04 feb 2016

Cambio climático y elecciones municipales

Estamos en un contexto global de creciente preocupación por los impactos del cambio climático, por generar conciencia e iniciar acciones de mitigación y adaptación frente a este fenómeno. El Acuerdo de París, firmado por 195 países, en el marco de la COP21 en diciembre pasado, dio paso a un proceso de debates nacionales respecto a las medidas y acciones que deberán tomar los gobiernos para responder al compromiso adoptado.

La transición hacia una sociedad y economía menos dependiente de los combustibles fósiles y resiliente al clima depende en gran medida de las ciudades y de las acciones que se tomen a nivel subnacional y local.

Más del 50% de la población mundial vive actualmente en ciudades, las que se estima son responsables de alrededor del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En el caso de Chile, la urbanización supera el 90%. Se prevé, además, que esta cifra siga incrementándose, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los gobiernos municipales, no sólo en términos de garantizar servicios básicos como acceso a la energía y el agua, alumbrado público, vivienda, transporte, gestión de residuos, etc., sino como actores claves en el diseño, implementación y desarrollo de estrategias integrales, políticas y  acciones para mitigar el cambio climático y que promuevan la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, todo ello en un contexto de desafíos sociales importantes (pobreza, desigualdad, salud, educación, etc.).

Esto adquiere una relevancia mayor si se considera que Chile es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y donde sus efectos ya se manifiestan; sequía, aluviones, olas de calor, retracción de glaciares, entre otros.

En esta línea los gobiernos locales son fundamentales, debido a que en general son las estructuras político administrativas que tienen mayor cercanía con la comunidad y por ende mayor capacidad de influencia en las organizaciones locales y las disposiciones en términos de política pública que afectan directamente al territorio.

Las municipalidades y sus gobiernos deben incluir la problemática de cambio climático en sus planes y programas de desarrollo. Deben, junto al apoyo de la sociedad civil, la academia y los gobiernos centrales, desarrollar análisis indicativos de la situación del territorio, generar diagnósticos y desarrollar capacidades, junto con elaborar programas de adaptación. Y esto debe ser ahora.

Este 2016 nuestro país enfrenta elecciones municipales lo que representa una oportunidad para exigir la incorporación del cambio climático en el debate público y en la agenda programática de alcaldes y concejales. En este escenario debe tenerse presente, además, la creciente conflictividad y problemática ambiental a nivel territorial. El espacio que generarán las elecciones municipales que culminan en octubre de este año, será propicio para exigir la responsabilidad de los candidatos y los futuros alcaldes de hacerse cargo, con una visión a largo plazo, de la protección del territorio y sus habitantes generando gobiernos locales sustentables y con visión de futuro.

No es un desafío menor, pero tampoco carece de realidad. Impulsamos la creación de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, cuyo propósito base es el diagnóstico de vulnerabilidad territorial y la generación, de acuerdo a este, de capacidades y planes de adaptación ante el cambio climático.

Si bien la realidad de los municipios a lo largo de Chile es abismantemente desigual, creemos que existen las posibilidades reales de generar transformaciones en la forma de gestionar el gobierno local, lo que pueden hacer una diferencia significativa respecto a cómo es que Chile se enfrenta a esta problemática global.

Es responsabilidad de los candidatos a alcaldes y concejales asumir este desafío e incorporar en sus propuestas el cambio climático como una problemática transversal del territorio. No es posible seguir omitiendo.

3 comentarios
04 feb 2016

El movimiento estudiantil debe impulsar los cambios

Este año el gobierno realiza grandilocuentes anuncios sobre la “gratuidad” universitaria, y si bien, el que miles de estudiantes puedan estudiar gratuitamente en la universidad es un avance, un alivio a los gastos de grandes sectores de la población, no podemos dejar de evidenciar el carácter de la reforma educacional en curso.

Esta reforma en la educación superior no cambia los pilares en los cuales se erige el modelo neoliberal, se mantiene –es más se profundiza en forma de becas- el carácter subsidiario del Estado, en vez de asumir este una política de fortalecimiento de la educación pública y de avanzar en el reconocimiento como un derecho universal para todas y todos los que habitamos en Chile. Desde la educación pre-escolar hasta el fomento de la investigación y tecnología, en donde estamos a años luz de la OCDE.

