El ministro Eyzaguirre señaló que en Educación había que comenzar por estabilizar el barco, porque estaba muy desestibado y solamente en el segundo semestre de 2014 se enviarían los proyectos de ley que permitan mejorar la calidad de la enseñanza. De allí que solo ha planteado algunos que buscan poner fin al lucro, al copago y a la selección del alumnado, temas que afectan básicamente a la Educación Media.
Mientras tanto, la Educación Superior (ES) tendrá que seguir esperando, aun cuando el Ministro aprovecha el tiempo escuchando a los diferentes actores que intervienen en esta actividad. (Objeciones porque escucha y no actúa, después que el ministro de Hacienda fue cuestionado por actuar sin escuchar).
La ES es una “papa caliente” difícil de enfriar porque ha acumulado demasiados problemas. Desde la reforma de 1981 han pasado ya más de 30 años y, a partir de entonces, los cambios legales que se han realizado son menores. Así, se han ido sumando una serie de asuntos que han generado ineficiencias e injusticias que necesitan ser enfrentados. La variedad de situaciones requieren de una política integral para ser enfrentadas y, más aún, establecer prioridades para implementarlas, podemos presentarlas en el siguiente recuento.
Los cambios institucionales en la ES
Las modificaciones necesarias son variadas y las alternativas complejas. Partiendo desde el nivel más alto en la pirámide organizacional, está pendiente una definición sobre el campo de acción del ministerio de Educación y, en términos más específicos, la responsabilidad de la promoción y el fomento de la Ciencia y la Tecnología (CyT); también la creación de la Subsecretaría de Educación Superior es un tema en espera, aunque hay algún avance en este aspecto, pues el Gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley al Parlamento en 2014. Se supone que el actual Gobierno presentará un nuevo proyecto, pues existe bastante consenso en la necesidad de crear esta instancia.
La Superintendencia de Educación Superior está en una situación similar a la anterior, con la diferencia que el Gobierno de Piñera presentó un proyecto al Senado en noviembre de 2011, pero es esencial el establecimiento de este organismo regulador y controlador, ante la situación de desorden que presenta la ES.
Sobre la Agencia de Calidad, la ley Nº 20529 creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar, pero en el caso de la ES los avances han sido escasos. La acreditación es otro tema que requiere revisarse a fondo, pues no ha funcionado de acuerdo a las expectativas.
Por otra parte, las nuevas normas debieran establecer diferencias entre las universidades, distinguiendo entre las complejas y las docentes, entre otras razones para el diseño de un adecuado sistema de aranceles. Además, las llamadas “universidades de excelencia”, no más de dos o tres en el país, debieran recibir un trato especial.
Sumemos a lo anterior, la apertura y cierre de instituciones, y el licenciamiento de sedes y carreras, que se han transformado en situaciones caóticas. Finalmente, la figura de Administrador Provisional de Establecimientos Educacionales fue aprobado en primer trámite el 4 de junio, pasando al Senado, otorgando atribuciones al Gobierno para intervenir en la gestión de aquellos casos en que haya entidades que atraviesan por problemas serios, buscando la protección de los alumnos y la reubicación de éstos.
A estos temas se suman otros aún irresueltos, como las nuevas universidades regionales y la creación de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales al alero de planteles tradicionales, con el propósito de crear entidades de calidad y “con una fuerte identificación y vinculación con el desarrollo productivo regional”.
Entre los temas a revisar también se encuentra la situación del Consejo de Rectores (CRUCH), entidad que nació en 1984 sobre la base de la reforma de 1981, con las 8 universidades originales, ampliadas con la creación de las “derivadas”, tanto a partir de las estatales (U. de Chile y Técnica del Estado) como de las tres Católicas, hasta conformar el club de las 25 actuales.
Estas instituciones son “públicas” en el sentido que no tienen fines de lucro, y gozan de algunos privilegios, simbolizados en la recepción del Aporte Fiscal Directo desde su origen.
Otros temas que es necesario revisar son el de las Universidades estatales y su relación con el Gobierno; la educación pos universitaria, las Escuelas de Pedagogía – especialmente porque una parte decisiva del mejoramiento de la Educación en todos sus niveles depende de los profesores-; la grave anomalía existente en algunas universidades con el lucro; el sujeto del derecho a la educación; las becas y/o gratuidad universal y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI); así como el sistema de aranceles, reales y de referencia, tema muy importante para el funcionamiento de la ES, pues no están regulados adecuadamente los costos de la enseñanza.
A todo lo anterior se suma la duración de las carreras y el inmovilismo, uno de los problemas que generan grandes ineficiencias en el sistema. Adicionalmente, se necesita una revisión del sistema de títulos y grados, de manera de hacerlos más funcionales al mundo actual.
Como vemos, la tarea para el Ministerio de Educación para enfrentar los problemas no resueltos en materia de Educación Superior, es larga y ardua.