18 oct 2014

Ministerio de Cultura, dardos sobre un “Borrador”

Por Arturo Navarro
Arturo Navarro
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Desde que, en la última Convención de Temuco del Consejo Nacional de la Cultura, se dieron a conocer, de manera restringida, los primeros escarceos respecto de lo que contendría la indicación sustitutiva del proyecto de ley de ministerio de Cultura iniciado por el gobierno de Sebastián Piñera, la palabra más escuchada en boca de las autoridades es “borrador”.

Quizás, reflejando por una parte la necesaria espera a las variadas consultas en curso y por otra, la inseguridad que con su contenido tienen quienes deben llevarlo adelante. Por sí fuese poco, desde Roma y Madrid, dos de las capitales hacia donde miran seguidores del modelo de ministerio de Cultura, llegan noticias nada estimulantes.

Según informa el diario español El País del 4 de octubre de 2014, el museo Centro Cultural Reina Sofía “cerró el ejercicio 2013 con un total de 2.113.406 de euros de pérdidas, un saldo negativo que contrasta con el resultado neto del año anterior, que fue de 3.544.555 euros, alrededor de 5,5 millones más, según sus cuentas, publicadas.

El centro, sin embargo, sostiene en un comunicado que las pérdidas reales ascienden sólo a 1.161.506,16 euros, cantidad que sacó de sus ahorros. En 2013, la principal fuente de ingresos fueron las transferencias del Estado, que representan el 78,8 por ciento. En concreto, el Reina Sofía recibió de las arcas públicas un total de 25.410.670 euros, ocho millones menos que el año anterior.

Por otro lado, las entradas el año pasado supusieron un 12,25 por ciento de los ingresos, un total de 3.951.577 euros, 1.858.877 más que en el ejercicio anterior y un aumento porcentual de un 88,8% en relación con 2012. Este incremento en la venta de entradas está relacionado con el éxito de la exposición dedicada a la figura de Dalí, que congregó a un total de 732.339 personas en 2013. Los patrocinios de entidades públicas y privadas constituyeron solo el 4,81 por ciento, por un importe total de 1.744.537 euros.

En Roma y su Ópera, las cosas no están mejor. Según el mismo diario, el mismo día “los sindicatos -en protesta por el plan de saneamiento de un teatro que arrastra un agujero de más de 28 millones de euros y debe más de tres millones a los acreedores- protagonizaron dos meses de huelgas intermitentes que dieron al traste con las representaciones veraniegas en las termas de Caracalla”.

Aquellas protestas provocaron la fuga de un buen número de espectadores y de anunciantes, con la consiguiente pérdida de ingresos. La situación degeneró hasta el punto de que el director Riccardo Muti se vio obligado a preparar la dirección de la ópera Aída, elegida para inaugurar la temporada el próximo 27 de noviembre, en medio de continuas interrupciones por parte de piquetes que, en alguna ocasión, llegaron a irrumpir en su camerino.

En nuestro país, merced a un modelo de Consejo de la Cultura, crisis como las planteadas se enfrentan -como ha ocurrido en nuestro teatro de ópera y centros culturales- con la existencia estable de corporaciones culturales sin fines de lucro que desarrollan un modelo administrativo intensivo en gestión que permite aportes privados o derivados de esa misma operación. En todo caso, nuestros espacios culturales de impacto nacional no llegan a cifras de dependencia del presupuesto público como las del Reina Sofia, lo que los hace mucho más flexibles para enfrentar crisis como la señalada en Europa.

Desde el Teatro Municipal que no recibe más de un 50% del gobierno central al GAM, que bordea un 70% del mismo origen o el Centro Cultural Estación Mapocho que no tiene aportes públicos y se autofinancia en un 100%, nuestros iconos están en condiciones de sobrellevar, con aportes privados, eventuales crisis de financiamiento público, de las que nadie puede sentirse exento.

Por lo mismo, la instalación de un ministerio de Cultura, como el que se sugiere en el mencionado Borrador, con consejos no vinculantes y un Estado más presente en la toma de decisiones en áreas que hoy funcionan con direcciones corporativas transversales y eficaces ha recibido críticas, como las del abogado Juan Carlos Silva, ex funcionario del Consejo Nacional de la Cultura, que ha señalado que “en el estudio de Constitucionalidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el tribunal Constitucional, no objetó las normas que dicen relación con el diseño de políticas que a dicho servicio público y, en específico, a su Directorio Nacional se le asignaron. Lo anterior, acredita que, en virtud del inciso final del art 22 de la ley 18.575, un servicio puede proponer y evaluar políticas y planes, así como estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo y, tal como ocurre actualmente en el caso del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ello puede realizarlo un órgano colegiado de composición mixta que incluye a la sociedad civil”.

Lo que estaría indicando que la forma de conservar el poder de la sociedad civil en la determinación de políticas culturales es mantener el actual Consejo y no convertirlo en un ente asesor.

Desde las propias instancias generadas en el Consejo Nacional de la Cultura se ha escuchado reparos a la ausencia, en todo el texto, del ministerio de Educación. Esta entidad en el Consejo Nacional de la Cultura vigente no sólo forma parte integrante del Directorio Nacional sino que se despliega por todo el territorio participando de los consejos regionales.

Otras críticas provienen, desde el sector del libro, a causa de la considerable debilitación de los Consejos existentes reflejada en el lenguaje en los que se habla de “observar” más que “aprobar”, “conocer” más que “decidir”‘, en definitiva, entidades hoy resolutivas que se convierten en asesoras dejando la determinación en la autoridad política que cambia cada cuatro años.

Lo que se complica con el hecho, señalado en El Mercurio del 12 de octubre, de la ausencia de la ministra de Cultura durante todo su mandato, de las sesiones de consejos sectoriales que, por ley, preside.

En el sector de la investigación de políticas públicas, llama la atención la escasa mención a los estudios respecto de la cultura que el actual proyecto en borrador tiene entre sus prioridades.

El mundo del folclor comenta la invisibilidad del mismo en la nueva propuesta.