En este panorama es que el movimiento estudiantil debe ser propositivo, y fundamentalmente hacer sentido en la ciudadanía de estas, para que adquieran la fuerza necesaria para inclinar la balanza a nuestro favor.

Es necesario pasar de la eterna crítica a la proposición y lograr integrar nuevamente a las grandes mayorías del país tras las demandas por una educación de calidad, con igualdad de oportunidades y por sobretodo cambiar el paradigma de la compra y venta de los derechos sociales.

Para aquello,  el movimiento estudiantil tiene la gran tarea de articular –al menos ser puente-para un gran movimiento social que asuma la lucha por un sistema nacional de educación pública, con su base en lo estatal, gratuidad universal y democracia al interior de las instituciones.

Además es fundamental articular un movimiento social que propugne cambios en Chile en materia laboral, tributaria y por sobretodo en la participación e influencia que se pueda alcanzar en el cambio Constitucional en el cual se debe exigir la participación de vastos sectores sociales que permita disputar la hegemonía a los sectores neoliberales, que deslegitimados por su corrupción, no están en condiciones de volver a validarse mediante el apoyo ciudadano.

Es allí donde los estudiantes organizados en los diferentes estamentos, desde los formales hasta los de facto, deben dejar de lado mezquindades y sectarismos que sin duda han hecho retroceder en la adhesión ciudadana a las justas y legítimas demandas de los cambios educativos, tanto en su financiamiento como en su esencia de derecho, que se habían impulsado desde hace más de una década con bastante fuerza.

Propuesta, articulación e influencias son las grandes tareas que debe ser capaz de realizar el movimiento estudiantil para avanzar en los cambios que reclama nuestra sociedad.

Deja un comentario
04 feb 2016

Ruleta

El Mercurio tituló en portada que los fondos AFP perdieron en enero todo lo que ganaron el año 2015. Lo han recuperado en parte, pero pronto incurrirán en nuevas y mayores pérdidas y así sucesivamente, hasta que su rentabilidad de largo plazo se ajuste a los rendimientos de los mercados financieros mundiales. Puesto que el dinero no crea dinero por sí mismo, es evidente y la crisis ha recordado que éstos no pueden exceder el incremento del producto interno bruto (PIB) mundial, el que a su vez crece más o menos al ritmo del aumento global de la fuerza de trabajo urbana que es la que produce mercancías.

De este modo se esfuma la utopía fundante del sistema de AFP, que promete rendimientos de largo plazo superiores al incremento de la masa salarial, que es la que sostiene los sistemas de reparto y asimismo crece a un ritmo similar al PIB.

Queda así al desnudo el verdadero carácter de este sistema, que no busca mejorar las pensiones sino transferir una proporción siempre creciente de las remuneraciones a los mercados financieros, para ganancia suculenta y exclusiva de sus operadores y los grandes grupos económicos que reciben parte de este flujo como préstamos y capital accionario, ni un peso de lo cual van a devolver jamás puesto que su masa acumulada siempre crece. Hay que terminar cuanto antes con este abuso monstruoso.

En los últimos seis meses los fondos AFP perdieron más de cinco billones de pesos, que equivalen a poco menos de las cotizaciones de un año completo. En dos días de febrero recuperaron un billón y lo probable es que a poco andar lo vuelvan a perder con creces y por mucho tiempo sigan oscilando como lo han venido haciendo desde el inicio de la crisis a mediados del año 2007, período en que el fondo A arroja pérdidas y el fondo total ha rentado 1,6 por ciento anual, cifra que se aproxima al rendimiento de los mercados financieros en los últimos cien años.

La bullada rentabilidad promedio de más de ocho por ciento acumulada por el fondo desde su creación se explica porque ésta coincidió con la sima de los mercados financieros internacionales tras la crisis secular de las economías desarrolladas en la década de 1970. De este modo, los fondos AFP se beneficiaron del auge financiero de los años 1980 y 1990, y luego del burbujazo de los mercados emergentes en la década del 2000, que explican asimismo la elevada rentabilidad de los multifondos desde su creación el 2003, en plena sima de las bolsas mundiales tras el estallido de la burbuja “punto com”. Esa gran ilusión se vino abajo definitivamente con la crisis mundial.

