09 ago 2013

Evelyn y Michelle, 3,5 millones de trabajadores esperan sus propuestas

Es indudable que Chile es uno de lo países con políticas macroeconómicas más serias, con una sólida institucionalidad que las sustenta. Las políticas macro indudablemente han influido en la baja inflación y en las altas tasas de crecimiento del pasado, lo que ha favorecido la inversión interna y extranjera con un aumento sostenido en el empleo.

El modelo de crecimiento basado principalmente en solventes políticas macro parece haber llegado a su fin.

La mayoría de los economistas hablan hoy día de la necesidad de mejorar la productividad total de los factores, la que guarda más relación con la productividad que resulta de innovación, creatividad y emprendimiento que con el flujo de inversión financiera neta.

Está suficientemente demostrado que el desarrollo del capital humano-KH, es la antesala necesaria a una población más creativa, innovativa y emprendedora.

Para todos es claro que una reforma educacional ahora, aunque necesaria y urgente, llegará atrasada en 20 años a la generación del KH que Chile necesita hoy.

Las necesidades de capital humano en el corto y mediano plazo no alcanzan a ser suplidas con los egresados del inequitativo, e ineficiente para la mayoría, sistema educacional actual.

El país debe entonces buscar como instalar competencias asociadas a la creatividad, innovación y emprendimiento entre los 8 millones de personas que hoy ya se integraron al sistema productivo.

La mayoría de los macroeconomistas que acompañan a Evelyn y Michelle todavía no dan pruebas de haber entendido que en Chile no hay un mercado de trabajo homogéneo.

Al menos las políticas públicas que han promovido han sido dirigidas indistintamente para todos los trabajadores, las que han terminado favoreciendo a los trabajadores más calificados, que trabajan en grandes empresas, y que pertenecen a los segmentos menos vulnerables del mercado de trabajo.

Los instrumentos del SENCE, el seguro de desempleo, la mayoría del articulado del código del trabajo, la negociación colectiva, la ley de subcontratación, Ley Bustos, indemnización por años de servicio, etc., son tristes pruebas de ello.

Lo que esos economistas fallan en considerar es que en Chile hay 3,5 millones de trabajadores que trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas o que son trabajadores por cuenta propia, que representan cerca del 70% del empleo privado y que han quedado al margen de la mayor parte de los instrumentos diseñados en los últimos años.

Esto debido a que la institucionalidad y sus autoridades no se hicieron cargo que los trabajadores y empresarios PyME viven una relación de trabajo distinta a la de la gran empresa. ¿Quiere Chile seguir marginando a esos 3,5 millones de trabajadores y considerarlos la generación perdida del camino al desarrollo?

Evelyn y Michelle tienen un pasado que las acusa. Al parecer inspiradas por los macroeconomistas seguidores del “ladrillo”, una como ministra del Trabajo y otra como Presidenta de la Republica, apoyaron medidas que no reconocieron la heterogeneidad del mercado laboral, en especial en lo que respecta a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Las medidas paliativas que impulsaron son escandalosamente insuficientes en relación a las fallas en la institucionalidad del mercado del trabajo señaladas precedentemente.

Las PyME y sus trabajadores esperan propuestas que se hagan cargo de la heterogeneidad laboral, de la situación desmedrada de las PyME frente a los abusos de posición dominante y prácticas de colusión de algunas grandes empresas

Así como,  frente a un mercado de factores para el desarrollo empresarial que todavía no ha asumido que la pequeña empresa no es una empresa atrofiada, sino una empresa que normalmente no tiene el tamaño “que le exige en la práctica” ser cliente o beneficiario de los distintos instrumentos que necesita para su competitividad: créditos, garantía, capacitación, asesoría, TICs, contabilidad, impuestos, servicios legales-financieros-contables-tributarios, subsidios, instrumentos de fomento, etcétera.

Evelyn y Michelle: 3,5 millones de trabajadores están esperando.

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08 ago 2013

Desafío país, priorizar el deporte y la actividad física

Los resultados del SIMCE de educación física difundidos recientemente han puesto una luz de alerta en la situación de nuestros niños y jóvenes, en los que se advierten problemas serios de obesidad y sobrepeso, lo que genera una mayor prevalencia y riesgo de enfermedades cardiovasculares, dislipidemias y diabetes, entre otras graves consecuencias.

Lo anterior debe llamarnos a la preocupación y, sobre todo, a la acción. Si hace décadas nuestro país acometió con éxito el desafío de terminar con la desnutrición infantil hoy estamos en la situación inversa con la misma o mayor urgencia y se requiere, como entonces, una decisión país para atacar el problema implementando acciones coordinadas y permanentes.

Entre ellas, una de las principales es el fomento del deporte y la actividad física. Ello es imprescindible no sólo para mejorar la salud de la población, sino que, además, contribuye a la generación de hábitos y a la transmisión de valores muy relevantes para la vida en sociedad.

Materializar este esfuerzo implica una combinación de políticas públicas entre las que destaco.

- Renovar y modernizar la institucionalidad del deporte en el país. El proyecto de ley que crea el Ministerio respectivo es un paso. Sin embargo, hasta ahora significa tan sólo un cambio de nombre. Se requiere que en su implementación se le otorgue un status y especialmente los recursos que le permitan un trabajo eficaz. También debe reforzarse su vinculación con el área educativa.

- Potenciar el deporte en dos ámbitos principales, los colegios y los barrios.

La educación escolar es el momento ideal para potenciar una cultura deportiva.Es imprescindible aumentar las horas dedicadas al deporte y mejorar el equipamiento e implementación de los establecimientos.

Asimismo, es imprescindible favorecer la práctica del deporte en los barrios. En ese ámbito deberíamos, por una parte, mejorar sustantivamente la infraestructura. El Estado dispone de unas 16.000 canchas, fundamentalmente en poblaciones y villas. Muchas de ellas presentan grave deterioro o están abandonadas, generando, además, inseguridad.Debemos recuperarlas y mejorar su administración, como lo propuse en un proyecto de ley.

Por otro lado, es imprescindible incentivar la actividad física en los barrios a través de la generación de programas masivos y permanentes en clubes deportivos y juntas de vecinos. Un plan especial de monitores financiados por el Estado sería un avance significativo. Lo sugerí en leyes de presupuesto y estuvo a punto de implementarse en gobiernos anteriores, pero no se materializó.Debemos reimpulsarlo.

- Transformar al deporte y la actividad física en un eje de las decisiones en materia de vivienda y urbanismo. La habilitación de ciclovías y la creación y mantención de parques y áreas verdes deben ocupar un lugar preferente, especialmente con el objeto de equiparar la situación de las comunas más populares en esta materia, donde se advierte una grave desigualdad.

- Mejorar los hábitos alimenticios. Factores de diversa índole han motivado un incremento de la disponibilidad y consumo de comida rica en grasa y azúcares. Necesitamos revertir esa tendencia.

El proyecto de ley sobre rotulación fue un avance que requiere ser reforzado y no diluido por su reglamento. Asimismo, deben potenciarse otros esfuerzos coordinados, a nivel de las carteras de educación, salud, desarrollo social y trabajo, por cambiar hábitos y mejorar la calidad de la alimentación en colegios y lugares de trabajo.

Estamos frente a un inmenso desafío. Lo que dejemos de hacer impactará decididamente en nuestros indicadores sanitarios ya en pocos años y, con más fuerza en el mediano plazo.

Requerimos priorizar sustantivamente la inversión en deporte y actividad física no sólo como un ahorro futuro en prestaciones de salud, sino fundamentalmente como un cambio de orientación hacia una mejor calidad de vida.

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08 ago 2013

Nieto 109

Pablo Athanasiú Laschan, hijo de los chilenos militantes del MIR Ángel Athanasiú y Frida Laschan ha reencontrado su identidad biológica gracias a la incansable labor de la Abuelas de Plaza de Mayo, que con este caso suman 109 nietos que se encontraban secuestrados y que han podido conocer la verdad sobre su identidad y volver al seno de sus familias.

El matrimonio chileno fue secuestrado en Argentina el 15 de abril de 1976, junto a su hijo, un niño con apenas cinco meses de vida, durante un operativo de las fuerzas de seguridad en el hotel donde vivían. Hasta el día de hoy, como otros miles, siguen desaparecidos.

Jorge Rafael Videla, quien encabezara los primeros y más duros años de la dictadura en Argentina en el libro Disposición Final, reconoce con fría y cínica determinación la práctica del secuestro y desaparición de militantes de izquierda y sus cercanos, como una necesidad que imponía “el proceso”.

Sostiene que debían ser eliminados entre 8 y 10 mil personas en un plazo breve. A su juicio, la práctica de hacer desaparecer era necesaria ya que les resultaba imposible sostener políticamente juicios y fusilamientos contra ese número de personas. Recuerda con tristeza lo que le costó a un Franco agónico el fusilamiento de tres militantes de ETA.