Lo que se suma a la sorpresa de los gestores culturales que son parte de la Ley que creó el Consejo Nacional de la Cultura, desde su Directorio Nacional, en el que de entre ellos -más creadores y patrimonialistas- deben surgir representantes de la sociedad civil y de las universidades públicas y privadas.En el Borrador desaparecen completamente.

Comentarios como éstos, más otros, debieran ser escuchados por la autoridad en una Jornada Temática que realizará, el 20 de octubre, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y en Foros Ciudadanos Sectoriales, que ha convocado el Consejo Nacional de la Cultura a partir del 27 de octubre. Es posible que sigan los dardos locales y tal vez, nuevos argumentos, desde Europa.

Lo curioso es que a través de una participación intensa de la sociedad civil, se discute un Borrador que propone reducir drásticamente esa misma participación. Por ello, quizás se cumpla el presagio del diario la Tercera, del 13 de octubre:“Las consultas ciudadanas podrían dar un giro al esquema que hasta ahora ha propuesto la ministra”.

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18 oct 2014

Universidad y carreras de la Salud

Por Carlos Valenzuela
Carlos Valenzuela
Carlos Valenzuela
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La ley LOCE nominó carreras universitarias (no definió Universidad) y la LGE que la siguió no se refirió a la Universidad. Esperamos una ley específica de Universidades desde hace 34 años. Es una vergüenza nacional.

No se quiere hacer una ley de Universidad porque habría que definirla por lo único imprescindible que la constituye que es la cualidad, calidad y cantidad de sus comunidades académicas autónomas y su quehacer ineludible de creación de cultura universal, crítica del ser cultural nacional y centro de referencia intelectual, estético, moral y espiritual en el mundo.

En Chile universidad es un título que se busca para aumentar la ganancia monetaria, de prestigio o la ventaja de clientes en el mercado estudiantil en programas de instrucción (no educación) profesional técnica tratados como bienes de uso mercantiles. Más vergüenza nacional.

LOCE nominó como carreras universitarias aquellas que tuvieran el grado académico de licenciatura. Esto es lo único universitario y mínimo exigible. Pero los grados académicos de Magíster, Doctor y Post-doctorado imprescindibles para poder constituir una universidad, siglo XXI, no los menciona como tales y a lo más dice que los dos primeros son opcionales y el tercero no figura (horror que aumenta la vergüenza).

Nominó como universitarios cinco de doce títulos profesionales de la salud (con sus respectivas licenciaturas): Bioquímico, Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Psicólogo y Químico Farmacéutico. Dejó fuera a siete (abrevio títulos): Enfermería, Obstetricia, Fonoaudiología, Tecnología Médica, Nutrición, Terapia Ocupacional y Kinesiología. En tiempos de la LOCE estas carreras excluidas no tenían licenciatura en la mayor parte de las universidades y parecía lógico excluirlas además que los legisladores ocuparon el, en ese tiempo ya obsoleto, concepto de carreras dependientes del “médico” (paramédicas).

Estas carreras sin licenciaturas las daban también los institutos profesionales. Varias universidades hicieron esfuerzos y dotaron a sus carreras del grado de licenciatura y empezaron una batalla para ser incluidas como “universitarias LOCE”.

Afortunadamente el concepto de dependencia del médico se aceptó como obsoleto, por ejemplo un fonoaudiólogo tiene tanto o más trabajo autónomo en escuelas de lenguaje, educación de la voz para profesores, cantantes, locutores, animadores, que en medicina.

Casi lo lograron Enfermería y Obstetricia y las otras cinco carreras dieron su batalla y parecía que el Parlamento lo aceptaría y en la última votación, por falta de quórum, se rechazó la petición.

No puede menospreciarse el problema que significa para los institutos profesionales que, por una malentendida interpretación de la LOCE, se les “prive” a ellos de dictar sus profesiones ahora incluidas como universitarias. Posiblemente hicieron un lobby efectivo en el Parlamento o hay varios parlamentarios con conflictos de interés con institutos o universidades sin licenciatura. Si es así, ha sido un error garrafal que aumenta la vergüenza nacional de la incultura.

Esto es obvio ya que, aceptando el espíritu de la LOCE (si lo tiene, mis colegas me reprenden por mi optimismo) las carreras que dan los títulos con licenciatura son universitarias por definición y no necesitan la aprobación en el Parlamento para “ser” universitarias en Chile.

Pero esto deja a los institutos profesionales en una supuesta minusvalía, aumentada por el arribismo chileno de creer que “universitario” agrega prestigio social. Claro está que al momento de los contratos profesionales en cargos críticos decisionales preferirán profesionales licenciados.

Se complica artificiosamente al asunto al introducir el considerando de calidad de los establecimientos educacionales dado por su desacreditada acreditación. La acreditación nada tiene que ver con el problema ya que es un elemento de (buena o mala) calidad presente en universidades e institutos; no es crítica ni la calidad ni la cantidad para definir la universitariedad de una carrera. El problema es de cualidad: tienen o no licenciatura buena o mala.

Hay que retro-escavar el sentimiento que los oficios y las profesiones tienen prestigios y dignidades superiores o inferiores. Esta es una maldición cultural chilena. A un lustrabotas en Medellín le pedí que se comparara con un médico en su oficio, me dijo que se sentía igualmente digno (al principio no entendía). Yo soy, médico, profesor de religión y moral, doctor en ciencias, Profesor Titular, he sido asesor eticista de la Comunidad Europea y del Parlamento chileno, pero también vendedor de helados en cines de barrio, sepulturero, probador de ropa interior masculina, abogado del diablo en causas de beatificación, dispensador de papel higiénico en baños públicos improvisados y ninguno de estos oficios me parece execrable o de menor o mayor dignidad o prestigio.

Es igualmente digno el profesional de la salud con licenciatura que el sin licenciatura y tienen oficios que se traslapan en parte y en parte son distintos y se complementan. La licenciatura da un nivel de autonomía intelectual, estética y moral que el simple título no (necesariamente) da.

