Primero de mayo una fecha que año tras año nos invita a reflexionar, analizar o hacer un balance de la situación de los trabajadores y trabajadoras quienes en nuestro país han hecho un aporte trascendental para recuperar la democracia.
La democracia política ha sido indispensable para garantizar los Derechos Fundamentales en el Trabajo, pero no ha sido suficiente por sí misma. Dicho de otro modo, su advenimiento no ha significado el respeto automático de los derechos fundamentales en el trabajo. Las violaciones de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva se cometen, de hecho, de manera más sutil y velada.
Persiste el déficit en el reconocimiento institucional de las organizaciones sindicales, los atentados a la libertad sindical y la insuficiencia de la negociación colectiva como instrumento para conquista de derechos y creación de entornos favorables al desarrollo productivo, continúan obstaculizando el crecimiento sindical y eso deriva en condiciones laborales de explotación, discriminación e intolerancia social; además de corroer y socavar la convivencia y los fundamentos de la democracia, constituyéndose en un obstáculo al trabajo decente y desarrollo con equidad social.
Pero también ha contribuido a dispersar al movimiento sindical. Nuestro país presenta un denominador común: el sindicalismo ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años. Este retroceso también se manifiesta en una disminución del número de convenios colectivos firmados y de trabajadores cubiertos, en un empobrecimiento de sus contenidos y en una pérdida de peso de la negociación de rama frente a la negociación de empresa o individual.
Cada vez menos son los trabajadores y trabajadoras que pueden ejercer sus Derechos Fundamentales.
Las pugnas ideológicas y los personalismos han afectado a la unidad del movimiento sindical, y fundamentalmente a las negociaciones que tienen lugar en el escalón más elevado, pues la pluralidad de interlocutores, que a menudo rivalizan entre sí y las presiones que a veces se libran, tornan sumamente difícil, cuando no imposible, la negociación.
El resultado es un entramado de organizaciones sindicales no solamente reducidas en su cobertura, sino políticamente débiles. Es ésta debilidad la que, en última instancia, ha limitado la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de negociar políticas redistributivas y por tanto, de impedir la progresiva concentración del ingreso.
Hoy día la unificación del movimiento sindical pareciera que no es concebible sino a largo plazo, pero nada se opondría a que las diferentes corrientes del movimiento sindical convengan en una política común para defender los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.
Si las organizaciones sindicales insisten en mantenerse divididas, por motivos que por otra parte, pueden ser totalmente legítimos, no deben olvidar sin embargo, que hoy son muchos los sectores sociales con derecho a exigirles que elaboren una posición común y que la pongan sobre la mesa de las negociaciones, donde quizá lleguen a discutirse cuestiones que interesarán a la sociedad en su conjunto.
Es precisamente en este espacio invalorable donde los sindicatos, si aprovechan su oportunidad, podrán incrementar su fuerza negociadora y su representatividad. La discusión de la agenda laboral y las medidas anunciadas por la Presidenta son la oportunidad que deben aprovechar.
Pero el movimiento sindical debería renovar algunas de sus tareas.
(1) Resolver un primer y urgente problema la democratización interna como condición para el reforzamiento de la organización sindical. De tal manera que sus dirigentes nacionales sean electos a través de elecciones universales, con padrones electorales transparentes.
(2) Voluntad y disposición amplia de sus líderes para iniciar un proceso de dialogo inter sindical y conducir a la redefinición del sindicalismo a fin de transformarlo en un actor de desarrollo y de profundización de la democracia. El objetivo es obvio, enfrentar un proceso conjunto de reposicionamiento del actor sindical en la sociedad civil, con fuerza de interlocución frente a los gobiernos y el empresariado, rescatando sus nuevas potencialidades para socializarlas y hacerlas parte integrante de una nueva conciencia de actor nacional. Promover la unidad de acción y programática con la mayor urgencia, reiterar el compromiso de trabajar unidos para la determinación de algunos objetivos comunes de acción y para la solución de problemas que se observan en el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores en sus distintos niveles.
(3) Fortalecer la organización sindical en su base y orientar la lucha social por la defensa de los derechos y principios fundamentales del trabajo y la necesidad de reformar la Constitución por una democrática que reconozca el valor del trabajo y los derechos económicos y sociales. El fortalecimiento de la organización sindical y la participación de los trabajadores contribuyen a empoderar al país para la defensa de sus derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales, la vivienda, la salud, la educación, el sistema de justicia, el régimen de seguridad social y la protección de los más desvalidos, son desafíos pendientes de urgente realización, junto con los derechos humanos de segunda y tercera generación.
(4) Cambiar la legislación laboral para generar un nuevo Código del Trabajo que promueva y garantice efectivamente, a todos los trabajadores, el ejercicio pleno de los derechos y principios fundamentales del trabajo, especialmente el de la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga, como asimismo de todos los Convenios Internacionales del Trabajo ratificados por el estado de Chile. Como el resto de la legislación laboral, las normas sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga mantienen en buena parte, las restricciones que le impusiera el Plan Laboral de la dictadura.
(5) Promover el tripartismo entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empresarios, para impulsar un proceso de diálogo social que conduzca a un nuevo acuerdo social entendido como la articulación democrática de los diferentes intereses presentes en nuestra sociedad. Es en este sentido que el diálogo social alcanza su verdadera dimensión como vía y como método para el procesamiento de los diferentes intereses sociales (muchos de ellos contrapuestos) para alcanzar consensos básicos (el nuevo acuerdo social). En este diálogo deben participar todas las organizaciones representativas de los diferentes sectores sociales que, precisamente por ello, constituyen la vía mediante la que dichos sectores defienden sus intereses. Entre estos sectores y organizaciones adquiere una especial relevancia el de los trabajadores y el de sus organizaciones representativas: los sindicatos.
(6) Cambio del sistema económico imperante en Chile porque ha favorecido la concentración del poder económico, el monopolio y los acuerdos transversales de empresas, con lo que se ha afectado la transparencia del mercado y ha dejado entregado a esas voluntades la distribución de los beneficios del trabajo y del capital.
Una de las formas más duras del capitalismo ha tomado forma en Chile, tras una campaña sostenida por décadas en contra del papel del Estado en los procesos económicos. La distribución inequitativa del ingreso nacional, la tributación inadecuada, la falta de incentivos reales a la pequeña y mediana empresa, son algunos de los aspectos que han deteriorado el nivel de vida de la clase media y de los trabajadores. El valor del trabajo como generador de riqueza y conceptos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad, han pasado a segundos y terceros planos, sustituidos por la competitividad y la eficacia de los rendimientos macro económico y de las grandes empresas. El tipo de trabajo y la forma de llevarlo adelante resultan fundamentales a la hora de medir el grado de desarrollo de una sociedad.
(7) Comprometerse e involucrarse en la discusión de demandas que han emergido en la sociedad del siglo XXI y que están siendo expresadas como malestar social sin hallar solución.
La demanda de los pueblos originarios por el reconocimiento de su cultura y tradiciones, debe dejar de ser tratada como si fueran acciones terroristas, desplegadas en contra del Estado y de la sociedad chilena. La demanda de protección del medio ambiente entraña un compromiso con la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la economía del cambio climático debe ser abordada desde la solidaridad entre las generaciones actuales y las futuras.