Los cientos de niños secuestrados no formaban parte del plan original, pero se encontraron con ese valioso “botín de guerra” y decidieron comprar lealtades y pagar favores con ellos.

Lo que ocurre después con cada niño o niña robada es otra historia. Es probable que en muchos casos –a pesar de descansar sobre un espantoso secreto- se hayan creado vínculos filiales entre padres adoptivos e hijos secuestrados.

Pero algo anómalo ocurre en aquella relación basada en la mentira, que lleva a muchos a preguntarse si acaso no ha sido víctima de esa política siniestra y, consecuentemente con aquello, acercarse a las Abuelas de Plaza de Mayo para encarar la verdad.

Ha sido probablemente el caso de Pablo Athanasiú. Deberá enfrentar un proceso ciertamente doloroso, pero es evidente que quien ha llegado hasta donde él lo ha hecho, tiene el valor para hacerlo.

Chile tiene que abrirle sus puertas para que recobre todos sus derechos como ciudadano, de modo que el reconocimiento de su identidad sea completa. Es lo mínimo que el Estado chileno puede ofrecerle, después de décadas de abandono.

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08 ago 2013

Violencia ¿dónde está el Estado?

Julio fue un mes marcado por hechos de considerable violencia hacia mujeres y niñas. El país ha quedado al desnudo, con todas sus limitaciones e incapacidades de cautelar el derecho humano básico de las mujeres, a la integridad física y psicológica y a vivir una vida sin violencia en cualquiera de sus formas.

Incestos, violencia sexual con resultado de embarazo, femicidios que aumentan, horribles crímenes contra mujeres han sorprendido a la opinión pública. En muchos casos, estos hechos coinciden con graves condiciones de pobreza.

¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde están las instituciones que deben garantizar los derechos de las niñas y de las mujeres? ¿Qué ha sucedido con la legislación aprobada?¿Por qué no se han aprobado leyes que mejorarían la protección de esos derechos?

Hace un año el Senado decidió no debatir en torno a una legislación que considerara causales para despenalizar el aborto, un derecho que existió hasta el año 1989, cuando la dictadura militar lo eliminó del Código Sanitario.

En mayo el ministerio de Salud, cuando finalmente entregó el reglamento para la ley 20.418 (2010) sobre derechos en materia de regulación de la fertilidad que consagra la obligación del Estado de garantizar educación sexual en la enseñanza media, este no establece las condiciones para la educación sexual que deben entregar los establecimientos, sólo reitera el derecho. El programa “Contacto” puso al descubierto las insuficiencias del ministerio de Educación en el cumplimiento de este mandato.

En enero de este año, el SERNAM obligó a la oficina ONU en Chile a retirar los afiches de la campaña “Mujeres por más”, destinada a crear conciencia sobre la discriminación que sufren las mujeres, acusando la utilización de cifras desactualizadas. Pues bien, en lo que va corrido del año, los femicidios casi duplican aquellos acaecidos en 2012 en los primeros 5 meses.

Un informe del Poder Judicial y UNICEF dio cuenta de los graves abusos sexuales y violaciones de los derechos de los niños en el SENAME, institución que debía cautelarlos.

Hasta la fecha el proyecto de Ley de Protección integral de la infancia duerme en el Senado, sin patrocinio del Ejecutivo y sin urgencia para su discusión.

Cada una de estas “renuncias” del Estado a su rol de protección y promoción de derechos deja a niñas y mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En este contexto, organizaciones de feministas y jóvenes convocaron a la primera marcha y movilización nacional destinada a reponer el debate en torno al derecho al aborto, bajo el lema “Aborto libre, seguro y gratuito”.

Miles de jóvenes, mujeres y hombres, expusieron las reivindicaciones históricas de los movimientos de mujeres en toda América Latina: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Terminada la marcha, un grupo muy pequeño de manifestantes ingresó a la Catedral, donde se desarrollaba una misa y descargó su rabia y frustración, apuntando al rol que históricamente ha jugado la Iglesia Católica en la subordinación de las mujeres y como freno a los derechos sexuales y reproductivos.

No compartimos esa acción y rechazamos la violencia cuando se trata de abrir espacios de debate. Sin embargo, esos hechos no pueden llevarnos a ignorar el llamado de atención de los miles de manifestantes, sus organizaciones y movimientos a la sociedad y a las autoridades, en cuanto a asumir una realidad en extremo dolorosa de vulneración sistemática de derechos.

Es importante avanzar y aportar elementos para el debate en torno a los graves problemas señalados. Las organizaciones de la sociedad civil queremos contribuir a construir puentes de diálogo con las y los actores sociales y con las instituciones responsables de prevenirlos y de sancionar la violación de derechos de mujeres y niñas.