El con licenciatura puede seguir los grados académicos de Magister y Doctor, el sin no. El licenciado puede disputarle al propagandista médico o a la empresa si su producto cumple con la calidad científica, cosa que no puede hacer el titulado simple. Por esta autonomía el licenciado está más capacitado para los cargos directivos que necesitan de decisiones autónomas. Pero en el campo del desempeño del oficio específico y de la ética profesional deontológica son igualmente competentes; incluso un equipo de profesionales licenciados y no licenciados puede constituir un elemento productivo insuperable en una empresa.

En la dimensión ética se anuncia un problema mayor ya que la ley (en proyecto) que recupera la tuición ética profesional concede sólo facultad de tuición a las profesiones licenciadas, pero esto es harina de otro costal más complejo aún.

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18 oct 2014

Chile (y el mundo) al revés

Por Aldo Torres
Aldo Torres
Aldo Torres
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El Tercer Tribunal Oral declaró a John O’Reilly,“curita” protegido por la elite, culpable del delito de abuso sexual contra una ex alumna del colegio Cumbres.Pero Ezzati, el cura que no cura, que rasca donde no pica, acusa a los curas que curan, que dicen lo que sienten y sienten lo que dicen. Raro.

¿Andará Chile al revés, o será un síndrome del mundo? los curas, que no tienen familia, explican cómo deben ser las familias. Carlomagno, creador de la primera gran biblioteca de Europa, era analfabeto. Joshua Slocum, el primer hombre que dio la vuelta al mundo navegando en solitario, no sabía nadar. Estados Unidos, que tiene a la mitad de sus niños sometidos por la obesidad, dicta las pautas del menú planetario. Europa, que invadió el mundo, hoy dicta las más severas leyes de inmigración.

En Chile, Velasco, que recitaba el mantra de las “malas practicas”, resulta que tenía las peores prácticas. Y el tiempo no se escapa al síndrome del mundo al revés, pues se dio una vuelta entera y “la vieja política”ahora se topa con la “nueva política”.Juan Carvajal, exiliado en la RDA, de la casta de los socialistas arrepentidos,trabajará para PENTA, que no distingue entre la licitación de una máquina o la licitación de un gobierno. Josefa Errázuriz, progresista, imita los Estados de Sitio. Velasco, ultra conservador, se declara de izquierda.

¿Seré yo el que anda al revés en un mundo que va bien?, ¿fue incomprendido el genio de George W. Bush cuando propuso talar los bosques para acabar con los incendios forestales?

El lenguaje no se escapa a la voltereta universal: el abogado Julián López, que representa a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, pide tener acceso a la carpeta con la investigación del caso de fraude al FUT. No se lo dan. Entonces el Ministerio Público, por hacer lo que tiene que hacer, es acusado de “persecución política”. Raro.

En el mundo al revés, la verdad son “filtraciones”, lo justo son “discriminaciones” y los culpables son “víctimas”. Y en esta voltereta, ¿estará tan orgullosa la UDI, que levantaba monumentos al orden chileno, que transformó el “milagro” en “modelo”, cuando son ellos los acusados? ¿Creerá aún que hay que conservar la Constitución de Pinochet cuando las leyes se rencuentran con la justicia?

Ya nos lo advirtió nuestra Violeta, nuestra maravillosa Violeta Parra.

“Yo no sé por qué mi Dios

le regala con largueza

sombrero con tanta cinta

a quien no tiene cabeza…

Vale más en este mundo

ser limpio de sentimientos,

muchos van con ropa blanca

y Dios me libre por dentro.”

A la luz de un país de cabeza, no nos extrañemos si llega el día en que prohíban que la gente vote, para que no falte democracia, o que nos prohíban sentir y pensar, para que no exista la angustia.

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17 oct 2014

Frente a las dictaduras encubiertas hay que hacer nada

Por Patricia Castillo
Patricia Castillo
Patricia Castillo
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“A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna. A Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas, lo torturaron, le arrancaron los ojos y le desollaron el rostro.” (Luis Hernández Navarro, La Jornada)

México no formó parte del conjunto de países latinoamericanos que en la década de los ‘70 fueron azotados por dictaduras militares y guerras civiles.

Mientras sobre nosotros cayó implacable el peso de “lo negro pero muy negro”, la embajada mexicana tramitó durante días y años salvoconductos, alojamiento y trabajo para miles de ciudadanos rotos, expulsados de los países vecinos y no tan vecinos.

Los exiliados de todas partes hicieron su vida en México. La UNAM fue la casa de muchos de los intelectuales chilenos, argentinos, uruguayos, en fin, muchos de los que tuvieron que ir a sembrar sus ideas en otra tierra, lejos de casa.

Esa experiencia de incluir, proteger y abrazar a los hermanos latinoamericanos víctimas de los horrores de la guerra o de la dictadura, de ninguna forma significa que se desarrollaran acabadamente recursos para enfrentar el terror y la impunidad. Quizás nada prepara la subjetividad de un pueblo para eso.

Hace ya muchísimos años venimos escuchando sobre las aberraciones del crimen organizado/narcotráfico en México: asesinatos, descuartizamientos, fusilamientos, violaciones y secuestros. El estupor se acrecienta y alimenta la impunidad obscena en la que se resuelve cada uno de estos episodios.

Una de las más grandes economías de América latina, una potencia cultural y mediática, un país cuya naturaleza produce valor, casi por sí misma, como casi ninguna otra en el mundo. Y la prensa nos los muestra matándose los unos a los otros, en una suerte de guerra pareja, una “guerra de narcos”, con víctimas civiles, más de 129.000 al año. Un Estado impotente, un gobierno para la foto, la ciudadanía mordiendo la rabia y el miedo. Y nosotros como espectadores, en silencio, es decir, como cómplices.

Cuando el pasado 26 de septiembre los estudiantes normalistas de Ayotzinapa realizaron una protesta y recogieron fondos para organizar la conmemoración de la matanza de Tlatelolco (matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco ocurrida 1968), fueron interceptados por la fuerza pública, y en los mismos lugares asesinados y heridos, estudiantes y profesores que se encontraban en la actividad. Posteriormente fueron secuestrados 55 estudiantes de los cuales 43 aún no aparecen.

