19 feb 2014

Especialistas, inversiones y listas de espera

Por Jorge Lastra
Jorge Lastra
Jorge Lastra
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La insatisfacción de la población con el manejo de salud del Gobierno de Piñera es crítica; alrededor de un 70 % la rechaza y por debajo del 30 % la celebra, asimismo, la salud es el sector que más destaca la población como área de preocupación según las últimas encuestas de opinión.

 Estos indicadores muestran más allá de la evaluación de  la gestión en esta materia, una gran expectativa de solución en el futuro Gobierno. Por otra parte, como la salud no tiene un actor que la sintetice y la movilice, como ocurre con los estudiantes y la educación, no existe una demanda única y clara de lo que espera la población respecto de este tema. De esta forma, las expectativas pueden ser muchas y variadas: buen trato, recibir explicaciones, información oportuna, trato con respeto y acogida, en calidad de atención y, de exámenes, acceso a remedios, consultas y procedimientos todos oportunos, en términos asistenciales.

Se trata como podemos observar, de un montón de alternativas. Igualmente y aunque no aparece como importante para la población en forma directa, si lo son: el desarrollo de las acciones de promoción y prevención en salud, que están destinadas a anticiparse en el daño, muchas de ellas en cada uno de los territorios locales, desde el Municipio y la Atención Primaria.

En este contexto, quiero llamar la atención en lo que en mi parecer forma parte de los problemas causantes de la insatisfacción de la población. La atención médica en el nivel primario, los servicios de urgencia, las especialidades y de hospitalización en el sector público, que se materializa en las conocidas listas de espera. La lista de espera, como su nombre indica es el listado de las personas que esperan alguna de las prestaciones comentadas.

Desde la primera década de este siglo, esta manifestación de déficit del sector salud ha sido un tema de preocupación y acción, primero fue el desarrollo de registros y la suma de 500 especialistas, en los años 2008 y 2009 y durante este gobierno, el tema tuvo un fuerte énfasis comunicacional. Se propuso acabar con ellas y para eso se comprometió eliminar las que existían el año que el Gobierno asumió.

Después se supo que el cumplimiento fue a lo menos extraño; un gran porcentaje de casos fueron cerrados como procedimientos administrativos, lo que recibió un cuestionamiento de parte de la Contraloría General de la República.

Además, fue un objetivo erróneo ya que se propuso el término de la espera en los pacientes que se encontraban en esa condición el año 2010 y como se trata de un fenómeno dinámico, o sea, que se reproduce regularmente con los pacientes que van quedando pendientes en forma regular, la solución al grupo señalado, por sí sola resulta insuficiente.

Dado este manejo, hoy no son conocidas transparentemente cuantas son los personas portando patologías GES y NO GES, que esperan una consulta de especialista, un examen diagnóstico, un procedimiento, una cirugía o una hospitalización. De cualquier forma, de seguro las cifras son elevadas, varios miles de casos aguardando alguna prestación en el Sistema de Salud.

La causa principal atribuida a este problema de las listas de espera, es el déficit de especialistas para lo cuál se ha planteado como solución aumentar la formación de especialistas,  cuestión que se ha enfrentado activamente desde el año 2008 en adelante cuando se comenzó con el estímulo de la formación dependiente de los Servicios de Salud, de los programas formación de médicos de Atención Primaria de 3 y 6 años y de otro tipo, hasta alcanzar un efectivo aumento del doble de los especialistas en formación entre los años 2008 y 2013, de 500 a 1000 por año. Sin embargo, de esos 1000 menos de 200 se quedan en el Sector público, entonces hoy el problema no es solo de formación sino que es de reclutamiento, donde los desafíos son económicos, pero sobre todo de motivación.

Los datos de déficit de especialistas surgen de una relación con las listas de esperas y también de estudios que elaboró en esos años el Ministerio de Salud y el Banco Mundial, donde se indicaba que faltaban 1500 especialistas, pero a partir de una estimación de demanda según estándares establecidos por los propios  especialistas, es decir, de la oferta. Un análisis de la demanda debería surgir de la suma de las listas de espera y el consumo de consultas y procedimientos, como endoscopías, radiología intervencionista y otros exámenes de imágenes.

En un estudio realizado al actualizar datos del uso de las actividades según tipo de seguro, se puede observar que mientras los procedimientos de diagnóstico y terapéutico ocupan más del 20 % de las prestaciones totales del sistema ISAPRE, en el Sistema FONASA modalidad institucional, este porcentaje es menor de 10 %. Estas cifras a mi juicio, muestran el déficit de estos tipos de procedimientos diagnósticos y terapéutico en el sector público, cuestión que se hace también evidente en la repetición de consultas y la hospitalización que se debe realizar o que se prolonga a la espera de exámenes y procedimientos de diagnóstico y terapéutico.

Con estos datos, podemos concluir, que al menos uno de los aspectos críticos de las listas de espera debiera estar, en forma predominante en estos tipos de prestaciones: los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, como endoscopías, ecografías, radiografías, scanner, etc., lo que implica horas de especialistas y de todo el apoyo involucrado de otros profesionales y técnicos, así como de equipamiento e infraestructura.

De manera que el análisis debe conducir a entender que la inversión no solo es en la formación de médicos especialistas, sino que en el reclutamiento y todo aquello que conforma las unidades de procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéuticos.

Así parece interpretarlo el Programa de Salud del Gobierno de la Nueva Mayoría, que ha pensado en seguir formando 1000 especialistas por año, hasta lograr 4000 en su período presidencial. También, lo entiende al pensar en normalizar, reponer y ampliar la infraestructura hospitalaria y de servicios de urgencia de alta resolución, intuyo que todo ello considera el recurso humano y el equipamiento, junto a las transferencias de operación necesarias.

También supongo, que se entiende que esas condiciones son claves para el reclutamiento de los profesionales formados y en formación, ya que uno de los factores de motivación señalados por los médicos especialistas es disponer de condiciones de trabajo adecuados en todas estas variables: personal, equipamiento e infraestructura. De la misma forma que debe ser considerado tal como es valorado por la población, las buenas condiciones en las dependencias de atención y señalética, baños y salas de espera, como complementos.