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08 ago 2013

¿DC por una Asamblea Constituyente?

El tema de la Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente será un ámbito a debatir en el pacto de la Nueva Mayoría y su programa de gobierno.

En tal sentido, un grupo de DC – con representatividad transversal – apoya el “Manifiesto. Plebiscito por una Nueva Constitución” cuya propuesta central es “movilizar al país en torno a una reforma constitucional que permita un plebiscito, en el cual el pueblo se manifieste respecto del cambio o la mantención de la actual Constitución”.

En el caso que el resultado sea favorable al cambio, deberá dictarse una ley que convoque a una instancia, una Asamblea Constituyente nos parece la más adecuada, garantizando su representatividad social, cultural, regional, política, étnica y de género, para la redacción de una nueva Constitución.

El Manifiesto plantea que “quienes participen en ésta no debieran postularse en las siguientes elecciones de representación popular. La nueva Constitución deberá ser ratificada por la ciudadanía en un nuevo referéndum.”

Entre los firmantes se encuentran personas que integran el Movimiento Refundación PDC, que a través de diferentes vocerías ha planteado dicha tesis en las elecciones internas de marzo del presente año.

También suscriben el actual Vicepresidente Nacional Fuad Chaín, los ex Diputados Andrés Palma e Ignacio Balbontín, el actual Diputado Gabriel Ascencio, el Vicepresidente de la CUT Nolberto Díaz, el actual alcalde de La Reina Raúl Donckaster, las consejeras nacionales Myriam Verdugo y Anita Quiroga y diversos presidentes comunales y miembros de la Junta Nacional.

En la práctica, se pretende llevar el debate a la máxima instancia partidaria donde se plantea que la Junta Nacional de la Falange “se pronuncie en torno a la propuesta de que el PDC apoye, impulse y promueva una Nueva Constitución Política a través de medios democráticos y legítimos, como puede ser una Asamblea Constituyente, en base a los principios de legitimidad, justicia social, solidaridad, participación y democracia, como asimismo el cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional corregido y la supresión de los altos quorum para aprobar y modificar los diversos cuerpos legales”.

También se hace un llamado a “todos/as los militantes, adherentes y simpatizantes de la Democracia Cristiana a adherir al “Manifiesto. Plebiscito por una Nueva Constitución” por correo electrónico a nueva.republica2013@gmail.com y a difundir su contenido.

Finalmente, se invita “a todas y todos los demócratas cristianos a impulsar una propuesta política que promueva una Nueva Constitución a través de medios democráticos y legítimos – como puede ser una Asamblea Constituyente – a coordinarnos y a generar acciones concretas entorno a dicha propuesta”.

Nota del autor. El texto completo se encuentra en: http://www.peticiones24.com/a/53209.

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08 ago 2013

EEUU abusa, Chile baja el moño

¿Cómo reaccionaríamos si supiéramos que Rusia espía al gobierno chileno, las instituciones del país y todas nuestras comunicaciones y conversaciones en el computador? ¿Y lo hace a todo el mundo?

Estados Unidos lo ha hecho y lo hace.

El país más poderoso del planeta desde mediados del siglo pasado, sigue abusando del mundo más acá de la derrota tecnológica e ideológica que sufrió recién a manos de Edward Snowden, ex consultor de su Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que develó el sistema de espionaje que el gobierno de los EEUU mantiene sobre los diversos países de la Tierra.

Chile, país espiado, no ha cuestionado este atropello a su gobierno, sus instituciones y sus habitantes.

Nuestro país fue el último de Sudamérica en reaccionar frente al delito. Una débil nota de la Cancillería que se refiere, en términos generales, a lo nocivo que es el espionaje, es lo único que el gobierno ha hecho. Esa nota no hace referencia al espionaje norteamericano ni a la conducta de los Estados Unidos en Chile.

La prensa internacional, siguiendo la develación de Snowden, nos ha informado que técnicos de la inteligencia norteamericana han utilizado al menos dos programas para introducirse en los secretos del gobierno de Chile y de nuestras instituciones, y en la privacidad de cada uno de nosotros.

Uno, el Programa PRISM, que posibilita acceso a mails, conversaciones online y llamadas de voz de clientes de Facebook, Google, Microsoft y Youtube.Hay constancia que ese programa funcionó entre el 2 y el 8 de febrero de 2013.

Dos, el Programa BOUNDLESS INFORMANT, que funcionó desde enero a marzo de 2013, pudo abrir acceso a comunicaciones internacionales, catalogando llamadas y abriendo  Internet.