El sistema de AFP está muerto desde entonces, solo que todavía no se dan cuenta. Un derrumbe similar sobrevino a los sistemas de pensiones basados en la capitalización individual que algunos países europeos habían creado antes de la crisis de 1929. El diagnóstico de la Comisión Bravo correctamente proyecta rentabilidades razonables hacia el futuro, las cuales calcula que no serán capaces de autofinanciar pensiones de más de un quinto de las remuneraciones promedio. El asunto no tiene vuelta, hay que terminar cuanto antes con este sistema.

La propuesta C de la referida comisión, presentada por la Profesora Leokadia Oręziak, demuestra que al terminar con las AFP y restablecer el sistema de reparto es posible jubilar hoy a todas las personas que han excedido su edad legal de retiro, lo que significa aumentar el número de pensionados por edad en un 40 por ciento y reducir la edad efectiva de retiro, que hoy es cercana a los 70 años, a la edad legal, la que no es necesario modificar por mucho tiempo. Luego se puede duplicar el monto de todas las pensiones existentes y reajustarlas sucesivamente según las remuneraciones.

Todo ello se puede sostener exclusivamente en base a las cotizaciones, cuya tasa se puede mantener sin cambios por mucho tiempo, ahorrando al fisco más de dos billones de pesos al año que gasta en subsidios directos e indirectos a las pensiones AFP. Ello es sustentable hasta donde se puede proyectar, bien entrada la segunda mitad del siglo, aun considerando escenarios demográficos y de crecimiento económico extremadamente conservadores.

Todo ello resulta bien evidente si se considera que en octubre recién pasado, el último mes disponible, las cotizaciones sumaron 461.315 millones de pesos, mientras que todas las pensiones pagadas por el sistema de AFP en su conjunto, incluyendo pensiones vitalicias, sumaron 217.133 millones de pesos y en los últimos doce meses el monto de las cotizaciones recaudadas fue 2,2 veces más que las pensiones pagadas.

El dinero de las cotizaciones debe utilizarse para pagar pensiones y no para jugar a la ruleta de los mercados financieros internacionales, para ganancia de unos pocos, mientras se pagan pensiones miserables.

1 comentario
04 feb 2016

¿Cómo van a votar los jóvenes “Millennials” de aquí en adelante?

La juventud no es un estado inherente al folio del carnet de identidad, al parecer, se puede acumular a través de los años, tomando cada vez más fuerza la vieja frase “la política está llena de  viejos chicos”, más en el mundo de las candidaturas, donde muchas veces quienes profesan las ideas juveniles no son necesariamente quienes tienen menos edad.

Sin embargo, es indudable que cuando existen más candidatos jóvenes, la participación de éstos aumenta, basta con mirar la alta concurrencia juvenil de las mesas electorales en las cuales participaron Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo y KarolCariola. Pero, cuando el discurso del candidato logra ser más juvenil y transformador que su apariencia, los jóvenes se inclinan abiertamente por las ideas, más que por las figuras.

Berni Sanders, senador socialista, y participante de la primaria demócrata en la carrera presidencial de EEUU, es el candidato más longevo en participación. Nacido el 8 de septiembre de 1941, Sanders tiene actualmente 74 años, 30 años más que el candidato más joven en la carrera Norteamérica, Marco Rubio de 44 años. A pesar de su edad, su pelo blanco y su apariencia de papá Noel, el hombre que marchó en los sesenta junto a Martin Luther King por la igualdad racial, hoy gana por amplia mayoría el apoyo de los jóvenes americanos.

Sanders, ha planteado la necesidad de reformular el sistema económico norteamericano, cuna del capitalismo mundial, generar igualdad de pago entre similar trabajo de hombres y mujeres, respetar y consolidar el pos natal de las mujeres trabajadoras en EEUU y generar un sistema de acceso igualitario a la salud, entre varias otras propuestas de corte “Socialista” o “Progresista”.

¿Cómo es qué el país cuna del libre mercado y la libertad del emprendimiento, hoy ve a un candidato de 74 años, socialista, recibir el apoyo mayoritario de los jóvenes?

¿Será acaso que el sistema económico imperante, si bien ha logrado generar riquezas, ya no puede contener las desigualdades sociales que el mismo forja?

Los jóvenes Norteamericanos hoy nos demuestran que no basta con ser joven para recibir su esquivo voto, sino que desde ahora en adelante, la generación “Milennium” clamará por candidaturas que pongan el acento en la disminución de las desigualdad sociales, y la necesidad de un sistema justo de equidad, de oportunidad, incluso  aunque estas propuestas provengan del más longevo de los oferentes.