Sin duda la situación de las regiones requiere una atención especial, donde los incentivos deben ser especiales, tanto en materia de remuneraciones, como en la posibilidad de formación continua y carrera funcionaria.

Esta mezcla de formación, financiamiento e inversiones para enfrentar las listas de espera, requiere además una adecuada gestión de recursos, con buenos registros de quienes se encuentran en espera de alguno de estas prestaciones y su uso para ir regulando el acceso a la atención, considerando variables tiempo en espera, grado de urgencia, riesgo vital y nivel de discapacidad que produce.

Por supuesto, la perspectiva de equidad en la distribución de los recursos y la gestión de las inversiones son claves también, así como el adecuado seguimiento de la ejecución de las obras, para que no ocurran situaciones como las que hemos visto recientemente en los hospitales de Maipú y La Florida, tan largamente esperados y que por una inadecuada Inspección Técnica de la Obra. Hoy apenas iniciada su puesta en marcha ya presentan problemas de funcionamiento evitables.

Pero sobre todo, estos deben ser pasos indispensables también el sentido de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud como nuevo objetivo central, la ampliación de la cobertura de atención hacia la universalización, con claro liderazgo y trabajo en equipos.

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16 feb 2014

Del modelo y los medios

Por Pablo Salvat
Pablo Salvat
Pablo Salvat
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De in-comunicación. Sí, aunque suene paradojal. La nueva etapa globalizadota en que entró el planeta, en particular, después de la caída del socialismo histórico y el aparente triunfo del capitalismo más o menos liberal, se dio no solo en el ámbito del funcionamiento de los mercados y la expansión del capital, sino también, nuevas tecnologías mediante, en el espacio de las comunicaciones.

Y lo hemos experimentado, al parecer las realidades se han desvanecido y solo quedan las imágenes, diversas, puntuales, sin contexto, particulares.

¿Qué vio usted lector o lectora de la guerra contra Irak del Sr. Busch por ejemplo?

¿Qué se pudo ver de la guerra inventada contra Gadafi?

Más aun, ¿qué sabemos hoy de Libia? ¿Qué se muestra en las principales agencias informativas al respecto? Pues casi nada.

Una vez derrocado y muerto Gadafi, al parecer todo ha vuelto a la “normalidad” que los sectores guerreristas de la OTAN y USA promovieron.

Sin embargo, no hace mucho murió el embajador de USA en Libia, en plena era pos Gadafi, en un ataque de alguna de las tribus o sectas que allí existen. Nada menos, el propio embajador. Y, ¿qué se dijo? ¿De qué se acusó al actual gobierno de Libia? ¿Se invadió el país?

Oiga, y lo mismo sucede cuando se trata de “informar” sobre Afganistán, Irán, o ahora, Siria, en el Oriente Medio.

Pero, más cerca de nosotros, el trato desinformativo, sesgado, distorsionador, se aplica de manera permanente, mire que casualidad, a todos aquellos gobiernos que muestran talante nacionalista, progresista, popular o revolucionario y que poseen importantes recursos naturales.

Y esto, claro está, más allá de si uno tiene o no acuerdos con los contenidos de las políticas aplicadas por esos gobiernos. ¡Qué casualidad! De nuevo, como de un momento a otro, estallan disturbios organizados en Venezuela por la así llamada “oposición”.

Ahora está de moda tildar de “oposición” a cualquier tipo de manifestación callejera, no contra cualquier gobierno, no, sólo contra algunos gobiernos que aparecen como “díscolos” para los poderosos de este mundo. Y aunque esa “oposición” termine, como se dio en Venezuela el 2002, con un intento de Golpe de Estado. Al parecer da lo mismo como se comporten los así calificados de “opositores”.

¿Qué cree lector, lectora, haría el gobierno chileno si se dieran aquí el tipo de manifestaciones como se dan en otros lugares? Oiga, y en la mayoría de esos países hay gobiernos legítimos nacidos de procesos electorales adecuados.

Sin embargo, a los medios que desinforman eso es un detalle y no les importa.Incluso se usan imágenes que son de sucesos de otros países.Tampoco parece importar mucho. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿En qué queda la veracidad del informar?

Esto para decir que en buena medida hoy, la lucha política por el poder tiene un escenario privilegiado en la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, y su entrelazamiento globalizado con el poder económico dominante.

Ya no es necesaria siempre la guerra directa. Ahora, ante el vacío de un inexistente espacio público democrático nacional y global, es más importante hacer política a través de la guerra mediática.

Porque, como bien se dice en Alicia en el país de las maravillas, “las palabras significan lo que dicen los que mandan”. A tener en cuenta.

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15 feb 2014

Imprudente precedente

Por Camilo Escalona
Camilo Escalona
Camilo Escalona
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A propósito de su último viaje antes de entregar el mando, el Presidente de la República, en Colombia, incursionó ampliamente en los medios de comunicación en temas de largo plazo, como es el retiro o la permanencia del país en el Pacto de Bogotá, sin tener presente que una decisión de Estado como aquella no puede ser el resultado de la improvisación, de rabietas pasajeras o sujetas a las aspiraciones de popularidad de cada gobernante, ya que significan poner en juego, ni más ni menos, que la participación de Chile en el sistema de toma de decisiones de Naciones Unidas para la solución de controversias entre diversos Estados.

Recuerdo que hace pocos meses, fue muy difundida nuestra elección como país al Consejo de Seguridad, de esa fundamental organización internacional.

En otro nivel, pero en actitud semejante el ministro (s) de Justicia en otro foro global, comprometió al país a dar solución en dos años a las demandas de tierras de las comunidades mapuche. Este último funcionario se permite anuncios relativos a un gobierno que no es el suyo y en materias que no son de su competencia.

En un ámbito más doméstico causa perplejidad la abundante serie de tareas ministeriales difundidas por personeros que ya se van. Estas promesas abarcan los más variados ámbitos: Obras Públicas, Salud, Vivienda, etc.