La revista brasileña “Época” publicó una carta secreta del ex subsecretario de Estado, Tomas Shannon, de 19 de mayo de 2009, dirigida al general Keith Alexander, director general de la NSA, en la que felicita a los espías que le permitieron conocer “los planes e intenciones” de otros países antes de una Cumbre Hemisférica.

Nuestros medios de comunicación, de prensa y TV, han hecho hincapié en la huida de Snowden y su trámite de protección en Rusia, pero han minimizado u ocultado el atropello flagrante al derecho internacional, a nuestras leyes y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Art.12 de la Declaración Universal señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia…Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

El Sr.Embajador de los EEUU en Chile, Alejandro Wolff, aclaró a El Mercurio el 2 de agosto pasado: “De lo que conozco yo, no hay mucho, si es que no hay nada, que debiera molestar o preocupar a los chilenos…Hay una diferencia marcada en la manera en la que (reaccionan al espionaje cibernético) países bien sofisticados, que conocen el mundo, entienden y pueden distinguir entre lo imaginario y lo real (¡) y los países que no tienen esa manera de mirar las cosas o que tienen un objetivo político detrás de todo esto. En el caso de Chile, yo lo pondría en el primer grupo”.

En otras palabras, Chile está entre los buenos, los que no se quejan “porque conocen el mundo” y son “sofisticados” y saben que las cosas funcionan así: yo intervengo, usted se queda tranquilo.Yo atropello, usted agacha el moño.

Ante la intervención extranjera en los asuntos del país y la injerencia en nuestras vidas privadas, no se han reunido las Comisiones respectivas del Senado o de la Cámara de Diputados.

Más, el Presidente Piñera no asistió a la Cumbre de Mercosur, en Montevideo el mes pasado, que trató el asunto y “condenó las acciones de espionaje por parte de agencias de inteligencia de los EEUU”. Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela aprobaron esa declaración. No fueron “países sofisticados”, como Chile.

Los comandos presidenciales chilenos están mudos. Los partidos políticos no han hecho declaración alguna, ni siquiera el Partido Comunista que siempre criticó cómo opera la potencia del norte.

Ni siquiera los destacados defensores de los derechos humanos (“en todo el mundo”) alzan su voz para condenar lo que ha hecho y sigue haciendo el gobierno de los EEUU.

Los ex Presidentes, que se codearon para aparecer “duros” frente a un posible fallo favorable al Perú en La Haya, siguen guardando silencio ante el atropello a todas nuestras fronteras.

Hay algunos que justifican este espionaje con el argumento de que así se combate el terrorismo. Ilegalidad contra ilegalidad. ¿El fin justifica los medios?

Hay también quienes, conformistas, piensan que la superioridad económica, tecnológica, militar y diplomática de los EEUU es tal, tan incontrarrestable, que los pisoteados debemos guardar silencio. ¡Shiit, que el león se puede despertar! Hay que dejarlo abusar.

“Mientras más me pega, más me quiere” decían las mujeres sumisas después que sus convivientes las agredían, oponiéndose a que sus parejas fueran sancionadas.

No hay dignidad. No hay eso que llamábamos soberanía ni eso que llamamos derechos humanos.

Y si los hay no corren en este caso.

Chile acepta. Baja el moño. ¿Usted también?

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08 ago 2013

Un rey en apuros

La puesta en libertad de un pedófilo de nacionalidad española por un indulto concedido por el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha suscitado un escándalo de proporciones.

La decisión no solo pone en la cuerda floja al monarca ante sus súbditos sino que amenaza las siempre frágiles relaciones entre el país norte africano y España.

Las calles de varias ciudades y pueblos marroquíes fueron invadidas por multitudes de airados ciudadanos que manifestaron su rechazo a la decisión real. No se recuerdan protestas de esta magnitud en Marruecos, país donde la figura del rey es intocable. Ni la rápida intervención de la policía antidisturbios frenó a los manifestantes que gritaban “ a los pederastas los liberan, al pueblo lo encarcelan”.

El indulto que ha suscitado tanto revuelo está rodeado de una maraña de errores y de verdades a medias. A ello se añade el sospechoso curriculum del principal protagonista, Daniel Galván, de 60 años, experto en política y conocedor de la lengua árabe , profesor universitario, condenado por un tribunal de Marruecos a 30 años de prisión por haber abusado sexualmente de once niños de entre 4 y 15 años.

