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La privatización de la educación se concibió en las “modernizaciones” pinochetistas de los años 1980, pero se implementó mayormente durante la transición a la democracia, desde el ministerio de Hacienda y mediante las Leyes de Presupuesto de la Nación.
El grueso de los importantes incrementos de financiamiento público a la educación a partir del fin de la dictadura y especialmente después del “acuerdo nacional” celebrado manos en alto tras la “Revolución Pingüina”, fueron destinados al “subsidio a la demanda”.
Del mismo modo, la mercantilización se revertirá disminuyendo éste sucesivamente y redestinando los recursos públicos directamente hacia las instituciones que se incorporen al reconstruido sistema nacional de educación pública, gratuita y de calidad. Ello puede y debe comenzar con la Ley de Presupuesto 2015.
El derecho universal a una educación gratuita y de calidad no se garantiza entregando cada vez más “vouchers” a cada vez más estudiantes. Ello sólo profundizaría la privatización y sus consecuencias “de pesadilla”, como acertadamente las ha calificado el Ministro Eyzaguirre.
Se logra principalmente, redireccionando el Presupuesto de la Nación, hacia el financiamiento directo estable de las instituciones existentes que se incorporen al nuevo sistema nacional de educación pública gratuita, en todos los niveles. Éste se expandirá y mejorará sucesivamente, de acuerdo a las posibilidades del Estado.
La clave para lograrlo es disminuir sucesivamente los copagos, matrículas, aranceles y otros cobros a los estudiantes y sus familias. La CONFECH ha exigido reducirlos en un quinto por año a partir del 2015, hasta alcanzar la gratuidad en el plazo comprometido por la Presidenta Bachelet. No es mala idea. Ello se puede lograr, si se redestinan los aumentos y redireccionan las partidas actuales, destinadas a educación, desde el “subsidio a la demanda” a aportes directos a las instituciones, empezando con la Ley de Presupuesto de la Nación 2015.
Se trata de revertir el incremento en la proporción del presupuesto destinado a los diversos mecanismos de “subsidio a la demanda”, que se viene experimentando desde los años 1980 y en forma creciente a partir del año 1990 y muy especialmente a partir del año 2007. Todos esos recursos se pueden redireccionar hacia el financiamiento directo y estable a las instituciones que rebajen sus aranceles a partir del 2015, en todos los niveles educacionales.
Recibirán estos recursos todos los establecimientos que cumplan con los requisitos de calidad definidos para cada nivel educacional, que no lucren y que voluntariamente, con la participación democrática de sus respectivas comunidades, estén dispuestos a reducir sus copagos y aranceles en la proporción anual sugerida.
A todos se les puede compensar con creces los recursos que dejan de percibir por dicha rebaja, mediante la asignación de partidas directas y estables en la Ley de Presupuesto de la Nación, a partir del año 2015.
De este modo se irá conformando el nuevo sistema nacional de educación pública, gratuito y de calidad, a partir de las instituciones actualmente existentes, tanto estatales como particulares, que lo ameriten y decidan voluntaria y democráticamente incorporarse al mismo.
Todas ellas modificarán gradualmente su carácter, a medida que reemplacen crecientemente la venta de servicios educacionales por presupuesto público. Es el camino de la desmercantilización y fin del lucro en la educación.
Asimismo, es la palanca principal de mejora de la calidad, puesto que al contar con presupuesto estable, las instituciones pueden contratar personal estable y bien remunerado y mejorar sus condiciones generales de operación.
Aparte de la rebaja sucesiva de copagos y aranceles, los criterios de calidad que se establezcan para incorporarse al nuevo sistema deben definirse con el propósito explícito de incluir a todas aquellas instituciones que de antemano interese incorporar. Aparte de las estatales, éstas deben incluir aquellas que sean de comprobada calidad y deseen hacerlo.
A todas las instituciones debe hacerse una propuesta que la mayoría acepte, tanto porque mejora evidentemente su condición actual al compensar con creces mediante presupuesto público estable lo que dejan de percibir por cobros y aranceles, como por la perspectiva de competir con un renovado sistema de educación pública gratuita de buena calidad.
Lo importante no es a quién pertenecen estas instituciones sino que sean de buena calidad, definida de esta manera.Ya verán más adelante las respectivas comunidades como deciden democráticamente quiénes las dirigen hacia los objetivos nacionales que toda educación pública debe tener.
Al mismo tiempo, estos requisitos de calidad deben ser tajantes en cuanto a dejar afuera a todas aquellas otras instituciones que no resultan viables ni en el actual esquema ni en el nuevo. No pocos establecimientos han alcanzado una situación límite y se encuentran en falencia o no tienen viabilidad en el esquema existente. La mayoría de éstas son privadas, pero también hay dos o tres planteles estatales en esta crítica situación. Es urgente aplicar a todas ellas una suerte de “test de esfuerzo”, que devele esta realidad y proceder con determinación a su reestructuración planificada.
