El Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha presentado la versión 2012 de su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.
Aborda con precisión los principales tópicos relativos al diagnóstico de los derechos humanos, pero en esta oportunidad quiero destacar sólo dos puntos del extenso informe.
En primer lugar, el conflicto que en los últimos meses ha suscitado la discusión de proyectos de Ley y su repercusión en los derechos de los pueblos indígenas, tales como las concesiones de parques naturales, zonas turísticas, concesión del litio, y los proyectos de ley de pesca, carretera eléctrica y el decreto 701 que pretende duplicar los monocultivos de plantaciones de pino y eucaliptus, lo que intensificaría los graves impactos que viene causando la industria forestal y que pretenden expandirlo en terrenos de comunidades indígenas y sectores campesinos, entre otros.
Al respecto, el Instituto en sus recomendaciones reitera la obligación de todos los poderes del Estado a garantizar la efectiva implementación del Convenio 169 de la OIT vigente desde 2009, en lo referido al derecho a la consulta y el derecho a participación de los pueblos indígenas, respecto a legislaciones que los afecten directamente.
En este marco, se recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo avanzar en la regulación que garantice el ejercicio de estos derechos.Asimismo, deberá asegurar que, en tanto la normativa sobre consulta no se apruebe, todas las medidas legislativas y administrativas sean debidamente consultadas de acuerdo a dicho convenio.
Los poderes del Estado – dice el Informe – deben garantizar el derecho a la propiedad y posesión a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han ocupado. El INDH reitera la recomendación en orden a que el Poder Ejecutivo y el Congreso establezcan mecanismos adecuados para su determinación, protección y restitución, incluyendo el mecanismo de expropiación y sus correspondientes indemnizaciones en los casos que corresponda.
Al respecto me parece fundamental que tomado en cuenta las principales demandas de los pueblos indígenas, en nuestro caso, el Parlamento debe hacer efectiva esa recomendación de aplicación de la Consulta, para la formulación de todo el proceso de discusión y aprobación leyes que los involucra.
El otro de los temas que quiero relevar de esta versión del Informe 2012, es la valoración que hace el INDH respecto a la discusión sobre el proyecto de Ley de subsecretaría de Derechos Humanos, el cual recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo agilizar la discusión en orden a constituir una instancia gubernamental con capacidad y facultades suficientes con el fin de diseñar, coordinar e implementar políticas públicas de derechos humanos y que guíe el contenido y organicidad de la acción del gobierno en estas materias.
En este tema quiero expresar que la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha realizado un esfuerzo para garantizar la participación de un amplio espectro de organizaciones de derechos humanos, que han sido invitadas a expresar sus opiniones y sugerencias en relación a dicho proyecto.
Por último, me hago parte del legítimo orgullo de la Directora del INDH, en cuanto al reconocimiento de Naciones Unidas, sobre el carácter plural, autónomo e independiente de dicho organismo, en relación al rol que ha jugado en estos años en la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile.