento singular en una vía que no lo acepta. Quien firma esta columna sostiene que estamos ante documentos públicos con información falsa y ya sabemos lo que ello significa.

Es más, el Seremi de Transporte aprobó el Estudio de Impacto Sobre el Transporte Urbano (EISTU) para tal proyecto con unos de esos Certificados “inexactos” y por ello él tendrá que explicar cuál es la razón que sustenta su negativa a invalidar dicho Estudio, atendida cuenta que tiene desde hace tiempo pleno conocimiento del deplorable hecho.

Por otro lado, el Seremi de Vivienda y Urbanismo le expresó al Director de Obras que, como consecuencia de las tantas contravenciones detectadas, tal como lo dice el artículo 15º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), se vio en la necesidad de solicitarle a la Contraloría la instrucción de un sumario administrativo, cuyo resultado, decimos nosotros, se conocerá en unos cuantos años más, cuando las ilegalidades ya estén prescritas.

En resumen, el Seremi de Vivienda y Urbanismo acogió las responsables acusaciones ciudadanas ejerciendo adecuadamente su tarea de supervigilar y fiscalizar a la Dirección de Obras de Providencia, lo que significa la reducción del volumen del edificio y por ello constatamos con satisfacción que están produciendo efectos los llamados de la presidenta Bachelet en tal sentido, lo cual es un positivo avance que destacamos.

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24 ago 2015

Semper fidelis

Por Sergio Velasco
Sergio Velasco
Sergio Velasco
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Todos los sueños se derrumbaron esa fatídica mañana del 11 de septiembre de 1973. La casa de Gobierno era bombardeada  por aviones de la Fuerza Aérea, sin escrúpulo alguno.Los golpistas civiles y militares derrocaron por la fuerza de las armas, al Mandatario electo constitucionalmente.

El presidente Salvador  Allende, se suicida, no sin antes de mandar un histórico discurso, de despedida, al pueblo que quiso servir, pero que jamás se lo permitieron desde el primer día que asume su mandato.

Chile fue otro. Una larga noche oscura cubrió el territorio nacional. Los hechos que acontecieron, nadie, absolutamente nadie pudo imaginarlo, en su intensidad y crueldad. A partir desde ese instante, la delación, persecución, detención y exterminio fue pan nuestro de todos los días.

Manuel Contreras Sepúlveda, el Coronel Director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, es nombrado a cargo de las fuerzas armadas combinadas de la Dirección de Inteligencia Nacional  (DINA) con dependencia directa al capitán general Augusto Pinochet Ugarte.

Asume como  Gobernador de facto  de  San Antonio, convirtiéndolo  en un laboratorio experimental para sus horrorosos crímenes. El recinto  de Tejas Verdes  en una cárcel de presos políticos y las cabañas de veraneo de los trabajadores de la CUT, de la comuna de Santo Domingo en la Escuela de Adiestramiento para los funcionarios  militares y civiles  de la recién creada organización de agentes represivos del Estado.

El puño de hierro símbolo de su crueldad, inicia su periplo, en contra de los dirigentes marítimos –portuarios, todos fueron brutalmente asesinados a mansalva, acribillados por la espalda, sin juicio alguno, ni derecho a defensa.

El monstruo crecía con cabeza y tentáculos en todas partes, su poder era omnímodo, nadie estaba, ni se atrevía estar frente a él.  Su capacidad destructiva atemorizaba hasta sus propios compañeros y colegas, los que no osaban  oponerse a sus demandas,  por órdenes del Dictador.

Caballo Loco, despectivamente lo motejaron  los oficiales superiores. Todo aquel que le hiciera sombra a su Jefe máximo, corría la peor de las suertes, el caso más emblemático fue la del general Oscar Bonilla, quien muere “accidentalmente”  en la caída de su helicóptero. Este hecho como otros aún no se esclarece. Un manto de duda y olvido cubre este alevoso crimen.

Mamo, le decían el estrecho círculos de amigos. Empresarios y comerciantes que financiaban sus temibles salidas a terreno. El ex cónsul honorario de España, era el tesorero que firmaba los cheques para cancelar  las fechorías  y misiones que ordenaba el temible director de la DINA.

Cuando el dinero era insuficiente, porque las misiones eran en el extranjero, Ricardo Claro  de la naviera Sud Americana  aportaba gruesa sumas de dinero. Así fue como los recursos nunca le faltaron, para asesinar a Orlando Letelier en Washington DC;  a su profesor y Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats y Sofía  Cuthbert en Argentina y el atentado criminal al ex Vice-Presidente de la Nación Bernardo Leigthon  y Anita Fresno, en Italia que casi le cuesta la vida.

Todos estos asesinos confesos después de cumplir sus letales misiones eran premiados. Las  vacaciones las pasaban en el Hotel Bahía, del balneario de Cartagena. Fue común ver pasear a Michael  Townley y Mariana Callejas, junto a sus equipo, del crimen organizado descansando a cuerpo de rey.

Capítulo aparte es el caso del químico Eugenio Berrios, a cargo del proyecto Andrea, quien fabricaba gas sarín, utilizado para asesinar al ex presidente Eduardo  Frei Montalva, internado en la Clínica Santa María, para asegurar su silencio lo matan en la playa “El Pinar” cercana a Montevideo-Uruguay.

Semper Fidelis, era el juramento de honor  que  los militares y funcionarios civiles adscritos a la DINA  y su posterior heredera la CNI, que deberían tener con el Ejército.  El coronel en esta materia fue inflexible. La lealtad  era consustancial a la adoración  servil que se le debía  a Pinochet, para que, “ninguna hoja se moviera sin  que el Dictador lo supiera.”