Pareciera que la impronta de tales autoridades es una fuerte adicción al poder que les hace olvidar que estamos en democracia, que no hay perpetuación en los cargos y que el país ya procedió a la elección de un nuevo gobierno, cuya asunción -por lo demás- es inminente.

Estas prácticas son imprudentes e indecorosas.

Alguien dirá que para qué tomarse las cosas tan en serio. Puede ser una opción.Tomarse las cosas livianamente y concluir que aquel que se expone al ridículo solo se perjudica él mismo.

No obstante, el sistema político no está en un buen momento.Hay desencanto y desconfianza hacia sus protagonistas, de manera que estas ínfulas de grandeza, que exceden con creces a las posibilidades y atribuciones de quienes las realizan acentúan esas debilidades.

Prometer lo que no se puede cumplir conlleva un profundo desprecio a la política y a la democracia. Resulta ser una mala práctica atiborrar y recargar a las diferentes reparticiones del Estado con expectativas que escapan de las prioridades y, las más de las veces, están fuera de los intereses y disponibilidades del país para su implementación.

No voy a caer en la simplificación de afirmar que estas malas prácticas han comenzado justamente ahora, en este verano y con esta administración. Seguro que no. La tentación de complicarle la vida al gobierno que llega es de larga data.

Pero que sea un sistema antiguo, de ningún modo lo justifica. Especialmente ahora, en que las fuerzas políticas reconocen transversalmente que en la ciudadanía hay desencanto y apatía hacia temas que son del interés general de la nación.

Pareciera ser que, en este aspecto, el sistema británico es mejor. El que gana electoralmente comienza a gobernar de inmediato. No hay espacio para la grandilocuencia en giras de autoalabanzas y, no se pueden atosigar los noticieros con la adoración a sí mismos de los gobernantes que terminan su periodo, que recorren gracias al gasto fiscal hasta el último rincón de la nación. Al final ese ejercicio no son más que palabras que se las lleva el viento.

Una sana tradición republicana debiese realzar la prudencia en esa retórica auto valorativa, tomando distancia de tantas lisonjas y frases altisonantes que, a la postre, solo ayudan a elevar la desconfianza ciudadana y va, en sentido contrario, a la obligación primordial de quienes ejercen la acción pública, que es el fortalecimiento de la legitimidad de la política precisamente, para dirigir el Estado.

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15 feb 2014

Vocerías

Por Hugo Guzmán
Hugo Guzmán
Hugo Guzmán
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La ausencia de vocería puede acarrear vacíos comunicacionales de negativo efecto político. La sobreexposición también, porque puede producir una saturación deficitaria en lo político.

Lo que nadie discute es la necesidad de las vocerías, sobre todo desde el ámbito político (puede haberlas desde entidades financieras, deportivas, universitarias).Donde comienzan los problemas es en la caracterización y modalidades de ese instrumento.

A nivel de gobiernos, por ejemplo, hay situaciones disímiles. El Vocero de la Casa Blanca, en Estados Unidos, es toda una institución, con claro perfil informativo. En Chile un Ministro/a asume la voz oficial de La Moneda, aunque tiene otras labores propias de su cargo. En La Habana o Ciudad de México no existe ni una ni otra figura.

Hay un factor formal y es que en muchas ocasiones la figura de Vocero/a la asume un funcionario, un dirigente, un representante gubernamental, parlamentario o político. Es decir, el actor político es al mismo tiempo la voz de la organización. En Chile eso es lo frecuente.

En otros países existe la figura del Vocero/a del Partido o del Grupo Parlamentario que se encarga de informar alguna decisión u opinión, sin que sea un dirigente o legislador el que salga ante los micrófonos y las cámaras.

Los verbos de una vocería deberían apuntar a informar, precisar, transparentar, convencer, desmentir, tranquilizar, tensionar.

Premisas de una vocería tendrían que considerar la oportunidad, la incidencia y la puesta de escena, lo que potencia el mensaje. Lo mismo que la gestualidad y las formas de expresión del Vocero/a.

Una vocería, además, siempre buscará un efecto comunicacional y político, de lo contrario no tendría sentido.

En esa línea, el contrasentido es evitar, suprimir y negar la vocería. Si bien ello se materializa en la no opinión y el silencio, no deja, muchas veces, de tener también un efecto comunicacional y político.

Cuando se trata de un partido, una bancada parlamentaria o un conglomerado, puede materializarse una ausencia de coordinación, de centralidad y de coherencia en las vocerías, generando la sobreexposición, contrapuntos y saturación de voces.

Mucho de lo anterior se produjo estas semanas en relación al equipo de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, y las dirigencias de la Nueva Mayoría. Se podría aventurar que no hubo una reflexión/decisión respecto al instrumento de la vocería. O hubo consideraciones erradas o erráticas.

Pero no es nuevo. El ámbito político chileno vive hace un tiempo distorsiones en cuanto a la herramienta del Vocero/a. Incluso desde los medios de prensa convierten la vocería en un fin en sí mismo y no en un instrumento de recopilación informativa.

En ese marco, habría que considerar que la vocería debe tener como objetivo final el entregar la voz y el contenido necesario para la ciudadanía. Aunque en muchas ocasiones las vocerías se usan para enviarse mensajes entre las cúpulas políticas, llegándose al extremo de que la gente no comprende ni se interesa por lo que se está diciendo.

Algo que podría contribuir a descomprimir y destensar el asunto de las vocerías en la política, es asumir la instalación de la figura de Vocero/a de un Partido, conglomerado o Bancada, como un profesional de las comunicaciones que se encarga de informar y asumir la transmisión del mensaje. De alguna manera, la figura del Vocero/a que usan varios gobiernos en el mundo.

Que la prensa y la ciudadanía se acostumbren a que ese profesional es el que expresa lo que piensa, decide, opina, transparenta un Partido, un grupo parlamentario o un conglomerado, sacando de esa tarea a los protagonistas que deben guardarse -incluso guarecerse- para ocasiones más específicas y trascendentes.

Lo importante, por cierto, es garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

Aunque no es un elemento decidor, no es menor que en el ámbito de la política se atienda con rigurosidad profesional la figura de las vocerías, entendiéndola no como el desahogo o la expresión particular de un político o autoridad, sino como una voz consistente que mide el efecto comunicacional y político que tendrá lo que se diga o se deje de decir.

Lo primero, por cierto, es perder el miedo a la vocería; asumirla con naturalidad, eficacia, profesionalismo, oportunidad y sentido ciudadano.

En un país donde el periodismo es excesivamente declarativo, y lo episódico parece imponerse a lo procesal, la vocería adquiere mayor valor.

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15 feb 2014

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la paz mundial

Por Alberto Sepúlveda
Alberto Sepúlveda
Alberto Sepúlveda
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Los próximos cincuenta años estarán marcados por dos grandes tendencias. O la Humanidad se destruye por la guerra o se alcanzará un ciclo de prosperidad planetaria. Explicamos.

Estamos viviendo el fin de una era que ha durado cinco siglos marcada por la hegemonía de Europa y su heredero, Estados Unidos.Ello implicó la sumisión de Asia , África y América .

Antes de 1492, cuando Colón descubrió un nuevo continente e inicia las relaciones internacionales mundiales, era China la principal economía del planeta y dueña de un sistema político que expandía su cultura por gran parte de Asia.

La dominación europea llevó al colonialismo y en el siglo XIX se expandió por Asia y África mientras las Américas consolidaban su Independencia, pero bajo el dominio del hombre blanco.

Hoy estamos observando la rápida declinación del “mundo desarrollado”, es decir de Estados Unidos y las potencias del norte del Viejo Continente y emergen Asia, África y América Latina, los otrora “subdesarrollados”. Y todo apunta a que esta situación continuará en el transcurso del Siglo XXI.

Este panorama origina el peligro de una o varias guerras, ya sea por el intento de EEUU de mantener su hegemonía o de China de asumir el centro del poder mundial.

Muchos historiadores aseguran que nunca una potencia se ha convertido en dominante sin violencia y así ocurrió con los conflictos napoleónicos destinados a moderar a Francia o las dos Guerra Mundiales del Siglo XX cuando Alemania trató de conquistar Europa.

La Guerra Fría entre EEUU y la Unión Soviética se desarrolló entre 1947 y el 2001 y en esos años el mundo estuvo, en más de una oportunidad, al borde del precipicio.De ahí la necesidad imperiosa de consolidar la paz en las décadas que vienen.

Para complicar el panorama existe el temor al agotamiento de los recursos naturales y ello da un gran valor a las islas o peñones que dan origen a Zonas Económicas Exclusivas. Es así que en Asia surgen conatos de violencia entre China, Japón, Filipinas, Malasia, Vietnam y otros países y está  también, la disputa por las aguas del Polo Norte entre EEUU, Rusia, Dinamarca, Canadá y otros.

Por ello la necesidad de consensos acerca de las normas e instrumentos para asegurar soluciones pacíficas a las controversias .Y de ahí la importancia de la CIJ.

Veamos ahora la tendencia positiva.

Si hay paz, normas jurídicas consensuadas y organismos judiciales globales, el mundo debería encaminarse a niveles de riqueza jamás alcanzados. Y, como elemento a destacar, los “subdesarrollados” podrían alcanzar la modernidad y la prosperidad.

El problema del Derecho Internacional.

El Derecho Internacional Clásico fue forjado en Europa Continental en los siglos XVIII y XIX . Y, en gran medida, tuvo por objeto consolidar las relaciones de dominación, incluso el colonialismo, a favor de un pequeño grupo de potencias del Viejo Continente.

Fue un Derecho originado entre potencias cristianas, herederas del Imperio Romano de Occidente. Y, como es de suponer, las normas jurídicas propias de otras culturas como la musulmana, china, japonesa o africanas, no fueron tomadas en consideración.

Sólo en América Latina surgieron principios destinados a establecer reglas que limitaran la acción del poderoso . Y es así que encontramos doctrinas como “ La igualdad jurídica de los Estados“, “ El principio de no intervención” “ No cobro de las deudas por la fuerza” y otras destinadas a combatir la desigualdad que son hoy parte de la legislación de Naciones Unidas.

El fin del colonialismo ha llevado a una revisión del Derecho Internacional Clásico y hoy está surgiendo una nueva normativa que se genera en grandes conferencias mundiales promovidas por Naciones Unidas.El nuevo Derecho introduce conceptos que forman parte de las culturas de las otrora colonias.

Y es importante aceptar la nueva realidad legal para actuar en las Relaciones Internacionales del presente. Es también, un método para asegurar la paz.

El instrumento judicial: la CIJ.

Hemos señalado el papel de la ONU para ir eliminando los posibles focos de conflicto. Su instrumento judicial es la CIJ que trata que todos los conflictos entre Estados sean resueltos por la vía del Derecho. La tendencia es ir dando a la Corte mayores atribuciones, precisamente para ir despejando las amenazas de violencia.

No me sorprendería que en el futuro el Consejo de Seguridad llame a dos Estados en disputa a someterse a la CIJ. Y, más aún, que la Corte adquiera atribuciones para actuar de oficio, es decir, en forma activa para llamar a los contendores a un juicio.

Salvaguardar la paz es la meta de la Humanidad y por ende de la ONU, en las décadas que vienen.

La metodología de la Corte.

Para que los diversos Estados recurran a la vía judicial la CIJ tiene que dictar sentencias que dejen medianamente insatisfechas a las partes. Fallos inclinados en gran medida o en su totalidad a uno de los contendores, inhibirían a otros Estados a recurrir a la vía judicial, por temor a un fracaso rotundo.

Ahora bien, los latinoamericanos hemos sido criados en el modelo jurídico francés que tiene por objeto asegurar el dominio del Estado. Los jueces son funcionarios públicos y no tienen libertad para fallar, sólo pueden aplicar la norma jurídica que se remita al caso, incluso con el riesgo que la sentencia no sea la más justa. La ley manda.

En el sistema anglosajón, especialmente el estadounidense, la comunidad prima por sobre el Estado. De ahí la existencia del jurado, es decir de representantes del pueblo, elegidos por sorteo, que es quien falla. El juez, en estas condiciones, busca una norma que pueda aplicar. Y no se remite a un Código . El magistrado puede usar sentencias judiciales, leyes y, más aún, innovar y crear jurisprudencia.

El mecanismo más adecuado para el funcionamiento de la CIJ, en la actualidad, es el americano y aspira a buscar la equidad por sobre el poder de una ley escrita. La Corte está creando jurisprudencia como una de sus tareas.

Recordemos lo que dijimos acerca del Derecho Internacional Clásico, de las nuevas tendencias y saquemos las conclusiones para el accionar de la CIJ. Ello no implica suponer que los jueces de la Corte son semi analfabetos en materia jurídica.Todo lo contrario.

Se trata de juristas de alta calificación que representan a las diversas regiones del mundo y que tratan de abrir espacios a sus culturas nacionales mediante la creación de jurisprudencia.

Por ello que sus fallos son despegados del Derecho Internacional Clásico, en su versión francesa.

Qué pasó en el juicio marítimo entre Chile y Perú.

El objetivo de la Corte fue terminar con la época de confrontación entre Chile y Perú y establecer soluciones que permitieran a ambas partes aceptar el fallo. Había que evitar el triunfo completo de uno y la derrota estrepitosa del otro.

De ahí la equidad y el método anglosajón.

La CIJ concedió a Chile ochenta millas de Zona Económica Exclusiva mediante un paralelo o línea recta que asegurara que las áreas de pesca quedaran en su posesión.

Como compensación aceptó la bisectriz para el Perú pasadas las ochenta millas con lo cual parte del antiguo mar chileno pasó a manos peruanas. Y, para no complicarse, no se pronunció sobre la frontera terrestre y mantuvo la delimitación marítima , con lo cual favoreció a Chile.

Aquí vemos la aplicación de la metodología que hemos explicado.

Primero usó los fundamentos jurídicos chilenos, los acuerdos de 1954 y luego, pasadas las ochenta millas la tesis peruana de la bisectriz. Es decir usó dos principios jurídicos contrapuestos.

El paralelo suponía la normativa anterior a la Convención del Derecho del Mar y la bisectriz se sustentaba en la aceptación de los postulados de la Convención.

En un modelo de Derecho Internacional Clásico a la francesa esto sería anti jurídico.En el esquema anglosajón el fallo es válido.

Y de nuevo tenemos que recordar las tendencias jurídicas que están imperando en el mundo, la tarea de preservar la paz y el papel que se reconoce a CIJ de ir creando una nueva jurisprudencia con el aporte de jueces venidos de todas las áreas culturales del planeta.

Las consecuencias para Chile de su retiro de la CIJ.

En Chile está surgiendo un debate que va contra las tendencias mundiales.Un grupo de personas está proponiendo la salida del país de la CIJ para no estar sometido a juicios no queridos.

Esta medida desconoce las siguientes realidades.

A) La Historia de las Relaciones Internacionales de América Latina.

Tal como se indicó los países de la Región, desde el siglo XIX, han elaborado doctrinas que impidan el uso de la fuerza de las grandes potencias en nuestro desmedro.

Y la fórmula ha sido, entre otras, establecer la judilización de los diferendos y de los conflictos.Es decir a la violencia se opone la vía judicial, ojalá obligatoria.Y toda la historia del Sistema Interamericano ha seguido ese camino.

Una salida de Chile de la CIJ significa quedar en la indefensión y en el aislamiento de las tendencias modernas de las Relaciones Internacionales.

B) Chile ha optado como modelo de su desarrollo la integración a la economía mundial y ello supone, para un país pequeño, una estrategia de incremento de los mecanismos de solución de conflictos. Es decir la vía judicial.

C) Se menciona como utilidad de la salida que Bolivia no podría buscar una salida al mar , a costa de Chile, recurriendo a la Corte.La mala noticia es que ya lo hizo .

Por otra parte los posibles demandantes tienen un año para hacerlo a contar de la fecha en que Chile informe oficialmente de su intento de retiro.

Más aún, el único problema pendiente con Perú es el triángulo terrestre y la instancia arbitral para resolverlo es el Presidente de Estados Unidos.

D) El problema mayor que origina el debate de una propuesta que implica un desconocimiento grave de la realidad mundial, de las tendencias del Derecho Internacional y del papel de la CIJ es el descrédito de la elite chilena ante los ojos de otros países. Queda como ingenua y, peor aún, como ignorante.

Y ello afecta indudablemente la imagen de un país que busca crecer mediante su inserción internacional.

El prestigio es muy importante en las relaciones humanas, de las empresas y de los países. Es algo que no se puede farrear impunemente.

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14 feb 2014

Todo cojo siempre culpa al empedrado

Por Roberto Fantuzzi
Roberto Fantuzzi
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Durante los últimos años nos hemos ganado de una reputación económica envidiable, en comparación a nuestros vecinos, con un alto crecimiento en el PIB y un mejoramiento en la calidad de vida. Claramente la mejora puede ser subjetiva, ya que sabemos que no todos los ciudadanos se ven beneficiados por los números azules que destaca Chile.

Ya finalizando este periodo del Presidente Sebastián Piñera, acompañado de su gabinete, se puede realizar un balance tanto positivo cómo negativo.

En lo rescatable hay varios puntos que considero, como la facilidad de la creación de empresas, la disminución de burocracia en algunos trámites, el aumento de pos natal para la mujer y la estabilidad macro-económica que se mantuvo.

Hace algunos días se realizó la encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, donde les preguntaron a 50 expertos el panorama futuro de la economía chilena, expresando que nuestro país bajará su crecimiento a un 3,8 por ciento para este 2014. Ya es casi costumbre que los “expertos” sean como la “tía” Yolanda Sultana, teniendo una bola de cristal prediciendo el futuro.

