La tímida descentralización administrativa impulsada a partir de 1992, ha generado una serie de efectos nocivos en los niveles regionales y locales. Durante este esfuerzo modernizador iniciado en los 90, se hicieron una serie de reformas, como por ejemplo la democratización de elección de autoridades locales, creación de gobiernos regionales y se impulsaron algunos programas de fortalecimiento institucional municipal.
Como consecuencia, los municipios cuentan hoy con amplias atribuciones administrativas, con legitimidad política de sus autoridades dado que son electos por los ciudadanos, pero con escasas atribuciones fiscales para cumplir con su amplia agenda local.
Por su parte, los gobiernos regionales cuentan con atribuciones políticas y administrativas para decidir el destino de considerables recursos fiscales (FNDR), pero cuentan con escasa legitimidad política ante los ciudadanos producto de que sus autoridades no son electas de manera democrática.
Por ejemplo, los municipios participan en promedio con no más de un 8% de la inversión pública efectiva en comunas. El 92% restante se realiza con recursos regionales y ministeriales, siendo el ministerio de Transportes y el de Vivienda los que más aportan en términos porcentuales, llegando entre ambos en algunas regiones y comunas a representar casi al 60% de la inversión pública efectiva.
Como consecuencia de este diseño descentralizador, los municipios no disponen de recursos fiscales suficientes para dar respuesta a la creciente agenda pública que deben cumplir y constantemente están buscando financiamiento a escala regional o nacional
¿Qué consecuencias genera este diseño descentralizador?
Para un municipio, especialmente para un alcalde y sus equipos técnicos, la principal tarea para conseguir recursos es persuadir técnica y políticamente a las autoridades del Gobierno Regional y mantener adecuadas relaciones con las autoridades del nivel central para obtener financiamiento a sus proyectos.
Esto implica actuar en cuatro instancias diferentes: SERPLAC, Ministerios, Consejo Regional e Intendente.
Aplicando un enfoque racional, los alcaldes no cuentan con incentivos para impulsar procesos de participación ciudadana para construir su agenda pública local desde abajo, dado que a la hora que le califican sus proyectos, ni el Consejo Regional, ni SERPLAC, ni el Intendente, evalúan o le dan un valor mayor a un proyecto que viene establecido como prioridad, por ejemplo, dentro del plan de desarrollo comunal (PLADECO) de un municipio ¿qué importancia se le asigna formalmente y políticamente a escala regional o ministerial a un proyecto priorizado por la comunidad en un proceso amplio de planificación participativa?
¿Qué utilidad tiene entonces, en la práctica, la participación ciudadana en la gestión de un Alcalde?
En un estudio realizado en la ex – región de Los Lagos el año 2007, considerando la opinión de profesionales y representantes políticos, se pudo constatar que del total de municipios de la región (42 en ese entonces) sólo un 50% contaba con PLADECO actualizado.
De los que contaban con su plan actualizado un 85% de los encuestados lo consideraba poco importante o sin importancia, y señalaban que su principal utilidad, a veces tiene un carácter más jurídico, ya que con ello los alcaldes se evitan problemas legales de incumplimiento de la ley.
Se les consultó sobre la relación entre el hecho que la ciudadanía haya expresado sus prioridades en el PLADECO con la obtención de recursos a nivel regional o ministerial.Casi un 70% de los encuestados, consideraba que la participación de la comunidad era poco o nada importante, porque en el nivel regional dicha variable no es considerada formalmente como aspecto discriminatorio en términos positivos.
A contraparte, casi un 80% de los encuestados consideraba indispensables o muy importantes las redes de contacto o el lobby político que hacen estos actores para conseguir financiamiento fiscal a sus iniciativas.
Dado este panorama, mantener “buenas relaciones” con senadores, diputados, ministros, con el intendente o consejeros regionales, resulta de vital importancia para recibir apoyo a la hora de que estos últimos voten en el consejo regional para seleccionar y hacer que un proyecto local acceda a financiamiento, por ejemplo vía FNDR.
El lobby o clientelismo se superpone al hecho de que en ningún momento del proceso de priorización y selección de los proyectos, el SERPLAC, Intendente o los Consejeros Regionales establecen “formalmente” que tendrán una calificación mayor aquellos proyectos presentados por municipios que hayan sido priorizados por la comunidad.
Lo anterior es totalmente distinto a que los proyectos vayan acompañados de un listado de firmas de apoyo de ciudadanos como actualmente sucede.
Este modelo “descentralizador”, -altamente hipócrita porque promueve que los ciudadanos participen en los asuntos públicos pero sin vincularlo con ninguna decisión pública de relevancia,- ha terminado por consolidar un estilo de gestión altamente elitista, promotor de círculos de poder y de gestión concentrados en relaciones altamente clientelares a escala local y regional, dado que mientras más contactos tiene un alcalde ante los ojos de los ciudadanos parece ser un mejor gestor.
Finalmente, se ha consolidado una democracia representativa “por elecciones”, donde no se permiten los espacios institucionales que promueven la apertura para incorporar a los ciudadanos a otro tipo de relación democrática, por ejemplo en el control del uso de recursos públicos.
Con este diseño institucional, la desafección ciudadana por la cosa pública cada día se hace más latente, restándole autonomía y actividad a la sociedad civil en la construcción de una gestión pública proactiva y democrática en el nivel municipal.