Nuevamente, se responsabiliza al crimen organizado. La violencia a la que conduce el narcotráfico, etc. Y se hace tan difícil observar el papel que el control social y político tiene en la conducta de este conjunto de personajes para los que la vida no vale nada.

Sin embargo, tanto en esta ocasión como en muchas de las otras, están implicadas las policías (más de 40 procesados), el ejército (vehículos, uniformados y territorio militar involucrado), los alcaldes (en fuga desde el inicio de las investigaciones) y el gobierno en todos sus niveles. La impunidad es total y las víctimas son miles. Reina el terror y el inmovilismo, pero también, reinan los capitales transnacionales, la venta de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo obrera-campesina.

No tienen exiliados, pero sí muchos desplazados, miles de desaparecidos, ejecutados y torturados. La locura criminal, de un sistema que explota a los trabajadores de forma demencial, está puesta afuera de la sociedad, actuada por estos grupos de narcocriminales y es incontrolable, es homicida, es inmisericorde e inexorable, cualquiera puede ser devorado por su furia irracional.

En mi opinión, muchos mexicanos aprendieron, de las guerras y las dictaduras latinoamericanas, las claves más efectivas para tener un país bajo el régimen de dictadura aunque sin dictador, o con dictador invisible. Finalmente, se trata de poner en escena el horror inimaginable asesinando con ello la imaginación y la esperanza. Todo puede pasar.

Hace varios días que pienso constantemente en los Ayotzinapas mexicanos, días y días en los que me preguntó exasperada por la impotencia ¿qué hay que hacer?

La respuesta a la que llegué finalmente es una síntesis de lo que ahora sé que hubiese querido que pasase en Chile tras el golpe de Estado del ’73.

Tienen que hacer nada. Sí, nada, nada hasta que aparezcan los 43 normalistas y se obtenga justicia.

Que pase nada. Que nadie trabaje, que nadie salga, que no hayan taxis “de sitios seguros pero más caros” o de “la calle insegura pero más barato”, que nadie haga tortillas, ni recoja jitomates (para exportar), ni extraigan petróleo (para los gringos), ni fabriquen cosas.

Que las muchachitas que arreglan habitaciones en los resorts llenos de gringos millonarios, no hagan más las camas. Que los obreros que construyen cabañas en Tulum para algún dueño de hospedería ecológica proveniente de Italia, Francia o Japón, no se suba hoy al camión que lo lleva a seguir martillando y construyendo por 12 horas, que no hayan tours a los cenotes, que no hayan visitas a ninguna ruina, que los señores del tour por el zócalo enmudezcan, y que en el Palacio de Gobierno, en el mural de Diego Rivera, Marx llore lágrimas de sangre, hasta que aparezcan los chavos de Ayotzinapa y se restablezca un principio de justicia que proteja la vida de ellos y de todos los demás.

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17 oct 2014

El Homenaje de Quilapayún a Eduardo Frei Montalva

Por Eduardo Carrasco
Eduardo Carrasco
Eduardo Carrasco
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Hace algunos días se publicó en la página de Facebook del Quilapayún un Homenaje al Presidente asesinado Eduardo Frei Montalva. Lo motivaba sin duda la indiferencia con que los medios trataron la noticia que anunció el cierre de la investigación sobre su muerte y ordenó juicio para seis sospechosos, caratulando además el hecho como “homicidio”.

La bajada se titulaba “Un pueblo unido para el Presidente Frei”, e incluía un link con la canción en vivo y el siguiente preámbulo: “Un Pueblo unido por el Presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por la dictadura militar en el momento en que hizo cabeza de la oposición en los tiempos más duros. Mártir de nuestra democracia con los mismos derechos que Allende, Víctor Jara y los miles de chilenos víctimas del terrorismo de Estado. No siempre estuvimos de acuerdo con sus posturas, pero lo cortés no quita lo valiente. Antes que hombres, somos caballeros, caballeros de poncho negro, siempre dispuestos a reconocer los actos dignos y valientes, y eternamente agradecidos de los mártires de la dictadura”.

El homenaje tuvo un amplio apoyo entre los seguidores del grupo, más de 2000 “Me gusta”y más de 500 “Compartir”, cifras récord en esta página. Sin embargo, eso no significa que no hubiera controversia: la mayoría de los comentarios que se hicieron fueron negativos, expresando repudio al hecho, tratando al grupo de traidor, de “facho”y acumulando razones por las que Frei no sería merecedor de este homenaje y además debería ser repudiado.

El asunto me recordó otra historia anterior, pero en algún sentido relacionada. El “Cuervo”Castro, uno de los más talentosos hombres de teatro chilenos, fundador del Aleph, hoy día residente en Francia, fue uno de los tantos compatriotas que pasó por prisiones y campos de concentración antes de poder salir exiliado al país donde actualmente reside.

Cuando estaba en la cárcel, un día su madre vino a visitarlo. En la entrada de la cárcel los visitantes debían formar una interminable “cola”para ser revisados por los gendarmes y autorizados a entrar. Hacía calor y la espera se hacía insoportable. La mamá del “Cuervo”, que era fanática pinochetista, comenzó a dirigir la rabia que le provocaba la espera hacia las personas que estaban a su alrededor, increpándolas y culpándolas por haber provocado esa situación que ella tenía que soportar ahora. Madres, padres, hermanos y esposas de los detenidos le respondieron con furia y se armó una tremenda batahola. Los militares que custodiaban la fila – y que, como se sabe, nunca han sido ni muy inteligentes ni muy comprensivos – observando que el centro de la trifulca era la madre del “Cuervo”, la sacaron a la fuerza de la cola y se la llevaron. Hoy día ella figura en la lista de los detenidos desaparecidos.

Años después, conversando un día con el “Cuervo”, me  mostró su desazón porque no estaba seguro de que fuera justo que su madre figurara en la misma lista de víctimas que los que se habían jugado por sus ideas. El asunto me pareció dramático. ¿Es lícito hacer diferencias entre las víctimas de la dictadura?