Asimismo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín dijo que “si hay una desaceleración en la economía nacional, el problema es interno, ya que el panorama mundial se ve positivo con el crecimiento de Estados Unidos y la recuperación de Europa”, dejando una sensación de culpa para la futura administración, como un dicho antiguo que conozco “el cojo siempre le echa la culpa al empedrado”.

Larraín no debería culpar al resto, por los errores que se pudieron cometer, él también es parte de la carrera que Chile quiere ganar, donde tendrá que entregar el testimonio de la posta a Alberto Larenas, quien será el futuro ministro de la cartera.

A pesar que los resultados no son alentadores, recordemos que hemos avanzados mucho en el área económica y que cada vez será más difícil crecer a cinco puntos porcentuales.Estamos ad portas del desarrollo, por ende el crecimiento y la brecha se ven disminuidas.

Los economistas están acostumbrados a “meter cuco” con sus análisis y fórmulas mágicas, pero creo que este año será muy positivo para nuestro país, sin olvidar que hay que trabajar duro, y además se comenzará un nuevo periodo presidencial al cual le deseo toda la suerte para que sea un año exitoso.

Los gobiernos no son una carrera individual, sino más bien una posta que todos tenemos que participar y contribuir, para lograr la meta deseada.

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14 feb 2014

El reemplazo de Ximena Rincón

Por Sergio Muñoz
Sergio Muñoz
Sergio Muñoz
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Nadie imaginó que Michelle Bachelet iba a incluir a un parlamentario en su primer gabinete, pero así ocurrió. Ximena Rincón, de la DC, que había sido elegida senadora por la región del Maule para desempeñarse hasta el 11 de marzo de 2018, fue designada ministra secretaria general de la Presidencia.

El nombramiento fue una sorpresa para la directiva de la DC, que a partir de ese momento debió calmar a los múltiples voluntarios que se han ofrecido para reemplazar a Rincón en el Senado.Incluso un par de diputados, reelegidos recién en noviembre y que aún no han asumido su nuevo período en la Cámara, han mostrado su deseo de saltar al Senado.

El interés es explicable, son cuatro años de ejercicio del cargo de senador, y el designado quedaría en posición privilegiada para postular nuevamente.

La práctica de incorporar parlamentarios al gobierno es francamente dudosa.Como se sabe, fue inaugurada en enero de 2009, cuando Bachelet nombró a la entonces diputada Carolina Tohá como ministra secretaria general de gobierno. El partido de ésta, el PPD, designó entonces a Felipe Harboe, que había sido subsecretario de Interior, para reemplazarla en la Cámara.

El gobierno de Sebastián Piñera llevó el procedimiento al extremo. Cuatro senadores dejaron sus cargos para asumir como ministros: Andrés Allamand, Andrés Chadwick, Pablo Longueira y Evelyn Matthei.

Luego de ello, RN y la UDI designaron a sus reemplazantes, tal como lo estableció la malhadada reforma de 2005, que tuvo como principal impulsor al senador Adolfo Zaldívar, entonces presidente de la Democracia Cristiana, fallecido el año pasado.

Esa reforma buscó explícitamente proteger los intereses de los partidos. Hasta ese momento, en caso de fallecimiento, renuncia o inhabilitación de un parlamentario, la Constitución establecía que debía asumir quien había sido su compañero de lista.

Así ocurrió cuando Jaime Guzmán (UDI) fue reemplazado por Miguel Otero (RN), y cuando Jorge Lavandero (DC) fue sustituido por Guillermo Vásquez (PR). A partir de la reforma, el partido respectivo tuvo la potestad absoluta para designar al reemplazante.

Si ya es discutible que un parlamentario se convierta en ministro, lo que pone en entredicho la voluntad de los electores y vuelve borrosos los límites de cada poder del Estado, el procedimiento de reemplazo refuerza la idea de que “los políticos se arreglan entre ellos”.En los hechos, se viola el principio de que todos los miembros del Congreso Nacional sean elegidos por sufragio universal.

Carece de lógica que las reformas constitucionales de 2005 hayan eliminado a los senadores designados y vitalicios, pero a la vez hayan abierto la puerta para que siga habiendo senadores y diputados designados, esta vez por decisión de los partidos. No se ve bien. No huele bien.

Extrañamente, ningún partido ha cuestionado este procedimiento en el contexto de las discusiones sobre la nueva Constitución, y sucede que es uno de los elementos que deben desaparecer.

Algunos sugieren que una solución podría ser que, en el mismo acto de elegir a los parlamentarios, se vote por sus eventuales suplentes. No sabemos si, en estos tiempos, habría muchos interesados en ser candidatos a suplentes, y si tal mecanismo sería claro para el electorado.

La única alternativa irreprochablemente democrática debería ser la convocatoria de una elección complementaria en el distrito o circunscripción que corresponda.

Así era antes de 1973. Eran los ciudadanos los que decidían. Por haber un solo cargo en disputa, los partidos buscaban establecer alianzas naturalmente, y el elegido asumía con la misma legitimidad que los otros miembros del Parlamento.

La DC no tiene más alternativa que resolver el reemplazo de Rincón en el marco de las disposiciones vigentes. Pero el problema de fondo subsiste. No debe haber parlamentarios designados. Ese es el principio que corresponde proteger.

Sería saludable que los partidos se pusieran de acuerdo para eliminar una norma que es definitivamente nociva para el régimen democrático.

Si hay que reemplazar a un parlamentario, por la razón que sea, lo democrático es que se pronuncien los electores.

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14 feb 2014

El negocio de las pensiones y Nueva Mayoría: tres caminos

Por Carlos Santa María
Carlos Santa María
Carlos Santa María
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Las pensiones de jubilación, invalidez y muerte son prácticamente el único recurso permanente con que cuenta un trabajador para continuar su vida en condiciones favorables que le permitan postergar sus años de tránsito en esta tierra y preferiblemente en mejores condiciones, todo ello producto de su trabajo por décadas.

