El 4 de noviembre de 1994 el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) publicó en el Diario Oficial la Resolución Administrativa Nº 20 del Consejo Regional (CORE) Metropolitano, mediante la cual se le dio vida al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo urbano que reemplazó al Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960.
En el epígrafe del PRMS se cita a Italo Calvino, quien en su libro “Las ciudades invisibles” decía “ocurre con las ciudades como con los sueños : todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un temor. Las ciudades como los sueños, están construidas de deseos y temores”.
Las autoridades competentes hace 20 años eran Edmundo Hermosilla, Alex Figueroa y Sergio González, ministro del ramo, intendente y presidente del CORE Metropolitano y seremi de Vivienda y Urbanismo, respectivamente.
Los dos primeros DC y el tercero PS, aunque no tenemos certeza de que mantengan hasta ahora sus fidelidades políticas y todos aquellos que conocemos esta herramienta de cierta planificación observamos con desagrado como en el transcurso de estos años ella se ha desnaturalizado por presiones indebidas de aquellos actores privados que lucran con la explotación del recurso suelo.
Pero hemos constatado que “la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho” y quienes han tenido responsabilidades de gobierno en estos 4 lustros lamentablemente no han tenido la fortaleza de exigir todos los extraordinarios deseos expresados por esas tres tres ex autoridades sectoriales en la Memoria Explicativa del PRMS.
Los distintos regentes del Minvu, como también los intendentes, han sido débiles y complacientes con el poder económico porque en Chile, en políticas públicas, siempre el bien superior es el crecimiento económico y en este ámbito de materias las leyes y regulaciones se cumplen “en la medida de lo posible”.
Estas autoridades han tenido temores en el ejercicio de sus cargos de cumplir con sus quehaceres y por ello esperamos con impaciencia la realización del seminario, organizado por Claudio Orrego, que se efectuará en estos días en la Intendencia Metropolitana, con motivo de estos 20 años de vigencia del PRMS : en ese espacio público denunciaremos las infinitas irregularidades que se han cometido, con la idea de que haya una mea culpa, esperando que exista voluntad para que se inicie un proceso serio con apego irrestricto a la probidad y transparencia en esta materia.
Ahora bien y ya que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) también está bajo la tutela del Minvu, el viernes 17/10/14 nos entrevistamos con el contralor Ramiro Mendoza, para representarle ilegalidades cometidas por ciertas inmobiliarias aprovechándose de la laxitud del sistema y para tal propósito, por un caso determinado, nos acompañaron algunos profesionales de la V Región de Valparaíso ya que era necesario que él conociera de primera fuente una colusión pública privada.
En efecto, un arquitecto y un abogado le entregaron a Mendoza un dossier completo en el cual se acreditan las cuestionadas prácticas de la Municipalidad de Viña del Mar y del anterior como del actual Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, con ocasión de la construcción de un mall denominado Marina Arauco 2 de una empresa cuyos dueños son las sociedades expertas en retail Cencosud, Ripley y Parque Arauco.
A través de artificios interpretativos, esta mega edificación que hace valer un permiso del año 2000, ya caducado, ocupa una manzana completa en un sector ya colapsado en la ciudad jardín, violando flagrantemente el artículo 1.4.17 de la OGUC y otras tantas disposiciones reglamentarias.
El contralor tomó nota de todo lo que expresamos y se comprometió a evacuar un dictamen en un corto período de tiempo. Por este mismo caso, desde hace unos dos meses y medio, entregándole toda la documentación de respaldo al diputado PS Fidel Espinoza, le solicitamos en su calidad de presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, una acuciosa investigación parlamentaria y todavía no tenemos respuesta.
Los diputados ejercen una función fiscalizadora y no quisiéramos creer que se han inhibido de indagar porque este negocio inmobiliario, de unos cuantos millones de dólares, le pertenece a connotados actores del mercado, los mismos que para las elecciones populares donan ingentes sumas de dinero a los candidatos de sus preferencias.
Recordemos que en la comuna de Vitacura también hay millonarios permisos de edificación, unos del año 1995 y otros del año 2000, los que caducaron inexorablemente a los 3 años de la fecha en que fueron otorgados, porque en este plazo no se iniciaron las obras, pero sus connotados titulares se las han arreglado para que se mantengan vigentes, a pesar de que las normas actuales de edificación son más restrictivas que las que existían hace 19 y 14 años respectivamente. Estos casos también están radicados en la Contraloría y esperamos de este servicio que proceda con autonomía para exigir el cumplimiento del marco legal.
Asimismo en la reunión con el Contralor le dijimos como la Municipalidad de Santiago había desobedecido uno de sus dictámenes que impedía la construcción en altura en una manzana de esa comuna : la empresa favorecida con el pase municipal, en conocimiento pleno de que el dictamen era categórico, interpuso un recurso de protección, sin conocimiento de los vecinos afectados por el edificio ilegal, el cual fue acogido por los tres magistrados quienes ni se molestaron en leer el sólido dictamen de la Contraloría.
Mendoza nos contestó que lamentablemente no se podía hacer nada porque los tribunales de justicia tienen supremacía y así se está produciendo un nuevo hecho ilícito a consumarse.
Tratamos con el contralor otros casos que los omitiremos para no extendernos y terminamos este opúsculo reafirmando nuestra vocación de apego a la ley para que así funcione el mercado y críticos consuetudinarios del discurso oficial que alude al presunto correcto funcionamiento de las instituciones. Para justificar nuestra crítica posición, recordamos el reciente informe denominado “Exportando corrupción” de Transparencia Internacional en el cual se denuncia que Chile no ha hecho ningún esfuerzo por luchar contra los sobornos de sus empresas en el exterior.
