25 jul 2014

Un Winnipeg para Palestina

La actual ofensiva Israelí sobre la Franja de Gaza, iniciada con ataques aéreos el 8 de julio y continuada en forma de ofensiva terrestre nueve días después, está provocando consecuencias que hieren la conciencia de la humanidad.

Los palestinos muertos bordean las 800 personas, de las cuales más de 100 son niños.Sólo como resultado de los ataques del 21 de julio murieron 34 niños y 21 mujeres palestinas, en cifras consideradas provisorias mientras continuaba la búsqueda de cuerpos.

Según el recuento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) –consignado por el diario Público de España el 22 de julio- desde el inicio de la operación “Margen Protector” en la Franja de Gaza, 3.700 personas han resultado heridas; 10.903 casas han sido destruidas, casi 10 mil parcialmente demolidas y otras 18.075 han sufrido daños, mientras que las escuelas afectadas son 856.

La última embestida militar israelí ha provocado –al menos- el cierre de cinco hospitales, seis clínicas y trece centros de salud y daños de diversa índole en ocho ministerios.Además, han sido destruidas tres mezquitas y otras 64 han tenido daños de consideración. Asimismo, la campaña de las Fuerzas de Defensa israelíes ha originado el desplazamiento de cerca de 150 mil personas y ha dejado a 1,2 millones sin electricidad, agua o infraestructura de saneamiento.

Es dable señalar que cada muerto, herido, refugiado es una historia valiosa y compleja en sí misma, que es inabarcable por las cifras. Y es bueno saber que uno de cada tres refugiados en el mundo son palestinos, por lo que los actuales ataques no hacen más que agrandar un drama humanitario que es necesario resolver.

Los sucesos comenzaron tras el secuestro y asesinato –el 12 de junio- de tres jóvenes israelíes. El gobierno de Benjamín Netanyahu culpó al movimiento Hamás, pese que estaba al tanto que los autores del crimen pertenecían al clan Qawasmeh, el que se ha dedicado por varios lustros a boicotear la paz.

Las autoridades israelíes supieron desde un principio que los jóvenes israelíes habían sido asesinados apenas secuestrados, pero sembraron la esperanza que estaban vivos lo que generó desesperación en la población.

Cuando el 30 de junio fueron hallados los cadáveres de estos tres jóvenes –lamentablemente asesinados- los ánimos se enardecieron y, como consecuencia de ello, un grupo de extremistas judíos torturó y quemó vivo a un joven palestino en Jerusalén. La ira hirvió ahora en el bando contrario. Y el enojo palestino derivó en lanzamiento de cohetes –que tienen escasa potencia y precisión- los que a su vez fueron contrarrestados con feroces ataques aéreos y terrestres, que han tenido las consecuencias antes reseñadas.

La diferencia de fuerzas entre lado y lado se expresa en que por cada israelita muerto han perecido 30 palestinos.Seamos claros: en Gaza lo que hay no es fuego cruzado. ¡Aquí lo que hay es una masacre! ¡Lo que hay es una campaña sistemática de aniquilación del pueblo palestino. Y eso no puede continuar!

Israel ha justificado el inhumano castigo a la población civil, con la excusa que esta es usada como “escudos humanos” por los “terroristas”. Sin embargo, la comunidad internacional ha sido clara en rechazar los ataques a población civil. Ni siquiera se han respetados escuelas, mezquitas ni refugios de la ONU.

El miércoles 23 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que condena “las violaciones generalizadas, sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos” cometidas por Israel, “en particular la última ofensiva militar (…) en la franja de Gaza”. Resulta decidor el resultado de la votación: 29 votos a favor, 17 abstenciones (países europeos) y sólo un voto en contra: Estados Unidos.

Pero la presión ha resultado infructuosa: Israel ha hecho caso omiso e incluso ha aumentado la ferocidad de sus ataques. El jueves 24 bombardeó una escuela de la ONU en la localidad de Beit Janún, en el norte de Gaza. Al menos 17 civiles palestinos murieron -entre ellos varios niños- y más de 200 resultaron heridos como resultado de esta acción.Este ataque se dio en el contexto de desesperadas gestiones internacionales que buscan un cese al fuego.

La situación se avizora crítica puesto que poderosos sectores ultraderechistas de Israel, presionan por una salida aún más opresiva que la hasta ahora implementada por Netanyahu. Buscan que su país se siga expandiendo y se niegan a negociar con los palestinos, tal como han hecho desde la Guerra de los Seis Días (1967). Desde entonces Israel ha rechazado el diálogo y “ha preferido confiar en sucesivas muestras de fuerza militar”, como señaló Immanuel Wallerstein en su artículo ¿Qué puede conseguir Israel? (2006).

Recientemente el corresponsal de The Independent en Oriente Medio, Robert Fisk, abordó el tema de la negativa al diálogo israelí, en su nota La verdadera historia oculta de Gaza que los israelíes no están contando: “Al principio Netanyahu dijo que no podía hablar con el ‘Presidente’ palestino Mahmoud Abbas porque no representaba también a Hamas. Luego, cuando Abbas formó un gobierno de unidad con Hamas, Netanyahu dijo que no podía hablar con Abbas porque se había aliado con la ‘terrorista’ Hamas. Ahora dice que sólo se puede hablar con Abbas si rompe con Hamas, aunque si lo hace dejará de representar a Hamas”.

Fisk se pregunta: “¿Cómo es que todos esos palestinos —millón y medio en total— han acabado hacinados en Gaza? Bueno, pues resulta que sus familias vivieron una vez en lo que ahora se llama Israel. Y que fueron expulsados —o huyeron para salvar la vida— cuando se creó el Estado de Israel”.

Este corresponsal inglés sitúa bien el actual conflicto al señalar: “Todo esto no tiene que ver solamente con el vil asesinato de tres israelíes en la Cisjordania ocupada o con el vil asesinato de un palestino en la Jerusalén Este ocupada. Tampoco con la detención de numerosos militantes y políticos de Hamas en Cisjordania. Tampoco con los cohetes.Como de costumbre, el meollo del asunto es la tierra”.

Netanyahu, intentando ganarse el apoyo de la ultraderecha para aferrarse al poder, ha manifestado que los ataques contra Gaza continuarán hasta restaurar la paz. Y ha asegurado que “el Ejército israelí está progresando en el terreno de acuerdo a lo programado”. Pero la estrategia de masacrar a todo un pueblo para castigar un crimen –absolutamente repudiable, hay que decirlo- ya no convence a nadie.

Resulta decidor –en este sentido- que el propio secretario de Estado norteamericano, John Kerry, haya calificado la operación “Margen Protector” como “infernal”. Hizo esto mientras hablaba telefónicamente sin percatarse que estaba siendo grabado. “Vaya infierno de operación milimétrica. Tenemos que ir allí (…) Es una locura estar sentados”.Este comentario no es menor si se considera que Estados Unidos es el principal sostén político y militar que tiene Israel.