Ffinalmente los jóvenes han despertado, y votarán por las ideas y no por las apariencias.

1 comentario
03 feb 2016

Superar el cobre

El fin del “súper ciclo del precio de cobre”es un hecho. Con un valor de US$ 1,98 la libra, hace rato que la discusión política más importante del país debiera ser cómo superamos nuestra cobre-dependiencia y cómo potenciamos otros sectores productivos para que se conviertan en el motor de desarrollo del país del futuro.

Hasta hace unos pocos años, el cobre era nuestra principal exportación dando paso paulatinamente a una matriz productiva más diversificada, pero con fuertes barreras en materia de creatividad e innovación. Para ser francos, nuestro país acostumbrado a los commodities, hace años que no realiza reformas pro-crecimiento para bajar los altos costos de energía (hoy a US$ 130 el MW), para fomentar la innovación en las empresas o la inversión pública en ciencia y tecnología.

Llegó la hora de la diversificación productiva para retomar la senda hacia el crecimiento, de la mano de un fuerte convencimiento en todos los actores del desarrollo económico y social, de que son las exportaciones sofisticadas o con más valor agregado las que nos permitirán mayores tasas de crecimiento en el mediano y largo plazo. Además, como el mercado no lo resuelve todo, se requiere de un Estado eficiente y moderno para velar que ese crecimiento no se quede en unas cuantas familias.

Mucho nos gustaría que el debate político del momento no fueran las desconfianzas o el pesimismo, sino cómo levantar una alianza de largo plazo, institucional y vinculante entre sector público, los actores políticos, empresarios, el mundo del trabajo, la academia y también la sociedad civil, para avanzar en una agenda que nos permita superar el cobre e impulsar el surgimiento de nuevas industrias, especialmente en regiones, y nuevas políticas para fomentar la innovación y el emprendimiento.

Hay que aprovechar la ventaja que tenemos en las economías con las cuales tenemos tratados comerciales vigentes para desplegar estrategias de promoción de nuestras industrias exportadoras como el vino, el salmón, frutas, lácteos, alimentos saludables, el aceite de Oliva, mariscos, etc., mediante acciones cada vez más intensivas de marketing país. Hay que instalar la marca de un Chile saludable, sustentable, novedoso e innovador.

En suma, estamos pidiendo que el Gobierno asuma el liderazgo en torno a un esfuerzo nacional para encontrar nuevos motores del crecimiento.

El crecimiento de Chile requiere nuevas ideas y nuevos talentos que sólo pueden prosperar si hay un sistema educativo de excelencia, con estímulos y políticas públicas bien pensadas y bien aprobadas para asegurar incentivos reales y perdurables a la creatividad. Y luego, hay que invertir en educar y formar esa creatividad.

Dónde están esas oportunidades… en el enorme potencial de energías renovables que posee Chile; en las exportaciones agroalimentarias de productos ligados a la alimentación saludable; el sector vitivinícola; el desarrollo digital, donde hay un semillero de jóvenes ávidos de innovar; en la industria creativa que ha mostrado una creciente explosión y que se ve en la industria del cine particularmente, en el turismo, al potenciar a Chile como un destino natural y sustentable.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo en nuestra economía puede haber más competencia, innovación y–al mismo tiempo- respeto por los consumidores.

Chile no crecerá si siguen predominando las mismas empresas de siempre, no va a crecer si sigue habiendo colusión.

Chile no va a crecer si siguen habiendo abusos o si no se le da apoyo real a los emprendedores e innovadores. Quien no entienda eso y crea que la actual matriz productiva y de relaciones empresa-empleador debe quedar sin cambios, no entiende que está creando caldo de cultivo para la explosión social y para la decadencia económica.

Para retomar la senda del crecimiento, Chile requiere de nuevos emprendedores, nuevos productos, nuevas industrias y una economía más creativa e innovadora, donde haya más sofisticación técnica, más colaboración pública-privada e inclusión de los sectores que han estado fuera del debate del crecimiento. La invitación es simple pero urgente y en este desafío no hay chileno o chilena que deba quedarse abajo.

Deja un comentario
03 feb 2016

Seguridad ciudadana y calidad de vida

Las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea invierten aproximadamente seis mil millones, cuatro mil millones y tres mil quinientos millones de pesos anuales respectivamente en seguridad pública. Estación Central en cambio invierte aproximadamente 450 millones de pesos anuales en prevención de delitos y a la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, siendo casi el 45% de dicho ítem aportado por el gobierno central a través de la subsecretaría de Seguridad y Prevención del Delito.