El pasado julio, el rey de España Juan Carlos l, realizó una visita oficial a Marruecos donde fue recibido con honores y gran cordialidad por Mohamed Vl. Tradicionalmente los monarcas de ambos países se han considerados “hermanos”, lo que no ha evitado enfrentamientos diplomáticos entre los dos gobiernos.

En esta visita, además de acuerdos de cooperación en diferentes áreas, el rey Juan Carlos l habló del caso de un ciudadano español, camionero, encarcelado por narcotráfico y en precario estado de salud, para el que solicitó su libertad por razones humanitarias.

Semanas más tarde, Mohamed Vl, haciendo uso de una prerrogativa que sólo él sustenta, amnistió a 48 presos de origen español, de acuerdo a una lista que los gobiernos de España y Marruecos habían confeccionado. Entre ellos no estaba el del camionero que el rey español hizo referencia.Y aquí viene el patinazo. Entre los nombres de estos presos sí figuraba el de Daniel Galván.

Por cierto, se afirma que la lista fue confeccionada por los servicios de Inteligencia del gobierno de España. Y aquí se añade un dato. Galván habría intervenido activamente como agente de espionaje en Irak, antes y durante el derrocamiento de Saddam Hussein. Además se añade que habría nacido en la ciudad iraquí de Basora.

Tratándose de un caso que tuvo enorme repercusión en los medios de Marruecos , en el que organizaciones de derechos humanos y diversos sectores sociales tuvieron destacada participación para que Galván fuera duramente castigado, lo “raro” es que ni a las autoridades de Rabat ni a las de Madrid el nombre de Daniel Galván les “sonara” de algo grave.

Tras conocerse que el pedófilo de nacionalidad española había abandonado Marruecos, con salvoconducto en regla, la indignación ciudadana estalló.

Tres días tardó la Casa Real marroquí en reaccionar. Según la nota oficial Mohamed Vl  “nunca fue informado, de ninguna manera y en ningún momento, sobre la gravedad de los crímenes abyectos por los que el interesado- Daniel Galván Viña- había sido condenado”.

Tras destituir a un alto cargo , el monarca ordenó la apertura de una investigación, pidió al ministerio de Justicia propuestas para evitar que se repitan errores como éste, a la vez que revocó el indulto al pedófilo Daniel Galván, detenido en España tras el revuelo originado por su puesta en libertad.

Ahora se abre una batalla diplomática y jurídica áspera.

Para empezar, la cancillería española asegura que remitió dos listas de presos a Maruecos. En una pedía la excarcelación y en otra citaba los nombres de convictos que tienen que cumplir sus penas en cárceles de España. La confusión ,por tanto, fue de las autoridades marroquíes que metieron a todos en un mismo saco.

Además de errores de procedimiento, se añade la particularidad que un indulto ha sido revocado, en este caso, por la máxima autoridad de otro país: el rey de Marruecos. A ello se suma  que los tribunales españoles deberán pronunciarse si procede que el pedófilo cumpla los 28 años de cárcel que le restan o que sea extraditado nuevamente a Marruecos. O que se dicte su libertad.

Desde ya, la pelota en este juego de toma y daca está en Marruecos que tiene cuarenta días para presentar cargos contra el pedófilo que se les escapó desde sus narices.

Lo que está claro es que los reyes deben tener cuidado. Los ciudadanos, la plebe, los vasallos, o los súbditos están dando muestras que no están dispuestos a tolerar sus metidas de pata.

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07 ago 2013

¡No lo demolerán!

En la esquina sur-poniente de las calles Morandé con Rosas, centro de esta ciudad, existe desde el año 1924 un inmueble protegido oficialmente el 28 de mayo de 2008 por la Municipalidad de Santiago bajo la figura de “Conservación Histórica” y la semana pasada la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, inició una campaña para evitar que el privado dueño de esta edificación lo demuela porque dispone de un permiso de edificación cursado por la Dirección de Obras Municipales el 25 de enero de 2008, es decir, cuatro meses antes de la protección patrimonial.

Para tan loable propósito la alcaldesa tiene el apoyo irrestricto de varios de los concejales, de organizaciones civiles y del Colegio de Arquitectos de Chile. Hubo una concurrida manifestación pública realizada frente al edificio rojo de 4 pisos, con un hermoso torreón rematado por un reloj : su arquitectura es ecléctica con influencia del neoclásico francés.

Esa actividad comunicacional fue profusamente cubierta por la prensa nacional, en donde Carolina Tohá recalcó que el municipio no tendría las herramientas legales para evitar su demolición porque primaría el permiso de edificación aludido.