Manuel Contreras, muere solo, triste y abandonado por sus camaradas de armas, tras una larga agonía, en el Hospital Militar,  llevándose consigo una enorme valiosa información de muertos y desaparecidos.

Esa que ocultan tras el pacto de silencio, que aún mantiene en secreto los militares cómplices, de reiteradas violaciones a los derechos humanos. Una marca de sangre que no podrán borrar fácilmente.

La muerte de Manuel Contreras  permitirá que  los hombres de las Fuerzas Armadas se atrevan a declaran ante la justicia sin temor, se conozca toda la verdad, nada más que la verdad. Así el pundonor militar volverá a reinar, en las filas de Oficiales y tropa de la Nación.

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24 ago 2015

Acompañamiento versus aborto

Por Paula Sáez
Paula Sáez
Paula Sáez
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Desde los sectores conservadores, la principal crítica que ha recibido el proyecto de ley presentado por la Presidenta Bachelet por la despenalización del aborto, se sostiene en que esta iniciativa no se enmarca dentro de una política de fortalecimiento de la maternidad. Esta crítica no es casual, responde a una estrategia utilizada mundialmente por los sectores partidarios de la ilegalidad del aborto para descentrar la discusión.

Lo que busca el proyecto de ley chileno, es otorgar a la mujer que vive una situación respecto a su embarazo considerada en extremo delicada, la autonomía para ejercer su derecho a decidir, libre e informada, sobre continuar o no de la gestación.

Esta decisión, deberá respetar, por un lado, las tres causales delimitadas por el proyecto (inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre y violación) y los plazos límites explicitados.

Es decir, el proyecto presentado pone su mirada en otorgar a la mujer el derecho de decidir en esas situaciones y hacerse cargo –con todos los recursos necesarios- de otorgar las condiciones de atención y cuidado que la mujer requiera, ya sea decida continuar su embarazo o ponerle término.

Hasta aquí el proyecto del Gobierno. Énfasis en hacerse cargo de una parte de la realidad de las mujeres que las expone a condiciones potenciales de sufrimiento que pueden transformarse en  situaciones concretas de violación de derechos humanos. Toda mujer que curse un embarazo en estas condiciones, que no pueda decidir libre y de manera informada si continuarlo o no, que no pueda recibir las atenciones de salud integral que la modernidad le puede propiciar y que corra riesgo de ser encarcelada por poner término a esta situación de sufrimiento, es una mujer en situación de violación de derechos humanos.

Razón de ello han sido los reiterados llamados que ha recibido el Estado de Chile por parte de los organismos internacionales de derechos humanos para poner término a la penalización total del aborto.

Los sectores partidarios de la ilegalidad del aborto, han volcado su campaña descentrando el debate sobre la propuesta de ley del Gobierno, poniendo la mirada en el acto de aborto antes que en la mujer, prescindiendo de ella. Este cambio no es menor porque transforma una discusión sobre derechos de la mujer y consideraciones de salud pública en un debate valórico (e injusto, me permito agregar).

Valórico, pues pone la discusión en las distintas concepciones sobre lo que concebimos como los orígenes de la vida, el reconocimiento de la persona, la existencia del alma, la defensa de la vida. Injusta, pues hace aparecer a algunos defendiendo la vida y a otros contraviniéndola al punto de ser considerados criminales. Nada más lejos de esta discusión, nada más injusto con las mujeres, nada más injusto y simplón para la dimensión compleja de lo que estamos discutiendo.

Así asistimos a lo propuesto por parte de la DC y otros sectores, donde se explicita como crítica que este proyecto “daría mucho énfasis a la autonomía y capacidad de decisión de la mujer y no resguardaría el derecho a la vida del feto ni  fortalecería la maternidad”. Es decir, para estos sectores conservadores (dentro de la Nueva Mayoría y fuera de ella) un Estado debe garantizar que las mujeres que se embarazan lleven a término sus embarazos a todo evento, así (el hijo) “… no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte” (en palabras del ex senador UDI Jaime Guzmán)

Como el objetivo último es ese, aquel expresado de manera clara, precisa y sin eufemismos por el constituyente Jaime Guzmán, es que se promueve un Programa de Acompañamiento orientado al fortalecimiento de la maternidad, que asegure la posibilidad de que las mujeres continúen con sus embarazos. De lo que aquí hablamos es de programas con un claro fin disuasivo. Basta leer las propuestas y contrarrestarlas con experiencias similares en otros países. Una vez abierto el debate centrado en ellas y que sean de público conocimiento, podremos comentar en detalle sus límites y posibilidades.

Mientras tanto, el punto es ¿un Estado debe generar una ley para otorgar y garantizar derechos a sus ciudadanas o debe promulgar leyes que, junto con lo primero, la disuadan de ejercerlos? Es un aspecto complejo ya que, en una primera lectura, un Programa de Acompañamiento aparece como una propuesta razonable. Y lo es.

Razonable y necesario, siempre y cuando se mantenga centrada en la entrega de todos los apoyos requeridos voluntaria y explícitamente por las mujeres. Porque  no da lo mismo la manera en que definamos el acompañamiento. El acompañamiento debe ser garantizado, pero nunca, bajo ningún pretexto, impuesto. Es básico en toda noción moderna de respeto a los derechos de los pacientes así como de cualquier concepción de lo terapéutico.

Cualquier iniciativa de estas características debe estar centrada en la voluntad de la mujer de querer participar en el y en el derecho de poder dejar de hacerlo cuando ella lo decida.

Este debate sobre la despenalización del aborto nos  devela, más que nunca, cómo nuestra sociedad concibe a las mujeres. Y nos concibe tal y como el ex senador Guzmán nos retaba y retrataba. Y, al menos a mí, no es una concepción que me refleje.

