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Al igual que con la CASEN en 2012, el presidente Piñera ha iniciado el 2013 falseando la realidad. Esta vez, sobre las mujeres.
Todo esto, usando como escenario el día de la mujer para continuar con el habitual ataque de la derecha a Michelle Bachelet, en la intención de golpearla en aquello que le es más propio, los avances de género durante su mandato.
Pero, así como la manipulación de los datos de pobreza de la CASEN 2011 chocó con la evidencia cotidiana de una ciudadanía que no siente creíbles las cifras oficiales, la embestida oficialista contra las políticas de género del gobierno anterior resulta estéril ante la valoración que la inmensa mayoría de las mujeres tiene de su situación a partir del primer gobierno de una mujer presidenta.
Una vez pasado este 8 de marzo y dejando atrás su utilización política oportunista por parte del gobierno, veamos seriamente la situación de las mujeres en el país, los avances conquistados y los retos pendientes de igualdad que esta administración ya no abordó.
Los mayores avances sociales de las mujeres se dieron en el período 2006 – 2010.
Durante el gobierno de Bachelet hubo mayores avances sociales de la mujer de los que se obtendrán en este período de gobierno. De manera sintética, las principales iniciativas gubernamentales de entonces, fueron:
• Modificaciones del Chile Solidario para incorporar de manera preferente a las familias con mujeres jefas de hogar.
• Sistema de Protección de Infancia Chile Crece Contigo (niños de 0 a 3 años) para las mujeres del 40% de menores ingresos al 2009 y ampliándose legalmente al 60% desde 2010.
• Subvención universal para prekinder y kinder (niños de 4 y 5 años).
• Educación asegurada para adolescentes embarazadas con apoyo de salas cunas.
• Fin de cláusulas discriminatorias para mujeres en edades fértiles en seguros privados de salud.
• Currículo ciego para postular a empleos públicos y código de buenas prácticas para igualar condiciones laborales y remuneraciones de hombres y mujeres.
• Ley de igualdad salarial.
• Subsidio al empleo de jóvenes vulnerables mujeres y hombres.
• Pensión Básica Solidaria para mujeres, hayan o no trabajado remuneradamente, que están fuera del sistema previsional.
• Bono por hijo nacido vivo a todas las mujeres.
• Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, tipificación de la violencia como delito y mayores sanciones para el victimario.
Los retos sociales de género pendientes
Durante la campaña presidencial del 2009 y teniendo como antecedente los avances del cuatrienio de Bachelet, la actual oposición se planteó avanzar en otras medidas para un siguiente período presidencial, entre las que se consideraban:
• Subsidio al empleo de mujeres vulnerables, ampliando el que se había instalado para las jóvenes.
• Mejorar el acceso laboral de las mujeres y en empleos de calidad.
• Universalización de la protección de la infancia, complementando el Chile Crece Contigo con una modificación del artículo 203 del Código del Trabajo para incluir salas cunas a todos los trabajadores (hombres y mujeres), al margen del establecimiento en el que trabajen. Extender este derecho a jardines infantiles.
• Ampliación del período y subsidio postnatal, con corresponsabilidad de padres y madres.
• Extensión del currículo ciego y código de buenas prácticas al sector privado.
En el actual gobierno se incumplen varias de las iniciativas del período anterior y se adoptan pocas iniciativas adicionales, como las propuestas por la oposición.
De acuerdo con la CASEN 2011, no se está cumpliendo con la normativa legal que debiera garantizar acceso a salas cunas y jardines infantiles para las madres del 60% de menores ingresos. Asimismo, se interrumpió la aplicación del currículo ciego en el sector público y, por cierto, no ha existido la intención de extender tal práctica en el sector privado.
Por otro lado, si bien se legisló la ampliación del postnatal y la corresponsabilidad parental, a la fecha no existe un proyecto de ley para modificar el artículo 203 del Código del Trabajo que extienda el beneficio de salas cunas a todos los trabajadores hombres y mujeres. Tampoco nada se ha hecho para universalizar los jardines infantiles para hijos de trabajadores hombres y mujeres.
Se implementó el subsidio al empleo de la mujer, pero la cobertura se ha restringido al 30% de las mujeres más vulnerables y no al 40% como ocurre con el subsidio para jóvenes.
El acceso al empleo femenino ha aumentado, pero a expensas de su precarización. Como lo muestran Durán y Kremerman (columna “El Trabajo Sucio de las Mujeres”), sólo el 44.2% de las mujeres asalariadas entre 15 y 29 años tienen contrato indefinido con cotizaciones. El 50% del total de mujeres que trabajan reciben una remuneración inferior al salario mínimo y 2 de cada 3 mujeres reciben menos de dos salarios mínimos. Mientras el 10.8% de los hombres que trabajan ganan sobre $880 mil, en el caso de las mujeres se reduce al 4.9%.
Todo lo cual revela que la calidad del empleo no ha sido el foco de este gobierno, afectando especialmente a las mujeres. Y en cuanto a la brecha salarial de género, es evidente que la ley de igualdad salarial aprobada en el gobierno anterior no está siendo fiscalizada.
Los mayores avances políticos de género se dieron en el período 2006 – 2010.
Al asumir la presidenta Bachelet dio una señal simbólica al nombrar un gabinete paritario.Pero, más importante todavía, al situar a mujeres en espacios de poder considerados tradicionalmente masculinos, terminó con la práctica de diferenciar cargos femeninos y masculinos, como lo exhibe la presencia de ministras en carteras tan diversas como Cultura, Sernam, Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, Mideplan, Medio Ambiente, Energía, Economía, Secretaría General de la Presidencia y Defensa.
Del 5% de mujeres ministras con Aylwin, 15% con Frei y 24% con Lagos, se saltó al 50% en la primera mitad del gobierno Bachelet hasta terminar su mandato con un 45% de ministras. En la actualidad, se ha reducido significativamente el número de mujeres en el gabinete a menos de un tercio, 28.6%, revelando el presidente Piñera que confía menos en las mujeres que su predecesora.
Y esta reducción de la paridad se ha dado en todo los puestos de confianza política del poder ejecutivo. A modo de ejemplo, al inicio del mandato Bachelet las intendentas llegaron a representar el 46% y al término de su gobierno el 33%. En la actualidad, sólo el 13.3% de las intendencias está en manos de mujeres.
Escapan de esta situación los Servicios Públicos, pero ello es la consecuencia de haberse instalado desde el gobierno de Lagos el Sistema de Alta Dirección Pública que selecciona a los altos directivos del Estado por concursos públicos, gracias a lo cual el 46% de jefes de servicio resultan ser mujeres.
Las decisiones que en estas materias adoptó Bachelet, si bien no permitieron asegurar un posterior cambio en las prácticas discriminatorias del poder, generó uno de los fenómenos más importantes que permite poner en la agenda pública esta problemática: “desnaturalizó” la desigualdad de poder de las mujeres, haciendo visible que no existen limitaciones que sean intrínsecas a la condición de género, como bien lo han demostrado en estos recientes años los potentes liderazgos femeninos en el ámbito estudiantil y, más recientemente, en el masculino espacio del sindicalismo con la elección de la primera mujer en la presidencia de la CUT.
Y eso hace más irritante la pendiente igualdad de las mujeres en un escenario en que la sociedad ya ha aprendido que las desigualdades de género están asociadas al temor de las elites a perder el poder.
Los retos de poder pendientes para las mujeres.
Un reciente estudio de la investigadora Ana Cárdenas (ICSO, Universidad Diego Portales), con base en el análisis de más de 5 mil puestos de trabajo mostró que todavía en Chile existe una feroz desigualdad de participación femenina en todas las esferas de poder: el 80% está ocupado por hombres y sólo el 20% por mujeres.
Pero ese es el promedio. Indagando más a fondo en esas cifras, el estudio demuestra que cuanto más alto el cargo de poder, menor es la presencia femenina. Y que ello es más acentuado en el sector privado que en el ámbito público.
En los cargos de elección popular la presencia femenina desciende notoriamente respecto de los cargos políticos del ejecutivo: 12.5% alcaldesas, 13.3% mujeres diputadas y 13% senadoras.
En el mundo sindical, las mujeres representan el 20% de la presidencia de sindicatos y el 28.3% de los directorios sindicales, así como el 5.6% de la presidencia de gremios y el 35% de colegios profesionales.
El 21.9% de directores de servicios públicos de salud son mujeres y 13% en la salud privada. Sólo un 5.1% de las rectorías universitarias están en manos de mujeres, subiendo al 25.6% en los Institutos Profesionales.
En el ámbito empresarial no existen mujeres presidiendo directorios, sólo el 1.2% ejerce cargos de gerente general y 3% son miembros de directorios.
Estudios comparados demuestran que los países que logran una más equitativa participación femenina en el poder económico tienen mecanismos de acción afirmativa para acceder a directorios de empresas y altos cargos ejecutivos. De la misma manera, son los países con leyes de cuota en la política los que logran mayor democracia paritaria, cuotas cuya efectividad aumenta cuando se practican en países con sistemas electorales proporcionales.
Mientras no se legisle por un cambio en el sistema electoral binominal cualquier iniciativa de cuotas será insuficiente para cambiar las reglas de representación de género en el poder legislativo. Y mientras no se establezcan mecanismos de acción afirmativa en todos los espacios de poder, el rezago de participación femenina se mantendrá. Iniciativas que este gobierno no contempla y menos la derecha conservadora para un próximo gobierno.