Las comunidades de las instituciones en falencia, estudiantes y sus familias, profesorado y personal académico, funcionarios y también la mayor parte de sus autoridades que no están comprometidas con la situación actual, deben recibir garantía de parte del Estado que serán absorbidas con evidente ventaja en otras instituciones del nuevo sistema público. Éstas, a su vez, deben recibir un presupuesto incrementado que les permita atender el saneamiento de estas situaciones críticas. Parece imperioso que la Ley de Presupuesto 2015 contemple una partida significativa destinada a estos efectos.
Sin perjuicio de lo anterior, habrá algunas instituciones que satisfaciendo los requisitos generales de calidad, optarán por continuar operando con financiamientos exclusivamente privados. Puede que no sea lo óptimo, pero siempre ha sido así en Chile.
Todo lo anterior sólo puede atenderse de manera concreta, negociando con todas y cada una de las instituciones involucradas. Negociar el presupuesto del próximo año, en eso consiste precisamente el mecanismo de asignación de recursos en todo sistema público.
Expertos chilenos que han tenido la ocasión de participar como observadores en el proceso de determinación del presupuesto de educación de Finlandia, por ejemplo, dan fe que el mismo consiste en una negociación que se extiende a lo largo de varios meses y en el cual participan el ministerio respectivo y todas las instituciones educacionales, en todos los niveles educacionales y en todas las regiones.
No obstante sus evidentes problemas y complejidades, éste ha demostrado ser el mecanismo más eficiente para asignar los recursos públicos destinados a la educación. En el experimento privatizador chileno, en cambio, se pretendió dejar dicha asignación a la “mano invisible” de un mercado inducido a la fuerza mediante “subsidios a la demanda”.
El resultado fue un costosísimo, ineficiente y discriminador, proceso de venta de servicios educacionales que el país conoce bien. Se extiende a lo largo de todo el año, a lo largo del cual las instituciones gastan ingentes recursos en omnipresente publicidad y propaganda, para intentar convencer a los estudiantes y sus familias que les traspasen exactamente los mismos recursos que el Estado les entregará en lo sucesivo de modo directo.
Evidentemente el Estado, a través de sus organismos centralizados y descentralizados, se encuentra en mucho mejores condiciones que los estudiantes y sus familias, tanto para captar los requerimientos de recursos humanos del aparato productivo, como para negociar con las instituciones educacionales y exigir los mejores resultados para los recursos aportados.
Por cierto, en Chile se procedió intencionadamente a desmantelar casi por completo la institucionalidad centralizada y descentralizada que realizaba esta función sin grandes complicaciones en el pasado. Será necesario contemplar asimismo partidas en el presupuesto del 2015 y posteriores, destinadas a reconstruir y fortalecer estas capacidades.
Es lo que hacen todas las grandes reformas. Éstas nunca destruyen nada —las contrareformas lo hacen—, no sólo transforman lo existente cuando ya no puede continuar como antes. Proceden a ello con decisión, sin eludir los grandes problemas sino abordando sin vacilar aquellos que se necesita resolver. Siguen una estrategia bien definida y una táctica flexible, de manera de sumar fuerzas y nuevos aliados a medida que se avanza, aislando al mismo tiempo a aquellos que se oponen a los cambios, sea porque profitan o por cualquier otro motivo, y desean mantener ad eternum la situación existente.
El copago en los colegios subvencionados no puede mantenerse hasta el día de San Blando, como pretende el influyente y transversal “lobby” de los “sostenedores”.
Como dice el Rector Aldo Valle, no es posible que la Ley de Presupuesto del año 2015 siga acentuando la tendencia privatizadora que resulta de incrementar la proporción de recursos educacionales públicos destinados al “subsidio a la demanda”, que según la Contraloría General de la República ya alcanza el 73 por ciento del financiamiento público a la educación terciaria y la mayor parte se lo apropian instituciones de calidad y fines discutibles. Los cobros a los estudiantes y sus familias pueden y deberían reducirse en un quinto por año, a partir del año 2015.
La reducción significativa del copago, matrículas y aranceles, a partir del año que viene, compensadas con creces con asignaciones directas y estables en la Ley de Presupuesto de la Nación, a partir del año 2015, será la señal más potente que la reforma va en serio.
Representará un alivio concreto, inmediato y significativo, para millones de estudiantes y sus familias. Nada puede resultar más efectivo para elevar aún más el extendido apoyo ciudadano a la reforma educacional de la Presidenta Bachelet.
