El simbólico encuentro en un programa de TV de personas que representan posiciones antagónicas en la situación creada a consecuencia del genocidio desatado por el brutal golpe de Estado del 73, reiteró que las heridas siguen abiertas, que no hay reconciliación posible, que no es un asunto del pasado y que si de veras aspiramos en el futuro a la estabilidad democrática y al desarrollo social, no hay otro camino que enfrentar la verdad y buscar la justicia.
No será posible el “nunca más” en brazos del olvido y la impunidad como de algún modo, más o menos evidente, se ha intentado en las últimas décadas al impulso de los mismos centros de poder, nacionales y foráneos, que desataron la peor tragedia de nuestra historia.
Este es, en nuestra opinión, el tema central de la controversia protagonizada por una parte por Ernesto Lejderman Avalos, cuyos padres fueron asesinados delante suyo por una patrulla militar cuando tenía poco más de 2 años en septiembre del 73 en el sector de La Aguada, Gualliguaica, cerca de Vicuña y, por otra parte, el hasta hace poco presidente del Servel, general ® Juan Emilio Cheyre quien ostentó algunos años la calidad de Comandante en Jefe del ejército chileno.
Como muchos compatriotas que vieron el debate, sentí que de un lado estaba la simpleza y la fuerza de la verdad en las palabras de Ernesto y, por otro, el rebuscado ocultamiento de la verdad en defensa de lo indefendible en las palabras del ex uniformado.
Debo aclarar que, en mi personal opinión, Cheyre no es la imagen grotesca del típico militar torturador, inculto, agresivo por encima de todo ; sé que es una persona ilustrada, sé que ha declarado en tribunales, conozco perfectamente los expedientes judiciales en los que ha debido comparecer o ha sido citado y por supuesto no ignoro que no fue procesado ni condenado en ninguno de esos procesos penales a los que concurrió.
Sin embargo, nada de eso lo exculpa ética y moralmente y, desde mi perspectiva, tampoco lo excusa en el plano jurídico penal. Que los tribunales no lo hayan condenado ni procesado no significa en modo alguno su inocencia.Lamentablemente, la justicia en nuestro país está todavía muy, muy lejos, de ser plena, correcta y suficiente.
En efecto, sin negar los avances logrados gracias a la tenaz lucha de las organizaciones de familiares de las víctimas y de los defensores de derechos humanos, prevalece la sensación justificada de impunidad, de falta de rigor del poder judicial.
¿Hay un mejor ejemplo de que el propio dictador, Pinochet, murió sin ser condenado?A lo más pudimos lograr su desafuero, procesamiento y detención domiciliaria en Chile ; también estuvo preso en Londres en mérito de la jurisdicción universal.Pero en nuestro país no fue condenado.
¿Y acaso han sido condenados los autores, instigadores, cómplices y encubridores civiles del golpe? ¿Han sido requeridos los ex ministros y ex subsecretarios de Pinochet, o los dueños de medios de comunicación golpistas, o periodistas que colaboraron con la Dina, o el líder del grupo terrorista “Patria y Libertad”?
Argucias legaloides como la llamada “media prescripción” y la aplicación de penas ridículamente bajas o de beneficios arbitrarios a asesinos como los degolladores de Guerrero, Parada y Nattino, completan el cuadro de impunidad.
Dicho lo anterior, volvamos al general Cheyre, sus antecedentes y sus declaraciones.En el caso específico del matrimonio formado por Bernardo Lejderman, argentino, de 30 años y María del Rosario Avalos, mexicana, de 24 años, padres de Ernesto, ellos fueron fusilados cuando intentaban salir por la cordillera hacia Argentina huyendo con su pequeño del clima de terror impuesto por los militares en La Serena y pueblos aledaños. La orden provino del regimiento “Arica” a cargo del oficial Ariosto Lapostol, otro impune hasta hoy.
¿Quién era su hombre más próximo? Su ayudante Juan Emilio Cheyre. Tan próximo que fue precisamente a él a quien, tras el crimen, le encomendaron la tarea de entregar al menor a las religiosas.
A la luz de los hechos concretos y del conocimiento de los deberes militares establecidos entre otros en los artículos 131 y 134 del Código de Justicia Militar, ¿puede haber alguien que comulgue con el peregrino argumento de que el ayudante del comandante del regimiento que da la orden y al que pertenecen los asesinos no tuvo conocimiento del crimen y angelicalmente creyó que el matrimonio se había inmolado o había muerto en un enfrentamiento?
¿Que sólo descubrió la verdad al iniciarse los procesos judiciales 30 años después?¿No hubo entonces un sumario, una investigación interna militar? ¿Le daba lo mismo cómo habían muerto los padres del niño? Francamente, no hay quien lo crea.
Técnicamente por tanto sostengo que en conocimiento de los hechos y, es más, dada su posición, en dominio del hecho, por la participación que tuvo, sin descartar la probabilidad de que incluso haya estado presente cuando la ejecución de las víctimas, el sr. Cheyre debió necesariamente ser procesado como cómplice o encubridor como se desprende de la simple lectura de los artículos 15 y siguientes del Código Penal.
Es verdad que existió un juicio y hubo una condena, pero bajísima y sólo a 3 de los asesinos, salvándose los oficiales Mario Larenas, el propio comandante Ariosto Lapostol y sin afectar para nada a su ayudante, Cheyre. La Corte Suprema fue la encargada del capítulo final y rebajó las penas a sólo 5 años mediante la “media prescripción” y negó además toda indemnización a la víctima por parte del Estado. Entiendo que el caso se ve ahora en la Comisión Interamericana de justicia.
Pero, hay más elementos. Digamos a propósito del aludido oficial que en el proceso judicial sobre el episodio La Serena de la llamada “caravana de la muerte”, el ex oficial Pedro Rodríguez Bustos, hizo presente al tribunal que fue Juan Emilio Cheyre quien disparó el tiro de gracias a los 15 ciudadanos sacrificados la noche del 16 de octubre del 73.
El horror desatado en la ciudad nortina los primeros años del golpe fue de los peores del país, incluidos los macabros asesinatos de notables músicos, como Peña Hen y científicos como Vincenzio. ¿Se habrá enterado el asesor del comandante del regimiento de La Serena, desde donde emanaban las órdenes?
Tiempo después este mismo oficial fue inculpado por la muerte de otros 2 menores, Rodrigo Javier Palma, 8 años y Jimmy Christie Bossy, 9 años, en La Herradura, Coquimbo.Pero fue igualmente sobreseído
Tengo a mano una copia de la sentencia del consejo de guerra de La Serena de 17 de septiembre de 1975, de la causa rol nº 61 – 73 que condenó a una decena de chilenos a presidio perpetuo luego de haber sido sometidos durante más de un año a todo tipo de suplicios físicos y psíquicos.
De ese ignominioso “consejo” formaba parte don Juan Emilio Cheyre. ¿Se le habrá olvidado también?
Podrá decirse que integrar un consejo de guerra no es un delito en sí. Sin embargo, cabe recordar que esa farsa de los consejos fue consecuencia de un operativo montado por la dictadura. Más claro la declaración de “estado de guerra interno” decretado por la Junta golpista el 12 de septiembre del 73 para justificar sus crímenes ante la opinión pública internacional, precisamente amparándose en esos supuestos juicios militares de tiempos de guerra.
El pequeño detalle es que nunca hubo guerra. Por tanto esos “consejos de guerra” fueron parte del montaje para encubrir el genocidio, un elemento de la máquina de exterminio. Formar parte de ellos está muy lejos del honor y la dignidad.
Se equivocó por tanto el gobernante que con tales antecedentes le designó comandante en jefe del ejército aunque debamos reconocer que no había muchas opciones mejores y se equivocaron quienes le designaron, sin votos en contra en el Senado, a cargo de un proceso eleccionario legal.
Es una evidente contradicción. El general no ha cambiado. En su carta renuncia a la presidencia del Servel habla de una “brutal incomprensión del actuar militar”, cuando lo brutal ha sido precisamente el actuar militar. Dijo además tener su conciencia en paz.
A estas alturas cabe tener presente que el origen de esta polémica fue una publicación de prensa.Es posible que quizás el columnista y rector de la UDP don Carlos Peña, no imaginara la repercusión y consecuencias de su comentario acerca de Cheyre que fuera publicado el pasado día 18. Pero en esencia tenía la razón.
Mi diferencia con él es que estimo que no son asuntos del pasado, sino del presente y del futuro.Todo está vivo. Es más, cada vez más sorpresas. Como la denuncia del periodista Mauricio Weibel acerca de la existencia en manos de la dictadura de gran cantidad de sustancias tóxicas mortales lo que nos lleva directamente a pensar en casos como el asesinato del ex presidente Eduardo Frei, o de Pablo Neruda, o el cuartel de Simón Bolívar.
Toca ya un cambio verdadero en nuestro país. Es hora de quitarnos de encima todo lo que huela al terrorismo de Estado implantado en 1973, empezando por la Constitución heredada de la dictadura que nos avergüenza.
Son demasiados años sin toda la verdad y todala justicia, sin los que no estará seguro el porvenir.Es mucho tiempo bajo un sistema político, económico y social tan injusto.
Lograrlo sería el mejor tributo a las víctimas de la dictadura.