¿Es justo discriminar entre los muertos, entre muertos de derecha, muertos de izquierda, muertos comunistas, y hasta muertos pinochetistas víctimas de la represión que ellos mismos apoyaban?

¿Es correcto separar a los muertos militantes, de los muertos por casualidad? La historia de la madre del “Cuervo”no es la única. Hay muchas más que parecerían increíbles. Hay muchos que no tenían nada que ver, que pasaban por ahí, que estaban de visita, que tosieron en el mal momento, que sacaron una fotografía, etc. etc. etc. Por eso, si bien es comprensible honrar y homenajear a los muertos propios, no es justo hacer diferencias entre las víctimas de la dictadura. No importa lo que hayan hecho o no hecho, o lo que hayan pensado o no pensado. Lo que se condena en sus muertes es el hecho de que hayan sido víctimas del terrorismo de Estado que se llevó sus vidas injustamente.

Lo que defendemos los que estamos por la defensa de los Derechos Humanos es el derecho y el respeto a la vida de todo ser humano, no solo el derecho y el respeto a la vida de los que piensan como nosotros.

El horror de la dictadura, lo que le quita todo sustento moral, es que haya desencadenado su furia indiscriminadamente sobre cualquier chileno. No solamente sobre los que éramos militantes de partidos de la izquierda, sino sobre cualquiera que cayera bajo sus sospechas. En su ceguera está la matriz de su horror. Y lo que nos debe unir a todos (El pueblo unido…) es precisamente la defensa de esos derechos ciudadanos, dentro de los cuales están los derechos humanos.

Por eso, tampoco es justo discriminar entre mártires de la democracia de un partido o del otro.

Frei fue asesinado porque se puso a la cabeza de la oposición al régimen. Si bien fue contrario a Allende y a la Unidad Popular y su actitud frente al golpe en los primeros días fue muy discutible, su posicionamiento posterior fue claro y valiente.

Fue asesinado porque su figura llegó a liderar la causa democrática. Por lo tanto, tendrá que quedar como uno más de los tantos asesinados por la dictadura por causa de sus ideales democráticos. Eso es lo que importa que los chilenos tengamos en cuenta hoy día en que ya no se puede dudar sobre las causas de su muerte.Ningún demócrata puede ser indiferente ante esta muerte, y si lo es, quiere decir que no es demócrata.

La esencia de la política es la movilidad. Los suelos por donde transita son movedizos. Un día pareciera todo ir en una dirección y al otro día esa misma dirección cambia de sentido. Una actitud rígida, intransigente, sin considerar estos vaivenes, es necesariamente equivocada.

Los juicios moralistas no tocan jamás el asunto mismo que está en juego. Juzgan en forma maniquea, como si todo fuera siempre un conflicto entre el bien y el mal. Se busca que el movimiento se detenga y que el error que uno comete un día no pueda ser jamás redimido, aunque al otro día se reconozca y se actúe en sentido exactamente contrario.

No se permite el cambio, aunque la vida contradiga esta rigidez en cada uno de sus momentos.Pero las cosas nunca están claras, navegamos en aguas turbias y en mares tempestuosos. Todos nos equivocamos en algún momento de nuestras vidas, no existen los jueces absolutos que se erijan desde el conocimiento total y absoluto de la verdad definitiva. Las cosas son siempre más complicadas.

Por eso, los que han publicado estas mezquindades y odiosidades contra el Quilapayún por este homenaje deberían explicarnos que es lo que les da tanta seguridad como para condenar a Frei al infierno, de dónde sacan tanta seguridad como para erigirse en jueces.

¿No será que están cayendo precisamente en la ideología absolutista y sectaria que pretenden combatir? Pero sobre todo, deberían responder, quienes caben en ese pueblo que debe estar unido para no ser jamás vencido. Solo entonces tendrían derecho a ponerse a gritar consignas con las que les cuesta tanto ser consecuentes.

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17 oct 2014

Hasta que la huelga nos separe

Por Roberto Fantuzzi
Roberto Fantuzzi
Roberto Fantuzzi
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A medida que tengo más años, mi inquietud con respecto a la relación actual que existe entre empresario y trabajador ha ido aumentando considerablemente, puesto que considero que esto debiese definirse como la suma entre ambos actores mencionados ya que los dos son partes importantes del resultado de la productividad.

En tiempos en que se pretende realizar una serie de modificaciones ligadas al ámbito laboral – y cuyas intenciones radican básicamente en el aumento de la productividad y de la competitividad, es necesario que partamos con el pie derecho los diálogos que se desprenden de esta nueva reforma, en caso contrario, pareceremos un matrimonio en tribunales de familia, generando situaciones en donde predominen los puntos de discordia en vez de buscar trabajar en pro de una agenda común y los beneficios de quienes forman parte del mundo laboral aunque exista discrepancia en  algunos temas.

El concepto reforma, proviene del verbo reformo, reformare, cuyo significado es rehacer o corregir. De acuerdo a ello, debemos tener en cuenta que toda relación humana se va modificando con el tiempo,  tal como en la tecnología o en las comunicaciones, estos cambios involucran aspectos sociales que – en ocasiones- por mucho tiempo han carecido de alteraciones, y en áreas tan importantes como lo es el trabajo hay transformaciones que deben ir de la mano con el bienestar y la dignidad de los trabajadores.

Hoy en día la sensación que percibo con respecto a los eventuales cambios, es que hay dos temas de  esta agenda en los que existirá cierto nivel de complejidad para  encontrar  posturas semejantes,  pero no me cabe duda de que se pueden acercar posiciones.

El reemplazo en periodos de huelga y el fortalecimiento de la sindicalización, han sido los focos de discordia generados por el proyecto de Reforma Laboral, pese a que considero ambas modificaciones necesarias, no debemos centrar la mirada sólo en ello. Propongo abrir el abanico de esta agenda en el proceso de diálogo incluyendo temas como el fomento de capacitaciones, mayor seguridad laboral y mejores gratificaciones, pues estas son aristas – que a mi parecer- fomentan las competencias laborales, lo que va de la mano con un aumento salarial, aspecto fundamental  en las desigualdades actuales de ingresos.