Ya es hora de que dejemos de pensar (y pensarnos) a las mujeres como sujetos sin discernimiento y sin capacidad de elección. Debemos, a su vez, dejar de concebirlas (y concebirnos) como objeto público necesario para la reproducción, como seres que deben realizar actos heroicos y brutales, impuestos por ley, sólo para garantizar la sobrevivencia de la especie.

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24 ago 2015

Presupuesto educación 2016

Por Manuel Riesco
Manuel Riesco
Manuel Riesco
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La Presidenta de la República ha fijado con claridad la posición del gobierno respecto al presupuesto de educación superior 2016 que, con creces, reasignará a financiamiento basal, las partidas de créditos y becas que hoy perciben las instituciones de educación superior de alta calidad que opten por entrar de inmediato al régimen de gratuidad.

Ello es muy ventajoso para dichas instituciones, las que además de contar con financiamiento estable dejarán de avalar el CAE, y por cierto para los estudiantes y familias que dejarán de pagar aranceles en lugar de contraer créditos y gabelas asociadas a las becas. No perjudica a ninguno de los actuales receptores de apoyos estatales, en otras instituciones acreditadas que no entren todavía al esquema de gratuidad, los que continuarán igual que hasta ahora.

Esta decisión del gobierno pone en evidencia que el nivel actual de financiamiento público en créditos y becas equivale al 50 por ciento de los ingresos por aranceles de todas las instituciones de educación superior. Ello demuestra que se puede avanzar rápidamente hacia la gratuidad total, bajo un esquema de financiamiento directo a las instituciones de calidad, sin fines de lucro, que no discriminen por ningún concepto y aseguren participación triestamental.

Así se hace en todos los países del mundo, con la excepción de Chile, único país en que se ha pretendido con fanatismo e interés mezquino, imponer por la fuerza, desde el Estado, la compraventa de educación como una mercancía cualquiera, lo que ha fracasado rotundamente.

Esta propuesta es un enorme avance, concreto, inmediato, que permite sumar fuerzas con amplitud y que, al desmercantilizar, apunta certeramente en la dirección precisa para la reconstrucción del sistema nacional de educación pública, gratuita y de calidad.

Debe ser apoyada decididamente, sin vacilaciones ni pruritos puristas o corporativos, y menos pataletas y zancadillas personalistas que buscan defender con dientes y muelas el nefasto esquema privatizador del llamado “subsidio a la demanda”. Ciertamente debe ser apoyada con disciplina por todos los parlamentarios de la coalición de gobierno pero asimismo, activamente, por todos los partidarios de la reforma educacional, que constituyen una mayoría aplastante de los estudiantes, académicos y la ciudadanía del país.

Al resumir los acuerdos del reciente cónclave de Nueva Mayoría, en presencia de todos los jefes de partido, parlamentarios y dirigentes de la coalición, la Presidenta Michelle Bachelet definió del siguiente modo la “hoja de ruta” de la principal iniciativa del gobierno.

“La reforma a la educación va a seguir su marcha con las mejoras que vamos a introducir al Proyecto de Desarrollo Profesional Docente y luego va a continuar con el proyecto que crea el Servicio Nacional de Educación Pública, que va a tener una puesta en marcha gradual, que se va a iniciar en las comunas que tengan escuelas públicas más necesitadas. En el Presupuesto de este año, que se presentará en ese mismo período, vamos a presentar un proyecto para que la gratuidad en la educación superior empiece el año próximo, incluso antes que el proyecto de ley entero de educación superior esté aprobado. Hemos definido que lo que vamos a mandar al Parlamento dentro del Presupuesto de la República permita que a partir del próximo año, el 50 por ciento más vulnerable de los estudiantes que asiste a las universidades del Cruch, pero también a universidades privadas que cumplan ciertos criterios, puedan ser beneficiados con esta gratuidad”.

Esta forma clara y decidida de plantear las cosas es acertada, despeja el camino y amerita un apoyo activo de todos. La creación del Servicio Nacional de Educación Pública, con la misión sencilla de instalar en breve plazo una escuela y liceo público, gratuito y de calidad, en cada barrio y cada pueblo, empezando por las comunas más necesitados y avanzando gradualmente en la medida de las disponibilidades presupuestarias hasta cubrir todo el territorio, es justamente la clave de la reforma en el nivel básico y medio.

Hay que avanzar sin destruir nada, sino incorporando al nuevo sistema a todos los colegios hoy municipales pero también a los mejores particulares subvencionados cuyas comunidades opten democráticamente por dar este paso trascendental. Todos financiados  adecuadamente, de modo estable, en forma directa, por el presupuesto fiscal, terminando con los tristemente célebres “vouchers”, inventados por Friedman para mercantilizar la educación y que al parecer siguen encantando a más de uno por acá.

No se puede seguir haciendo experimentos con la educación de los niños, ahora con extraños entes “desmunicipalizados”, sino repetir la hazaña que el país logró en el siglo veinte bajo la conducción de gobiernos de todos los colores políticos, con la ventaja de poder incorporar ahora al nuevo sistema público a muchísimas y magníficas escuelas subvencionadas que, junto a las hoy municipales, permiten cubrir en breve tiempo todo el territorio.

Los recursos adicionales requeridos son mucho menores que los esgrimidos por los enemigos de la reforma. En el nivel básico y medio, la mayor parte del gasto ya se está desembolsando en forma de “subvención por alumno”.

En el caso de la educación superior, la propuesta CENDA-ICAL que proponía iniciar con el presupuesto del año 2015 un cambio muy parecido al que la Presidenta ha planteado para el 2016, se muestra que el actual gasto fiscal en becas y créditos destinados a ese nivel educacional equivale a la mitad de los ingresos totales en aranceles de todo el sistema, y por lo tanto re destinar esas partidas a financiamiento basal permitiría lograr la gratuidad del 50 por ciento en un año, sin gastar un peso adicional.