Más allá del nivel de inversión y desigualdad entre las comunas descritas, el fenómeno de inseguridad es el mismo.

Entonces, nos preguntamos ¿qué es lo principal que se debe tomar en cuenta al abordar la problemática de la seguridad pública?

Es evidente que se deben buscar soluciones para entregar una mejor calidad de vida para todos y todas, pero con el exiguo presupuesto que se destina y la abismante diferencia con otras comunas, se hace más que necesario encontrar ideas y caminos que posibiliten obtener resultados positivos en el corto y mediano plazo.

Veamos primero un diagnóstico: los fundamentos ideológicos del neoliberalismo (en el cual Chile está inmerso desde la dictadura de Pinochet), enfatizan y rentabilizan el miedo y la sensación de inseguridad de la población, con mucha ayuda de los medios de comunicación masiva que, de tanto en tanto, sacan a relucir de manera excesiva nuevos delitos y sus correspondientes soluciones a precio de mercado, fomentando la industria del miedo que, además, genera dividendos políticos cortoplacistas para quien se autoproclame como el sheriff de turno.

Además, el actual modelo de sociedad rinde culto a la individualidad, las desigualdades son groseras y segregadoras, no se garantizan derechos ni igualdad de oportunidades, se construyen guetos en las metrópolis, posibilitando las subculturas con códigos y antivalores propios y funcionales a la comisión de delitos.

Esto, sumado al clientelismo que opera en las comunas, ha ido articulando sociedades apáticas, carentes de identidad, sin sentido de pertenencia ni redes por donde fluya la solidaridad, el apego y el compromiso por los demás, lo que dificulta articular acciones de prevención y ocupación de espacios públicos para atacar el problema en el fondo y en las formas, con la participación activa de todos.

Chile no puede seguir siendo el mismo. En primer lugar, el cuerpo de fundamentos y normas en el que se ha sustentado, la Constitución, debe ser revisado y modificado en función de una nueva realidad que se presenta cada vez más compleja, dinámica y desafiante, pero que a la vez abre la posibilidad de soñar y construir un mejor país y con ello, mejores comunas, más equitativas y con mayor integración social.

Es urgente avanzar en un proceso de reformas democratizadoras y de justicia social en los municipios, que a modo de desafío se superpongan e interpelen a la institucionalidad que nos rige y que se orienten como práctica social al reconocimiento y validación de la acción colectiva y la deliberación ciudadana. Esto constituye el primer paso de una tarea mayor, que es dotar a la Comuna y al país de un proyecto compartido para su desarrollo y un mejor vivir.

La actual política de seguridad pública ha dado mayor énfasis a los procesos punitivos y represivos por sobre una mirada preventiva. En este sentido, es preciso elevar la mirada para buscar más allá del efecto, construir entre todos una solución de fondo, donde la complementariedad, la participación democrática y vinculante y la generación de programas que privilegien la reinserción social y, especialmente, los orientados a mejorar la convivencia social, el uso de los espacios públicos y entornos más inclusivos, barrios más amigables y seguros para quienes los habitan.

No se puede pensar que con 450 millones de pesos al año se va a solucionar en algo la delincuencia ni menos dar abasto con la demanda de Seguridad Ciudadana de toda la comuna.

Aspiramos a crear por ejemplo una Defensoría Comunal, con énfasis en la seguridad pública y que fomente los derechos sociales; o bien, integrar de manera permanente a distintos actores sociales que incidan en el diseño y elaboración del Plan Comunal de Seguridad que junto a los órganos del Estado respectivos, dote de herramientas reales y efectivas para prevenir la delincuencia.

Es por eso que en Estación Central nos urge, más allá de incrementar o no el presupuesto destinado, crear nuevos espacios de participación ciudadana que apunten a la generación de soluciones permanentes de los factores que inciden en la delincuencia y avanzar definitivamente hacia una mejor calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos.

Deja un comentario
02 feb 2016

Cáncer, el desafío

El cáncer como enfermedad y condición que afecta a millones de personas está pasando de las metáforas guerreras a ser un desafío para la humanidad. Así lo declaró el Presidente Obama en su último discurso ante el congreso norteamericano llamando a transformarlo en un nuevo “salto a la luna”. Con esta invocación hizo una apelación a la ciencia y la innovación, especialmente la biología y sus aplicaciones más avanzadas en lo que hoy se llama la medicina personalizada. Tener una cura para el cáncer fue el desafío declarado.

