Comenzando el 2013 asistimos a debates de fondo que tienen que ver con las funciones y responsabilidades del Estado frente a la sociedad y los caminos que se pueden o deben seguir para cumplir con el rol estatal.
Básicamente, hemos visto una constante en cuanto a priorizar por iniciativas sociales o por iniciativas de corte represivo frente a realidades que se producen en nuestro país y que involucran a sectores sociales, movimientos ciudadanos y los pueblos originarios.
En efecto, ante los sucesos de violencia en La Araucanía, lo primero que hace el Gobierno, respaldado por los partidos de la derecha, es recurrir a la Ley Antiterrorista, manejar la posibilidad de aplicar estados de excepción, reforzar los contingentes policiales y las tareas de Inteligencia.
Más aun, desde las colectividades de derecha se critica duramente la labor de Inteligencia y se pide mayor efectividad de los organismos de seguridad. Se parte de la base de que con ello se pueden “resolver” los casos de violencia y confrontación.
En ese marco, el Presidente Sebastián Piñera anunció que en marzo pondrá suma urgencia en el Parlamento al proyecto de ley de Fortalecimiento del Orden Público, conocido masivamente como “Ley Hinzpeter” y cuyo propósito esencial, más allá de eufemismos, es aumentar las penas y sanciones a quienes participen en movilizaciones sociales y ciudadanas.
Las palabras de la vocera de La Moneda, Cecilia Pérez, fueron claras: que el Congreso “discuta un nuevo marco de orden público, va a ser atendible a cualquier tipo de movilización o manifestación donde estos cobardes se disfracen para crear inseguridad, para crear destrucción o lesionar a personas o bienes en particular”.
De esta manera, se corre el peligro de que el Estado pretenda dar solución a situaciones sensibles y de origen social y ciudadano, aplicando “mano dura” y medidas represivas frente a fenómenos que tienen raíz en fallas institucionales, injusticias, precariedades económicas, marginalidad, ausencia de respeto a derechos, realidades sociales, económicas y laborales.
Sobre lo ocurrido en La Araucanía es claro que nadie, absolutamente de ningún sector político, social o indígena dejó de rechazar el crimen del matrimonio, como también, en su momento, todos esos sectores -excepto la derecha- condenó enérgicamente el asesinato de comuneros mapuches, cometido a manos de carabineros.
Desde la perspectiva del Estado y del estado de Derecho, lo que corresponde, sin duda, es garantizar la investigación, procesamientos, condenas, etc. En ello es adecuado no olvidar lo señalado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la entidad pública encargada de estos asuntos y que pidió que frente al homicidio del matrimonio en Vilcún se actúe con eficacia policial y que los responsables sean juzgados “de acuerdo a las normas aplicables y sancionarlos como en derecho corresponda”.
El INDH planteó que eso debe ser con “respeto al estado de Derecho y a los estándares de derechos humanos a los que nuestro país se ha obligado”. En un comunicado, el Instituto estableció que “volvemos a afirmar que la Ley Antiterrorista, tal como lo han establecido organismos internacionales de derechos humanos, vulnera principios del debido proceso”. No sólo eso; el INDH resaltó que “nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los/as responsables”.
A lo anterior, se agregaron declaraciones de juristas, como la académica de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, quien sostuvo que “un incendio con resultado de muerte, tiene una pena mínima de 15 años y un día y puede llegar hasta el presidio perpetuo”.
Es decir, “si es por merecimiento de pena”, la legislación penal común lo establece claramente.
La Ley Antiterrorista en realidad más que afectar a quienes cometieron ese crimen, produce un efecto negativo, represivo, hostigador, limitador de derechos, a un conjunto de ciudadanos y, en este caso, a las comunidades indígenas.
Tal fue el argumento jurídico e institucional levantado desde distintos sectores ciudadanos y políticos que llevó al Gobierno a desechar la idea de estados de excepción, más aun cuando no hay pruebas sobre la existencia de financiamiento relacionado con “grupos terroristas” como lo declaran personeros de la derecha.
En definitiva, más que medidas punitivas, represivas y autoritarias, los problemas y situaciones que enfrentan sectores del país requieren de iniciativas sociales e institucionales. Es decir, hay que entrar al fondo y el origen de los temas.
En el caso de los pueblos originarios, que se concreten diálogos reales y serios con representantes de las comunidades; que se respeten sus derechos culturales, el Convenio 169 de la OIT, que se desarrolle una nueva política de devolución de tierras, que se avance en resoluciones institucionales y se logre constituir un Estado Multinacional en nuestro país.
Ya se han entregado, desde organismos internacionales y nacionales, y desde las organizaciones indígenas elementos de discusión que el Estado y su institucionalidad debe incluir a la brevedad.
Las protestas, marchas, manifestaciones, tiene que ver con reducir y solucionar las demandas estudiantiles, laborales, de pescadores y pobladores, de minorías sexuales, movimientos medioambientalistas y otros ámbitos, con dar respuestas a los problemas sociales y económicos que, sin duda, afectan al grueso de la población. Avanzar en justicia social, equidad económica, redistribución de la riqueza, educación y salud gratuita y de calidad, viviendas dignas, solución de problemas en regiones, etc., es una manera de reducir la protesta social y la desesperación y enojo de los ciudadanos.
Tener un mejor país con derechos respetados y ejercidos, con justicia social y económica, es lo que garantiza el fin de la violencia, la protesta y la confrontación.No las iniciativas represivas y autoritarias.