En efecto, todas las universidades, estatales, CRUCH y privadas, además de todos los institutos profesionales y centros de formación técnica, suman ingresos de poco más de tres billones de pesos anuales, según sus propios balances publicados por el SIES.

De ese total, poco más de dos billones corresponden a ingresos por aranceles, de los cuales el Estado financia más de un billón en forma de becas y créditos, la mitad de esa cifra en forma de créditos con aval del Estado, el infausto CAE y el otro billón de aranceles lo pagan las familias de su bolsillo. El billón de pesos restante de ingresos corresponde a aportes directos, venta de servicios y otros, y el Estado financia aproximadamente la tercera parte del mismo.

Estas cifras desmienten categóricamente a los enemigos de la reforma que majaderamente se desgañitan por la prensa y entrometen en comisiones parlamentarias aunque no les correspondan, diciendo que no hay plata para realizarla.

El planteamiento del gobierno formulado por la Presidenta define un camino que se eleva por encima de visiones con rasgos corporativos que no ayudan, puesto que anteponen intereses particulares más bien estrechos por encima del interés general, enfrentando unas  instituciones con otras en lugar de conformar un frente común en apoyo de la reforma que beneficia a todas y no excluye a nadie.

Las universidades estatales —reforzadas por las recientemente creadas, lo que debe valorarse en su justa dimensión— obviamente deben llevar la delantera en el avance a la gratuidad puesto que pertenecen al Estado.

Sin embargo, sin duda requieren una cirugía mayor, que las desmercantilice sus actividades académicas y ordene a todas las instituciones existentes, racionalizando y fusionando con las principales a otras más pequeñas que viven un estado de penuria permanente, empezando desde luego por la reincorporación con honores del antiguo Instituto Pedagógico, hoy UMCE, a la Universidad de Chile de la cual fuera expulsado por la dictadura.

Del mismo modo, las universidades estatales deben absorber a las privadas que están en falencia y otras que sobreviven a duras penas. Para todo ello hay que disponer los recursos necesarios y ésta es la vía principal por la cual las universidades estatales pueden en pocos años duplicar su disminuido peso actual el sistema.

Sin embargo, restringir el sistema público sólo  a las  estatales dejaría al margen a la mayoría del sistema universitario actual, lo que resulta tan absurdo como reducir el sistema público a  solo los colegios municipales en los niveles básico y medio. Tampoco en esto hay que inventar nada nuevo, sino repetir la estrategia que en la reforma de los años 1960 transformó a las actuales universidades particulares del CRUCH en los hechos en parte del sistema público: pasarlas al presupuesto a cambio de gratuidad. Hay que hacer lo mismo hoy con todas las universidades privadas de calidad muy bien acreditada, sin fines de lucro, que no discriminen por ningún concepto.

En el nivel superior técnico y profesional es indispensable plantearse cuanto antes la devolución al Estado de INACAP, institución que fuera apropiada por sus directivos sin pago alguno en la hora undécima de la dictadura de Pinochet.

Esta medida, junto a la acertada propuesta gubernamental de crear un CFT público por cada región, junto al paso al presupuesto de las mejores instituciones privadas sin fines de lucro y gobierno participativo, permitirán encaminar el asunto en ese nivel.

A todas las instituciones que ingresen al así reconstruido sistema público, es necesario exigirles que garanticen las condiciones exigidas para ello, mediante formas de gobierno interno democrático con participación triestamental.

De este modo, en la reforma de los años 1960, en solo cinco años el sistema universitario duplicó su matrícula, triplicó sus sedes, quintuplicó sus académicos a jornada completa, se modernizó estableciendo el sistema de créditos y una organización por departamentos para favorecer la investigación científica, y se hizo enteramente gratuito.

Bajo la dirección esclarecida de sus grandes rectores democráticamente elegidos por los tres estamentos, Don Enrique Kirberg, Don Edgardo Enríquez y Don Fernando Castillo Velasco, asumieron la consigna de Don Andrés Bello: Una Educación cuyo único norte sea Chile y su pueblo.

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24 ago 2015

Educación financiera ¿en cuál Chile te tocó vivir?

Por Nicolás Preuss Herrera
Nicolás Preuss Herrera
Nicolás Preuss Herrera
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Vivo en el Chile donde 4 de cada 10 jóvenes ya están endeudados con algún banco, casa comercial o similar, debiendo en promedio $400.000. Donde 3 de cada 4 jóvenes no tienen idea en que consiste un producto financiero  y para rematar las malas noticias, en donde 3 de cada 5 no son capaces de identificar cuál es el crédito que tiene un costo final menor para ellos.

Pero también vivo en el Chile en donde los jóvenes marchan por meses, eligen diputados jóvenes y sueñan con una educación pública y gratuita para los que vienen.

Muchas personas podrían plantear la afirmación, “pero de amor no vive el hombre, y que muchas veces la lucha por ideas justas no paga las cuentas a fin de mes”.

En la práctica, y según los resultados del último estudio de SERNAC sobre el comportamiento y conocimiento de los jóvenes pertenecientes a Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), sobre educación financiera, el Chile de ellos indica que 4 de cada 10 es poseedor de una deuda financiera, de los cuales un 70% de éstos están endeudados en millones de pesos por créditos estudiantiles y casas comerciales.

Las cifras no sólo deben preocuparnos por el escaso manejo financiero de la juventud chilena a la hora de tomar decisiones, sino que también por la evidente facilidad con la que hoy instituciones financieras logran llegar a nuestros jóvenes.

