Con la reciente aprobación del aborto libre en Argentina cuya legislación declara “El ejercicio de este derecho se encuentra enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos”, nos volvemos a preguntar ¿hasta cuándo Chile sigue con la restrictiva legislación vigente?
No fue hasta 1989, en la etapa legislativa de la dictadura, cuando se modifica en el código sanitario la ley que regía desde 1931 en nuestro país que permitía con la aprobación de 2 facultativos médicos realizar la interrupción del embarazo como procedimiento de salud. Una constante en las dictaduras ha sido el retroceso en materia de derechos humanos y entre ellos la reducción de la mujer a la función de reproducción dentro de la sociedad, eso implica la maternidad obligatoria y la exclusividad de las tareas del cuidado.
Durante más de 26 años no se ha visibilizado el legado moral e ideológico de la dictadura. A pesar del silencio de Estado y sus instituciones, en nuestros cuerpos aún resuenan las palabras de Jaime Guzmán, quien en 1974 señalaba en la comisión Ortúzar: “La madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo, derive su muerte.”
Para juzgar adecuadamente debemos preguntarnos ¿cuáles son los problemas que intenta resolver el proyecto del gobierno que, sin urgencia legislativa, intenta sortear las cuotas de poder del conservadurismo nacional? Desde el punto de vista de la salud, la despenalización del aborto en las tres causales propuestas- riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal extrauterina y violación- aborda una parte del problema. Sin duda su aprobación dignifica la vida de quienes atraviesan estas tres críticas situaciones.
Sin embargo, al considerar las cifras internacionales y las estimaciones nacionales, estas particularidades no constituyen en ningún caso la mayoría de las causas de interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, el proyecto de ley está bastante lejos de resolver el problema del aborto en Chile. Una vez más la política de los consensos, ciega a la realidad, entrega al mercado clandestino el derecho a una atención de salud oportuna para todas las mujeres. Es a todas luces el resultado del tira y afloja entre conservadores y progresistas dentro de la Nueva Mayoría.
Nos preguntamos entonces si somos las y los profesiones de salud quienes en la práctica tendremos que seguir asumiendo la falta de iniciativa política, o más bien, ¿debemos declararnos violadas, todas quienes queremos decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida? El proyecto de ley no se hace cargo de la maternidad impuesta y obligatoria, por lo tanto, no erradica el legado ideológico patriarcal de la dictadura que afirma que ser mujer es sinónimo de ser madre por mandato divino.
Al hablar de proyecto de vida, nos referimos a las alternativas para las mujeres dentro de la sociedad chilena y cuando planteamos el problema desde esta perspectiva, el derecho al aborto pasa a ser sólo un tema más en la larga lista de vulneraciones de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Las limitaciones para constituirnos como sujetas de derecho no están dadas sólo por la prohibición del aborto, sino por un modelo político, económico, social y cultural de segregación en el cual desde niñas, dependiendo de donde nacemos, se nos encausa en los engranajes del orden y la subordinación.
Familias en las cuales somos violentadas sexualmente, un sistema educativo sexista donde se nos enseñan los roles de género, un sistema de salud que no titubea en cobrar más a las mujeres en edad fértil, condiciones laborales precarias – o flexibles como les gusta decir a defensores del neoliberalismo-, televisión y medios de comunicación que refuerzan simbólicamente el lugar que nos corresponde tomar. Todo ello, determina que las niñas de nuestro país, principalmente las más pobres, vean en la maternidad el único proyecto de vida que les entrega un lugar dentro de la maquinaria de producción y reproducción, por supuesto, una maternidad que se ejerce desde el abandono y la exclusión.
Podemos afirmar que la maternidad obligatoria, limita la capacidad de construir nuestros proyectos de vida y tiene repercusiones en la salud física, psíquica y social de las niñas, adolescentes y mujeres. Así lo reconocieron recientemente en Argentina donde la causal de salud para la interrupción legal del embarazo señala que no hace falta la constatación de una enfermedad, basta un riesgo potencial de afectación de la salud mental y que las personas, en este caso mujeres, son capaces por sí mismas de determinar este riesgo.
Lo que hizo Argentina, como resultado de la presión de las organizaciones sociales y feministas en particular, fue dejar de hacer oídos sordos a la realidad nacional, poner por sobre las consideraciones ideológico-morales particulares la salud de su población, eso significó dejar atrás una legislación eufemística que entrampaba en la burocracia judicial y médica la interrupción del embarazo, y por sobre todo recoger la experiencia internacional que indica claramente que la única manera de reducir el número de procedimientos de aborto es garantizar el acceso a una educación sexual de calidad, a mecanismos anticonceptivos regulares y de emergencia como también el derecho a la interrupción oportuna del embarazo cuando así se requiera, es decir una sociedad consciente de que la reproducción y crianza es responsabilidad colectiva y no imposición que esclaviza a más de la mitad de la población.