Para Chile sin embargo, siendo el caso igualmente dramático, reviste otras características propias de nuestro estado de desarrollo, especialmente relacionadas con la inequidad en la distribución de los riesgos y condicionantes además del desigual acceso a los medios de diagnóstico y tratamiento.

Las desigualdades evitables en cáncer son muy notorias. Una mujer de nivel educativo bajo puede tener 10 veces mayor riesgo de morir que una de nivel alto por cáncer de vesícula y lo mismo puede suceder a un hombre en el caso de cáncer gástrico.

Las desigualdades se expresan en las regiones de mayor incidencia de factores de riesgo como el Maule, Bío-Bío y la  Araucanía en el caso de la infección por Helicobacter Pylori, causal del  cáncer de estómago, perfectamente erradicable con una política adecuada. Si comparamos Japón con Chile en esta condición, en el país asiático el 90% de los diagnósticos se hacen en estado incipiente, mientras que en Chile sólo en el 10%. Una enorme diferencia que llama a la reflexión y a la acción.

Nuestro país cuenta con una población consciente de los riesgos y de la dimensión del cáncer, siete de cada diez personas reconocen su gravedad y cuatro de cada diez han tenido alguien cercano afectado por la enfermedad. Notablemente las mujeres atendidas por los programas de planificación familiar de los servicios públicos, exitosa política de salud  nacional, se realizan exámenes de pesquisa del cáncer en cifras cercanas al 50%. Ello siendo aparentemente menor, es un logro.

Desde hace más de cuatro años estamos empeñados en promover una política nacional y una ley marco para el control del cáncer en Chile a través de un foro integrador y participativo. Es un paso indispensable para fijar estrategias, diseñar métodos y allegar recursos para su ejecución. Una moción encabezada por los senadores de la comisión de salud, firmada por la totalidad de los parlamentarios en ejercicio espera el patrocinio del ejecutivo para iniciar su trámite.

Necesitamos un cuerpo legal para enmarcar el desafío del cáncer. Declarar la estrategia, construir el marco institucional, diseñar los modelos que sean compartidos para poner energía, pensamiento y acciones concretas que vayan resolviendo con los recursos adecuados, este desafío.

El cáncer es el gran problema de la salud moderna, sus razones son múltiples y no podemos hacernos los desentendidos. La palabra es de todos, empezando por la autoridad sanitaria.

1 comentario
02 feb 2016

Igualdad de género, nuevos desafíos

Durante la última semana de enero, nuestro país recibió a altas autoridades y especialistas nacionales e internacionales en temas de género. Esto, en el marco de la Quincuagésima tercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en la sede de la CEPAL en Santiago.

En el marco de esta instancia es relevante preguntarse respecto de los desafíos que enfrentamos como país en los temas de igualdad de género, puesto que tras las importantes mejoras, emergen nuevos desafíos.

El Observatorio de igualdad de Género de la Cepal pone énfasis en el concepto de autonomía como principio básico para abordar las políticas al respecto. En este sentido, destaca que la autonomía física, económica y de toma de decisiones son tres pilares fundamentales para avanzar en una mayor igualdad.

Al respecto, en Chile hemos avanzado en materia legal en lo relativo a violencia contra la mujer, el femicidio, participación laboral y se discuten incentivos a la participación en política; a la vez que se ha instalado con fuerza en el imaginario colectivo que la discriminación y violencia de género es inaceptable.

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó  el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, un plan de acción con 17 objetivos de desarrollo sustentable y 169 metas, que buscan lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio que no se alcanzaron. En esta hoja de ruta se establece como foco el “hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.

La declaración es explícita y pone sentido de urgencia respecto de la necesidad de instalar una perspectiva de género en las políticas públicas. En concreto sostiene que “no es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles.”

Como mencioné, es indudable que en Chile hemos evolucionado positivamente en varios de estos ámbitos, tales como la violencia, el acceso a educación y salud o la participación política. Prueba de ello es que hoy la primera magistratura es ocupada -por segunda vez- por una mujer y hay representación femenina en las más altas esferas del poder, incluyendo el Congreso y la Corte Suprema.

