La Presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, ha declarado en una reciente entrevista a La Segunda, que le parece “delicado y grave someter al país a una revisión integra de su pacto constitutivo” señalando que en el texto actual hay elementos que tienen que ver “con la cultura política, con la experiencia que la historia chilena ha ido decantando y que se ha reflejado en la Constitución”.
La Presidenta del Tribunal Constitucional da como fundamento que los cambios realizados en los acuerdos suscritos el año 89 y plebiscitados y en la modificaciones promulgadas el año 2005 permitían que todas las fuerzas políticas aportaran perfeccionamientos y por tanto, sostiene que “muchos entendimos que todas las críticas, los vicios que se le habían imputado habían quedado en el pasado” y concluye que el vicio de origen de ilegitimidad quedaba resuelto.
En mi opinión, sus argumentos para condenar y considerar grave la elaboración de una nueva Constitución Política resuelta democráticamente, son débiles y denotan una postura más ideológica y política que jurídica.
En primer lugar, la actual Constitución no resume la tradición histórica ni la cultura política chilena como afirma la Sra. Peña.
Su esencia está irremediablemente marcada por una Constitución impuesta por la dictadura que deroga integralmente la Constitución liberal de 1925 del Presidente Alessandri Palma y la reemplaza por un texto cuyo contenido expresa la esencia de la dictadura y da paso a la consolidación jurídica de un Estado autoritario y totalitario que cancela todos los valores, principios e instituciones de la historia democrática de Chile.
No hay, en la Constitución de Pinochet, nada que tenga que ver con los ideales republicanos, por el contrario, ella representa la destrucción de todo vestigio de dichos valores y de toda la historia institucional democrática del país forjada en 200 años de vida política.
Las modificaciones pactadas el año 89 , fueron impuestas por el régimen militar y los civiles que la apoyaban y aceptadas por la oposición de la época como única manera de hacer respetar el resultado del plebiscito que había dado el triunfo a lasfuerzas democráticas del NO y aplastaba la posibilidad constitucional que Pinochet se mantuviera en el poder hasta el año 97 como quería el dictador y la derecha que apoyó el SI.
Fue una negociación con la pistola en la mesa, cuyo norte fue para la oposición, que aún con una Constitución viciada en su origen, dado que el Parlamento estaba clausurado y la represión política impedía la existencia de los partidos políticos, se abriera una transición a la democracia como el pueblo había resuelto en el plebiscito del año 88.
Resulta extraño, entonces, que la Presidenta del Tribunal Constitucional avale dicha negociación y los pequeños cambios establecidos, en condiciones de plena vigencia del régimen militar y cuando aún se cometían graves crímenes y flagrantes violaciones a los derechos humanos, como uno de los hitos que conferirían legitimidad a la Constitución de Pinochet.
Los cambio del 89 a la Constitución permitieron el paso a una democracia vigilada por el propio dictador que ejercía,primero, como Comandante en Jefe del Ejército y después como senador vitalicio.
Solo después de 15 años de transición democrática y de 5 de dura negociación parlamentaria, el Presidente Ricardo Lagos logra imponer un acuerdo en el Parlamento para eliminar los aspectos más deleznables de una Constitución que consagraba institutos y normas propias de un régimen autoritario que impedían la consolidación de la democracia y mantenían el control de las FFAA , entonces “garantes” de la institucionalidad, sobre todo el proceso político abierto el año 90.
Durante 15 años la derecha política chilena se negó a modificar la Constitución haciendo uso del subsidio que la ley electoral binominal le entregaba y que le permitía, siendo minoría, tener prácticamente la mitad de los senadores y diputados.
En ello estaba respaldada por el peso institucional del propio dictador que gracias precisamente a la Constitución del 80 mantuvo insólitamente enormes cuotas de poder, que controló, salvo escasas excepciones, a la derecha política y que ejerció gestos de insubordinación militar a la democracia para impedir cualquier cambio y la investigación judicial a las violaciones a los derechos humanos y al enorme patrimonio con que abandonó el poder.
Las modificaciones a la Constitución de Pinochet del año 2005, valoradas con razón en aquel momento por el Presidente Ricardo Lagos como un acontecimiento relevante para la transición democrática, sellaron la eliminación de los senadores vitalicios y designados,el traslado del sistema electoral binominal de la Constitución a una Ley Orgánica, con lo que disminuye el quórum necesario para su eventual eliminación o reforma, el cambio del rol institucional de las fuerzas armadas, el fin de los regímenes de excepción y la introducción de modificaciones al propio Tribunal Constitucional.
En cuanto a las Fuerzas Armadas y de Orden, se elimina el rol de “garantes” de la institucionalidad residuo de la Doctrina de Seguridad Nacional que sirvió de ideología y sustento de la dictadura .
Se termina con la inamovilidad de los comandantes en jefe, que podrían ser removidos por el Presidente de la República mediante decreto fundado que se informará previamente al Senado.
El Consejo de Seguridad Nacional a su vez adquiere un rol meramente asesor, y no puede ser convocado por los comandantes en jefe de las FF.AA que ejercían constitucionalmente una especie de cogobierno.
Se trataba de reformas que eliminaban instituciones y normas que en pleno siglo XXI era imposible de mantener en un régimen democrático, que eran repudiadas en el mundo entero y que se constituían también en un límite a la integración de Chile al concierto de países democráticos y civilizados.
Reformas claves pero que para la mayoría de los que votamos en el Parlamento y participamos en el acto de promulgación del 17 de Agosto del 2005, y también para la mayoría de la opinión pública, entendimos, a diferencia de la Sra. Peña, que no resolvía el problema de la legitimidad de origen de la Constitución, tema que por cierto quedaba pendiente como tantos otros que no pudieron resolverse durante estos años.
A diferencia de la Sra. Peña que estima grave el debate y la instalación de una nueva Constitución, hoy lo grave sería no tener una nueva Constitución.
Por cierto, a título personal, ella tiene todo el derecho a manifestar una opinión contraria a que el país se dote de un nuevo texto constitucional.
Sin embargo, hay que tener presente que la Presidenta electa con el 65% de los votos tiene en su Programa, como un eje central, justamente la creación de una nueva Constitución aprobada por los mecanismos más amplios y participativos que la institucionalidad permita y que en todas las encuestas este objetivo es respaldado por cerca del 80% de la población.
Es decir, la inmensa mayoría de la población no se siente representada por la actual Constitución y ello si es grave para la estabilidad democrática.
Si Pinochet convocó a un plebiscito para aprobar las reformas del 89, ¿ porque hoy sería “grave” que un nuevo texto Constitucional debatido en el Parlamento pueda ser plebiscitado en general e incluso en aquellas normas que el Parlamento, dado los altos quorum, no pueda resolver y que sean todos los chilenos los que nos pronunciemos sobre nuestra Carta Fundamental ?
Ello constituiría un notable avance de la democracia y la creación de una Constitución moderna, que verdaderamente recoja la historia y la cultura republicana del país y que integre los principios y valores propios del mundo del siglo XXI.
Sería la consagración de una Carta que una finalmente a los chilenos, que entregue, como toda Constitución Democrática, un marco jurídico e institucional en que todos nos sintamos representados y desde ella presentemos las diversas posturas, opciones e ideas de país que existen, que compiten y se confrontan en la solidez de un texto normativo democrático que no tenga ninguno de los vicios ni enclaves del pasado dictatorial.