No partamos mal algo que puede ser tan bueno para nuestro país, creo que el solo hecho de discutir los puntos con anterioridad pone en duda las buenas intenciones de las otras partes, personalmente, no creo que los trabajadores intenten perjudicar a la empresa mediante una huelga, pues el buen funcionamiento del lugar también los beneficia a ellos.

Si una empresa deja de funcionar, se viene abajo, y eso traerá como consecuencia la pérdida de  fuentes de trabajo, pero debemos tener en cuenta que los trabajadores no son seres irracionales, y están consientes de que resguardar la solidez en la empresa va directamente relacionado con la estabilidad laboral de sus pares.

Las discusiones a partir de temas de gran impacto social siempre traerán consigo diferentes posturas, tal como mencioné, esto me recuerda a lo que ocurre en un matrimonio, pues siempre habrá posiciones disímiles, ya sea por la crianza o el nombre de los hijos, diferencias de carácter, entre otras. En este sentido si hacemos una analogía con lo que ocurre con la reforma podemos encontrar situaciones parecidas.

“Hasta que la muerte nos separe”. Muchos hemos sido testigos de que al casarnos, esta es el pacto al que debemos comprometernos al aceptar tan importante compromiso, pues pese a lo bueno que trae consigo esta unión, siempre habrá un factor – sea este u otro- que pone fin o quiebra una relación.

En el caso laboral, al parecer el elemento que genera más situaciones de conflicto es cuando los trabajadores deciden frenar las actividades productivas, pese a que esto está dentro de sus derechos, no debiese ser un punto de quiebre dentro de una empresa, pues lo mejor es fortalecer las negociaciones entre jefes y empresarios, recordemos que de la suma de ambos, depende el buen resultado en una empresa.

Es de esperar que a diferencia de un matrimonio,  en el mundo laboral no debamos expresar la frase “Hasta que la huelga nos separe”,  ya que se debe aprender a “convivir” con diferencias, pero siempre pensando en que las discrepancias arrojen un resultado que sea positivo para ambas partes.

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17 oct 2014

DL 701: es tiempo de consultar

Por Alfonso De Urresti
Alfonso De Urresti
Alfonso De Urresti
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El DL 701 entró en vigencia el 28 de octubre de 1974 con el propósito de incorporar nuevos terrenos de aptitud preferentemente forestal al modelo de desarrollo económico entonces promovido. Así es que durante los primeros veinte años de su vigencia se plantaron del orden de 1.700.000 hectáreas, mayoritariamente con pino radiata y eucaliptus. De la citada superficie, 807.203 hectáreas fueron bonificadas por forestación, en tanto que las exportaciones silvícolas en 2011 alcanzaron 5.900 millones de dólares.

Diversas leyes en el tiempo han ido extendiendo su vida útil, por la vía de incorporar nuevos potenciales beneficiarios y nuevos objetivos. De hecho, la última de estas medidas, que quedó a medio camino, por recibir 506 indicaciones en su discusión en el Senado, fue una iniciativa ingresada a trámite legislativo por la administración del Presidente Piñera el 2 de octubre de 2012, buscando prorrogar nuevamente este incentivo de larga data.

En el tiempo, por cierto han ido surgiendo temáticas, como el impacto de la industria forestal en los recursos hídricos, su impacto en el bosque nativo, en la calidad de vida de aquellas comunas denominadas “forestales” y que se encuentran entre aquellas con menor índice de desarrollo humano y mayor pobreza y, por cierto, en su conflictiva vecindad con las comunidades mapuche en distintas regiones del país. Las dudas sobre el pago efectivo del impuesto territorial y el pago de patentes minúsculas en las ciudades donde operan son otros temas que también están sobre la mesa.

Por eso, aun cuando el programa de la Nueva Mayoría contempla una nueva prórroga a esta bonificación, incorporando propietarios de menor tamaño y criterios de sustentabilidad, muchos entendimos que este paso se daba en el nuevo contexto que vive el país, es decir, ampliando a los potenciales beneficiarios, tomando resguardo frente a sus impactos económicos y sociales y, sobre todo, abriendo los espacios de participación y consulta que comunidades y pueblos originarios vienen reclamando en esta y otras materias.

Así se lo hicimos ver al ministro de Agricultura Carlos Furche cuando al inicio de su gestión ratificó esta decisión y lo mismo hicimos ante la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, a quien junto a otros senadores le hicimos a comienzos de julio pasado y que recién, tras tres meses de espera, ha respondido en un tono formal que no está a la altura de los tiempos que corren, especialmente luego de que nuestro país ratificara el Convenio 169 de la OIT.

Por eso, al revisar detalladamente la Ley de Presupuestos recientemente ingresada al Congreso pudimos detectar, no sin sorpresa, que la partida correspondiente al Tesoro Público, contempla una glosa en que se señala “Prorróguese, a contar del año 2015, la vigencia del D.L. N° 701, de 1974 y sus modificaciones”. Así, sin plazos, justificaciones y, menos aún, alguna referencia la consulta indígena que en esta materia corresponde realizar.

Una nueva confirmación de la falta de diálogo y de voluntad en esta materia son las recientes declaraciones del ministro Furche a un diario del Bío-Bío, señalando que espera prorrogar el DL 701 por dos años más, mientras se tramita un eventual proyecto para tener el Servicio Nacional Forestal, que sirva para subsanar las observaciones que la Contraloría hizo respecto de las atribuciones de la Conaf cuando se promulgó la Ley de Bosque Nativo. Por cierto, el ministro no dice que esta nueva prórroga no está en la partida de su ministerio. Ni tampoco habla de consulta indígena.

Pareciera que algunos ministros han olvidado que diversas instancias del derecho internacional han establecido las condiciones mínimas del deber de consulta. Entre ellas destacan por su precisión las recomendaciones que el 2009 el entonces Relator Especial de la ONU, James Anaya, hizo al Estado de Chile.

También las que el mismo Anaya hizo al gobierno del Presidente Piñera, con motivo de la propuesta de Ejecutivo respecto de una nueva normativa de consulta indígena. Al respecto, dice: “El Relator Especial recomienda que se añada al texto del artículo 9 esta precisión, para que quede claro que la consulta se aplica incluso con respecto a medidas administrativas o legislativas de aplicación general, por ejemplo, con respecto a un nueva ley de pesca o de fomento forestal, cuando dichas medidas de algún modo afecten de manera diferenciada a los pueblos indígenas dadas sus condiciones y derechos específicos”.

Nuestra preocupación sobre este tema no solo tiene que ver con los convenios internacionales suscritos por Chile, sino también con lo expresado con nitidez por la Presidenta Bachelet el pasado 24 de junio, al dar a conocer los lineamientos de la nueva política indígena del gobierno: “Han pasado ya casi 25 años desde que recuperamos la democracia, han pasado 5 períodos presidenciales democráticos, diversos, y a pesar de los esfuerzos realizados, aún estamos en deuda con los pueblos originarios. Y es hora de tener el coraje y dar nuevos pasos con la vista puesta no en el corto plazo, sino en el desarrollo que tan esquivo ha sido para los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas.”

Por eso, ya no se trata solo de prorrogar una norma economicista. Esta vez el debate tiene que ver con un desarrollo integral, inclusivo. Es tiempo de cumplir nuestros compromisos internacionales. Es tiempo de consultar.

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16 oct 2014

El alto costo de la intransigencia

Por Sergio Bitar
Sergio Bitar
Sergio Bitar
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La transición chilena muestra reiterados episodios de intransigencia de la derecha, que ha llevado  las cosas al límite, hasta que revientan. El  caso Penta es un ejemplo más de  la obstinación de personeros de la UDI, que termina dañando la institucionalidad democrática y a todos los chilenos

¿Cuántos años se ha alertado de  la necesidad de separar política y dinero de una manera que acabe con el privilegio,  empareje la cancha y evite el riesgo de corrupción?

¿Cuántos proyectos se  han presentado en el Congreso, que la derecha ha rechazado argumentando  que ese dinero debe ir a fines sociales, mientras recibe ingentes fondos por debajo de la mesa de manos de empresarios ideológicamente duros?  

Hoy  estamos observando las consecuencias:   la política se financia de modo torcido,    grupos  de  derecha  pueden mantener  ocultas  sus ventajas, mientras  se obliga  a todos a la complicidad de buscar recursos sin transparencia, con daño a la credibilidad del sistema institucional.

Los candidatos de centro izquierda carecen, generalmente, de recursos propios o redes de apoyo con dinero suficiente. Y si solo postularan los que se autofinancian,  desembocaríamos a corto andar en una plutocracia. De allí la importancia de una acción pública que iguale condiciones para el ejercicio democrático.

Quienes actuamos en política  hemos debido buscar recursos privados para financiar  campañas.Y antes de 2006 era peor, pues no había ningún aporte del Estado, con la excepción de la franja televisiva. Los menguados  avances logrados en los últimos años son insuficientes, y la experiencia arroja  luz: falta de transparencia, escasa capacidad de fiscalización de  gastos y de aportes ilegales,  y nula contribución al financiamiento de los partidos políticos.

Los partidos   no cuentan con recursos públicos para capacitar a sus miembros, formar dirigentes, estudiar los temas nacionales  prioritarios, elaborar programas y estrategias y desarrollar mayor actividad en regiones. Esta situación es malsana y riesgosa para nuestro futuro.

Es  el momento de  dotarnos de un mejor sistema de financiamiento de  campañas  y de los partidos: transparente, parejo y bien fiscalizado.

Para tejer grandes acuerdos, Chile  necesita   una  derecha más abierta, atenta a los hechos contemporáneos, y con  líderes de una derecha  moderada, menos ideologizados. Han emergido algunos síntomas positivos que ojalá se afiancen. La intransigencia y el predominio  de sectores de derecha extrema  sobre los moderados alienta a su vez la intransigencia y radicalización  de grupos de izquierda. Y sabemos que  la polarización es receta para el fracaso.

Aprendamos la lección, estirar la cuerda hasta que se corte es  mala receta. Así lo ha hecho el partido UDI, oponiéndose a innumerables iniciativas. Esa postura acrecienta  la justa desconfianza  ciudadana y socava  el sistema político. Realizar a tiempo las transformaciones es crucial.

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16 oct 2014

Terminemos con la Constitución de la dictadura

Por Maya Fernández Allende
Maya Fernández Allende
Maya Fernández Allende
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La actual Constitución de nuestro país no da cuenta de la realidad de la sociedad chilena, no expresa los valores vivos que constituyen nuestro acervo cultural actual. Chile ha cambiado dramáticamente en estos últimos años, avances modernizadores nos han hecho diferentes; valores culturales como la tolerancia a la diversidad; aspiraciones a mayor integración social y a ser parte del bienestar que implica el desarrollo económico, constituyen tal vez algunos de los más relevantes.

La Constitución es el texto legal sobre el cual se sostienen todas las demás leyes que regulan nuestras relaciones sociales y estructuran nuestra convivencia. Cuando se toma conciencia que la Constitución no da cuenta de esta realidad social, estamos en un problema como sociedad. El síntoma más característico es el lento y persistente desgaste del sistema político que repercute directamente en la valoración de la democracia por parte de la  ciudadanía.

La voluntad popular por contar con una nueva constitución ha sido expresada nítidamente por el contundente resultado electoral presidencial, las encuestas de opinión y las movilizaciones de actores sociales. Si el sistema político hace oídos sordos a esta demanda, estaría cometiendo un gran error. Se puede entender que para la opinión pública no sea éste un tema de preocupación inmediata.

Definitivamente la salud o la seguridad son problemas que las personas sufren de forma directa.Es poco riguroso y serio colocar a la nueva constitución junto al listado de las necesidades inmediatas y acuciantes que las personas tienen. Los requerimientos que tenemos como sociedad de modificar aspectos fundamentales del sistema político no pueden colocarse en contraposición a las necesidades contingentes de las personas.

La nueva Constitución debe ser capaz de contener, en un orden jurídico, los sueños a los que aspiran los chilenos y chilenas, entregar un marco en que se puedan expresar un conjunto de dinámicas sociales propias de nuestra sociedad.

Existen dos dimensiones, social y económica, que son importantes plantear en la discusión de la nueva Constitución. En la dimensión social, nos debemos hacer cargo de los niveles de desigualdad y segregación imperantes en nuestro país. La lógica mercantilista que impera en todos los ámbitos debe ser acotada para dar espacio a la garantía de derechos en aspectos clave del desarrollo de las personas.

En la dimensión económica, el Estado debe poder jugar un papel que vaya más allá del rol subsidiario actual. Pasar de una lógica de producción basada en la extracción de recursos naturales a una que agregue valor en el proceso productivo, es una condición para lograr el desarrollo, y solo el estado puede jugar ese rol.  

No creo que la elaboración de una nueva Constitución sea un acto refundacional de la República, al contrario, con ello estamos reforzando sus fundamentos democráticos. Como país tenemos una historia de la cual debemos hacernos cargo, es la base de nuestra identidad, y ese es el punto de partida para iniciar las transformaciones. Creo que las transformaciones se deben hacer en un marco de respeto y certeza jurídica para todos.

Hablar de una nueva Carta Fundamental es abrir el debate sobre la sociedad que queremos y construiremos, es respondernos la pregunta sobre cómo vamos a vivir y convivir juntos. Esta reflexión y preguntas se las hicieron los que crearon la Constitución que nos rige actualmente, y la forma de sociedad que se imaginaron es la que nos han heredado.

El punto es que el Chile actual no se ajusta al orden social que establecieron.Ellos crearon a partir del autoritarismo, ahora nosotros estamos llamados a crear democráticamente a partir de la voluntad popular.      

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16 oct 2014

Hacia una nueva relación con nuestros pueblos originarios

Por Víctor Osorio
Víctor Osorio
Víctor Osorio
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En tres meses, entre septiembre y noviembre, casi 3.500 títulos de dominio habrán sido entregados por el ministerio de Bienes Nacionales a familias de la Región de La Araucanía, de las que más del 52 por ciento corresponde a personas mapuche. El hecho no es casual.

Uno de los desafíos del Ministerio, en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, es contribuir a resolver la deuda histórica que el Estado y la sociedad chilena mantienen con los pueblos originarios. Por ello, desde que asumimos la dirección de la cartera el 11 de marzo, definimos como prioridad básica enfrentar con sentido de urgencia esta situación y resolver los pasos que debíamos dar para asumir dicho desafío.

En materia de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, las competencias de la cartera de Bienes Nacionales se circunscriben solamente a tierras y bienes de naturaleza fiscal, junto con la facultad de resolver la irregularidad de la ocupación de la pequeña propiedad raíz. Desde estos lugares específicos colaboramos con los esfuerzos generales del Gobierno en lo referente a la restitución de tierras.

Una de las primeras operaciones que emprendimos fue reconstruir la Unidad de Pueblos Indígenas, que durante la administración anterior había sido desarticulada.A través de ella coordinamos el trabajo que desarrolla el Ministerio, en consonancia con el programa y las políticas indígenas del Gobierno.

El 9 de octubre último en Temuco, en el Aula Magna de la Universidad de la Frontera,  fuimos protagonistas y testigos de la más reciente entrega de Títulos de Dominio a más de 400 familias indígenas, que desde hace años procuraban hacer realidad ese sueño. Unas pocas semanas antes, en la comuna de Padre las Casas, participamos en la entrega de 500 Títulos, también a familias mapuche.

Hasta el recinto de la UFRO llegaron las familias con sus guaguas, niños y adolescentes, en muchos casos encabezadas por mujeres ataviadas con sus chamales y trapelacuchas, para recibir el ansiado documento. La ceremonia fue, sin duda, símbolo del Chile que todos queremos construir, con los pueblos indígenas incluidos plenamente.

Con un Yeyipún, una tradicional ceremonia mapuche en la cual se ofrendan semillas, los beneficiarios bendijeron a la madre tierra, y en especial el acto en el cual recibían sus Títulos de Dominio, símbolos del territorio doméstico añorado durante años.

A nombre de los beneficiarios, Francisco Melín, de la comuna de Galvarino, manifestó su agradecimiento al Gobierno de la Presidente Michelle Bachelet por la atención prestada a las familias que realizaron sus trámites y destacó la repercusión del hecho en la vida de sus coterráneos. “Para nosotros es complicado realizar los trámites, es difícil entender cómo funciona todo. Pero ha sido muy importante la buena voluntad de los funcionarios que nos ayudan a juntar nuestros papeles hasta llegar a la meta”.

Por otro lado, el compromiso expresado en el Programa de Gobierno señalaba que se estudiarán “mecanismos alternativos a la compra de tierras para poder satisfacer las demandas pendientes”, en el marco del proceso de restitución de tierras indígenas. En ese marco, “se estudiará especialmente la situación de las tierras fiscales que actualmente ocupan los Pueblos Indígenas y cuyo traspaso está aún pendiente”.

En este sentido, el ministerio de Bienes Nacionales también ha entregado y entregará Títulos de Dominio de tierras fiscales correspondientes a sitios de significación ceremonial y sociocultural para los pueblos indígenas, como patrimonio de las comunidades y como expresión del reconocimiento de sus derechos y de su cultura. Por ello, también se ha entregado territorio fiscal a través de concesiones de uso gratuito (de corto y largo plazo), actas de radicación y transferencias gratuitas a comunidades indígenas, para el desarrollo de proyectos de desarrollo social y autogestión productiva.

Esta dinámica de trabajo está en correspondencia con la nueva relación que el Estado se ha propuesto sostener con los pueblos originarios, relación que debe basarse no sólo en los derechos económicos y culturales sino también en el reconocimiento de sus derechos de soberanía política, respetando su autonomía y autodeterminación y extendiendo sus derechos políticos.

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