Y aunque algunos levanten la voz sobre supuestas “libertades” para que cada persona pueda decidir sobre sus deudas, la verdad es que no pueden existir estas  acciones si nuestros jóvenes no identifican el efecto que una deuda de arrastre va a generar en su vida, ya que vivimos en el Chile donde quienes toman mejores decisiones, son aquellos que mejor se han preparado para asumir dichas responsabilidades.

Pero la preocupación es aún mayor, cuando justamente quienes deben educar a nuestra juventud, son quienes hoy deciden hacer vista gorda al endeudamiento de los jóvenes. Las instituciones de educación superior son quienes deben resguardar, como casas de estudios y a través del conocimiento que imparten, que nuestros jóvenes no contraigan deudas que no podrán pagar y que a futuro pueden acarrear problemas para ellos y sus familias.

Es inaceptable que una Tarjeta Estudiantil que es utilizada para sacar libros de la biblioteca, ir al casino o incluso ingresar a los campus, esté ligada a un banco o casa comercial. Esto se agrava, ya que si te niegas a tener este documento y no activas el producto comercial, igualmente recibes llamadas y correos electrónicos con tentadoras ofertas.

Imagino que la necesidad de exclusividad de los bancos a las universidades, institutos o centros de formación técnica se reflejará en aportes o costos de administración menores para dichas instituciones de educación superior.

Quiero que sepan que este Chile no es en dónde quiero que vivan mis hijos.Y tú ¿en cuál Chile quieres que vivan tus hijos?

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23 ago 2015

Balbontín, mis recuerdos en su partida

Por Jaime Hales
Jaime Hales
Jaime Hales
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Ignacio Balbontín ha muerto. Y empiezan a surgir palabras de homenaje. Yo solo quiero recordar algunas anécdotas y circunstancias que me tocó conocer de él.

En 1963, cuando yo solo tenía 15 años, acompañé a mi padre al acto de presentación de “La convención del Pueblo”, un órgano creado para potenciar el trabajo en la campaña de Frei. Ese día hablaron Carlos Montero e Ignacio Balbontín, estudiante de Derecho y de Sociología, con fama de inteligente, agudo y facilidad en el discurso, presidente del Frente Nacional de Juventudes, que reunía a todas las juventudes de partidos e independientes que apoyaban al candidato DC.

El habló, en un discurso encendido, culto, inteligente y de fácil comprensión, incluso para jóvenes como yo. A mi lado estaba una muchacha delgada y muy hermosa, que miraba a Ignacio embelesada. Le hablé. “Ese que habla es muy inteligente, estudia dos carreras. ¿Quieres conocerlo?” Ella sonrió y seguía escuchando. Falda a la rodilla (¿puede haber sido escocesa?), chaleco verde, ojos brillantes. Cuando terminó el discurso ella me dijo: “Soy su polola” y lo fue a abrazar. Era Sofía Lecaros, hoy su viuda.

Me tocó estar con él muchas veces, durante esa campaña y luego le perdí la pista. Hasta cuando en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile se incorporó el ramo de Sociología. Él estaba pintado para eso, pero comenzó una tensa e intensa negociación, porque la izquierda tenía muchos sociólogos y algunos DC que se habían ido a la Izquierda Cristiana reclamaban mejores derechos. Finalmente quedó como parte del equipo de profesores.En ese tiempo, breve y lleno de urgencias, tuvimos alguna relación. Su posición era de gran solidez doctrinaria y de aguda mirada sobre la realidad. Crítico duro de la UP, era más crítico de la derecha y creía en la necesidad de una salida política.

Pero vino el golpe de Estado y de inmediato, arriesgando todo, se puso en contra. No tenía nada que ganar y mucho que perder. Pero Ignacio no sacaba esas cuentas, pues creía firmemente en sus principios doctrinarios y estaba convencido de la necesidad de luchar contra la dictadura que nacía. Mientras algunos éramos, como él, opositores, otros sostuvieron esa curiosa tesis de la “independencia crítica y activa”.

Tantas luchas dadas con Ignacio y otros amigos en esos años. Una de las que más recuerdo fue la creación de la Revista UMBRAL, que era impresa en mimeógrafo y distribuida a mano, con artículos que firmábamos con seudónimo. Nacho me llamó para ir a buscar ejemplares del primer número a su casa (no salieron muchos números más), los que debía distribuir. Me contó la aventura vivida esa tarde (me parece que era un viernes) cuando venían con la camioneta cargada con todos los ejemplares y en plena Plaza Baquedano se paró el motor, generando una importante congestión. A los minutos aparecieron los carabineros que… ayudaron a empujar la camioneta y a conseguir que fuera reparada para continuar el viaje. Iba Ignacio con dos personas de la imprenta. Estaban muertos de miedo de que pudieran llegar los de la DINA, cuya sede quedaba a un par de cuadras o que algún carabinero mirara lo que había en la camioneta. Nada de eso pasó.

No olvido la vez que Ignacio me llamó a su casa parta preguntarme si quería trabajar de planta en la Vicaría de la Solidaridad de donde era abogado colaborador externo. Me dijo que había hecho gestiones para que se contratara a un abogado DC. Le dije que sí y él estaba convencido de que en cosa de días me llamarían. Sus ilusiones eran poderosas. Nunca fui contratado.

La Revista ANÁLISIS fue otra gran aventura en la que estuvimos involucrados, corriendo siempre muchos riesgos en la estrategia de avanzar en la unidad de todos los opositores.Pasamos muchos años en esa tarea y creo que fue precisamente el desenlace lo que nos distanció, pues Nacho y otras personas “compraron” la revista que luego fue cerrada. Cada vez nos vimos menos, pues quedé resentido con ello y confieso que nunca entendí exactamente qué pasó. Tengo conjeturas, pero no certezas.Yo me alejé de su grupo.