El actual ciclo de violencia ha tenido como respuesta una movilización mundial por la paz.Y Chile no ha permanecido al margen de este anhelo. Y no lo puede estar, entre otras razones, porque en nuestro país habita la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe: entre 450 y 500 mil palestinos.

Ya son decenas las manifestaciones que se han producido en numerosas ciudades, en las que se ha exigido poner “¡fin a la masacre!”. El Gobierno también ha reaccionado, aunque no con la intensidad que la situación amerita. El domingo 20 de julio el canciller Heraldo Muñoz expresó que el ataque de Israel a Gaza “es francamente deleznable”. Relaciones Exteriores comprometió la entrega de 150 mil dólares a la ONU, con la finalidad que sean destinados a los refugiados que quedaron tras la ofensiva israelí.

El Senado, por su parte, ha pedido en forma unánime al Gobierno que condene “la ofensiva militar que Israel despliega contra territorio palestino”; que promueva en el Consejo de Seguridad de la ONU iniciativas que pongan fin “al abuso de la posición militarmente dominante que ostenta la fuerza ocupante de los territorios palestinos” y que “instruya el inmediato retorno al país del Embajador de Chile en Israel, Jorge Montero Figueroa”.

Es urgente que estas medidas se concreten a la brevedad. No podemos seguir esperando.¿Cuántos muertos espera nuestro gobierno que haya para llamar a nuestro embajador a consulta en una señal concreta de condena a estos crímenes?

Pero el tema no se debe acabar ahí. ¡Debemos tomar otras determinaciones que muestren cual es el ánimo que existe en nuestro país en esta materia! Una medida concreta –en el sentido de rechazar la masacre contra los palestinos- sería quitar la ciudadanía chilena a los conciudadanos que cursen el servicio militar en Israel. Son muchos los jóvenes chileno-judíos que hacen su servicio militar en Israel y nosotros hemos argumentado -en proyecto recién presentado junto a otros senadores- que si alguien hace el servicio militar en un país distinto a Chile, debe perder la nacionalidad, salvo que haya convenios o tratados internacionales, o que exista una doble nacionalidad.

Además de esto, es necesario que aumentemos nuestra ayuda a Gaza y nos abramos a la posibilidad de recibir en Chile –temporalmente y por razones humanitarias- a algunos de los miles de palestinos y palestinas que se han quedado sin hogar y requieren ayuda.

Así como en 1939 Pablo Neruda gestionó un barco, el Winnipeg, para ir en ayuda de refugiados de la Guerra Civil en España, ahora es necesario que nuestro país –con la ayuda de la comunidad árabe residente- gestione el rescate de hermanos y hermanas palestinos que están sufriendo y que requieran ayuda. Sería un gesto de humanidad que se entroncaría con lo mejor de nuestra historia.

Esta ayuda en ningún caso intentaría suplir la demanda principal de los 5 millones de refugiados palestinos, que es retornar a su tierra. Esa es la demanda principal de este pueblo, la que seguiremos respaldando con fuerza y decisión.

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25 jul 2014

El gobierno necesita un rumbo claro

El primero que mencionó la posibilidad de cambios en el gabinete fue el senador socialista Fulvio Rossi:“Si Eyzaguirre sale, no habrá reforma educacional”, dijo en una reciente entrevista. Era un extraño modo de defender al ministro de Educación, pues en los hechos dejaba en evidencia su precaria posición.

Eyzaguirre ha cometido numerosos errores, pero en su favor hay que decir que el incidente provocado por la declaración sobre la eventual gratuidad de solo 4 años en la educación superior, reveló que su conciencia de economista no estaba dormida. Era un modo indirecto de reconocer la imposibilidad de dar gratuidad a todos los estudiantes. En realidad, no es posible ni siquiera si se destinan a ese fin todos los recursos de la reforma tributaria, lo que sería escandaloso pues hay otras necesidades.

La Presidenta zanjó la discusión así: “Habrá gratuidad para la educación superior de todas y todos”. O sea, universalidad. Ello significa que el Estado se compromete a financiar los estudios superiores incluso de quienes no lo necesitan. Curiosamente, el programa habla de asegurar gratuidad al 70% de los estudiantes de aquí a 2018.

Como se sabe, el ministro de Hacienda suscribió –autorizado por la Presidenta, naturalmente-, un acuerdo tributario con los partidos opositores. No sabemos cómo quedará el proyecto luego de la redacción de las indicaciones y el nuevo paso por la Cámara, pero es evidente que el acuerdo mejoró las cosas en cuanto al impacto de la reforma en el ahorro y la inversión.

No es baladí que se haya alzado de 20% a 27% el impuesto a las empresas y que se hayan creado mejores condiciones para aumentar la recaudación fiscal.

Sin embargo, el ministro Arenas sufrió una especie de “cuadrillazo” en la reunión del comité político del lunes 14 en La Moneda debido a que no informó a todos los partidos de la Nueva Mayoría sobre ese acuerdo, que firmó en nombre del gobierno por supuesto, no de los partidos. Luego de eso, los ministros de La Moneda salieron a explicar que no iba a volver “la democracia de los consensos”. Insólito. Parecía que la mayor preocupación era que nadie pensara que este gobierno iba a actuar con la misma disposición dialogante en las otras reformas. ¿Y todo eso para contentar a quiénes?

La Presidenta ha constituido comisiones asesoras y grupos de expertos de carácter pluralista para definir la posición del gobierno en áreas como descentralización y desarrollo regional, sistema de pensiones, reforma de Isapres, política sobre el litio, endeudamiento de los estudiantes, etc.

¿Qué es eso sino buscar amplios consensos para definir políticas públicas de ancha base?¿Para qué levantar entonces un discurso contra los consensos, en circunstancias de que el gobierno los necesitará para tener éxito?

Los problemas del gobierno se originan en la campaña electoral de 2013, cuando vio la luz un programa orientado a establecer una diferencia “paradigmática” con los gobiernos concertacionistas. Había llegado el momento de que la Nueva Mayoría convirtiera los sueños de la calle en objetivos de gobierno, como dice el PPD. Tal lectura era gratificante para el PC, que estuvo en la oposición a los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, pero era poco estético que la hicieran suya los partidos que fundaron la Concertación y que tuvieron ministros, subsecretarios, intendentes, embajadores y miles de funcionarios en esos gobiernos.

El relato de campaña acentuó la idea de que el programa perseguía una especie de remodelación global de la sociedad.Pero una cosa son los diseños y otra la realidad. Las dificultades de hoy se derivan precisamente de la colisión producida entre el texto programático y el Chile real. De partida, la sociedad se ha vuelto más compleja, el poder se ha diversificado, nuevos sectores defienden celosamente su autonomía y la mayoría se opone a que el Estado haga y deshaga.