Este avance también lo constata, por ejemplo, el Gender Gap Index 2015, un indicador del World Economic Forum, que señala que el número de parlamentarias, altas funcionarias y directivos mujeres en nuestro país ha aumentado.

Sin embargo, hoy estamos frente a nuevos desafíos que requieren ser abordados con perspectiva de género.

El ámbito de la alta dirección de empresas, especialmente en el marco de las políticas de gobierno corporativo, es uno de los temas emergentes donde se ha generado un debate interesante respecto de cómo garantizar la participación femenina. Lo positivo es que no hay discusión respecto del beneficio para las empresas al contar con mujeres en los más altos niveles ejecutivos y en sus directorios; la evidencia contundente agotó el debate.

La mayoría de los países desarrollados optó por fórmulas de cuotas de género en directorios y de hecho un grupo de parlamentarias chilenas planteó una iniciativa en esta línea. No obstante hoy en día ha tomado fuerza el modelo “comply or explain”, el que me parece altamente atractivo y que concita un apoyo creciente.

El modelo “comply or explain” fue introducido como concepto en 1992 en el llamado “Cadbury Report” (en honor a quien lideró el consejo que lo elaboró, Adrian Cadbury) que estableció los principales lineamientos de las normas de gobierno corporativo que hoy se aplican en Europa y Estados Unidos.

En lo fundamental, propone que los entes regulatorios de los mercados establezcan –en lo que a inclusión de mujeres se refiere- una proporción deseable de participación femenina en los directorios y en caso de que las empresas no la alcancen, les exija explicar públicamente el porqué.

Así, países como Australia, Inglaterra, Alemania y Holanda han implementado códigos de gobierno corporativo bajo este principio y los resultados han sido muy positivos. A modo de ejemplo, el  “The Female FTSE Board Report 2015”, de la Universidad de Cranflield, Inglaterra, muestra que desde que se adoptó este modelo en Inglaterra, se consiguió aumentar desde un 12,5 % de participación de mujeres en los directorios de las 100 primeras empresas en bolsa, a un 23,5 % en 2015.

En octubre de este año se llevará a cabo la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en Montevideo, Uruguay. No me cabe duda que tendremos muchos progresos que mostrar como país, pero igualmente importante un diagnóstico claro respecto de los nuevos retos que se presentan y una agenda de trabajo para abordarlos. Sin embargo, el desafío no es solo público sino también del sector privado porque si la norma no obliga la ética es un buen driver.

Deja un comentario
02 feb 2016

Jóvenes, los olvidados de la reforma Laboral

El Gobierno anunció que durante el mes de marzo pretende despachar la Reforma Laboral para que entren en régimen cambios en la titularidad sindical, negociación colectiva y los reemplazos en huelga. Extensa discusión que ha generado debate tanto en el Congreso como en los gremios empresariales por los posibles efectos en la  desaceleración económica, derechos de los trabajadores y el mismo desarrollo de las empresas.

Posiblemente los cambios propuestos se aprueben con ciertas modificaciones pero cabe preguntarse ¿cambiará realmente el panorama para aquellos grupos que hoy están excluidos del mercado laboral?

Lo más probable es que no, ya que  políticas enfocadas a dichos grupos, que en Chile son principalmente las mujeres y los jóvenes de los primeros quintiles, no están contempladas en el diseño de la reforma enviada por el Ejecutivo. Y es este último grupo, el de los jóvenes, donde los niveles de desigualdad se dan con mayor fuerza.

Dadas estas condiciones, la probabilidad de que dichos grupos sigan permaneciendo en niveles de pobreza son altas y la inserción en el mercado laboral se vuelve cada vez más difícil.

Hoy, en nuestro país existen  aproximadamente 600.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, de estos un 15,8% de este segmento de la población chilena, integran el grupo de los llamados “NINIS”, personas que no trabajan ni estudian.

Frente a esto, se vuelve imprescindible que se creen políticas de mejores incentivos y capacitación para la empleabilidad juvenil. Dentro de las recomendaciones de la OCDE para Chile para generar un mercado laboral más inclusivo en el último informe de ¨Prioridades de políticas para un crecimiento más fuerte y equitativo¨ destacan el desarrollo de programas de capacitación para los jóvenes con un componente en el lugar de trabajo y programas especiales para facilitar la transición desde las instituciones educacionales hacia el mundo laboral.

