Estamos en un contexto global de creciente preocupación por los impactos del cambio climático, por generar conciencia e iniciar acciones de mitigación y adaptación frente a este fenómeno. El Acuerdo de París, firmado por 195 países, en el marco de la COP21 en diciembre pasado, dio paso a un proceso de debates nacionales respecto a las medidas y acciones que deberán tomar los gobiernos para responder al compromiso adoptado.
La transición hacia una sociedad y economía menos dependiente de los combustibles fósiles y resiliente al clima depende en gran medida de las ciudades y de las acciones que se tomen a nivel subnacional y local.
Más del 50% de la población mundial vive actualmente en ciudades, las que se estima son responsables de alrededor del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
En el caso de Chile, la urbanización supera el 90%. Se prevé, además, que esta cifra siga incrementándose, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los gobiernos municipales, no sólo en términos de garantizar servicios básicos como acceso a la energía y el agua, alumbrado público, vivienda, transporte, gestión de residuos, etc., sino como actores claves en el diseño, implementación y desarrollo de estrategias integrales, políticas y acciones para mitigar el cambio climático y que promuevan la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, todo ello en un contexto de desafíos sociales importantes (pobreza, desigualdad, salud, educación, etc.).
Esto adquiere una relevancia mayor si se considera que Chile es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y donde sus efectos ya se manifiestan; sequía, aluviones, olas de calor, retracción de glaciares, entre otros.
En esta línea los gobiernos locales son fundamentales, debido a que en general son las estructuras político administrativas que tienen mayor cercanía con la comunidad y por ende mayor capacidad de influencia en las organizaciones locales y las disposiciones en términos de política pública que afectan directamente al territorio.
Las municipalidades y sus gobiernos deben incluir la problemática de cambio climático en sus planes y programas de desarrollo. Deben, junto al apoyo de la sociedad civil, la academia y los gobiernos centrales, desarrollar análisis indicativos de la situación del territorio, generar diagnósticos y desarrollar capacidades, junto con elaborar programas de adaptación. Y esto debe ser ahora.
Este 2016 nuestro país enfrenta elecciones municipales lo que representa una oportunidad para exigir la incorporación del cambio climático en el debate público y en la agenda programática de alcaldes y concejales. En este escenario debe tenerse presente, además, la creciente conflictividad y problemática ambiental a nivel territorial. El espacio que generarán las elecciones municipales que culminan en octubre de este año, será propicio para exigir la responsabilidad de los candidatos y los futuros alcaldes de hacerse cargo, con una visión a largo plazo, de la protección del territorio y sus habitantes generando gobiernos locales sustentables y con visión de futuro.
No es un desafío menor, pero tampoco carece de realidad. Impulsamos la creación de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, cuyo propósito base es el diagnóstico de vulnerabilidad territorial y la generación, de acuerdo a este, de capacidades y planes de adaptación ante el cambio climático.
Si bien la realidad de los municipios a lo largo de Chile es abismantemente desigual, creemos que existen las posibilidades reales de generar transformaciones en la forma de gestionar el gobierno local, lo que pueden hacer una diferencia significativa respecto a cómo es que Chile se enfrenta a esta problemática global.
Es responsabilidad de los candidatos a alcaldes y concejales asumir este desafío e incorporar en sus propuestas el cambio climático como una problemática transversal del territorio. No es posible seguir omitiendo.