En los tres primeros meses, el gobierno pagó el Bono marzo y el Bono de Invierno a las familias más vulnerables. Como ningún gobierno puede estar entregando bonos permanentemente, no queda sino explicarle a la población lo que el gobierno puede y no puede hacer en estos años. El camino hacia el desarrollo exige un esfuerzo colectivo destinado a elevar la producción y la productividad de manera sostenida. Junto a las políticas de protección social, hay que alentar el esfuerzo de superación de cada familia.

¿Llegó el momento de cambiar ministros? Ello depende exclusivamente del criterio de la Presidenta. En todo caso, si el gabinete pierde autoridad, ella también será afectada. Se requieren ministros competentes, pero lo decisivo es definir una carta de navegación realista, con metas acotadas para los 4 años, cuyos propósitos no se presten a equívocos.

El gobierno será evaluado por sus obras, no por el porcentaje de cumplimiento del programa. Por lo tanto, tendrá que mostrar logros concretos en 2018. Y las obras dependen de que haya una atmósfera de confianza en el país, de que se potencien las capacidades de la economía, de que amplios sectores se sientan llamados a colaborar.

Para lograr eso, no puede haber contemporización alguna con el populismo. Las reformas deben concretarse en leyes bien hechas, y ello exige articular los cambios y la estabilidad.

Las rectificaciones dependen de la Presidenta Bachelet. Solo ella puede asegurar que su gobierno no abarque más de lo que puede apretar. Solo ella puede generar un clima nacional que favorezca la racionalidad política y el diálogo democrático.

¿Qué les pedimos a los gobernantes? Que actúen con visión de Estado, que escuchen a los ciudadanos, pero a la vez que no vacilen en tomar decisiones. Les pedimos que conduzcan los asuntos nacionales con buen criterio y que defiendan el interés colectivo en todo momento.

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24 jul 2014

Memoria e identidad

Desde el día que asumió esta administración, uno de los focos fundamentales del trabajo del municipio ha sido la recuperación, protección y puesta en valor del patrimonio de la comuna.En este territorio se fundó la ciudad, por lo que en el se encuentra reflejada gran parte de la historia de la capital y, en muchos casos del país.

Por esa razón, una de las características fundamentales de Santiago es que posee una enorme cantidad de memoria arquitectónica e inmaterial. Es precisamente esa cualidad una de las más importantes en la conformación de la identidad de Santiago y por esa razón, la jefatura comunal ha dado claras muestras de mantener un compromiso irrestricto con la conservación del patrimonio desde el primer día de iniciada su gestión.

Esto, porque entendemos la responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía de cuidar la identidad de nuestra comuna, tanto para mejorar la calidad de vida y el entorno que habitan nuestros vecinos, como para poder entregar a las generaciones futuras una comuna amigable que celebre su historia. Cabe señalar que todas las grandes urbes del planeta fijan sus visiones urbanísticas destacando en su planificación antiguas edificaciones o barrios que transportan a épocas pretéritas.

Con todas esas consideraciones, luego de una importante participación de la comunidad, modificamos el Plan Regulador Comunal de Santiago del sector Matta-Franklin y se definieron, entre otras materias, nuevas zonas de conservación histórica en las que se incorporaron 285 nuevos inmuebles que serán protegidos, para cuidar y mantener la armonía del sector y rescatar así la riqueza de esa zona.

También se ha actuado decididamente en el Barrio Yungay, trabajando de la mano con los vecinos para recuperar y rescatar inmuebles, fachadas y el entorno del sector con el fin de cuidar este patrimonio que no es sólo de la comuna sino de toda la ciudad.

Acciones como el “plan de limpieza de muros y fachadas” de la Alameda que se ha implementado en edificios emblemáticos como la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de la Gratitud Nacional, la Iglesia de la Merced, la Casa Central de la Universidad de Chile, el Palacio de Bellas Artes, entre otros inmuebles, evidencian una clara voluntad de enfrentar el deterioro al que han estado expuestos esos espacios relevantes para el país.

Se suman la recuperación de cités, el inicio de la confección de un plan maestro para mejorar el Cerro Santa Lucía, la renovación de la Plaza de Armas y del Portal Bulnes, la recuperación de la Casa Colorada, el Palacio Cousiño, la Posada del Corregidor y el propio edificio consistorial, además de la puesta en valor del entorno del Mercado Central. Esos son sólo parte de los ejemplos que demuestran la constante preocupación por esta materia.

En las últimos días, con el fin de tener el panorama global más claro sobre el estado de inmuebles de conservación, monumentos nacionales o zonas típicas, la alcaldesa instruyó a la subdirección de Patrimonio realizar un catastro del estado de edificaciones, casonas, palacios y toda la memoria histórica que se ubica en la comuna con el fin de reconocer espacios que se encuentren en riesgo. La medida fue aprobada por el Concejo Municipal .

Sin embargo, esta municipalidad y su alcaldesa han dado muestras claras de atenerse siempre y sin variaciones a lo que la ley o los órganos respectivos establezcan en sus dictámenes, sin perjuicio de ejercer las acciones que se consideren pertinentes para resguardar el patrimonio, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna.

Actualmente nos encontramos en una situación compleja con el edificio de la “Protección Mutua”, ubicado en la esquina de Rosas con Morandé. Los instrumentos legales no ayudan al cuidado de nuestra historia y por esa razón recurrimos a la Contraloría General de la República para buscar una nueva interpretación de la legislación. Hoy es más valedero el permiso de edificación que la protección patrimonial que recibió pocos meses después de que se ingresara un proyecto privado.

En ese caso y en otros, hemos decidido paralizar obras, se ha solicitado recuperar estructuras de inmuebles de conservación dañadas y, además, se han tomado otras medidas similares en pos de proteger el patrimonio en riesgo, siempre en la medida que la legislación vigente lo permita. Santiago debe realzar su patrimonio y no se puede dar el lujo de permitir que su historia sea derribada.

Como lo ha dicho la alcaldesa Carolina Tohá en reiteradas ocasiones, el patrimonio material e inmaterial tiene una similitud muy grande con las especies en peligro de extinción. Una vez perdido, ya no se puede recuperar.

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24 jul 2014

Salud reproductiva, un espacio de participación municipal

Polémica generó recientemente, la decisión del ministerio de Salud de someter a consulta pública las políticas de entrega de anticonceptivos de emergencia a menores de 14 años, sin necesariamente tener que informar a sus padres o adultos responsables.

Este apartado, importante dentro de las Normas de Actualización de la Fertilidad de la cartera, está siendo sometido a revisión y apunta a resguardar la confidencialidad del paciente y, al mismo tiempo, actuar con la mayor celeridad en la aplicación del medicamento.

Si bien desde los municipios nunca hemos afirmado estar en contra de la ley, que obliga a consultorios y hospitales a la entrega de anticonceptivos de emergencia, es necesario realizar algunas precisiones, respecto a estos casos.