Reconozco que el Gobierno ha tratado de hacer esfuerzos con programas sociales que buscan insertar a los jóvenes, principalmente de los primeros 2 quintiles, al mercado del trabajo, como los subsidios al empleo joven y el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, que ayudan a reducir costos a las empresas que optan por emplearlos.

En el ámbito de la capacitación también se destacan los programas MásCapaz y Yo Trabajo, que buscan darles herramientas más prácticas a los jóvenes que se encuentran desempleados.

Sin embargo, estos intentos no son suficientes, porque sigue existiendo una gran masa de jóvenes que hoy no tiene la posibilidad de poder acceder a mejores oportunidades a través de un trabajo que los dignifique y los haga sentirse valorados por la sociedad.

Aún falta una mejor conexión entre los colegios técnico-profesionales y la educación superior técnica, mejores programas de enseñanza de oficios, más flexibilidad laboral para los jóvenes para compatibilizar estudios y trabajo, mejores incentivos a las Pymes y más apoyo a las madres jóvenes solteras, que son el mayor grupo de desempleo juvenil, para que realmente podamos decir que creemos que los jóvenes son el futuro de nuestro país.

Deja un comentario
01 feb 2016

Por un futuro mejor para Chile

Hace pocos días concluyó la quinta versión del Congreso del Futuro, el más grande encuentro de ciencia, tecnología, humanidades y sociedad que se realiza en nuestro país y en el hemisferio sur, y que reunió a más de un centenar de científicos, analistas y pensadores nacionales e internacionales.

Como ya es tradicional, la sede del Congreso en Santiago fue la locación principal donde se llevó a cabo este importante encuentro, que en esta oportunidad tuvo un elemento positivo adicional: trasladar varios de los foros a regiones, permitiendo la participación de quienes viven en otros puntos del país.

Si bien en Chile el ámbito de las ciencias tiene muchos desafíos pendientes y un largo camino por recorrer para lograr el nivel de avance que exhiben las naciones desarrolladas, el creciente interés mostrado por la ciudadanía y los medios de comunicación, son una señal positiva que debe ser aprovechada para impulsar la actividad científica a nivel local.

Un notable ejemplo de las múltiples ventajas que tiene la promoción de las ciencias para los países es Israel, que en esta versión del Congreso del Futuro contó con cinco investigadores reconocidos a nivel mundial invitados en cada una de sus disciplinas: Ada Yorath (Premio Nobel de Química 2009), Aaron Ciechanover (Premio Nobel 2004), Yuval Harari (Profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén), Ernesto Jocelevich (Experto en nanoestructuras unidimensionales) y Lucio Frydman (doctor en Química Física de la Universidad de Buenos Aires y profesor en el Departamento de Química Física en el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel).

Todos ellos son la expresión de la importancia que le otorga Israel a las ciencias como motor para mejor la calidad de vida de sus habitantes, pero que a la vez hace trascendentales contribuciones a la humanidad mediante nuevos descubrimientos, creación de tecnologías avanzadas en distintos ámbitos y la generación de ideas que aportan al progreso presente y futuro de nuestras sociedades.

De hecho Israel es el país que más invierte en investigación y desarrollo civil, dedicando el 4,5% de su producto interno bruto a este rubro, mientras que otras naciones desarrolladas como Estados Unidos invierte el 2,61%, y los países de Latinoamérica menos del 1%.

También registra una gran cantidad de patentes per cápita. Según la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU., en 2014, Israel registró 3.600 patentes, superando a países como India, España y Singapur. Además tiene 12 premios nobeles (8 de ellos en ciencias) y lidera en cantidad de científicos y técnicos en su fuerza de trabajo (145 por cada 10.000 habitantes).

Apostar por el conocimiento es apostar por un futuro mejor, y Chile cuenta con materia prima (la calidad de sus científicos y de varias de sus universidades) para emprender una aventura de este tipo, solo falta la voluntad política para colocar los incentivos correctos y los recursos necesarios que promuevan una cultura pro ciencias en el país.

Encuentros como el Congreso del Futuro son un claro indicio del camino que debemos seguir para alcanzar ese objetivo, el cual requiere un compromiso permanente de las autoridades públicas y la sociedad civil. El desafío está lanzado, lo agradecerán las futuras generaciones de chilenos que merecen soñar con un país desarrollado científica y culturalmente.

Deja un comentario