El Presidente prometió el mejor censo de la historia. Resultó un desastre, hasta el extremo que la comisión designada por el Gobierno para evaluar sus resultados, terminó por afirmar que “adolece de serios problemas en aspectos que son esenciales en este tipo de instrumento” y recomendar la realización de un censo abreviado de población y vivienda en el año 2015, y que “para fines del uso de datos oficiales y de política, no se utilicen los datos del proceso 2012”.
Sin embargo, no es primera vez que la soberbia y la ambición traicionan al Presidente Piñera, quien inició su administración diciendo que en el primer mes se había hecho más que en los veinte años de gobiernos de la Concertación, apuntando especialmente a la administración de la Presidenta Bachelet, transformada desde el comienzo en una sombra referencial, siempre rondando en sus pensamientos.
Pero el problema es que, en este caso, las deficiencias encontradas son graves, ya que la tasa de omisión censal llegó “al menos” al 9,3%, esto significa que quedaron al margen del proceso 1,6 millones de habitantes.
El referido Informe y los comentarios posteriores han ido haciendo claridad sobre los factores que llevaron a la debacle y conviene sintetizarlos con propósitos de enseñanza más que de escarbar en la herida.
Entre ellos destacan, el cambio desde un censo de hecho a uno de derecho se decidió en agosto de 2011, lo cual fue un plazo muy breve para lograr una preparación adecuada; el mal “clima organizacional” que se caracterizó por las divisiones internas entre el personal superior del INE se fue agravando progresivamente; el financiamiento insuficiente afectó la calidad del proyecto, ya que no se pudo obtener el personal y recursos materiales que se requirieron; finalmente, las rigideces existentes en la gestión de la administración pública, que impidieron adoptar respuestas rápidas ante los inconvenientes de gestión que aparecieron.
Los efectos de este censo mal efectuado son variados, aparte de la discusión abierta sobre la realización de un nuevo censo “abreviado” en 2015:
1.- Ha significado una drástica caída en el prestigio del INE y las estadísticas oficiales, ya que se suma a los problemas y cuestionamientos –como por ejemplo- a la última encuesta CASEN, lo que motiva la desconfianza pública.
2.- Además, pese a las numerosas necesidades de contar con la información, entre otros asuntos, para la distribución de los fondos fiscales y, especialmente, para las adecuaciones y correcciones de las políticas sociales, por recomendación de la Comisión, los datos del censo no deben ser utilizados para estos fines.
3.- El censo de derecho que fue realizado efectúa modificaciones en la forma de preguntar y algunas materias incluidas y omitidas que afectan las comparaciones entre censos y generan dificultades importantes para el análisis.
4.- Numerosas investigaciones académicas en curso estaban a la espera de los resultados censales para finalizar esos estudios. Ellas tendrán problemas para darles término. La pérdida para el país no ha sido evaluada todavía, pero sería significativa y se apreciará en forma creciente.
5.- El censo iba a dar origen a un marco muestral actualizado, indispensable para la realización de encuestas de todo orden, tanto públicas como privadas.
6.- Numerosos indicadores estadísticos calculados “por persona” (“per cápita”) perderán precisión.
Lo anterior, deja en evidencia la necesidad de una nueva institucionalidad. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo en esta materia ha permanecido sin discusión.
Es de esperar que los últimos acontecimientos referentes al INE y el censo incentiven al Gobierno a ponerle la debida urgencia, ya que el objetivo de entregar una nueva institucionalidad al Sistema Estadístico Nacional busca alcanzar varios objetivos: independencia, autonomía, confianza en la información entregada, reserva en los datos recolectados, eficiencia en la gestión.
El principal de los propósitos nombrados es la autonomía del INE.Con ello entra en el grupo de instituciones a “autonomizar”, para lo que se requiere de una estrategia de largo plazo encaminada a reducir el poder del Estado (el “Leviatán” para los neoliberales) y transferirlos al mundo privado (los “técnicos” en esa concepción).
Este proceso -para el caso del futuro INE- merece algunas salvedades, si consideramos que la intención es que éste sea un organismo autónomo y especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio en la forma de una Corporación de Derecho Público.
Para ello, la estructura planteada de gobierno corporativo cambia desde el actual Director a un Consejo Nacional de Estadística, a quien le correspondería “elaborar la política estadística de la Nación y establecer los criterios técnicos y procedimientos de la producción estadística pública oficial” y supervigilar la calidad de las estadísticas en el sector público.
Adicionalmente, el proyecto propone crear la Comisión Interministerial de Estadísticas, a la que correspondería “la coordinación superior del Sistema Estadístico Nacional, recomendando a los demás órganos de la Administración del Estado las estadísticas que debe generar el país”, para lo cual deberían promover los criterios técnicos y metodológicos del INE.
Como es obvio, aun quedan muchas materias para resolver. En primer término, está la recomendación de la Comisión Externa de realizar en 2015 un censo “abreviado”.Al respecto, será importante la evaluación que realicen los expertos de organismos internacionales solicitada por el Ejecutivo.
En todo caso, las críticas realizadas al censo 2012 lo invalidan para ser considerado como un documento oficial del país.Sin perjuicio de lo anterior, tanto los especialistas del INE como los externos debieran abocarse a un estudio detallado acerca de qué antecedentes pueden ser rescatables para propósitos específicos, incluso mediante el uso de instrumentos muestrales.
Este es un proceso complejo, pero indispensable, si se considera que no todo lo recolectado puede ser considerado como “basura estadística”.
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