En primer lugar, los municipios, a través de su sistema de salud, deben ser actores importantes en la construcción de políticas públicas de un país. Nosotros somos el organismo que día a día tomamos el pulso a la realidad de nuestros vecinos y como tal, debemos erigirnos como el puente entre las necesidades de ellos y la confección de políticas que sean de utilidad para miles de familias a lo largo de Chile, de las cuales las más afectadas son casi siempre de escasos recursos.

Es por esta razón que debemos dejar de ser meros buzones de la política pública. Es más, nuestro trabajo debe integrar cada vez más las visiones de los actores que forman parte de la sociedad, para así conformar cuerpos legales efectivos y que ayuden a entregar soluciones a la gente.

En el caso de la entrega del anticonceptivo de emergencia, en Maipú el año pasado tuvimos seis casos a quienes se les entregó un apoyo integral para que, a futuro, pudieran evitar conductas de riesgo.

A nivel comunal hemos focalizado nuestros esfuerzos en el desarrollo de una red de soporte, formación e información, para quienes necesiten hacer uso de la llamada “pastilla del día después” y su entorno más inmediato.

También es importante que los colegios impulsen, dentro de sus programas, una educación sexual acorde a la realidad de sus estudiantes, que tenga en cuenta sus afectos, sus relaciones y entregarles las herramientas necesarias para vivir responsablemente su sexualidad.

Otro punto importante, es que más allá de las particulares creencias de los ediles de las 346 comunas que forman parte de Chile, como alcaldes tenemos la obligación de hacer cumplir las leyes. Es por esto que debemos centrar nuestros esfuerzos en abrir los espacios necesarios de participación, para que los vecinos puedan tener un rol relevante en la construcción de políticas que vayan en pos de mejorar su calidad de vida.

Para concluir, es necesario dejar claro que las políticas públicas hechas entre cuatro paredes no dan los resultados esperados.

La entrega de la píldora del día después, implica que los municipios no nos convirtamos meramente en una ventanilla de entrega de medicamentos, sino que seamos actores de la aplicación de una política de salud pública integral, donde el Estado cumple a cabalidad un rol social.

Cuando la familia no está presente o ésta falla en la protección de un hijo, es el Estado quien debe asumir este rol.Y en el ámbito local somos los municipios quienes por definición, debemos cumplir esta función.

Somos quienes estamos día a día, en primera línea y junto a la gente, los que tenemos mucho que decir respecto a este tema. Nuestra interacción cotidiana con ellos nos dan la ventaja y, al mismo tiempo, la motivación para pensar y generar iniciativas que los beneficien y los hagan sentir ser parte de una comunidad que vive y trabaja por ellos.

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24 jul 2014

Premio Jóvenes Talentos 2014

En abril pasado se abrió la convocatoria a una nueva versión del concurso Jóvenes Talentos creado por la Fundación Mustakis y Balmaceda Arte Joven. Un premio que durante 4 años apoyó el desarrollo artístico de jóvenes y que el 2014 se planteó el gran desafío de descentralizarlo, llegando a regiones como Antofagasta, Valparaíso, Bío-Bío y Los Lagos.

Coherente con la visión de ambas instituciones, que buscan contribuir a la formación integral de las personas y el desarrollo creativo de la sociedad – especialmente de los niños, niñas y jóvenes que tienen pocas oportunidades- en 1998 se abrió la primera convocatoria al concurso que duró hasta el 2003. En esa oportunidad, se plantearon por primera vez los objetivos que hasta el día de hoy dirigen este certamen y que buscan el incentivo del espíritu creativo de jóvenes artistas emergentes, promover la capacidad de producción, intencionar el trabajo creativo interdisciplinario y desarrollar proyectos de alta calidad.

Entre las obras financiadas por este concurso en las primeras versiones se destacan instalaciones y exposiciones de artes visuales, ediciones de libros, representaciones teatrales, obras coreográficas, creaciones audiovisuales, performance y productos interdisciplinarios.

Nombres como el de la poeta Gladys González, el ilustrador Abel Elizondo y la actriz y ex vocalista de Mano Ajena, Fernanda Carrasco, han sido ganadores de este premio.

Once años más tarde, con la madurez de ambas instituciones, nos planteamos esta vez hacer extensiva la convocatoria a las regiones donde Balmaceda hoy está presente. En Antofagasta por el norte, pasando por Santiago y Valparaíso, y terminando en Los Lagos por el sur, quisimos que todos esos jóvenes talentos regionales participen y tengan la oportunidad de volver realidad sus proyectos artísticos en variadas disciplinas.

Tenemos la convicción que un convenio como el que une a Fundación Mustakis con Balmaceda Arte Joven, demuestra lo virtuoso que puede resultar la coordinación de proyectos que comparten una visión común: de un Chile inclusivo, descentralizado y que le da valor a la formación artística de sus jóvenes.

Recientemente hemos seleccionado los proyectos ganadores de la versión 2014 y nos encontramos con gratas sorpresas en el más de un centenar de innovadores proyectos que llegaron.

Puestas en escena que recurren a nuevos formatos como el teatro Lambe Lambe del Taller de las Mariposas (Valparaíso), la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a espectáculos de danza contemporánea de Underbeats (Antofagasta), recuperación del patrimonio inmaterial del Barrio Yungay de Santiago, la poesía feminista y disidente de las Niñas con Palillos (Santiago), el espectáculo circense de Construyendo al Sr. Botones, y muchos más que representan cada una las regiones y expresiones artísticas que participaron en la convocatoria.

El resultado de este proceso viene a confirmar que con esta iniciativa respondemos a una demanda latente de jóvenes que están ansiosos de contar con espacios para desarrollar su trabajo artístico.

Como este ejemplo, nos gustaría que aún más privados se hicieran parte del proceso de desarrollo de jóvenes talentos, que apuesten en ellos y ellas ofreciéndoles maneras más flexibles de ejecutar sus proyectos, considerando las distintas realidades sociales y regionales.

La apuesta que Fundación Mustakis viene realizando habla de ese profundo compromiso con los y las jóvenes de nuestro país y, que junto a Balmaceda, se aventuran a apoyar los primeros pasos de jóvenes talentosos.

Porque fomentar el arte no significa solamente saldar una deuda con un gremio determinado, ni acotar la creatividad a un formulario de postulación, sino que correr riesgos e impulsar el desarrollo de talentos como un elemento básico de la formación de nuevas generaciones.

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24 jul 2014

El enjambre vandálico de los niñxs bchxs

Este es el nombre del grupo vandálico (según los panfletos), que la madrugada del miércoles quemó cinco autos.La creatividad del nombre, que recuerda a la película “12 Monos”, corresponde sin dudas, a un grupo de la nueva generación Z postmoderna y neo anarquista.

Según ellos, lo hicieron contra “pedazos del sistema imperante y que merece todo nuestro odio y rabia”, debido a que representarían (con los “celulares”, “las consolas de juegos”etc…) la presencia “del estado y los poderes fácticos” que convertirían “la cotidianidad en una robótica secuencia de hechos que ni siquiera pasan por nuestra decisión”.