Las denominadas AFP, a cuyas agencias deben obligatoriamente afiliarse l@s trabajadores, son empresas de ahorros que ofrecen intereses mínimos a sus clientes con la promesa de otorgarles una pensión conveniente después de 35 años sin garantizar el monto y la duración de ese beneficio adquirido legalmente, aunque aseguran que el Estado seguirá pagando después que se acabe lo ahorrado.

Es decir, son cuentas de ahorro individuales sin garantía de devolución de lo invertido, sometidas a los riesgos del mercado o sus beneficios, aunque mínimos, confiando sus dineros sistemáticamente depositados y sin poderlos utilizar durante ese período o hasta tener más de 65 años.

La Nueva Mayoría tendrá que ver como maneja ese negocio de miles de millones de pesos en ganancias para las familias privilegiadas que los administran y cuyas utilidades se reparten entre ellos. Los caminos serán tres dependiendo de la línea que triunfe en el gobierno de Michelle Bachelet.

Uno de los sectores más poderosos es aquel constituido por un grupo de políticos con mentalidad cercana a la UDI, aunque no se vinculan a ella pues perderían su poder en la alianza actual, pese a que sus principios son neoliberales en esencia , escondidos en un discurso público solidario y en la oscuridad denostado por revolucionario.

De ganar éstos, el programa pensional quedará de igual modo que ésta con algunos maquillajes superficiales para dar un tono de democracia al proyecto.En realidad seguirán las siete familias dueñas ganando y millones de chilenos perdiendo.

El segundo escenario corresponde a la visión centrista de dicha unión la cual se mueve “dialécticamente” en tensión entre una línea de derecha muy fuerte, solapada, y una izquierda que postula realmente convertirse en Nueva Mayoría.

En esta tendencia las pensiones no son un tema fundamental ya que interesa seguir al pie de la letra lo concerniente a la reforma tributaria, sin afectar intereses de las familias, educación pública gratuita, sin eliminar la matrícula cara de las universidades estatales ni invertir demasiado en un escenario de creación infraestructural, por lo  en menos ocho universidades creadas en el país en cuatro años.

En conclusión, avanzar tentativamente de modo “equilibrado” para diluir reformas profundas. Es un maquillaje más sólido que es preferible a lo anterior.

La tercera vía es la considerada correcta por un amplio margen de personas afectas a una propuesta popular que trasciende a la concertación ampliada si no cambia su concepción neoliberal.

Desde aquí se plantea la necesidad de modificar la Constitución por una Asamblea Constituyente, edificar la educación pública en su verdadera dimensión de calidad y calidez, realizar una reforma tributaria que afecte a las transnacionales y empresarios chilenos privilegiados con este rubro, volcar las riquezas naturales-cobre, mar, por ejemplo-hacia Chile, consolidando un sistema estatal de pensiones que realmente satisfaga a los chilenos para su presente y futuro.

Lo único innegable en este campo es que nadie del sector público como clase política y las fuerzas armadas se han cambiado a las AFP, lo que envía un mensaje claro a la sociedad.

¿Cuál vía será la vencedora?

Lo cierto es que la denominada derecha se aliará rápidamente con aquellos que privilegien el modelo neoliberal en la Nueva Mayoría haciendo, aunque no lo digan públicamente, un bloque sólido.

Es posible creer que la tendencia media pueda triunfar pues será un colchón de disuasión entre las facciones con contradicciones graves.

La alternativa realmente democrática en su fundamento tendrá que ocupar la calle y movilizarse para insistir en sus propósitos lo que parece ser que se avecina en este año.

Lo fundamental es que Chile y los chilenos en la gran mayoría sean los que disfruten de los beneficios que el país puede y debe otorgarles a sus ciudadanos.

Esa es la línea correcta si se basa en una fuerte base de ética social.

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14 feb 2014

Igualdad, matrimonio, filiación

Por Sebastián del Pino
Sebastián del Pino
Sebastián del Pino
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Hace algunos días, en una entrevista escrita, la senadora electa Jacqueline van Rysselberghe se refirió en los siguientes términos al matrimonio igualitario y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Dijo.

“Detrás del matrimonio homosexual lo que está es la adopción de hijos. La totalidad o la gran mayoría de los parlamentarios de la UDI están conscientes de que los derechos de los niños están por sobre los derechos de la minoría. Qué culpa tiene un niño de que lo adopte una pareja homosexual. A pesar de que no pueda sufrir ningún menoscabo en su calidad de vida, sí va a sufrir el peso de la discriminación”.

Tales declaraciones obligan a pensar sobre un tema recurrente en nuestro medio, la segregación y su consecuente denegación de derechos. Más específicamente, me refiero a la discriminación hacia la diversidad sexual y la pertinencia de las demandas objetadas por la senadora electa, es decir, que las parejas homosexuales puedan casarse en los mismos términos que las heterosexuales, incluyendo los efectos sobre la filiación.

Firmar un contrato matrimonial y fundar una familia no es simplemente una realidad fáctica que se agota en sí misma. Es, sobre todo, una prerrogativa personal y una libertad fundamental consagrada por normas de derecho internacional e interno.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea, el Tratado Interamericano y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos plantean la importancia de esta prerrogativa, estableciéndola como un derecho fundamental.

El artículo 2º de la Ley Nº 19.947 sobre matrimonio civil dispone que la “facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial inherente a la persona humana”; además, dice que el juez competente “tomará (…) todas las providencias que le parezcan convenientes para posibilitar el ejercicio de este derecho”.

Para Hannh Arendt se trataba del primero de los derechos. A propósito de la prohibición de contraer matrimonios mixtos (v.gr. entre personas de raza negra y blanca) en los estados sureños de EUA, escribió: “el derecho de casarse con quien uno quiera es un derecho humano elemental”.

Lo que Arendt formuló a propósito de las discriminaciones raciales, hoy cobra relevancia a propósito de la segregación basada en la orientación sexual que pervive en nuestra sociedad.

La demanda de matrimonio entre personas del mismo sexo no hace otra cosa que reafirmar la igualdad jurídica radical entre todos los miembros que componen una comunidad nacional, puesto que queda en evidencia su vocación republicana de extenderse a todas las parejas.

Así, el matrimonio igualitario –según lo indica el profesor Daniel Borrillo– se instituye como una forma de radicalización de la modernidad.

El matrimonio ya no estará cimentado en la diferencia genital de los contrayentes y en las facultades procreativas de los mismos, sino que, bajo la lógica igualitaria, el matrimonio instaura socialmente la unión de dos personas que tienen como objetivo común la solidaridad recíproca sobre la base del afecto mutuo.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, como ya se vislumbra, no solo moderniza al contrato matrimonial mismo y su regulación, sino que también la filiación.

Que las parejas homosexuales puedan adoptar niños o acceder a técnicas de reproducción asistida significa distinguir entre filiación y reproducción.

Esta idea, incluso, sirve de base para afirmar la validez de los matrimonios heterosexuales de parejas ancianas o estériles, que bajo la regulación de la antigua ley de matrimonio civil adolecían de un vicio de nulidad, al ser la impotencia un impedimento dirimente (prohibición).

En otros términos, nuestra regulación matrimonial, si bien no es igualitaria, ya descansa sobre los supuestos de la filiación y no de la mera reproducción.

Matrimonio y filiación igualitarios son políticas que rompen con las estructuras de mera tolerancia y avanzan hacia el pleno reconocimiento de otros deseables modelos de vida. El paradigma de la heterosexualidad deja de ser el único que goza del favor del derecho y de la sociedad.

En tal sentido, las palabras de Van Rysselberghe tienen por consecuencia necesaria no la protección de los derechos del niño, sino la perpetuación del status quo discriminatorio.

El eventual bullying que puede sufrir un hijo de padres homosexuales solo se explica por el mantenimiento de las estructuras discriminatorias que la misma senadora defiende de manera oblicua, pues hasta el discriminador advierte que su actitud es políticamente incorrecta y la trata de disfrazar de racionalidad y obsecuencia.

Quien estime a la diversidad sexual como un vicio personal y no como una manifestación de la normalidad en la diversidad, también pensará que la integridad de la infancia es antagonista a la filiación igualitaria, ya que los niños adoptados por homosexuales quedarían a merced de sus taras personales y actividades impúdicas.

Vencido el prejuicio, no hay tal oposición entre los derechos de un menor y la posibilidad de que sea adoptado por una pareja de lesbianas; tal como nadie discute, a priori, que una pareja heterosexual haga lo propio.

Las doctrinas que deniegan la procedencia del matrimonio y filiación igualitarios (para estos efectos encarnados en Van Rysselberghe) se fundan en una lógica moral o religiosa, pero no en una verdadera ratio juris como sería deseable en un debate público.

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13 feb 2014

La “seguridad” en vez de la “defensa”

Por José Aldunate SJ
José Aldunate SJ
José Aldunate SJ
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He afirmado que la seguridad de los chilenos y la crisis de nuestra policía, es decir nuestros Carabineros, no podrá remediarse sin una reforma estructural. Esto afectará a dos instituciones que han hecho historia en nuestra patria, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Carabineros de Chile.

Mi tesis es que Carabineros (policía) ha de ocupar el primer lugar. Las FF.AA. han de condicionarse a una reflexión sobre los tiempos que vivimos.

Pienso que la institución policial (Carabineros) ha sido relegada a una posición postergada, en comparación con las FF.AA. de Chile y que esto ya no corresponde.

Mi convicción es que las fallas de la institución de Carabineros se deben a causas estructurales. En síntesis se debe a que se ha postergado la función “seguridad” a la función “defensa” en Chile.Postergación absurda, sobre todo en estos tiempos.

Esta postergación es un hecho. El ministerio se llama ministerio de Defensa.Debería llamarse ministerio de Seguridad. Todas las dependencias del ministerio, comités, comisiones, etc. etc. se llaman de “defensa”. Deberían ocuparse preferentemente de la seguridad. Los gastos de defensa, armamentos, personal etc., son inmensos. Los de seguridad, totalmente insuficientes.

El prestigio, los honores, la consideración, aun de la opinión pública, van muy preferentemente hacia los órganos de defensa. Un menosprecio va muchas veces para los servidores de la seguridad, nuestros Carabineros.

Militares, marinos aviadores adquieren rangos diplomáticos y siguen en puestos de honor con sueldos en dólares (y uno se pregunta qué es lo que hacen).Los sueldos y jubilaciones respectivos no resisten comparación.

Las funciones de los militares invaden incluso las que deberían desempeñar carabineros.La marina se ocupa de la policía costera y de los mares territoriales siendo así que carabineros podrían y deberían hacerlo mucho mejor.

La Fuerza Aérea se ocupa de vigilar y controlar los cielos de Chile, siendo así que esa función que es propiamente de seguridad, tendría que desempeñarla los carabineros. El ejército es llamado para controlar las elecciones.También en situaciones extremas para vigilar la seguridad, siendo que lo harían mucho mejor los carabineros.

A las FF.AA. les encomiendan misiones como las de apoyar el orden en Haití o en otras regiones. Esos países no necesitan armas militares sino orden policial. Parece que la preocupación fuera “encontrarles un quehacer” a los militares que justificara su existencia. Así se emplean en hacer caminos cuando su instrucción específica no va hacia esto sino a matar enemigos.

Los que dicen que la defensa es lo más importante viven o en la abstracción o en siglos pasados, pero no en la actualidad ni en el futuro real. En este tercer milenio y en Latinoamérica, la guerra está fuera de toda realidad. Ya no podemos vivir en función de posibles situaciones.

Carabineros es una institución postergada, mal pagada, relegada a una tarea imposible, sin todos los medios adecuados a su alcance. No echemos la culpa de la inseguridad a una noble institución que hace lo que puede. La culpa la tiene nuestra propia “tontería”.

Tendríamos que preguntarnos no qué les pasa a los carabineros, sino qué nos pasa a nosotros, a nuestro Gobierno y Parlamento que “no sabemos leer los signos de los tiempos”.

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