Un tema que está absolutamente en la coyuntura -una vez más, lamentablemente- es la facultad policial para hacer uso de la fuerza. En este caso, se trata -como casi siempre- del mal uso de la fuerza policial, a propósito de la detención, a mi juicio ilegal por falta de ilícito, de que fue víctima ayer una “mechona” que pedía dinero a los transeúntes en el centro de Santiago.
En efecto, diversos medios de comunicación reportaron que la afectada fue detenida por un contingente de carabineros, mientras otra persona que, en medio de la trifulca generada por la acción policial, ofreció dinero (a la mechona) para que pagara la multa, cuya acción podría ser calificada hasta de altruista, fue acusada a viva voz de intentar sobornar a carabineros, según muestra un video de televisión.
Más allá del hecho en sí mismo, el problema de fondo que se repite en forma periódica es la falta de regulación normativa de la fuerza policial y, probablemente más aún, la ausencia de entrenamiento adecuado y periódico de los agentes que tienen la posibilidad de hacer uso de tal facultad.
En Estados Unidos muchas policías (como país federal, cuenta con una gran cantidad de organismos policiales,distribuidos en los tres niveles de la administración) están sometidas a un escrutinio permanente (policeaccountability), que se traduce, entre otras formas de supervisión, en la acreditación que deben obtener para legitimar su funcionamiento.
El poder civil, por su parte, a través de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, es fundamental en estas acreditaciones. Tal cosa, evidentemente, no existe en Chile. En Canadá existe una entidad formada por jefes de policías que se preocupa del tema y, al respecto, algunos autores señalan, a propósito del tema del uso de la fuerza en ese país, que más importante que la normativa jurídica, es el entrenamiento periódico, el cual debe ser aprobado por los postulantes.
En suma, volviendo a nuestra realidad, el problema no se reduce, como se ha señalado, a “falta de criterio” ni a un supuesto “error” por parte de los funcionarios policiales involucrados en el hecho.
Se trata de un problema de política pública e institucional (falta de normativa o desconocimiento de ésta, insuficiente o inadecuado entrenamiento, inexistencia de acreditación y accountability policial) que debe ser abordado y que se presenta no sólo en situaciones propias del control del orden público (como habría sido el caso , a fuerza de buscarle una explicación plausible), sino también de seguridad pública, en el contexto de la prevención y control del delito.
Ciertamente, hacer buen uso –legal y lícito- de la fuerza no es solo un problema de carabineros, sino que se presenta también en otras instituciones estatales a las cuales, en determinadas situaciones, la sociedad –en definitiva, los ciudadanos- ha delegado el derecho a hacer uso de la fuerza para lograr que se respete el derecho, confiando en su buen uso y con las limitaciones que ello supone, desde la perspectiva del respeto de los derechos de esos mismos ciudadanos.
Así como en el tema de las violaciones de derechos humanos, los problemas suelen no corresponder a “excesos” individuales, como acostumbran argumentar los estados para eximirse de responsabilidad, sino a la existencia de políticas institucionales dirigidos a violarlos o a la falta de políticas orientadas a la prevención y, eventualmente, sanción de los responsables, en el caso que comentamos, el problema no es la falta de criterio o descriterio (que, por los antecedentes disponibles, evidentemente los hubo) de los funcionarios implicados, sino de política pública.
En suma, mientras no exista una política sobre uso de la fuerza policial, con control ciudadano, estas situaciones seguirán repitiéndose. Ello, sin poner aún la atención sobre el desperdicio de recursos públicos, pagados por los contribuyentes, ciertamente, que supone el hecho de destinar una cantidad determinada de policías a reprimir estudiantes en semana mechona, en lugar de focalizar esos recursos en labores de seguridad pública.