De allí, “la estrategia coordinada…por la anarquía y la vida salvaje”.

Gran proclama, con lo mejor del ideario anarquista de Proudhon, Bakunin, y Kropotkin.

“No más partidos. No más autoridad. Libertad absoluta del hombre y del ciudadano. Esta es nuestra profesión de fe política y social (…)(Proudhon).

“Nosotros, los anarquistas, no tememos renunciar al juez ni a la condena. No tememos declarar haz lo que quieras y como quieras (…) Hay que dejar que cada uno actúe como mejor le parezca, negar a la sociedad el derecho de castigar cualquier acto antisocial”(Kropotkin).

Para Bakunin, “debe desaparecer el Estado, por ser una institución temporal, transitoria, de la sociedad, propia de un estado inferior de la humanidad”.

Pero creo que esta mirada no es suficiente para darle sentido a la violencia que sólo parece “irracional”, porque sí parece tener el sentido de un nuevo anarquismo que propone y explora y defiende el autor James C. Scott, profesor de Ciencias políticas y de Antropología de Yale, en su libro del 2012 “Elogio al Anarquismo”.

En esta visión, no es necesaria la desaparición del Estado, ya que “no es el único enemigo de la libertad”, y podría ser también una opción viable con los cambios radicales correspondientes.

Además debiera practicarse “una defensa de la política, los conflictos y los debates”, rechazando “el cientificismo utópico” (que la elimina), no aceptando “el libertarismo que tolera (incluso estimula), las grandes diferencias en riqueza propiedad y status”.

El autor no duda en aclarar que “libertad y democracia son, en condiciones de desigualdad fragante, una farsa cruel, tal como bien lo entendió Bakunin. No existe libertad auténtica allí donde las grandes diferencias convierten los acuerdo e intercambios en poco más que saqueos legalizados”, generando una “violencia estructural”.

El centro de su propuesta, nacida de la desilusión referente a como han terminado las grandes revoluciones (y también las locales), destinadas a barrer con la desigualdad en nombre de la justicia y la libertad en la historia, es que “la cuestión es, que en las grandes diferencias en riqueza, propiedad y status, se burlan de la libertad”.

Todo esto impulsaría y daría fuerza a herramientas de lucha activa, (que no debieran sólo generar “confusión y caos”) con la “desobediencia y la insubordinación”, practicadas cotidianamente, en las luchas (a veces anómicas), para cambiar las condiciones que permitirían esta burla para la humanización y la personalización y destinadas a lograr una verdadera libertad.

¿Qué tal el “enjambre vandálico de los niños bichos”?

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23 jul 2014

La reforma educacional al hueso

A estas alturas pocos saben en qué consiste la reforma educacional. Entre polémicas, distorsiones, disputas ideológicas y errores comunicacionales, el tema se ha desdibujado.Incluso algunos dirigentes del Gobierno hablan de la necesidad de “rediseñarla”. Y en la oposición proponen una comisión que estudie el tema “desde cero”.

Creo pertinente volver a lo esencial. Hay muchos otros temas relevantes que forzosamente quedarán fuera de este esquema, que sólo pretende recordar la estructura básica de la reforma.

El sistema educacional chileno tiene una cobertura adecuada y en su evaluación aparece como el mejor de América Latina. Pero requiere de importantes cambios que deben partir de lo que existe para acercarse gradualmente hacia un ideal posible.

En primer lugar hay que hacer una fuerte inversión en educación pre escolar subiendo sus exigencias formativas, para lo cual es necesario crear el sistema institucional apropiado en el Ministerio de Educación. Todos saben que un acceso masivo a este nivel formativo es esencial para ir afirmando una igualdad de oportunidades, nivelando las desigualdades provenientes del origen familiar y social.

En segundo lugar, hay que poner en marcha un plan de fortalecimiento de la educación pública en todos los planos: infraestructura, subvención, aprovechamiento de la jornada escolar completa, etc. Muchas de esas medidas no requieren cambios legislativos. Para implementarlo bastan las atribuciones con que cuenta el Ministerio. Un papel importante debe desempeñar aquí la Agencia de Calidad.

Ese plan debe culminar con una ley que consagre la desmunicipalización de los colegios. Aquí es importante definir bien la nueva estructura pública de los establecimientos. En el primer gobierno Bachelet se propuso que fueran corporaciones regionales de derecho público abiertas a la comunidad, ahora se habla de servicios descentralizados siguiendo el modelo del sector salud.

En todo caso, se tratará de un proyecto de largo debate parlamentario y de implementación gradual a lo largo del país. Tal vez se podría comenzar a experimentar desde ya el nuevo sistema mediante convenios entre algunos municipios y los servicios provinciales de educación.

En tercer lugar, hay que diseñar la carrera docente mejorando la calidad y la remuneración de los profesores. Ello supone un proyecto de ley cuyo debate en el Parlamento dependerá del grado de acuerdo que tenga el Colegio de Profesores.

Respecto a la educación particular subvencionada, el proyecto actualmente enviado a la Cámara de Diputados, que contempla el fin del lucro, del copago y de la selección, sería conveniente desglosarlo al menos en dos partes: el fin del copago, que requiere quórum simple y sobre el cual puede haber mayor acuerdo, repensando los plazos, y las otras dos materias que requieren para su aprobación de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio.

Sobre el lucro, hay que tener presente que la actual ley exige que los sostenedores sean personas jurídicas de giro único – y faltan todavía cerca de 1.400 sostenedores que se acojan a esta exigencia -, justamente para que la Superintendencia pueda fiscalizar mejor que no se pueda lucrar con la subvención fiscal.

Ese organismo podría desde ahora trabajar en esa línea, evitando así que la discusión de este tema se contamine con divagaciones ideológicas. La Contraloría General de la República podría hacer una contribución importante para reafirmar este principio estableciendo los criterios diferenciadores entre una justa remuneración del sostenedor o recuperación de su inversión, por una parte, y el retiro de “ganancias” por otra.

El tema de la selección debe ser definido en la ley, avanzando a partir de lo que ya establece la ley. En todo caso parece adecuado que haya un diálogo entre la familia y la directiva del establecimiento para que exista sintonía en la orientación de la enseñanza de los niños. Aquí el criterio básico es “el proyecto educativo”, que debe ser precisado para que no dé pábulo a discriminaciones arbitrarias. No parece, sin embargo, adecuado confiar el tema a un sistema computacional anónimo como establece el proyecto.

En cuarto lugar, es importante que el Ministerio cumpla con el plazo, previsto por la ley, del cambio de los años del ciclo de enseñanza: en vez de 8 de básica y cuatro de media, seis y seis años respectivamente. Lo que tendrá un impacto en los profesores.

Lo que no debe ponerse en cuestión es el carácter mixto del sistema de provisión de la enseñanza, logrando un adecuado equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Al contrario, la reforma debe ser percibida como una nueva oportunidad para mejorar la implementación de ambos principios constitucionalmente garantizados.