¡Cómo no recordar la lucha contra el exilio! Un trabajo enorme que realizamos con Ignacio a la cabeza, más Andrés Aylwin, Belisario Velasco, Wilna Saavedra y otros camaradas, que culminó con logros relevantes.

O el esfuerzo unitario de 1982, después de la muerte de Frei, para evitar que el grupo encabezado por Orrego tomara la conducción del Partido que estaba en manos de Tomás Reyes. Ignacio fue importante en la articulación del acuerdo que permitió a Gabriel Valdés asumir la presidencia del PDC, aunque una vez más vivimos juntos la triste experiencia de ver cómo “los nuestros”, al llegar a las alturas, se olvidaban de los compromisos adquiridos y de los proyectos tantas veces proclamados. Se prefería el pacto con los otros que relevar a los que habían hecho posible el acceso a la presidencia del PDC.

¿En qué andábamos cuando enfermó y luego murió su madre? No sé, pero eran operaciones semi clandestinas y él portaba su pena en medio del entusiasmo de luchar contra la dictadura y por la democracia. Y lo acompañamos. Recuerdo caminatas desde y hacia un centro de salud hablando de política y de la pena de la partida de la madre.

Y entre los hechos jocosos, no puedo olvidar aquel día, puede haber sido 1988 o después incluso, cuando estando en una celebración por los varios miles de ejemplares los “Zarpazos del Puma” (un aburrido acto en el CESOC en el que habló sólo Julio Silva Solar), a Gabriela Riutort se le ocurrió, siendo las 8 de la noche, que fuéramos a bailar. Todos dijeron que sí, pero finalmente Nacho y yo nos vimos acarreados por siete mujeres (Gabriela, Patricia Verdugo, Ana María Palma, creo que Clarisa Hardy o Mónica González, entre otras). Subimos al segundo piso de Las Brujas y bailábamos “todos con todos”. Nos reímos mucho y a las 10 de la noche abandonamos el recinto para ir a nuestras casas.

Era la alegría de vivir que estaba en medio de las luchas, esas ganas de convertir cada acto doloroso de tiempos de la dictadura en una luz alegre que anunciara y no se bastara con la denuncia. Él tenía sueños, tenía pasión por la vida. Tenía esperanzas, pese a las realidades tan difíciles que le tocó vivir.

Como por ejemplo aquella inundación del Mapocho, cuando su casa quedó convertida en un ruinoso recinto lleno de barro. Fui a su casa y estuve colaborando un fin de semana entero a sacar barro. Y mientras hacíamos eso, él me relataba entre risas todo lo terrible y aterrador que había sido aquello, especialmente cuando se dio cuenta que uno de los vecinos quería derribar una pandereta que lo separaba de su casa, con lo que la residencia de los Balbontín habría sido completamente arrasada por las aguas acumuladas.

Ignacio tuvo en su esposa, Sofía Lecaros, a una compañera ejemplar. De temple extraordinario, gran profesional de la psicología, cariñosa, criteriosa, prudente, con sentido de autoridad, ella fue parte fundamental que Nacho no se perdiera en idealismos inútiles sino que se asentara en proyectos más realistas. Ella fue un pilar sólido para que él pudiera volar.

Da pena la partida Ignacio. Aunque nos veíamos poco, él estaba. Fuimos tomando opciones distintas en la DC y caminos diferentes en la vida. Pero el cariño surgido en la batalla no cejó nunca. Ya no estará allí, a tiro de teléfono. Ya no habrá discusiones políticas con su inteligencia. Ya no podré reclamarle como lo hice. Lamento no haber estado cerca suyo en los momentos dolorosos de su enfermedad. Lo supe tarde, no me di el tiempo, no supe cuan cerca estaba del desenlace.

Queda su recuerdo, su ejemplo, su testimonio.

Personas como él harán falta en estos tiempos críticos, cuando la enseñanza a los jóvenes se centra en la eficacia y la competencia, el materialismo y el triunfalismo. Ignacio Balbontín no se movía para las ganancias inmediatas, sino para alcanzar el sueño, construir la sociedad que no existe, hacer realidad los proyectos de una sociedad sustentada en los grandes valores cristianos.

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23 ago 2015

No tuvo ni funeral

Por Camilo Escalona
Camilo Escalona
Camilo Escalona
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Al morir el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, condenado a más de 520 años de cárcel y procesos en curso que las elevaban a más de mil, Chile se ve ante una pregunta que, probablemente, este en la reflexión social por muchos años, se refiere a cuánta verdad y justicia se ha logrado ante el ejercicio institucional del terrorismo de Estado y a las crueles violaciones de los derechos humanos que le son inseparables.

Sin saber el destino de los detenidos desaparecidos e ignorarse el nombre de una parte de los que quitaron la vida a los ejecutados políticos y que fueron criminales y torturadores, un sector de opinión cree que en Chile impera la impunidad y que los grados de verdad y justicia son marginales o que no llegan a un mínimo aceptable. De allí surge un sordo malestar con Chile y con la democracia que se ha reconstruido.

El fruto de las investigaciones y sentencias de los tribunales de justicia y de otras iniciativas, tales como la Comisión sobre Verdad, Justicia y Reconciliación que entregó el Informe Rettig, así como el trabajo de la Comisión sobre Prisión política y Tortura que estructuró el Informe Valech, señalan que una mirada tan negativa no se corresponde con lo que, efectivamente, ha acontecido en este tema fundamental para la ética política y social en el país.

En efecto, el Informe Rettig dio a Chile una verdad histórica definitiva, el ejercicio del terror por agentes del Estado, protegidos y cubiertos desde el mismo, en contra de personas indefensas, fue una práctica habitual, sistemática y persistente baja la dictadura, cuyo jefe Augusto Pinochet, dispuso de todo el poder, político y militar, a la vez que contó con la vergonzosa anuencia del sistema judicial de la época.

Hasta el Informe Rettig los partidarios  del régimen, se escudaban en la repulsiva excusa de que hechos tan deleznables habían sido “excesos”, parte de la falaz guerra interna con que tantos aliviaron la conciencia;  o en la versión más canallesca, que fueron enfrentamientos entre los mismos “extremistas”.

Asimismo, la Comisión Valech pudo reunir el testimonio de más de treinta mil víctimas de la prisión política y tortura, en una recopilación terrible y tremenda de la experiencia más trágica de la historia de Chile, en que se empleó el aparato institucional para practicar los tratos más crueles e inhumanos, abolir la dignidad del ser humano y abusar de la sumisión impuesta al país, con tales viles y humillantes métodos.

El Informe Rettig fue elaborado en un esfuerzo titánico, en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, a lo largo de nueve meses, entre los años 1990 y 1991; el Informe Valech, es de los años 2003 y 2004, siendo Presidente  Ricardo Lagos, en este caso la Comisión siguió trabajando y recibiendo testimonios hasta el 2009, presidida por Maria Luisa Sepúlveda.

Esta tesonera labor desmiente completamente la idea que propagan ciertos sectores, en el sentido que las autoridades civiles se habrían involucrado en un supuesto “pacto de silencio”, que escamoteara la verdad y la Justicia. Cada uno de los pasos que se logró materializar fue abriendo camino y ensanchando los límites de lo posible.

Hay quienes motivados por el afán de desconocer los hechos, tratan de presentar como una misma cosa las complicidades de los culpables de crímenes de lesa humanidad, que sí se hicieron parte de conductas tendientes a ocultar la verdad y ampararse en mafiosos pactos de silencio, con el esfuerzo de la justicia  y las fuerzas civiles que se estrelló con esas conductas y no pudo avanzar, tanto como era necesario para alcanzar una justicia plena.

Tal situación quedó planteada en el caso de Pinochet. Amparado primero en los enclaves autoritarios y luego de su reclusión en Londres, bajo la declaración médica de “demente”, el que fuera cabeza del régimen criminal consiguió eludir la acción de la Justicia.

No obstante, los esfuerzos en los Tribunales, estimulados por las demandas de las organizaciones de derechos humanos, realizados en el marco del restablecimiento de la institucionalidad democrática, llevaron a que el Poder Judicial con otra doctrina, comenzara a aplicar el Derecho Internacional Humanitario, y más de un centenar de efectivos, incluyendo más de una decena de generales (R), autores de crímenes de lesa humanidad, fueran encarcelados.

Las sanciones de cárcel superan el número de años que la actual generación puede vivir. En el hecho, son perpetuas. Los tribunales de justicia al aplicar el Derecho Internacional Humanitario han obrado con energía y rigor para sentenciar a terroristas de Estado que vivían en la impunidad. Ahora bien, este fue un largo proceso, por momentos, demasiado lento, lo que favoreció la impunidad de parte de los criminales. No cabe duda que había que avanzar más, con mayor resolución y energía.

En las últimos días, no sólo se rompió el Pacto de Impunidad que impedía confesar a los autores en el “caso Quemados”, también se quebró en el terrible caso conocido como “matanza de Laja”, así como avanzó el juicio por el asesinato de Carmelo Soria. Se agrega además, que se dictaron condenas en el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berrios, ordenado para asegurar su definitivo silencio, ante el riesgo que “hablara”,

En consecuencia, la acción de la justicia no se detuvo. Sin embargo, las sanciones de los Tribunales no podrá volver la vida a las víctimas, ni nunca borrará el dolor que provocó el terrorismo de Estado. Por ello, hay que reforzar la memoria histórica de la nación para derrotar el olvido y reivindicar la memoria de los caídos.

De allí que sea una tarea esencial, el Nunca Más, que jamás pueda implantarse un régimen criminal, como el que se entronizó desde 1973 hasta 1990, así como, robustecer y afianzar el Estado de derecho, el valor de los Derechos Humanos, el ejercicio de la diversidad en las ideas y el pluralismo cultural y político, para que sea imposible demoler la institucionalidad democrática y hacer inviable cualquier aventura golpista.

Hay países que sufrieron un drama similar a la situación vivida por Chile, que ahora con líderes, en lo formal, mucho más a la izquierda que los gobiernos democráticos de la transición, no han logrado en materia de verdad y justicia, ninguno de los avances que sí en Chile se han conquistado.

Según lo expuesto, no es correcto desconocer lo realizado por la democracia chilena; tal vez la retórica utilizada no fue del tono que, a veces, forman la imagen de un periodo histórico; pero lo hecho ha servido para que la condena social a las atrocidades de la dictadura, sea tan fuerte que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, no tuvo ni funeral, fue incinerado a la carrera para que no fuera repudiado en ese episodio final. Eso lo dice todo.

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23 ago 2015

Los políticos y el mar de fondo

Por Eduardo Carrasco
Eduardo Carrasco
Eduardo Carrasco
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Las iniciativas de los políticos tienen distintos tipos de eficacia. Algunas provienen de que expresan simplemente la continuidad de ciertas ideas que se han ido presentando a la ciudadanía, que ésta ha aprobado y que por ello tienen directamente un cierto grado de apoyo. Con ellas, el político no corre mayores riesgos, se trata simplemente de darle continuidad a los principios que han guiado la acción de los partidos desde su constitución o casi.