Quien escribe, perplejo por lo que sucedía, ello porque sabe que este tipo de permisos caducan a los 3 años de emitidos, conforme al artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), comenzó una investigación de los hechos en razón a que era impresentable que se arrasara con ese atractivo inmueble de valor arquitectónico para dar paso a una torre de 33 pisos. Para ello me acerqué, con dos profesionales versados en la normativa urbana, a dicha municipalidad con la idea de estar al tanto de las características de ese permiso otorgado hace más de 5 años.

Intenté hablar con el Director de Obras sustituto, ya que el titular estaba de vacaciones, con la Jefa de Edificaciones y con otros tantos funcionarios para obtener ese documento de carácter público, pero ello no fue posible por algún desconocido motivo. Gracias a los buenos oficios de uno de mis acompañantes, fuimos a conversar con otro funcionario municipal a quien le hicimos notar nuestro peregrinaje sin resultados.

Este atento y probo funcionario, muy distinto a los anteriores, escuchó con suma atención nuestra solicitud de información amparada en el artículo 1.1.7. de la OGUC y, como era su deber, después de recibir él un certificado por el pago de las fotocopias efectuado por uno de mis acompañantes, nos entregó copia de ese acto administrativo que otorga derechos a su titular en la medida que sea apegado a derecho.

Revisado dicho documento observamos que 2 empresas privadas, Nazareno S.A. y Comercial Cañaveral S.A., eran dueñas en el 2008 de los únicos 3 predios colindantes que enfrentan la calle Morandé entre Rosas y Santo Domingo, con una distancia de 105 metros de largo con fondos de 27 metros, los que forzosamente debían fusionarse para posibilitar el negocio.

El proyecto consta de 760 viviendas y 249 estacionamientos en 6 niveles bajo tierra y también se verificó que el Director de Obras, excediéndose en sus atribuciones, señaló en ese permiso que tal fusión se podía inscribir en el Conservador de Bienes de Raíces contra la recepción final (?) de las obras.

En la actualidad, en uno de esos 3 terrenos, el que está en la esquina de Morandé con Santo Domingo, se está levantado un edificio en altura que le pertenece a una nueva empresa, cuyo nombre entregamos más adelante, en otro hay una edificación de dos pisos que ocupa, en calidad de arrendataria, la Policía de Investigaciones y el tercero es el inmueble protegido por la Municipalidad de Santiago.

No sabemos si en la fecha -28/05/08- en que se publicó en el Diario Oficial la protección patrimonial para ese inmueble privado, la municipalidad informó formalmente a su dueño la consecuencia lógica y práctica de tal declaratoria, la que se refleja con el número 636 en el listado oficial de los Inmuebles de Conservación Histórica.

Hoy en día, de acuerdo a la información pública que aparece en la página web del Servicio de Impuestos Internos (SII) los 3 predios, con sus respectivas edificaciones, le pertenecen a la Inmobiliaria Morandé 2010 S.A. sucesora de las empresas que obtuvieron el permiso de edificación en enero del 2008, por los cuales su propietario le paga trimestralmente a la Tesorería General de la República, conforme a sus destinos, diferentes sumas de dinero, por concepto de contribuciones de bienes raíces.

Lo anterior es demostrativo de que el permiso no solo está caducado, sino que está mal otorgado y por lo tanto no genera ningún derecho a su titular, motivo por el cual el inmueble de Conservación Histórica se mantendrá en el tiempo con las restauraciones necesarias y la pretendida torre que se levantaría en reemplazo del anterior es solo una lucrativa aspiración comercial.

Para no aburrir a los lectores omitiremos otras irregularidades, pero a través de esta tribuna instamos a Carolina Tohá que ordene un sumario administrativo al interior de la Dirección de Obras para que ella conozca los motivos que tuvieron algunos de sus funcionarios para intentar “pasar gato por liebre” y en paralelo le proponemos que le haga un reconocimiento público al funcionario que hizo posible conocer el turbio desarrollo de los hechos.

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07 ago 2013

Carabineros de la nación

No solo el mártir de Carabineros, subteniente Daniel Silva, de la comisaría de Macul ha perdido la vida por servir a su país. Han sido varios los que han muerto en el cumplimiento de su deber, lo que honra a la institución que representan, un reconocimiento a todos ellos.

Sin embargo, el duelo de la institución y de la familia no puede ser utilizado de forma ramplona y descriteriada como han sido algunas declaraciones entregadas por algunos parlamentarios de Gobierno, específicamente del senador Alberto Espina, y lo que es peor, del mismísimo Presidente de la República intentando sacar provecho de una situación dolorosa para todo Chile, como es perder a un joven carabinero que ha dado la vida por defender las nuestras.