En quinto lugar, está el tema de la educación superior: CFT, IP y Universidades. Es el campo que requiere mayores cambios. Muy poco se avanzó desde el retorno a la democracia. No había ideas claras al respecto, no había un movimiento estudiantil activo y cada establecimiento luchaba por sus intereses corporativos sin remitirse a parámetros generales.

El punto central es el de la gratuidad.

El programa de gobierno es claro sobre la gratuidad universal y sobre los plazos para alcanzarla. Para lograrlo habrá que definir por ley los requisitos que las universidades, los CFT y los IP – públicas y privadas – deberán cumplir para acceder a la subvención estatal.

En este punto hay que ser muy exigente y reformar el sistema de acreditación, haciéndolo obligatorio y devolviéndole la seriedad perdida. En este contexto se pueden definir las carreras que el Estado financiará y su duración.

La ley deberá definir un período de transición, especialmente para aquellas universidades privadas que cuentan con un gran número de alumnos y no han alcanzado la acreditación necesaria. Por cierto, podrá haber universidades privadas de calidad que no aspiren a la subvención fiscal y se financien con la matrícula de sus alumnos.

El gobierno anterior de M. Bachelet legó la estructura básica del sistema escolar: la Agencia de Calidad, la Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación. Es un importante aporte que no ha sido valorado como debiera.Ahora hay que dar los pasos que faltan.

Para implementar la reforma hay que lograr los acuerdos políticos y sociales necesarios.No será un camino libre de tropiezos y dificultades. Lo importante es que no se pierda de vista el norte y se conduzcan los cambios con claridad y sentido político.

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23 jul 2014

No sólo un negocio

La Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI, cumple 30 años, período en el cual no sólo creció como organización gremial, sino que acompañó a sus empresas socias en el camino del crecimiento y del apoyo al desarrollo del país.

El cambio experimentado por la industria, representado no sólo en la rápida evolución de los aparatos tecnológicos, sino en sus aplicaciones y nuevas tendencias, influyó en el nuevo rostro que tiene Chile.

De ser un país del tercer mundo pasamos a ser una nación líder en el continente no sólo por la estabilidad social, política y económica, sino por el importante desarrollo de sus comunicaciones, renovación de las principales industrias y la aplicación de Tic’s, en el servicio público.

El que dentro de las principales fortunas del mundo se encuentren muchos emprendedores del mundo de las tecnologías de la información no es un dato superfluo. Al contrario, habla de la forma en que las Tic’s se introdujeron en cada uno de los aspectos de la vida de la persona común, de los sectores industriales y de los servicios.En nuestro país hay también claros ejemplos de emprendedores exitosos que en el curso de estos 30 años crecieron de forma impresionante, llegando a internacionalizarse.

¿Pero crecer, tener éxito, internacionalizarnos es lo único que nos mueve como industria? No, sin duda la respuesta es categóricamente no. Nos sentimos orgullos de lo logrado, de los avances, de los éxitos, del crecimiento, pero a la vez sentimos que nuestra industria contribuyó de manera importante al país que hoy somos.

Un Chile moderno, citado como ejemplo, que capta inversiones, signado como un buen país para vivir y desarrollar emprendimiento debido a su estabilidad. Esa es nuestra satisfacción y orgullo. Como presidente de ACTI participé de múltiples reuniones e iniciativas orientadas a consolidar la industria y a instalarse como herramienta eficaz en ministerios, servicios, banca, comercio, minería, educación, salud, justicia.

Los paradigmas con que la sociedad, las naciones, las familias, las redes se movían, conectaban y relacionaban cambiaron radicalmente con las tecnologías de la información. Pero no todos pueden acceder a los artefactos y programas, creándose una brecha digital que aleja a los desposeídos de la posibilidad de tener una mejor vida.

Por ello, como organización gremial no podemos dejar de insistir en la necesidad de contar con una institucionalidad fuerte en tecnología que fije normas, marcos de desarrollo y de actividad con el objetivo de que estas maravillas del ingenio humano efectivamente cumplan con su rol social, contribuyan a la equidad y justicia que todos anhelamos.

Treinta años fructíferos, de aumento del conocimiento, de creación de nuevas aplicaciones y sistemas que hacen del país, una mejor nación. ACTI seguirá, como asociación gremial, contribuyendo al desarrollo del país a través de la aplicación de las tecnologías de la información, cambiando las vidas de las personas y abriendo espacios de crecimiento individual y colectivo.

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23 jul 2014

Eyzaguirre

El ministro de Educación está bajo fuego cruzado, enemigo y amigo, tras desplegar una amplia ofensiva, para reafirmar la voluntad del gobierno de cumplir su promesa de reconstruir un sistema nacional de educación pública, gratuita y de calidad, terminando con la “pesadilla”, como acertadamente la ha calificado, en que ha devenido el experimento extremista de atender este derecho social mediante la creación forzosa desde el Estado, de un mercado educacional.

El Ministro merece un amplio apoyo en este propósito. Al mismo tiempo, parece conveniente evitar repetir errores de conducción, como los que empantanaron el asimismo loable propósito gubernamental de hacer una reforma tributaria mayor, cuyo reciente traspié en el Senado motiva esta andanada y la reacción del ministro de Educación en primer lugar.

Un diseño apresurado puede resultar en complicaciones, como sucedió con la propuesta de Hacienda. La idea de Eyzaguirre de restringir la gratuidad a un “College” de cuatro años, por ejemplo, fue una propuesta improvisada que tuvo que desmentir al día siguiente. Lo más bochornoso es que cayó redondo en la trampa de El Mercurio, urdida por un rector disfrazado de periodista, cuyos antecedentes de oposición a la reforma y poca fiabilidad política son bien conocidos.

Quizás el Ministro se acostumbró a las zalamerías de este medio cuando ejercía otra cartera, en una gestión más cercana a su línea editorial. Quizás no se enteró de la voltereta de este rector-periodista cuando pasó, de un día para otro, de redactor de la propuesta de la mayoría progresista del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación en el año 2006, a co-redactor de la propuesta Brunner que terminó en el nefasto acuerdo de “manos levantadas” ; y poco después apareció de editorialista de El Mercurio.

Estos errores ayudan a los reducidos sectores que se benefician con el esquema actual, en su mezquino propósito de entorpecer estas reformas indispensables, en la ilusión que más adelante puede cambiar el clima político que hoy favorece ampliamente su implementación.

El diseño de la reforma no es asunto técnico sino político. Debe estar orientado estrictamente por el objetivo de transformar el actual esquema privatizado, en el nuevo sistema de educación pública gratuita, en todos los niveles. Las grandes reformas no destruyen nada, sólo cambian el carácter de lo existente. Ésta no será la excepción.