La derecha tiene sus tendencias y la izquierda las suyas y es más o menos previsible qué planteará cada sector frente a cada problema concreto que se va presentando. Esta inercia es un factor importante en el equilibrio de las democracias y constituye una especie de conservadurismo en la acción que da su estabilidad a la vida pública, aunque por esta vía no se logre cambiar mucho las cosas. Es cuando se intenta esto último que se abren dos posibilidades diferentes de eficacia, una que desemboca en el fracaso y hasta en el retroceso, y otra que conduce hacia el triunfo y que genera cambios reales y efectivos.

Los cambios políticos no se generan en los partidos, ni en los líderes, sino en la ciudadanía. Son las fuerzas internas, las corrientes de fondo, las que, como el movimiento de las placas en el caso de la corteza terrestre, producen los verdaderos cambios que cuentan en las sociedades.

Estas modificaciones se van produciendo subterráneamente y solo salen a la luz cuando la concentración de fuerzas alcanza el grado suficiente de potencia histórica decisiva como para encontrar expresión abierta en la sociedad. Y el modo como los políticos son o no son capaces de interpretar estos procesos y ponerse al servicio de ellos es lo que determina su fracaso o su éxito.

Esto significa que los consensos van variando constantemente y que lo que era válido en un momento se hace inválido en el siguiente. Los valores y las ideas van cambiando antes de que la inteligencia y la agudeza de los observadores sea capaz de expresar estos cambios. Cuando estos los hacen ostensibles a través de descripciones o teorizaciones es porque estos ya han tenido lugar y han alcanzado un cierto grado de asentamiento dentro de la sociedad.

De ahí que cuando estos cambios se han producido no son inmediatamente detectados por los dirigentes; por eso en estos casos las medidas que estos proponen se quedan demasiado atrás con respecto al movimiento que ya está en marcha y que será determinante en los procesos que tendrán lugar.

Algunos políticos siguen en la lógica de procesos anteriores, proponiendo cosas que necesariamente jamás podrían tener un eco en la ciudadanía debido a que se han hecho extemporáneas. Miran con los ojos del pasado, creen que lo que un día resultó, hoy día también será eficaz. Esta ceguera los desconecta del movimiento histórico y los deja hablando solos a un público que algún día fue receptivo a esas ideas, pero que ya no existe.

En ese presente hay otra gente, con otras ideas, con otros valores y con otras aspiraciones políticas. Algo de eso es lo que ha estado pasando con las ofertas de candidatos de la antigua Concertación, cuyos sueños presidenciales no podrían tener ya un respaldo masivo en la actual situación.

Sus propias imágenes ya están demasiado marcadas con factores de los que la ciudadanía ya tiene nuevas convicciones muy firmes como, por ejemplo, los derechos humanos, las confrontaciones de intereses entre empresarios y trabajadores, los poderes fácticos, etc. Sus anteriores posturas demasiado conservadoras en estos aspectos es lo que hace que sus nombres resulten ahora obsoletos.

De ahí que los políticos que jugarán un rol verdaderamente eficaz en el futuro serán los que sean capaces de detectar estas corrientes de fondo, y de transformarse en sus genuinos intérpretes. La eficacia no está en el rol mayor o menor que estos políticos hayan jugado en el pasado, sino en el papel que jueguen con respecto a esas fuerzas que ya están en marcha y que están interpelando a quienes serán sus verdaderos representantes. Lo que ocurre es que hay un proceso que ya está en marcha y que no se puede orientar ni dirigir con las ideas del pasado. Los políticos exitosos siempre son como la cresta de la ola que los arrastra a ellos mismos y valida por un cierto tiempo sus palabras.

Como estas voces del futuro en el Chile actual todavía no se hacen escuchar con fuerza, la escena política nacional se llena con voces del pasado, vaticinios catastrofistas de antiguos ministros resucitados con el objeto de debilitar todavía más a un gobierno vapuleado que parece dirigirse al despeñadero, propuestas electorales de personajes caducos que pretenden demostrar que “todo tiempo pasado fue mejor” y que aparecen como los que garantizarían el orden en medio del naufragio, discursos atemorizantes que buscan probar que cualquier movimiento reformista conducirá al país al desastre.

Pero todo esto es transitorio. Lo decisivo es que ya la ciudadanía ha vuelto la página y las cosas están marchando hacia otra dirección. El descontento con el gobierno que se muestra en las encuestas no corresponde a una fuerza unitaria y coherente que busque el orden y la tranquilidad como pretende el “partido del orden”.

En ello se mezclan fuerzas que no desean más cambios, o que pretenden aminorarlos, con otras en las que el descontento es porque los cambios no llegan  como se había propuesto o no tienen la radicalidad que ellos desearían que tuviesen. En la clase política cada cual interpreta estos datos como les acomoda. Pero quienes tendrán éxito en el futuro serán los que escuchen atentamente el momento que vive la ciudadanía. Esta no quiere volver al pasado y está harta de promesas incumplidas o cumplidas a medias.

El lenguaje que se requiere ahora pareciera ser más radical de lo que piensan muchos. Ya no hay miedo frente a las Fuerzas Armadas como había en el pasado reciente, ya no hay temor a la venganza de los empresarios frente a medidas que favorezcan a los trabajadores, ya no tiene mayores efectos el cuco de los equilibrios macroeconómicos.

No es retrocediendo que se interpretará correctamente el proceso que ya está en marcha.Tampoco es “avanzar sin transar” como se imaginan otros. Es avanzar hacia un Chile acorde con lo que se está viviendo en el planeta y definitivamente alejado del medievalismo en que lo dejó la dictadura militar.

La ciudadanía parece haber avanzado en el tiempo mucho más que la clase política, cuyos discursos, aunque tengan mucha cabida en la prensa se dirigen a un país que ya pasó y no tienen ninguna fuerza de interpelación. La música del futuro ya está sonando, solo que todavía no ha encontrado las voces que la interpreten correctamente.

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