Hemos acompañado en su dolor a los carabineros que, día a día, están resguardando el orden público y entregando la seguridad ciudadana que necesitamos. Los riesgos del servicio público se hacen evidentes en estos casos, los esfuerzos humanos para prevenirlos son inmensos, inversión en todas las dimensiones para perseguir y castigar el delito y a los culpables de los mismos, pero no siempre es posible.

Estos hechos tan tristes y dolorosos no pueden abrir la puerta a la sinrazón de declaraciones, las que llevan a despertar sentimientos en contra de las autoridades elegidas democráticamente como el Presidente y algunos políticos de Gobierno por sus dichos irresponsables.

No habla bien de la política que queremos, cuando se pone en entredicho la vida de un carabinero para emplazar al adversario, al que piensa distinto, a los millones de personas en Chile y el mundo que pensamos que la falta de seguridad no se soluciona solo si se aumentan las penas.

Hay investigaciones, propuestas, diseños que se estudian y se aplican de acuerdo a la realidad del comportamiento del delito para perseguirlo de manera eficaz y eficiente.Nuestras policías hacen grandes inversiones y tareas en ello, a pesar de lo mal que se gobierne.

Cuando se emplaza y se desacredita a la oposición, es decir, a los que piensan distinto sobre las políticas de seguridad ciudadana a costa de un mártir, se confunde a la ciudadanía desde el Gobierno diciendo que el aumento de las penas evitaría este tipo de delitos.

Lamentablemente, los hechos dicen otra cosa y a pesar, que los sentimientos de vulnerabilidad frente a la muerte cambian con los sentimientos de venganza, no podemos dejarnos llevar por ellos cuando tenemos que responder con estrategias, tácticas y múltiples formas de intervención razonables en el desafío de la defensa de los derechos, de la seguridad y orden público.

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07 ago 2013

La maldición de Chiguaihue

En los terrenos de la parcela 4 de Chiguaihue, en la localidad de Pidima, en la tensionada comuna de Ercilla, (Araucanía) fue encontrado en las primeras horas de la mañana del martes 6 de agosto, los restos del comunero mapuche de 26 años, Rodrigo Melinao Licán, asesinado por un disparo corto de una escopeta. Las pericias propias de la investigación ordenada por el Fiscal Traipe deberán establecer a qué tipo de armamento corresponde la bala que impactó de frente en el tórax de Melinao acabando con su vida.

Del mismo modo, la investigación deberá responder claramente  a  varias interrogantes .

¿Quiénes son los dueños de la parcela 4? ¿Cuál fue la hora aproximada del deceso?Las pisadas en el lugar del crimen deben indicar si ahí actuaron una, dos o más personas y con qué tipo de desplazamiento.

Se debe responder a la pregunta de si Rodrigo caminaba por el sector en dirección a una meta o fue interceptado por uno o varios sujetos. La verdad debe señalar si fue ejecutado por terceros o si murió como resultado de una refriega, etc. Son muchas preguntas. Y está en juego la credibilidad de la Fiscalía y de la Justicia, aunque el Pueblo Mapuche confía poco en estos poderes.

Ninguna respuesta, sin embargo, atenuará en nada el dolor que aflige hoy a otra familia mapuche y a la nación originaria. Se trata de otra muerte de un indígena que se suma a una larga lista. Y es el primero en el Gobierno actual, aunque no necesariamente como resultado de un enfrentamiento directo con fuerzas policiales.Aunque no sabemos todavía toda la verdad de los hechos.

La localidad de Chiguaihue es maldita. En 1962 fue asesinado ahí Carlos Collío por disparos del entonces dueño del fundo, Ignacio Silva, quien estuvo detenido sólo cuatro días.

En noviembre del 2002 el mayor de carabineros Marco Treuer mata a Alex Lemun. El 12 de agosto del 2009 otro policía mata a Jaime Mendoza Collío y el martes 6 de agosto 2013 se suma el comunero de 26 años Rodrigo Melinao. Todos jóvenes.

Comprenderá el lector que tantas casualidades no son en vano y se convierten en indicadores severos que deben ser tomados en cuenta.

El Gobierno ha reaccionado con extrema cautela y en nada se compara su reacción ante este crimen con la conducta gubernamental observada en los acontecimientos de Vilcún. ¿Doble estándar? Por cierto que sí. Y todo esto es observado con estupor y dolor por el Pueblo Mapuche.

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