Lo principal es identificar quienes son los actores del sistema actual que necesariamente deben ser incorporados al nuevo y proponerles un esquema de transformación que los estimule a adherir voluntariamente, o al menos neutralice su resistencia. Al mismo tiempo, es necesario aislar de partida a los que no resultan viables ni en el esquema actual ni en el nuevo y garantizar a sus comunidades su traslado a otras instituciones. El diseño de la reforma debe sumar y no restar.

Una manera sencilla de hacer la transición puede ser la que ha insinuado el nuevo rector de la Universidad de Chile al congelar los aranceles del 2015, apostando a que el Estado le va a reponer directamente los recursos que habría proporcionado un eventual reajuste, los que requiere de modo imperioso.

Es una apuesta acertada, pero no se trata sólo de congelar los aranceles sino reducirlos. Por ejemplo, se puede proponer a todas las instituciones que se desea incorporar al nuevo sistema público, que reduzcan sucesivamente sus aranceles en un sexto cada año, hasta cumplir de ese modo la promesa de gratuidad del gobierno.

A cambio de ello, el Estado debe comprometerse a reponer con creces los recursos que se dejan de percibir con la rebaja de aranceles, mediante aportes directos y estables al presupuesto de estas instituciones.

Precisamente, el reemplazo de los ingresos por venta de servicios, por financiamiento presupuestario estable, es la clave de la desmercantilización de la educación y fin del lucro en sus proveedores, así como la palanca principal para mejorar su calidad.

La manera de garantizar el derecho universal a una educación pública gratuita no es repartir “vouchers” a todos los estudiantes. Ello sólo profundizaría la mercantilización y privatización de la educación, con todas sus consecuencias “de pesadilla”. La forma de garantizar este derecho es conformar un sistema nacional de educación pública que entregue educación de calidad en forma gratuita, al cual se acceda sin discriminación ninguna, y expandirlo sucesivamente en la medida de las posibilidades del Estado.

El nuevo sistema gratuito deberá conformarse en primer lugar con los remanentes del antiguo sistema público, los que han logrado sobrevivir a duras penas gracias a sus académicos y autoridades, pero que se encuentran hoy en una situación límite. Ellos deben recuperarse con decisión, asignando a esta tarea todos los recursos que sean necesarios.

La presencia directa del Estado en la provisión de educación es lo principal. Al revés, mantener un sistema estatal “reguleque” siempre fue parte del diseño explícito de la privatización, para evitar que hiciera “competencia desleal” a los actores privados. Parece increíble que todavía hoy haya voceros de la Nueva Mayoría que insistan, como acaba de hacer un conocido senador, en oponerse a que el Estado reconstruya y expanda en forma decidida un sistema público estatal de alta calidad.

En el caso de la educación básica y media, lo principal es la desmunicipalización y reconstrucción de un servicio nacional de colegios públicos. Éste debe conformarse, sin vacilaciones ni nuevos experimentos “descentralizadores”, destinados al fracaso.

En el caso de la educación universitaria, evidentemente se deberán mejorar y expandir con decisión las universidades estatales. Será necesario atender a su crítica situación actual, resolver los casos de dos o tres que son inviables en su forma actual y reorganizarlas por región. En el caso de la educación terciaria técnica y profesional, es imperioso reconstruir un actor estatal. Lo más lógico es revertir la escandalosa entrega de INACAP a sus directivos en las postrimerías de la dictadura.

En segundo logar, el nuevo sistema público deberá incorporar a como de lugar a las instituciones no estatales tradicionales de reconocido prestigio y evidente condición sin fines de lucro. Es el caso de las universidades no estatales del CRUCH y sus filiales técnicas, entre ellas el DUOC.

En tercer lugar, el nuevo sistema deberá incoporar a las principales instituciones privadas sin fines de lucro y de calidad reconocida, que operan en todos los niveles al amparo de los subsidios estatales.

El diseño de la propuesta debe ser tal que no la pueden rechazar dada su evidente conveniencia. Por otra parte, tendrán en cuenta la perspectiva de operar en el contexto de un reconstruido sistema público gratuito y de buena calidad, lo que es muy diferente al cuadro actual. Parece conveniente que todos los miembros de sus respectivas comunidades, propietarios, profesores, académicos, funcionarios y estudiantes así como sus apoderados, participen democráticamente en esta trascendental decisión.

Al mismo tiempo, la propuesta debe identificar y aislar a aquellos otros actores que no resultan viables ni en el nuevo esquema ni en el actual y proceder con decisión a su intervención. Lo principal en este caso es garantizar a sus alumnos, profesores, académicos y directivos, que serán trasladados sin traumas y con ventaja, a las instituciones que se incorporen al nuevo sistema. Ello debe ser efectuado cuanto antes, de modo que quede en evidencia que la falencia de estas instituciones se origina en el esquema actual de mercado y no en la reforma.

Finalmente, habrá otras instituciones que no se interesen en incorporarse al nuevo sistema público. Ellas podrán continuar operando en todos los niveles con financiamientos exclusivamente privados, en la medida que satisfagan ciertas condiciones generales válidas para todos los actores educacionales. Quizás no es lo mejor, pero siempre ha sido así en Chile.

La conducción certera de las inevitables reformas en curso es la responsabilidad principal del gobierno. Si no lo hace será sobrepasado y ese es el peor escenario de todos, para todos.

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22 jul 2014

El trasfondo histórico-ideológico del rol de la derecha

Ha sido pública y notoria la actitud y conducta negativa y obstruccionista de la derecha política y económica ante las diferentes reformas y proyectos que la administración de la presidenta Bachelet ha impulsado en su intención de llevar a cabo cambios en el país, por los que la ciudadanía ha clamado social y electoralmente.Diferentes interrogantes y/o explicaciones surgen respecto a este comportamiento político.

¿Es sólo resultado o reacción a la frustración de las insuficiencias sociales y políticas de la gestión de Sebastián Pinera y la consecuente sanción popular a través de uno de sus peores resultados electorales en las últimas cinco décadas?

¿Es una muestra más de su desorganización y diáspora militante cuyo único elemento aglutinador actual es intentar reivindicar el gobierno aliancista-piñerista que no logró reiniciar una nueva era en el ejercicio del poder para su sector?

¿O es el producto de la adhesión categórica y sistemática, no siempre explicitada o sincerada, a una forma de hacer política y a un modelo socio- económico gestado y fraguado durante los años de dictadura militar?

A mi juicio e independientemente de que los aspectos incluidos en las dos primeras preguntas puedan tener alguna influencia, es en la respuesta afirmativa a la última pregunta donde se encuentra de manera más clara la explicación del rol socio-político que está jugando la derecha frente al gobierno y, lo que es más importante, lo que permite esperar reacciones y conductas similares ante las futuras iniciativas gubernamentales.

Concretamente, se trata de un comportamiento no coyuntural y/o excepcional, sino de una actitud y acción con raíces y fundamentos histórico-ideológicos, tal cual quisiera sintetizar en las próximas líneas.

Los regímenes dictatoriales que se instalan en América Latina en los años setenta generan un cuadro y marco propicio para la intromisión de las políticas neoliberales promovidas esencialmente por el llamado “Consenso de Washington” y con la participación activa del Banco Mundial y el FMI. Se trata de una reestructuración económica orientada hacia un modelo de libre mercado, cuya característica distintiva es la desregulación económica mediante la contracción del tamaño del Estado y una omnipresencia del mercado como mecanismo regulador.

Estratégicamente, el modelo persigue la reducción de barreras al comercio, la privatización de empresas estatales, la jibarización y desprestigio del Estado, la disminución del gasto social, la eliminación del déficit público, la maximización en los ingresos de la empresa privada y, sobretodo, la competitividad internacional mediante una apertura productiva, comercial y financiera.

Los regímenes dictatoriales imponen con extrema violencia y abuso el nuevo modelo, impidiendo que los movimientos políticos, sociales y sindicales puedan contrapesar dichas tendencias.

Todo esto en medio de un pretensioso y arrogante discurso, a través del cual se postula y divulga que el nuevo modelo es la vía y modalidad, con las mejores ideas, los mejores recursos humanos y los más óptimos procedimientos, para que las sociedades Latinoamericanas puedan alcanzar su desarrollo y una verdadera modernidad. Se trata de un etnocentrismo ideológico que no solo considera su propuesta como la mejor y la única, sino que rechaza y desprecia otras alternativas.

En el caso concreto de nuestro país, la derecha política y económica es protagonista y heredera (en más de una generación) de los excesos político-autoritarios y de la opción económica neoliberal. Propone, administra y usufructúa de este modelo socio-económico, obstaculizando (cuando no impidiendo) posibles futuras modificaciones con “paquetes legales” que se establecen a modo de “edictos” por parte de las máximas autoridades.

Como resultado de este modelo socio-económico, se va plasmando una concentración del capital en manos de unos pocos, que alcanza una magnitud inédita en la historia de Chile.

En la última década del s. XX, las elites conductoras de la transición y reinstalación de la democracia chilena, implementan políticas sociales que sin duda contrapesan en parte los efectos de las políticas socio-económicas de los regímenes dictatoriales.

A la vez establecen como propuesta alternativa lo que se simboliza en la ecuación crecimiento con igualdad.No obstante, a la luz de las cifras que se van conociendo, la implementación concreta de dicha fórmula termina por inclinarse categóricamente por el crecimiento, postergando significativamente la igualdad a un carácter meramente residual.

La economía se define “demasiado prioritariamente” a partir del objetivo del crecimiento, ignorando las implicancias de un verdadero desarrollo humano, a decir de las propias Naciones Unidas (Ver diferentes informes del “Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo” sobre nuestro país).

En este nuevo escenario, la derecha va “puliendo” su discurso, amalgamando lo tecnocrático con lo político. Sus ideas-fuerza y su comportamiento objetivo se expresan preferentemente en la defensa de los intereses de los grupos económicos que muestran una poderosa constelación de poderes, con la consecuente sinergia entre ellos (económico, educacional, previsional, comunicacional), los que les da, a su vez, una capacidad de permanente presión, cuando no chantaje frente al poder político.

Poco o nada dice sobre la desigualdad y la justicia social, reafirmando su tesis del “chorreo” bajo el expediente del crecimiento económico y bajo las condiciones del más irrestricto e intocable funcionamiento del mercado.

A pesar de las buenas cifras e indicadores que muestra casi toda América Latina en la primera década del s.XXI, lo fundamental del modelo neoliberal pareciera no estar afectado ni trastocado.

En los hechos, el crecimiento a costa de la desigualdad del país se mantiene (Chile tiene la peor distribución de ingreso de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y una de las peores del Continente), y los “abusos” sistemáticos de los “abusadores”, comienzan a ser de conocimiento público, siendo los casos más emblemáticos: las AFP con ganancias altísimas durante 32 años, administrando aproximadamente 160 mil millones de dólares – el 60% del PIB- en contraste con las jubilaciones de los trabajadores que reciben menos de $250.000 mensuales; la ya consabida colusión de las farmacias en un ámbito tan sensible para la gente; el negocio con la educación; el aumento arbitrario y sostenido en el cobro de las ISAPRES, junto a una insuficiente salud pública y las condiciones paupérrimas de negociación y seguridad laboral a que están sujetos los trabajadores.

El agravante en este nuevo ciclo, está dado por la toma de conciencia de importantes grupos de la sociedad que dan lugar a significativas protestas y reivindicaciones ciudadanas en todo el continente.

Los conflictos sociales muestran variadas y complejas expresiones, surgiendo nuevos actores en escena, lo que en el caso concreto de nuestro país se expresa en manifestaciones que adquieren características de movimientos sociales.

No en vano, en las ciencias sociales comienza considerarse como un ámbito y/o área importante de análisis el de la violencia socio-económica (Ver “Violencia, política y conflictos sociales en América Latina”, CLACSO, Colombia 2013).

Consecuencia de todo lo anterior y su no solución más estructural y de fondo, se aprecia un deterioro en la confianza y satisfacción para con la democracia y con la política en general.

En la medición hecha el año 2013 por la Corporación Latinobarómetro, solo un 25% de los latinoamericanos tienen confianza en el Parlamento y un 24% en los Partidos Políticos.Asimismo, solamente un 32% declara sentirse satisfecho con la democracia y la razón de esto, para un 75% se debe a que consideran que la distribución de la riqueza es injusta. En la muestra de Chile, solamente un 10% considera justa la distribución de la riqueza.

En medio del desarrollo de estos últimos acontecimientos descritos y frente a las demandas y exigencias de transformaciones significativas en el país, la derecha corea estridentes críticas apocalípticas, y sus “propuestas” van inexorablemente dirigidas a neutralizar o mimetizar los proyectos y acciones destinadas a cambiar el estado de cosas actuales.

Todo ello, con un no disimulado apego a su discurso histórico-ideológico y con un apoyo permanente por parte de la inmensa mayoría de los medios de comunicación de masas que ellos mismos controlan y que les ha permitido instalar a modo de creencia popular el “sentido común neoliberal”, es decir, un catálogo de “certezas” basadas en la racionalidad de la ganancia máxima.

En definitiva, a lo largo de estas décadas, la derecha ha sido una ilustración palmaria de algo extrañamente paradojal: en un mundo lleno de perplejidades y de tentaciones nihilistas, ellos aparecen como los grandes reivindicadores de las ortodoxias, las que creíamos se habían caído a pedazos junto con el muro de Berlín.

Se trata, en una palabra, de una forma de integrismo (el fundamentalismo del libre mercado, la competencia, la ganancia y el capital) que busca mimetizarse con discursos y bravatas en pro de derechos (más bien intereses) y libertades, pero sin ningún deseo verdadero por construir una sociedad más justa e igualitaria, y lo que es peor, sin permitírselo a quienes quieren hacerlo.

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