Esta semana se conocieron las que parecen ser las verdaderas preferencias políticas del Contralor General de la República, luego de que el diario La Segunda replicara sus palabras en el contexto de una clase de derecho. La única respuesta hasta ahora de esta alta autoridad, es que fue “sacado de contexto”, excusa que sinceramente no apunta ni al fondo ni a la forma de sus destemplados juicios.
La primera razón para rechazar su lamentable intervención, es precisamente el contexto. Si el Contralor pretendía formar a futuros abogados o perfeccionar a los que ya están en ejercicio, sus palabras justamente provocan lo contrario, dando a entender que los políticos y el Gobierno actual actúan desde la “estupidez”.
Aparte de lo cuestionable de su juicio, preferiríamos que sus opiniones personales acerca de la calidad del Gobierno y de los partidos que forman la coalición que gobierna, las dejara para sus encuentros privados, sus comidas con amigos o con sus “políticamente” cercanos, pero que en ningún caso haga de esos juicios un insumo de cátedra.
La segunda razón es más de fondo. Si el Contralor considera que las reformas impulsadas por el Gobierno que ganó las elecciones son tan malas para el país, está en su más absoluto derecho. Y en ese sentido, daría mi vida política porque él pudiera seguir pensando como piensa. Distinto es cuando lo dice a una audiencia que en el futuro tendrá –muy probablemente- grandes responsabilidades incluso en instituciones como la Contraloría de la República, el Congreso o el mismo Gobierno.
Si el Contralor, en su fuero interno, abraza fervientemente los mismos postulados que con palabras más elegantes se esgrimen en la UDI o de RN para oponerse a los cambios que el país necesita, que lo haga, pero no puede usar la plataforma de la Contraloría para hacer apología de sus preferencias políticas. Donde quiera que esté, sigue siendo el Contralor General de la República.
Por último. Las reformas que la Presidenta Bachelet está liderando con el apoyo de los partidos de la Nueva Mayoría son fruto de una propuesta programática que la Mandataria propuso a Chile y que obtuvo una abrumadora mayoría en las urnas. Los postulados contrarios y que son los que parece preferir el Contralor, fueron desechados por la ciudadanía.
Por consiguiente, la legitimidad de estas reformas es total y absoluta pues se trata del hecho esencial de la democracia: la soberanía fue depositada por la gente en la Presidenta para llevar a cabo estos cambios. Si al Contralor le parecen una “estupidez”, sinceramente importa nada. Lo grave sí, es que el mismo Contralor debe pronunciarse sobre temas que la derecha ha levantado como reclamación respecto del avance de esas reformas, lo que sin duda alguna deja toda resolución adoptada por Ramiro Mendoza, carente de las garantías que la imparcialidad de la ley le exige.
El Contralor está para pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos del Estado y no tiene ninguna, ninguna facultad para pronunciarse sobre la validez política de los actos de los poderes del Estado. A vista de estos hechos, su mandato ya acabó.